nombre reservado con UNIVERSIDAD DE CHILE

nombre reservado, nombre reservado

Universidad de Chile Recurso de Protección Rol N° 947-2022.

La Serena, veintiocho de julio de dos mil veintidós.-.

VISTOS:

PRIMERO: Que, a folio 1 y con fecha 11 de abril de los corrientes, comparece nombre reservado, profesor, C.I. N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, e interpone acción de protección en contra de la UNIVERSIDAD DE CHILE, persona jurídica de derecho público del giro de su denominación, RUT RUT reservado, representada por su Rector, don nombre reservado, médico cirujano, C.I. N° RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, solicitando a esta Corte disponer que dicha entidad cese en sus conductas ilegales o arbitrarias que vulneran sus derechos y garantías fundamentales reconocidas en la Constitución Política de la República, y le entregue su título profesional de administrador público, conforme a los siguientes antecedentes:

Relata que en 2016 se trasladó a la ciudad de Santiago para ingresar a estudiar la carrera de administración pública, impartida por la recurrida, asignándoseme el número de matrícula 2016858251.

En 2020 terminó sus estudios, y, en enero de 2021, aprobó satisfactoriamente el examen de título, con lo que dio cumplimiento a los requisitos establecidos para la obtención del Título Profesional de Administrador Público, según da cuenta la constancia emitida al efecto por don nombre reservado, Secretario de Estudios del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, que acompaña.

Previo a dar el examen de título, que aprobó el 14 de enero de 2021, el 12 de dicho mes y año recibió un correo electrónico de parte de doña nombre reservado, Encargada de Títulos y Grados del Instituto de Asuntos Públicos, donde le indicó los requisitos necesarios para tramitar su título profesional en marzo de 2021, siendo ellos: 1) Realizar el pago de grado y título por la página de la Universidad, por las sumas de $ 25.000 y $ 30.000.- respectivamente; 2) Enviar por correo electrónico copia de los comprobantes de pago, más fotocopia de su carnet de identidad; 3) Completar formulario con datos que van en el respectivo expediente de título, y; 4) Hecho lo anterior, y decretados los expedientes por el Rector, se podría comprar el certificado de licenciatura y/o título por la página web de la Universidad de Chile.

El 20 de septiembre de 2021 escribió a la Encargada de Títulos y Grados y le indicó su voluntad de iniciar el trámite de título profesional, para lo cual adjuntó los comprobantes de pago de grado y título, en los términos solicitados.

La respuesta a dicho correo llegó el 1 de octubre del mismo año, pero se indicó que no era posible realizar el trámite, ya que debía pagar matrícula 2021 y ello no era posible gestionarlo por cuanto tenía deuda de arancel con la universidad, solicitándose regularizar su deuda.

Señala que concurrió al departamento de cobranzas de la Universidad de Chile, donde le indicaron los pasos necesarios para poder regularizar su deuda, los que cumplió, frente a su imperiosa necesidad de titularse, suscribiendo un pagaré por el monto adeudado.

En dicho momento, se informó que en 10 días podría tramitar el título, cuestión que señaló a la encargada de títulos mediante correo electrónico de 3 de noviembre de 2021, quien respondió que aún figuraba con deuda ante la Universidad. Indica que fue necesario suscribir nuevamente el pagaré, lo que realizó en diciembre de 2021, junto con su padre, quien se constituyó en aval.

En mérito de lo anterior, el 17 enero de 2022 informó a la recurrida que regularizó su situación financiera y le pidió continuar el trámite para la obtención del título profesional, a lo que se respondió 9 días después que debería retomar el tema en marzo.

Luego, para poder postular a diversos empleos, ha escrito correos electrónicos para retomar la obtención de su título, cuestión que realizó los días 1, 10, 14, 30 y 31 de marzo de 2022, sin respuesta. Todo lo anterior, afirma, le genera grave perjuicio, ya que no poder contar con su título académico le impide postular a ofertas de trabajo de las que ha tomado conocimiento y le permitirían generar ingresos precisamente para pagar la deuda que mantiene ante la recurrida.

Agrega que el viernes 8 de abril de 2022, la recurrida remitió a sus compañeros de generación las invitaciones a la ceremonia de titulación, que se llevará a cabo el 20 de mayo de 2022, excluyéndolo de esta instancia de celebración por encontrarse moroso ante ella, y privándolo de un hito para el cierre de su formación académica de pregrado.

En cuanto a los antecedentes de derecho, refiere que el acto cuestionado es ilegal, por cuanto contraría el tenor de los artículos 3° y 4° de la Ley 20.370 y el artículo 3 quáter de la Ley 19.496, disponiendo este último que los establecimientos de educación superior deberán otorgar gratuitamente los certificados de estudios u otros análogos a solicitud del alumno, ex alumno o de aquel que haya suspendido sus estudios o se encuentre moroso en la respectiva institución educacional.

Si bien la Universidad de Chile se rige por los respectivos Decretos Universitarios, ellos gozan de una jerarquía inferior a la legal, y por cierto inferior respecto de la Carta Fundamental, por lo que no deben ser obstáculo para dar cumplimiento a sus derechos fundamentales, máxime considerando que es una Universidad Estatal.

En lo tocante a las garantías fundamentales afectadas menciona que la Universidad de Chile ha afectado su legítimo ejercicio de la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, estableciendo una discriminación arbitraria entre el suscrito y el resto de las personas que, en iguales condiciones académicas, cuentan con su título profesional. Asimismo, vulnera esta garantía al dotarse a sí misma de un privilegio especial que le permite ejercer la autotutela, para lograr el cumplimiento de una obligación de carácter civil. Por otro lado, acusa que la recurrida vulnera su derecho de propiedad, consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, ya que me priva de su título profesional, a pesar de cumplir con todas y cada una de las condiciones académicas fijadas de antemano para su obtención.

Todo ello, sin perjuicio de otras afectaciones que genera, como por ejemplo verse privado de trabajar en el área de ejercicio de su profesión, impidiéndole generar ingresos para precisamente pagar lo adeudado a la recurrida.

Estos criterios han sido corroborados por la Excelentísima Corte Suprema, en fallos dictados, entre otros, el 22 de mayo y el 11 de noviembre de 2019, en causas Rol 5114-2019 y 23116-2019, respectivamente, estimando que los recurrentes en ambos casos tienen el derecho a completar el proceso de titulación, por cuanto el derecho a la educación considera la etapa de titulación universitaria, “sin que pueda condicionarse (…) a exigencias no previstas por la ley vigente al momento de suscribir el contrato de prestación de servicios educacionales”.

Finalmente solicita que se acoja el recurso en estudio y ordenar a la recurrida que le entregue su título profesional de administrador público dentro de quinto día hábil desde que quede ejecutoriada la sentencia que así lo determine, o dentro del plazo que esta Corte determine, y las demás medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, con expresa condena en costas.

Acompaña los siguientes antecedentes: 1. Constancia de aprobación de examen de título; 2. Correo electrónico de 12 de enero de 2021, enviado por doña nombre reservado, Encargada de Títulos y Grados, en que detalla los pasos necesarios para la obtención del título de administrador público; 3. Comprobante de pago de grado, por $ 25.000-; 4. Comprobante de pago de título, por $ 30.000.-; 5. Cadena de correos electrónicos sostenidos con doña nombre reservado, donde consta que se me negó la obtención de título profesional por mantener deuda de arancel.

SEGUNDO: Que, a folio 15 y con fecha 24 de junio último, nombre reservado, Director Jurídico de la Universidad de Chile evacua informe y solicita el rechazo del recurso de protección.

Como antecedentes generales refiere que el actor efectivamente ingresó a la Carrera de Administración Pública en el año 2016, completando su Plan de Estudios en el Semestre Académico Primavera 2020, rindiendo y aprobando su Examen de Título el 14 enero del 2021, última actividad curricular establecida en el Decreto Universitario Exento N°0027206/2015, Reglamento de la Carrera de Administración Pública.

Hace presente, que el recurrente, formalizó matrícula de Postgrado en el Magíster en Ciencia Política, del Instituto de Asuntos Públicos los años 2021 y 2022 y, que, al 30 de noviembre de 2021, dicho programa se encuentra cursando.

Luego, dedica un ítem de su informe al marco normativo que rige a la Universidad de Chile.

Sobre la Autonomía de la Universidad de Chile afirma que de acuerdo a lo establecido en el artículo 1° del Estatuto Orgánico de la Universidad de Chile, aprobado por D.F.L. Nº 3, de 10 de marzo de 2006, publicado en el D. nombre reservado de 2 de octubre de 2007, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley no 153, de 1981 (“Estatutos” o “Estatuto Orgánico”), se define a esta Casa de Estudios como: “Artículo 1.- La Universidad de Chile, Persona Jurídica de Derecho Público Autónoma, es una Institución de Educación Superior del Estado de carácter nacional y público, con personalidad jurídica, patrimonio propio, y plena autonomía académica, económica y administrativa, dedicada a la enseñanza superior, investigación, creación y extensión en las ciencias, las humanidades, las artes y las técnicas, al servicio del país en el contexto universal de la cultura”.

De acuerdo a la norma antes transcrita, el legislador reconoce a la Universidad de Chile como un órgano autónomo, esto también es recogido en el artículo 2° de la Ley Nº 21.094, sobre Universidades Estatales: “Artículo 2.- Autonomía universitaria. Las universidades del Estado gozan de autonomía académica, administrativa y económica. La autonomía académica confiere a las universidades del Estado la potestad para organizar y desarrollar por sí mismas sus planes y programas de estudio y sus líneas de investigación. En las instituciones universitarias estatales dicha autonomía se funda en el principio de libertad académica, el cual comprende las libertades de cátedra, de investigación y de estudio. La autonomía administrativa faculta a las universidades del Estado para estructurar su régimen de gobierno y de funcionamiento interno de conformidad a sus estatutos y reglamentos universitarios, teniendo como única limitación las disposiciones de esta ley y las demás normas legales que les resulten aplicables. En el marco de esta autonomía, las universidades del Estado pueden, especialmente, elegir a su máxima autoridad unipersonal y conformar sus órganos colegiados de representación. La autonomía económica autoriza a las universidades del Estado a disponer y administrar sus recursos y bienes para el cumplimiento de su misión y de sus funciones, sin la intervención de autoridades u órganos públicos ajenos a la universidad. Con todo, el ejercicio de esta autonomía no exime a las universidades del Estado de la aplicación de las normas legales que las rijan en la materia”.

En la misma línea, el artículo 7° del Estatuto de la Universidad de Chile establece que corresponde a esta institución de educación superior, en virtud de su autonomía: “a) La potestad para determinar la forma y condiciones en que deben cumplirse sus funciones de docencia, de investigación, de creación o de extensión, así como la aprobación de los planes de estudio que imparta; b) Organizar su funcionamiento y administración del modo que mejor convenga a sus intereses; y, c) De la misma manera, le corresponde determinar la forma en que distribuye su presupuesto para satisfacer los fines que le son propios, conforme a la planificación de su acción y desarrollo”.

De esta manera, expone que la Universidad de Chile tiene la autonomía de origen legal, para adoptar las medidas y dictar los actos administrativos suficientes para solventar de la mejor manera sus funciones y satisfacer sus fines. Dicha autonomía comprende, por supuesto, los requisitos y formalidades para dar el ingreso, egreso y titulación de sus estudiantes.

Luego, hace presente que según dispone el artículo 17º de los Estatutos de la Universidad de Chile, el Rector de la Universidad de Chile es su máxima autoridad y su representante legal, correspondiéndole adoptar todas las medidas conducentes a dirigir y administrar las actividades académicas, administrativas y financieras de la Universidad al más alto nivel, las que podrá delegar.

Finalmente, según dispone el artículo 19 de los Estatutos de la Universidad de Chile, corresponde al Rector dictar los reglamentos, decretos y resoluciones de la Universidad, asimismo otorgar los grados y títulos correspondientes, de acuerdo a lo prescrito en sus letras b) y g).

Luego, en cuanto a la regularización por parte de los estudiantes de la matrícula, informa que en primer lugar y en virtud de su autonomía la Universidad de Chile, podrá determinar la forma y condiciones en que deben cumplirse sus funciones de docencia, de investigación, de creación o de extensión, así como la aprobación de los planes de estudios que imparta; pudiendo igualmente determinar la forma en que se distribuye su presupuesto para satisfacer los fines que le son propios, tal como dispone el artículo 7º de sus Estatutos.

A su vez, el artículo 8° establece que el patrimonio de dicha Institución estará constituido por sus bienes y por los ingresos que le corresponda percibir, entre otros conceptos, por los montos que perciba por concepto de derechos de matrícula, aranceles, certificados y solicitudes a la Universidad.

En ese sentido, a través del Decreto Universitario N°004882 de 2013, se fijan las normas sobre pago de matrícula, estableciendo que esta consiste en: la formalización del compromiso de hacer uso de un cupo adjudicado por alguno de los procedimientos de postulación o promoción, de cumplir con las obligaciones académicas, económicas, administrativas y de aceptar los Reglamentos Generales y particulares que los regulan, adquiriendo con ello la calidad de estudiante de la Universidad.

De acuerdo al mismo cuerpo reglamentario, el valor de la matrícula se compone de dos partes, el Derecho básico de Pre y/o Postgrado, que corresponde al monto requerido para formalizar la inscripción en el registro de estudiantes de la Corporación, y el arancel de carrera o Programa, que es la cantidad que deban pagar los estudiantes para realizar sus estudios universitarios. De acuerdo a dicho Reglamento, tanto el Derecho básico de Pre y/o Postgrado, como el arancel de carrera o Programa, se establecerán en forma previa al inicio de cada año académico. Así también, el Derecho básico de Pre y/o Postgrado será exigible por cada uno de los programas que un estudiante toma para un determinado año académico.

Hace presente que, según el artículo 2° del Reglamento General de los Estudios Universitarios de Pregrado, contenido en el D.U. N°0017496, de 2008, se establece que los estudios de pregrado constituyen un primer nivel de formación universitaria, la que deberá enmarcarse dentro del principio de formación continua que permita su posterior especialización y perfeccionamiento en los niveles de postítulo y postgrado.

Acerca de los procesos de regularización por concepto de matrícula por parte del recurrente. En primer lugar, hace presente que Don nombre reservado, de acuerdo a los antecedentes respectivos, registra su última matricula regularizada, respecto de sus estudios de pregrado, para el año 2020.

En tal sentido, el recurrente no ha cumplido con la regularización de su matrícula para el pregrado en lo últimos dos años. Reitera que, según se establece en el Reglamento de Estudiantes de la Universidad de Chile, son estudiantes de la Universidad quienes han formalizado su matrícula en carreras y programas académicos regulares y sistemáticos, de pre y posgrado, establecidos en los respectivos reglamentos generales de estudios, y cumplen los requisitos establecidos por la Universidad para su ingreso, permanencia y promoción.

No obstante, lo anterior, el Sr. nombre reservado igualmente pudo terminar su programa de egreso, repactando su deuda, sin perjuicio a la fecha no ha dado cumplimiento al trámite de regularización de su matrícula, para proceder a la obtención de su título y grado.

Agrega, en lo que dice relación con los trámites conducentes a la obtención de títulos y grados, que conforme a lo dispuesto en el artículo 7º del Decreto Universitario Exento N°00691, de 14 de marzo de 1991, que establece “Normas Sobre Deudas de Aranceles”, corresponde a la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, a través de la Dirección de Finanzas y Administración Patrimonial, emitir un certificado que señale que el estudiante se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones arancelarias, relacionadas con el derecho de matrícula, aranceles anuales de la carrera y otras deudas registradas por la Universidad, el que deberá adjuntarse al expediente de titulación o graduación correspondiente, constituyendo un requisito indispensable para continuar con dichos trámites.

Por último, sobre el pago del derecho de matrícula, debemos considerar lo dispuesto en el artículo 17, inciso primero, del Decreto Universitario Exento N°0048829, de 30 de diciembre de 2013, que dispone: “Los estudiantes que hayan egresado de sus estudios, en conformidad al artículo 51 del Reglamento de Estudiantes de la Universidad de Chile, aprobado por D.U. N°007586, de 1993, deberán pagar el derecho básico de matrícula y no requerirán pagar arancel para mantener la calidad de estudiante y tener derecho a realizar, en conformidad al plan de formación por el que se rigieron sus estudios, las actividades finales de graduación o titulación, según corresponda”.

En consecuencia, destaca que el recurrente si bien tiene generado el correspondiente cupón de pago de Derecho Básico de Matrícula de Egresado Regular, éste se no encuentra regularizado en su totalidad, sin dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa.

En definitiva, resultando la matricula un requisito ineludible para que, aquellos los estudiantes de pregrado puedan realizar los trámites de titulación y encontrándose dicha situación no regularizada por el recurrente, su correspondiente certificado de título, no ha sido emitido y no participó de la ceremonia respectiva.

Acerca de las comunicaciones entre el Recurrente y la Secretaría de Estudios del Instituto de Asunto Públicos, señala que el 12 de enero de 2021, la Sra. nombre reservado, Encargada de Títulos y Grados de Pregrado de la Secretaría de Estudios del Instituto de Asuntos Públicos, comunicó a todas y todos los estudiantes que se encontraban en proceso de abrir expediente para el trámite de Grado y/o Título, a través de un correo electrónico, respecto de los plazos del proceso, indicándose como fecha para su iniciación tope 18 de enero de 2021, de acuerdo a lo informado por la Oficina de Títulos y Grados de la Universidad a nivel central, advirtiéndose que, para tal efecto, los estudiantes no debían tener deuda registrada respecto de arancel o matricula, ni deuda de libros en biblioteca y, que para quienes no alcanzaran a tramitar en las fechas indicadas, el procedimiento se retomaría en el mes de marzo del 2021.

En septiembre de 2021, la Secretaría de Estudios del Instituto de Asuntos Públicos recibió un correo del Sr. nombre reservado, solicitando la apertura de su expediente de Titulo, cuya respuesta fue enviada el 1 de octubre del mismo año. En dicha oportunidad se le comunicó al recurrente, la imposibilidad de iniciar el trámite de Grado y Título, por deuda de arancel no regularizada y que, además, atendido el tiempo transcurrido, debía también pagar el derecho de matrícula para el año 2021.

En este sentido, de acuerdo al procedimiento interno de la Universidad, no es posible obtener un cupón de pago de matrícula y así remitírselo al estudiante, si este registra deuda vigente, no regularizada por concepto de arancel.

Así las cosas, el día 3 de noviembre de 2021, la Encargada de Títulos y Grados de Pregrado de la Secretaría de Estudios del Instituto de Asuntos Públicos, recibió un nuevo mensaje del recurrente, por el cual indicaba que había regularizado la deuda que mantenía con la Universidad, por que solicitaba el inicio del trámite para la obtención de su Grado y Título Profesional. Sin embargo, revisada su situación en los sistemas corporativos, aún figuraba como deudor, lo que fue informado al recurrente el 4 de noviembre, sugiriendo comunicarse con la mesa de ayuda de la Universidad.

Posteriormente, e iniciado el año 2022, específicamente los días 17 y 25 de enero de 2022, se recibe un nuevo correo del Sr. nombre reservado, en el que este comenta que pudo resolver su situación de deuda. A dicha comunicación, se respondió con fecha 26 de enero, dando a conocer que debido al inminente receso universitario que se iniciaba en febrero, no era posible iniciar la activación del Expediente en esa fecha, debiendo hacerlo en marzo del 2022. Hace presente que en esa oportunidad se revisó la plataforma, constatando que el Sr. nombre reservado no había pagado la matrícula 2021 solicitada.

Retomadas las actividades académicas en marzo del 2022, con fecha 1° de marzo, el egresado solicita iniciar el trámite nuevamente. Se le respondió el 5 de abril por correo electrónico. En esta última, la encargada le envía adjunto la cuponera para el pago de matrícula 2022, con indicaciones para realizar el pago.

El día 6 de abril se recibe, por parte del recurrente, la boleta de pago de la matrícula de posgrado de la Universidad y no la que correspondía al pregrado que aún se encontraba pendiente. Antes de contactar al egresado, se realizan consultas telefónicas al Área de Matrícula de la Universidad, para explorar la posibilidad de reactivar el trámite con la cuponera de posgrado presentada, obteniendo una respuesta negativa, ya que el documento no servía para los fines, por lo que se le contesta al recurrente que, tal como se le indicó en un primer momento, para regularizar su situación, debía realizar nuevo pago por concepto de matrícula de Pregrado.

A la comunicación anterior, el Sr. nombre reservado expresa su molestia por tener que efectuar otro pago por concepto de matrícula, a lo que se responde que lo solicitado está avalado en la normativa universitaria vigente, entregando los datos de contacto del Jefe de la Unidad de Admisión y Matrícula para que se contacte directamente, considerando que esta materia excede los ámbitos de competencia de la Secretaría de Estudios del Instituto de Administración Pública.

Desde la Secretaría de Estudios del INAP se ha informado que, a la fecha, el Sr. nombre reservado, no cuenta con la matrícula del año 2022 pagada, siendo un requisito administrativo para la apertura del expediente de trámite para la obtención de Grado y Título Profesional.

Finalmente, sobre la Ceremonia de Entrega de Títulos Profesionales que menciona en su presentación el Sr. nombre reservado, que le habría ocasionado perjuicio, relata que por efectos de la pandemia no se realizaron las ceremonias correspondientes al año 2019 y 2020, calendarizando estos eventos para mayo recién pasado, una por cada generación. Las ceremonias se programaron con una semana de diferencia entre sí. Para quienes no podían participar en el evento de su generación, se les entregó la posibilidad de participar en otra.

Bajo el ítem “otros antecedentes” el informante manifiesta que el recurrente se acogió al sistema especial de pagos del DU N° 008565, para regularizar la deuda de aranceles universitarios de pregrado de años anteriores, suscribiendo al efecto, el pagaré de DU N° 008565, Folio N° 202100346, por un monto de 35,04 U.F., contemplando 12 cuotas mensuales y sucesivas de 2,98 U.F. cada una, siendo el vencimiento de la primera cuota el 31 de enero de 2022 y el vencimiento de la última cuota el 31 de diciembre de 2022.

El mencionado pagaré fue ingresado en los registros internos con fecha 22 de diciembre de 2021, entendiéndose regularizada la deuda desde esta fecha, y constituyéndose en mora desde la cuota N° 1, que tuvo vencimiento el 31 de enero de 2022. Al 19 de mayo de 2022, registra deuda por concepto de sistema especial de pago de aranceles universitarios de pregrado establecido en el Decreto Universitario Exento N°008565, que asciende a un total de 36,06 U.F., la cual se desglosa en un saldo moroso de 12,22 U.F. -que corresponde a las cuotas N° 1 a 4-, una cuota vigente de 2,98 U.F., con vencimiento 31 de mayo de 2022, y un saldo futuro de 20,86 U.F.

Además de la suscripción del mencionado pagaré por concepto de Decreto Universitario Exento N°008565, don nombre reservado registra, posteriormente, con fecha 18 de abril de 2022, mediante solicitud N°153113 de la Mesa de Ayuda Corporativa, el siguiente requerimiento, en el que señala: “Junto con saludar, me comunico con ustedes para consultar sobre la situación que se abre con un pagaré protestado con ustedes. Lamentablemente a raíz de la deuda de años anteriores, me vi obligado a repactar la deuda, sin embargo, las cuotas asignadas fueron de un valor muy alto para mi capacidad de pago, lo cual, condujo al no pago de las cuotas asignadas. Hace algunos días, se me notificó que se protestará el pagaré, por ende, quisiera saber cuáles son mis posibilidades ante la situación. Muchas gracias. Saludos cordiales”.

El 19 de abril de 2022, dicha solicitud registra respuesta en el sentido de señalar el procedimiento para regularizar y señalando que, si no puede dar cumplimiento al pago del 10% de abono inicial y a las cuotas de 5 U.F. mensuales, deberá enviar por ese mismo medio, una propuesta de pago la cual sería evaluada. A saber: “nombre reservado, Junto con saludar, informo que la regularización de deudas de aranceles suscritas en Decreto Exento N°008565 se realiza de acuerdo al siguiente procedimiento: 1. Efectuar un abono inicial del 10% su deuda directamente la página web www.pagocreditoydeuda.uchile.cl. 2. Una vez realizado el abono deberá notificarnos a través de esta mesa de ayuda y adjuntar la siguiente documentación en la solicitud: Suscriptor: -Documento que acredite domicilio (cuenta de servicios a nombre del deudor, certificado emitido por junta de vecinos o declaración notarial de domicilio). AVAL: -Fotocopia de Cédula de Identidad por ambos lados. -Documentos que acrediten domicilio particular (cuenta de servicios a nombre del aval, certificado emitido por junta de vecinos o declaración notarial de domicilio)- 2. Se emitirá un Pagaré con cuotas de 5 UF por 12 meses y la cuota N°13 con el saldo insoluto de la deuda. Si usted no puede dar cumplimiento al pago del 10% de abono inicial y a las cuotas de 5 UF mensuales deberá enviar por este medio una propuesta de pago la cual será evaluada.” (sic)

Indica que el actor, no respondió a la solicitud N°153113, como tampoco envió nueva solicitud en su Mesa de Ayuda Corporativa.

Siguiendo esta línea, destaca que, a la fecha, que la Universidad de Chile, y su Vicerrectoría de Asunto Económicos y Gestión Institucional no ha recibido la solicitud de emisión de Estado de Situación de Aranceles (ESIA) de parte de la Secretaría de Estudios correspondiente, a través de la Mesa de Ayuda Corporativa, en relación a la situación de don nombre reservado, gestión que constituye un trámite imprescindible en orden a emitir el certificado referido y que, además, debe ser gestionado a iniciativa del interesado, sin que esta la Universidad cuente con facultades de oficio al respecto.

A su vez, hace presente que, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N°21.214, la Unidad de Administración de Aranceles y Crédito Universitario no mantiene ninguna publicación en el boletín comercial vinculada con la prestación de servicios educacionales; asimismo, el recurrente no registra acciones de cobranza judicial ni extrajudicial en su contra.

Agrega que el actor no registra abonos a su deuda por concepto de Decreto Universitario Exento N°008565, según información arrojada por los sistemas corporativos, mientras que la información asociada a los abonos realizados a la deuda de aranceles universitarios de años anteriores, se encuentra detallada en documentos acompañado, individualizado como “Consulta movimientos de cuenta corriente deuda”.

Precisado lo anterior, alega la excepción de extemporaneidad de la acción de protección, pues el recurrente, pretende situar temporalmente su supuesta afectación de garantías constitucionales luego, de reconocer una serie de comunicaciones de su parte con la Universidad de Chile, en donde se le dan a conocer los requisitos establecidos para obtener su título, sitúa el acto u omisión arbitrario en el día 8 de abril de 2022, donde según indica, se le habría comunicados a sus compañeros y no a él, acerca de la ceremonia de titulación, programada para el día 20 de mayo de 2022.

Al respecto, señala que la ceremonia de titulación a la que hace referencia el recurrente, no constituye un espacio formal de la obtención del título profesional, sino que representa un acto simbólico por costumbre en honor aquellos estudiantes que hayan finalizado con sus estudios y cumplidos con los requisitos para la obtención de su título profesional, entre los que se encuentran, por cierto aquellos establecidos en el Decreto por el artículo 7° del Decreto Universitario N° 00691, sobre deuda de aranceles, de 14 de marzo de 1991 (“D.U. 691”), que requiere la certificación de que el estudiante se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones para con la Universidad, como un requisito indispensable para continuar con los trámites de obtención de títulos y grados que otorga la Universidad de Chile, debiendo adjuntar esta certificación al expediente de titulación o licenciatura, según corresponda.

En tal sentido, de acuerdo al Reglamento de Estudiantes de la Universidad de Chile, establecido en el Decreto Universitario N°007586, de 19 de noviembre de 1993, en sus artículos 54 y 55, corresponde al Rector de la Universidad, otorgar los grados o títulos a través de una resolución en la que consten los nombres y apellidos, el grado o título otorgado y la calificación obtenida.

En consecuencia, más allá de lo artificioso de lo sostenido por el recurrente, en orden que su garantía constitucional se haya visto afectada ese día y así, señalar la fecha en que se le habría comunicado la programación de la ceremonia de titulación a la Comunidad Universitaria, esto es el 8 de abril de 2022, más aún sin acompañar ningún antecedente que acredite ello, no es dable estimar la ocurrencia de una acción u omisión por parte de esta Casa de Estudios, que haya afectado sus garantías constitucionales, toda vez que del propio relato y exposición de los hechos realizado por el recurrente, es evidente que este conocía ya desde el año 2021, de los requisitos necesarios para la obtención de su título, sin que diera cumplimiento a los mismos, razón por la cual a la fecha, su solicitud ha sido desestimada.

Por ello, situar el acto u omisión arbitraria recién en el mes de abril de 2022, implica desconocer los propios hechos realizados y relatados por el actor, en aras de finalizar con su proceso de titulación, los que se remontan a inicios del año 2021, resultando a todas luces, extemporánea su acción de protección.

Luego, respecto los requisitos del recurso de protección, sostiene que en la especie, no concurren los requisitos para que una acción cautelar de esta naturaleza pueda ser acogida, solicitando tener presente que esta acción constitucional está destinada a restablecer el imperio del derecho a través de medidas urgentes, lo cual exige necesariamente la existencia de un derecho claro e indubitado, además que debe tratarse de una situación de hecho que importe una abierta conculcación o un peligro inminente de ello, respecto de las garantías constitucionales de que se trate, por causa de actos positivos o de conductas de tal manera omisiva, que importen no una mera infracción de ley susceptible de corregirse por los medios ordinarios y propios de la sede en que ocurran, sino un quebrantamiento importante de la legalidad, siendo incompatible con un pronunciamiento de carácter declarativo.

Menciona que lo que corresponde revisar por esta vía cautelar son aquellas situaciones de hecho, que atentan contra la legalidad vigente o contra el uso de la razón, que ameritan una solución rápida, ágil y expedita, cuando se han conculcado o amenazado derechos protegidos por dicho mecanismo de impugnación.

Indica que la Universidad de Chile cuestionada en autos lejos de ser ilegal o arbitraria en los términos del artículo 20 de la Constitución Política de la República, está amparada por el régimen jurídico que regula las atribuciones de la Universidad de Chile, de sus autoridades.

En ese sentido, considerando la Autonomía Académica, Económica y Administrativa que posee la Universidad de Chile, el obrar de esta Casa de Estudios Superiores se ha ajustado a la normativa respectiva y no puede ser comprendida como carente de justificación o que el mismo sea arbitrario.

Destaca que la autonomía de las Universidades Estatales ha sido reconocida por la jurisprudencia del Excmo. Tribunal Constitucional.

Finalmente cabe hace presente que de acuerdo al artículo 10º del Estatuto Orgánico, cuando expresa que “las disposiciones del presente Estatuto y de los reglamentos universitarios dictados en su virtud prevalecerán sobre las leyes generales, a menos que éstas se refieran expresamente a la Universidad de Chile en particular, a las universidades chilenas en general, o al sistema universitario del país”.

En cuanto a la estructura de la Universidad de Chile y en especial del INAP: En primer lugar, indica que según reconoce el artículo 36º de los Estatutos de la Universidad de Chile, las Facultades son organismos académicos encargados de la realización de una tarea permanente en una o más áreas del conocimiento, para lo cual desarrollarán integradamente la docencia, la investigación, la creación, la extensión y la prestación de servicios en el campo que le es propio, de conformidad a la ley. Agrega que a la facultad le corresponde elaborar y coordinar políticas específicas de desarrollo para las unidades académicas que la integran y organizar, dirigir y fomentar el quehacer multi e interdisciplinario y profesional, estableciendo las relaciones y actividades que convengan a estos fines, y que serán dirigidas por un Decano.

Por su parte, en el artículo 40 del mismo cuerpo normativo, se establece que los Institutos, tal como el INAP son unidades académicas que generan, desarrollan, comunican y transfieren el conocimiento o prestan servicios en conformidad a la ley en un tema o área temática multi o interdisciplinaria, que participan en el desempeño de las funciones universitarias y, en particular, en la docencia requerida por las Escuelas. Dependerán de una Facultad; excepcionalmente podrán existir Institutos dependientes de Rectoría.

En concordancia con lo anterior, la Universidad de Chile dictó el Reglamento General de Institutos Decreto Universitario N°0014095 de 19 de mayo de 2010, en los cuales regula el funcionamiento, organización y atribuciones de esas unidades académicas.

Su artículo 3° señala que los Institutos son unidades académicas que generan, desarrollan, comunican y transfieren el conocimiento o prestan servicios en conformidad a la ley en un tema o área temática multi o interdisciplinaria que, por su naturaleza, exceden el ámbito de competencia de una Facultad. Los Institutos estarán orientados a resolver problemas relevantes para el país y la Universidad, contribuyendo a proyectarla hacia el medio externo.

Respecto a las Secretarías de Estudio, según el mismo cuerpo normativo, en su artículo 16, indica que se regirán por las disposiciones pertinentes del Reglamento General de Facultades. Por su parte el artículo 43 del Reglamento de Facultades establece que: “(…) son organismos técnicos encargados de dar apoyo administrativo a las actividades docentes que realizan las Facultades y cumple, principalmente, funciones de registro y archivo de la documentación oficial informada por las Escuelas sobre las actividades curriculares de sus estudiantes. Realizan, además funciones de coordinación, de información y de certificación de acuerdo con las normas y reglamentos generales de la Universidad y específicos de las Facultades en lo que se refiere a situaciones curriculares, en los estudios de pregrado, de postgrado y de los cursos de especialización”.

La Letra b) del artículo 47 del Reglamento indica que son dichos organismos los encargados de elaborar el expediente de los candidatos a título o grado con los documentos que indique la normativa universitaria.

A su vez, en el ámbito administrativo, existe el Decreto Universitario Nº002608, de 14 de agosto de 1987 que “Señala y Reglamenta las Funciones de Servicios Centrales” y el Decreto Universitario Nº1851, de 4 de mayo de 1987 que “Aprueba Nueva Estructura De Servicios Centrales” que viene a regular toda la orgánica central de la Universidad de Chile, dónde dentro de ella se encuentra la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, la cual se encarga, a través de su Dirección de Finanzas y Administración Patrimonial, de la aplicar las políticas económicas y administrativas definidas por la Universidad referentes a Arancel y Crédito Universitario, a través de la asignación del Crédito Universitario, recaudación de pagos por dichos conceptos y atención integral a los alumnos, exalumnos y egresados, mediante su Unidad de Administración de Aranceles y Crédito Universitario.

Así las cosas, en virtud de su autonomía, la Universidad de Chile se encuentra facultada para el cumplimiento de sus propios fines, dictar la normativa que regule las distintas actividades y materias vinculadas con dichos objetivos, sin que los mismos puedan ser calificados de arbitrarios ni carentes de sustento legal.

En ese sentido, conforme a lo expuesto la I. Corte de Apelaciones de Santiago, causa N° 37116-2021, de 11 de marzo de 2022, pronunciándose respecto a una situación similar a la de marras, señaló lo siguiente en su Considerando Undécimo:

“Que, de esta forma, la actuación de la Universidad de Chile no puede ser calificada de arbitraria e ilegal, toda vez que la imposibilidad de cursar su matrícula y posterior tramitación del expediente académico de la recurrente obedece a su normativa, según lo cual, no se ha dado tramitación por el incumplimiento de los trámites antes explicados”.

De igual modo, el citado fallo hace alusión a la Autonomía económica y administrativa de la Universidad de Chile que le permite adoptar las medidas y dictar los actos administrativos suficientes para solventar de la mejor manera sus funciones y satisfacer sus fines.

Enseguida se refiere a las obligaciones de los Estudiantes. Y sobre el punto señala que la Universidad de Chile, en virtud de su autonomía anteriormente referida, dictó el Decreto Universitario N° 007586 de 19 de noviembre de 1993, que fija el Reglamento de Estudiantes de la Universidad de Chile (“Reglamento de Estudiantes”), el cual según su artículo 1° establece los deberes y derechos de los estudiantes, los aspectos relacionados con la participación estudiantil y la calidad de vida universitaria. Además, regula, en forma general los mecanismos de ingreso, permanencia y promoción de los estudiantes, salvo las excepciones que señale este propio reglamento”.

El artículo 2° del citado Reglamento señala que son estudiantes de la Universidad de Chile “quienes han formalizado su matrícula en carreras y programas académicos regulares y sistemáticos, de pre y posgrado, regulados en los respectivos reglamentos generales de estudios, y cumplen los requisitos establecidos por la Universidad para su ingreso, permanencia y promoción”.

Así, el recurrente se matriculó y cumplió las exigencias curriculares del Plan de Estudios de la carrera de Administración Pública, obteniendo su calidad de egresado.

En tal sentido, de acuerdo a la disposición tercera del artículo 3° del Reglamento de Estudiantes, tiene la obligación de respetar las disposiciones y Reglamentos Universitarios.

Por su parte, el artículo 4° del Decreto Exento Nº 0048829 de 30 de diciembre de 2013 que establece normas sobre pago de matrícula y deroga el Decreto Universitario Exento Nº00692, de 14 de marzo de 1991 (“D.U. 48829”), establece lo siguiente: “Al comienzo de cada período los estudiantes deberán pagar, además del derecho básico, el arancel de la respectiva carrera o programa, o bien aquella parte no cubierta por el crédito universitario, arancel de la respectiva carrera o programa, o bien aquella parte no cubierta por el crédito universitario, o cualquier otro beneficio que hubieran obtenido. No obstante, lo anterior, los estudiantes podrán acogerse al pago de arancel de carreras o programas, o de aquella parte no cubierta por el crédito universitario, en un máximo de diez cuotas mensuales. Los estudiantes que se acojan al pago del arancel en cuotas mensuales y no cumplan oportunamente con el pago correspondiente, estarán afectos, por cada cuota de atraso, a un reajuste, interés y multa, cuyo monto y tasa serán fijados anualmente por la Universidad. Los estudiantes que pagan el arancel de carrera o programa al inicio de cada período, podrán tener un descuento, cuyo porcentaje sobre el valor del arancel será fijado anualmente por la Universidad”. (sic)

Conforme a ello, al momento de matricularse como estudiante de Administración Pública, el recurrente asumió su obligación de pagar los derechos de matrícula y arancel a la Universidad de Chile como contraprestación de la formación profesional impartida, tal como se le informó al momento de su ingreso por la Facultad y por la Unidad de Administración de Aranceles y Crédito Universitario, al momento de consultar por el estado de su deuda.

En base a lo anterior, el recurrente tomó contacto con la Encargada de Títulos y Grados, ya el 12 de enero de 2021, donde se le fue informado de todos los requisitos necesarios para la obtención de su título, en donde incluso se le advierte que, para la realización de dichos trámites, no deben registrar deuda por arancel ni matricula pendientes, así como los medios de pago y alternativas de regularización contempladas en normativa vigente.

En otro punto, manifiesta que, conforme a lo establecido por la Contraloría General de la República, la Facultad de la Universidad de Chile se encuentra facultada para regular el cobro de Aranceles y Matriculas en el marco de su Autonomía Económica.

En ese sentido, y a modo ilustrativo, cita el Dictamen N° 189.058/19 de fecha 09 de septiembre de 2019 el cual fue dictado en virtud de la solicitud realizada por un estudiante de este Casa de Estudios Superiores, en donde cuestionó la legalidad del decreto exento N° 691 de la Universidad de Chile. En aquella solicitud ante el Órgano Contralor el estudiante menciona que habría un supuesto abuso de la autonomía universitaria por parte de esa Casa de Estudios Superiores al imponerse obligaciones de tipo económico y no académicas a los usuarios del servicio y que constituirían un apremio.

Señala aquel dictamen que el solicitante menciona que, el hecho de que se exija para la continuación de los tramites conducentes a la obtención de títulos y grados el pago de las deudas que pudieren existir por concepto de aranceles o la renovación de estas últimas mediante la suscripción ante notario de un pagare con aval, sería el hecho que convertiría en ilegal el referido Decreto, cuestión que es idéntica a la planteada por el recurrentes de marras, toda vez que este alega una supuesta ilegalidad por parte de la Universidad de Chile, al exigirle regularizar su deuda para efectos de continuar con su trámite de obtención de título de grado respectivo.

Como se ha dicho a lo largo del presente texto, la Universidad de Chile cuenta con una amplia autonomía jurídica otorgada en su Calidad de Institución de Educación Superior, expresada en el inciso primero del artículo 1° de su Estatuto Orgánico y en la Ley N° 21.094 que regula a las Universidades Estatales.

Teniendo lo último en cuenta, en virtud del inciso segundo del artículo 1° de la ley N° 21.094 dispone que la Universidad de Chile, en su calidad de Universidad Estatal, es un organismo autónomo, dotados de personalidad jurídica de derecho público y que tienen patrimonio propio.

Junto con lo anterior, los incisos primero y cuarto del artículo 2° de la ley N° 21.094 agregan que las Universidades del Estado gozan de autonomía académica, administrativa y económica, y en virtud de esto ultima autonomía, autoriza a la Casa de Estudios Superiores para disponer y administrar de sus recursos y bienes para el cumplimiento de su misión y de sus funciones, sin la intervención de autoridad u organismos públicos ajenos a la Universidad.

Por su parte, los artículos 103 y 113 del decreto con fuerza de Ley N° 2 de 2009, del Ministerio de Educación que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley N° 1 de 2005, de esa misma Carta, reconocen la autonomía universitaria como el derecho de cada establecimiento de Educación Superior a regirse por sí mismo, de conformidad a lo establecido en sus estatutos, en cuanto al cumplimiento de sus finalidades, la que comprende la autonomía económica y que permite disponer de sus recursos para satisfacer los fines que le son propios.

Por lo tanto, en este contexto normativo se desprende que la autonomía universitaria dota a los planteles de educación superiores de un poder resolutivo en todo lo que se relaciona con el quehacer interno universitario, tanto en el ámbito académico, económico como administrativo.

La Contraloría en aquel dictamen, señala que teniendo en cuenta el contexto normativo previamente señalado:

“(…) La Universidad de Chile cuenta con la potestad para determinar el cobro de aranceles a sus estudiantes y, en general, de decidir acerca del régimen de derechos de estos últimos conforme a la normativa vigente. De allí que el aludido establecimiento educacional se encuentra facultado para fijar las condiciones de matrículas y aranceles que estime pertinentes respecto de los estudios que imparte “. (sic)

Así las cosas, la Universidad de Chile puede, desde luego, regular el cobro de sus acreencias, las modalidades para el pago y la repactación de aranceles que adeuden los estudios, y establecer todo lo relativo a la percepción de los recursos que integren a su patrimonio. En ese sentido está contesta la Jurisprudencia Administrativa según los dictámenes de la Contraloría General de la República N° 40.713 de 2004 y 15.778 de 2016.

En ese sentido la Universidad de Chile dictó el decreto Universitario N° 691 de 14 de marzo de 1991- que fija normas sobre deudas de aranceles- estableciendo en su artículo 4° que la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional - a través de la Unidad de Cobranzas, debe tomar las medidas tendientes a informar y cobrar deudas vigentes para aranceles de años anterior.

Agrega el artículo 7° de esa preceptiva que la señalada Vicerrectoría deberá emitir, en su oportunidad, un certificado que indique el estudiante se indica en el cumplimiento de sus obligaciones arancelarias. Dicha certificación será requisito indispensable para continuar con los trámites conducentes a la obtención de títulos y grados que otorga la Universidad.

En ese sentido, el citado decreto universitario N° 691 de 1991 fue dictado en virtud de la potestad normativa y reglamentaria con que cuenta esta Casa de Estudios Superiores, de acorde a la autonomía economía que goza, en específico, con el fin de regular el cobro de sus acreencias y establecer modalidades de pago y repactaciones de deudas, para poder incorporar a su patrimonio los créditos que legítimamente le corresponden por lo que debe concluirse que la decisión de la Universidad en cuanto a otorgar el grado académico al recurrente está amparado tanto por la normativa legal recientemente citada, la normativa interna de la Universidad de Chile, como por la variada jurisprudencia administrativa en comento.

El mismo Dictamen de la Contraloría General de la Republica N° 189.058/19 que se acompaña en el presente recurso, establece de forma expresa que el mencionado decreto es a todas luces legal y por lo tanto dictado conforme a derecho: “Como puede advertirse, el citado decreto universitario N° 691 DE 1991, fue dictado en virtud de la potestad normativa y reglamentaria con que cuenta la Universidad de Chile, y de acuerdo con la autonomía económica que goza, con el fin de regular el cobro de sus acreencias, y establecer modalidades de pago y repactaciones de deudas, a fin de incorporar a su patrimonio los créditos que legítimamente le corresponden por lo que debe concluirse que dicho acto administrativo se encuentra ajustado a derecho”.

En otro ítem, se refiere al proceso de matrícula y tramitación de expediente para la emisión del título.

Nuevamente y en virtud de su autonomía, la Universidad de Chile se encuentra facultada para el cumplimiento de sus propios fines, dictar normativa que regule las distintas actividades y materias vinculadas con dichos objetivos.

Una vez cumplidos los requisitos y trámites indicados en el Plan de Estudios de cada Programa, según la carrera de pregrado que se trate, como lo hizo el recurrente, en su calidad de estudiante debe sujetarse a los procedimientos y trámites dispuestos por la normativa universitaria para completar las actividades y completar el trámite administrativo para obtener el título de Licenciatura en ciencias.

Conforme lo dispuesto en el artículo 52 del Reglamento de Estudiantes, una vez que el estudiante ha completado las exigencias curriculares para la obtención del título o grado respectivo, debe iniciar en la Secretaría de Estudios la respectiva la tramitación del expediente de grado o título que incluirá un Acta de Concentración de Notas, un Acta de Término de Estudios y otros documentos que determine la Universidad, dando cuenta del cumplimiento curricular del alumno. Así, el inciso primero del artículo 52 del Reglamento de Estudiantes establece:

“Una vez que el estudiante haya dado término a la totalidad de las actividades curriculares contempladas en el correspondiente plan de estudios y cumplido con las exigencias reglamentarias para la obtención del título o grado, la Secretaría de Estudios correspondiente o la Unidad que haga las veces de tal, iniciará un expediente de titulación o graduación. El expediente incluirá un Acta de Concentración de Notas, un Acta de Término de Estudios y otros documentos que determine la Universidad”.

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 7° del Decreto Universitario Nº 00691, sobre deuda de aranceles, de 14 de marzo de 1991 (“D.U. 691”), la certificación de que el estudiante se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones para con la Universidad es un requisito indispensable para continuar con los trámites de obtención de títulos y grados que otorga la Universidad de Chile, debiendo adjuntar el mismo al expediente de titulación o licenciatura, según corresponda.

Así, que él regularice su deuda para con la Universidad de Chile, se constituye como un requisito para la obtención de grados y títulos, puesto que el expediente respectivo debe incluir un certificado de que no existen obligaciones pendientes para con la Universidad de Chile, emitido por la Vicerrectoría de Asuntos Académicos y Gestión Institucional, según el artículo 7° del D.U. 691.

Por tanto, para completar los trámites administrativos para la obtención de su grado, el recurrente debe sujetarse a los procedimientos establecidos por la normativa universitaria y explicados previamente, según los cuales debe acreditar que no existen obligaciones pendientes para con la Universidad de Chile.

En tal contexto, se le informó por la Unidad de Administración de Aranceles y Créditos, que debía pagar o regularizar su deuda a través de las facilidades permitidas de acuerdo a la normativa universitaria, en la especie el D.U. 8565.

En particular el artículo 7° del Decreto Universitario Exento N°0048829, de 30 de diciembre de 2013, en concordancia con el Decreto Exento N°007486, Reglamento de Estudiantes de la Universidad de Chile, de 19 de noviembre de 1993, señala que es necesario para la obtención los títulos o grados que otorga la Universidad, que se adjunte un certificado de regularización de la deuda en su expediente y que esto además es un requisito de formalización de la matrícula, así expone la norma anteriormente citada:

“El estudiante que mantenga deuda al término de un periodo académico, deberá regularizarla de acuerdo a las instrucciones que para tal efecto considere la reglamentación respectiva, siendo éste un requisito necesario para formalizar la matrícula del periodo académico siguiente.”

La actuación de la Universidad de Chile no puede ser calificada de arbitraria o ilegal, toda vez que la imposibilidad de cursar su matrícula y posterior tramitación del expediente académico de la recurrente obedece a su normativa, según la cual, no se ha dado tramitación por el incumplimiento de los trámites antes explicados.

Así lo han establecido nuestros tribunales superiores citando el fallo en causa rol 13.173-2014 de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Respecto a la supuesta vulneración de la garantía de la igualdad, precisa que respecto de la garantía constitucional del numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, ésta exige tratar igual a los iguales, y desigual a los desiguales, según ha reconocido la jurisprudencia tanto de los Tribunales Superiores de Justicia como del Tribunal Constitucional.

Dice que en el caso de la recurrente se ha dado estricta aplicación al principio de igualdad constitucional, dando un tratamiento igual a los iguales y desigual a los desiguales.

Dice que resulta evidente que el actuar de la Universidad de Chile se encuentra plenamente justificado y conforme a la regulación universitaria que ha dictado en virtud de la autonomía establecida en el artículo 7° de sus Estatutos, así como reconocida legal y jurisprudencialmente.

En tal sentido, los procedimientos y documentos que la Universidad exige a la recurrente para completar sus actividades pendientes, es decir, los trámites requeridos para poder rendir el examen de grado correspondiente a la Licenciatura de Ciencias Jurídicas y Sociales, no son arbitrarios ni ilegales, sino que encuentran sus fundamentos en el Reglamento de Estudiantes, el Reglamento General de los Estudios Universitarios de Pregrado y el Reglamento General de Facultades, entre otras normas.

En efecto, al haberse incorporado como estudiante en una carrera de pregrado, la recurrente debe cumplir las disposiciones y normativa universitaria, a las que se sujeta desde el momento de su matrícula en la Universidad de Chile.

No exigir al recurrente el cumplimiento íntegro del procedimiento indicado para la obtención de su grado y demás actividades pendientes importaría una discriminación a los demás estudiantes que, cumpliendo todas las disposiciones universitarias, recibieron su grado y título por el Rector de la Universidad. Por lo demás, la recurrente en su presentación relata su situación morosa personal, pero nada señala que, en otras oportunidades, o a otras personas, se haya obrado de una forma diferente.

Respecto de la supuesta vulneración al derecho de propiedad.

En primer lugar, más allá de lo escueta de su aseveración, la misma resulta carente de toda lógica, toda vez que tal como ha quedado explicado en el presente informe, el recurrente registra una deuda pendiente por sus estudios de pregrado, sin que dicha obligación se encuentre regularizada, siendo esto, uno de los deberes estudiantiles fijados en la normativa universitaria, por lo que no ha cumplido con las condiciones académicas establecidas por la Universidad de Chile, para obtener el título que pretende.

Junto con lo anterior, habrá que tener presente que es la autoridad universitaria, en este caso el Rector(a) de la Universidad de Chile, quien materialmente hace entrega del Certificado donde consta el título o grado profesional de los estudiantes de esta Casa de Estudios Superiores, por lo que no puede sostenerse, que el recurrente tenga un derecho de propiedad sobre el mismo, si aún no se le ha expedido el certificado respectivo.

Hace presente también, que la Universidad de Chile y el Instituto de Asuntos Públicos, han otorgado a la recurrente los certificados que acreditan su estado académico en diversas oportunidades y ante sus requerimientos. Así, lo demuestran los propios certificados acompañados por el actor, como la constancia de aprobación de su examen de grado.

Contrario a lo expuesto por la recurrente, la obtención de su título continúa siendo una mera expectativa pues no sólo debe cumplir con los trámites administrativos con su obligación de regularización de su deuda, según lo expresado en el presente informe.

Finalmente solicita tener por evacuado el informe decretado en autos, y en atención a los fundamentos expuestos, acoger la excepción de extemporaneidad en todas sus partes, con expresa condenación en costas, o en subsidio de que rechace dicha excepción, proceda a rechazar la presente acción cautelar en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Acompaña al informe: a. Estatuto Orgánico de la Universidad de Chile, aprobado por D.F.L. N° 3, de 10 de marzo de 2006, publicado en el D. nombre reservado de 2 de octubre de 2007, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N° 153, de 1981; b. Decreto Universitario N° 906, de 2009, que aprueba Reglamento General de Facultades de la Universidad de Chile; c. Decreto Universitario N°0014095 de 19 de mayo de 2010, que Aprueba el Reglamento General de Institutos; d. Decreto Universitario Exento N° 0017946, de 7 de agosto de 2008, que aprueba el Reglamento General de los Estudios Universitarios de Pregrado; e. Decreto Universitario N°007586, de 19 de noviembre de 1993, que fija el Reglamento de Estudiantes de la Universidad de Chile; f. Decreto Universitario Exento N° 008565 de 27 de marzo de 2017, que establece un nuevo sistema especial de pago de deudas de aranceles universitarios de pregrado; g. Decreto Universitario N° 00691, sobre deuda de aranceles, de 14 de marzo de 1991; h. Decreto Exento N° 0048829 de 30 de diciembre de 2013 que establece normas sobre pago de matrícula y deroga el Decreto Universitario Exento Nº 00692, de 14 de marzo de 1991; i. Decreto Exento N° 0023298 de fecha 10 de junio de 2019 que “Modifica Decreto Universitario Exento N° 0048829 de 30 de diciembre de 2013, Normas sobre pago de Matricula.”; j. Decreto Universitario N° 1851 de fecha 4 de mayo de 1987 que “Aprueba Nueva Estructura de Servicios Centrales.”; k. Decreto Universitario N° 002608 de fecha 14 de agosto de 1987 que “Señala y Reglamenta las Funciones de Servicios Centrales.”; l. Pagaré Folio N° 2021003646 de fecha 15 de diciembre de 2021; m. Documento denominado “Situaciones Académicas” del recurrente; n. Documento denominado “Consulta de Movimientos de Cuenta Corriente” del Recurrente y su respectivo resumen; ñ. Documento denominado “Situación Deuda”, respecto del recurrente de fecha 19 de mayo de 2022; o. Correo Electrónico de fecha 12 de enero de 2021, asunto “Trámite Título Profesional”; p. Oficio Circular Nª 004/2021, Sobre Plazo de Recepción de Expedientes en la Oficina de Títulos y Grados; q. Circular Nº03 del 6 de enero de 2021, sobre la recepción de documentos en Rectoría en el mes de enero de 2021; r. Correo electrónico enviado por el recurrente a la Encargada de Títulos y grados del INAP, de fecha 20 de septiembre de 2021; s. Correo electrónico enviado por el recurrente a la Encargada de Títulos y grados del INAP, de fecha 1 de marzo de 2022; t. Correo electrónico enviado por el recurrente a la Encargada de Títulos y grados del INAP, de fecha 4 de abril de 2022; u. Correo electrónico enviado por el recurrente a la Encargada de Títulos y grados del INAP, de fecha 10 de abril de 2022; v. Decreto Universitario Nª001283 del 8 de enero de 2021, que Aprueba Calendario de Actividades Curriculares para el años académico 2021 y w. Dictamen Contraloría General de la Republica N° 189.058/19 de fecha 9 de septiembre de 2019 TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, en relación a la oportunidad para interponer este recurso, el artículo 1 del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales dispone "1°.- El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”.

SEXTO: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad levantada por la recurrida es dable decir que corresponde acogerla pues tanto del tenor del propio recurso de protección como del informe evacuado por la recurrida se desprende que el recurrente , a lo menos, en octubre de 2021 tomó conocimiento del supuesto fáctico que le sirve de sustento a esta acción constitucional y que no es otro que para obtener el título de Administrador Público debe, entre otros requisitos, matricularse en el año académico respectivo pues aquello le da la calidad de alumno o estudiante de la Universidad recurrida y lo que, por ende, lo habilita para efectuar el trámite de titulación, lo que permite colegir que el presente arbitrio se planteó extemporáneamente, pues se intentó vencido o más allá de los treinta días a que se refiere la norma citada en el motivo anterior.

SÉPTIMO: Que, no obstante que lo antes expuesto es suficiente para concluir que este recurso de protección no puede prosperar y debe ser desestimado no es menos cierto que, además, debe ser rechazado teniendo en cuenta lo siguiente: a.- el recurrente es egresado de la carrera de Administración Pública de la Universidad recurrida y en la actualidad cursa un posgrado en la misma Universidad, teniendo pagada la matrícula de este último; b.- uno de los requisitos, según la normativa interna de la casa de estudios reclamada, para abrir o iniciar el trámite o expediente de titulación es pagar la matricula del año académico respectivo; c.- el reclamante no ha acreditado el pago de la matrícula del año académico 2021 como tampoco el de este año académico correspondiente a la carrera de Administración Pública; d.- si bien el recurrente registraba deuda por arancel universitario, aquello fue repactado y no es un fundamento del actuar de la recurrida.

Los hechos antes asentados relacionados con la normativa de la Universidad recurrida, en particular el Decreto Universitario N°004882 de 2013, el Reglamento de Estudiantes y el Decreto Universitario Exento N°0048829, de 30 de diciembre de 2013, llevan a entender que no hay un proceder ilegal o arbitrario de la reclamada pues solo ha hecho aplicación de su normativa interna, la que no podía menos que conocer el reclamante, en cuanto a solicitar al recurrente el cumplimiento de los requisitos necesarios para iniciar el trámite de titulación.

OCTAVO: Que, atendido lo anterior, en cuanto a que no existe un acto ilegal o arbitrario por parte de la entidad recurrida que deba ser enmendado por esta vía cautelar de urgencia, sin perjuicio de lo ya expuesto respecto de la extemporaneidad del arbitrio intentado, la presente acción constitucional será desestimada, siendo, por ende, innecesario verificar la existencia de privación, perturbación o amenaza de los derechos y/o garantías fundamentales que el recurrente detalla en su líbelo.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 19 N° 1 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de Recursos de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección interpuesta por nombre reservado en contra de Universidad de Chile.

Acordada con el voto en contra de la Fiscala Judicial señora nombre reservado quien estuvo por hacer lugar a esta acción constitucional entendiendo que el requerimiento del pago de matrícula para iniciar el trámite de titulación resulta arbitrario al existir otras vías en el ordenamiento jurídico para impetrar, por parte de la recurrida, el pago de sus acreencias de manera que la negativa a permitir al actor completar su proceso de titulación por esta razón afecta tanto la garantía de igualdad de trato en relación con el derecho a la educación del recurrente, ambos garantizados en la Constitución Política de la República.

Comuníquese, regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Ministro señor Le-Cerf Raby.-.

Rol I.C. N° 947-2022.-. Protección.-.