nombre reservado con MINISTERIO DE EDUCACIÓN

nombre reservado

Ministerio de Educación, Recurso de protección Rol N°946‑2025.

La Serena, veinticinco de septiembre de dos mil veinticinco.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, a folio 1, comparece doña nombre reservado, diputada de la República y deduce recurso de protección a favor de 1.500 niños, niñas y adolescentes matriculados en el Colegio Christ School de La Serena, en contra del Ministerio de Educación, representado por don nombre reservado, por estimar vulneradas las garantías establecidas en el artículo 19 N°2, 10, 11 y N° 24 de la Constitución Política de la República.

Indica que el 18 de mayo de 2025 tomó conocimiento de la situación del establecimiento educacional colegio Christ School del sector de Las Compañías, a partir de una reunión con apoderados, funcionarios y sindicato, donde se les comunicó el cierre inminente del colegio en febrero de 2026. Indica que aquello derivó de un conflicto entre privados y de incumplimientos atribuidos a la sostenedora Corporación Educacional Christ School, y que el cierre del colegio tendría origen en una resolución judicial dictada en un juicio civil, que ordenó la restitución del inmueble arrendado. Refiere además, que respecto del establecimiento hubo más de 60 denuncias y fiscalizaciones de la Superintendencia de Educación desde el año 2018, lo que motivó la revocación del reconocimiento oficial.

Agrega que, en marzo de 2025 la Superintendencia de Educación designó como nombre reservado a don nombre reservado para resguardar la continuidad del servicio educacional, pero que aquello no evitó que ante la proximidad del desalojo, la comunidad desconozca el destino de los estudiantes y los plazos de una eventual reubicación. Refiere que alrededor de 200 estudiantes ya se han matriculado en otros colegios; que hay 240 estudiantes con TEA que se verán afectados por el cierre, y que el escenario trae costos significativos para las familias, además de la pérdida de contención emocional de la comunidad escolar y una afectación a la integridad psíquica ante la incertidumbre, considerando que JUNAEB provee aproximadamente 500 raciones de alimentación.

En cuanto a las garantías vulneradas, sostiene una transgresión a la igualdad ante la ley, la que se vería lesionada por discriminar a los alumnos de la comuna respecto de su posibilidad de permanecer en el establecimiento en que están insertos; el derecho a la educación se encontraría perturbado ya que se ha creado una incertidumbre sobre continuidad del proyecto educativo, del funcionamiento en otro lugar o reubicación en colegios que se desconocen; la libertad de enseñanza y que el derecho de propiedad se afectaría respecto de la matrícula como bien incorporal del cual los estudiantes son titulares, conforme a la ley SAC.

Por lo expuesto solicita tener por interpuesto el recurso en contra del Ministerio de Educación, acogerlo y declarar la vulneración de las garantías indicadas; y que se le ordene al Ministerio entregar un informe detallado sobre lo que ocurrirá con los más de 1.500 estudiantes, en cuanto a si serán reubicados en otros establecimientos educaciones del mismo sector o qué se propone para dar continuidad a la educación de los niñas y niñas y las demás medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que se hizo parte en el recurso don nombre reservado en representación de don nombre reservado, como tercero excluyente. Señala que su representado es demandante como persona natural en la causa seguida en el Noveno Juzgado Civil de Santiago, rol C-7544-2022, sobre terminación de contrato de arrendamiento, caratulada “nombre reservado con Corporación Educacional Christ School” y es además propietario del terreno e inmueble en que funciona el establecimiento educacional denominado “Christ School de La Serena”, ubicado en domicilio reservado de la Comuna de La Serena, Región de Coquimbo, inscrito a nombre de nombre reservado a fs. 4.010, N° 3.728, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena, del año 2004.

Señala que existe un conflicto que se arrastra por lo menos desde el año 2018 entre su representado y la demandada Corporación Educacional Christ School, indicando que el año 2019 se presentó una querella, luego el Servicio de Impuestos Internos, presentó una querella por el delito del artículo 97 N° 4 del Código Tributario y finalmente, una tercera querella por delito de malversación de caudales públicos, sin que el Ministerio de Educación o la Superintendencia de Educación se hayan hecho parte en esos recursos.

Explica que en el año 2022, ante el Noveno Juzgado Civil de Santiago, se inicia la causa Rol C-7544-2022 sobre terminación de contrato de arrendamiento que concluyó con una sentencia favorable a su parte, declarando terminado los mencionados contratos de arrendamiento y disponiendo que, tras los trámites pertinentes, debería procederse a la restitución al propietario de los inmuebles materia de los contratos. Esta sentencia fue posteriormente confirmada por la I. Corte de Apelaciones de Santiago y fue rechazado el recurso interpuesto para ante la Corte Suprema por la misma parte demandada, quedando firme en consecuencia la sentencia aludida , dando cuenta que la mencionada sentencia es una consecuencia de un procedimiento previo legalmente tramitado, siendo el único camino que le quedó a su parte para recuperar la tenencia de los inmuebles quienes lo tenían en forma gratuita hace casi de tres años, apropiándose y distrayendo dineros, en perfecta inacción de la autoridad.

Agrega que las resoluciones judiciales no pueden ser atacadas a través de un recurso de protección, por lo que estima improcedente el recurso deducido.

TERCERO: Que a folio 8, se hizo parte en el recurso PABLO IGNACIO MANCILLA ANRIQUE, abogado, en representación de don nombre reservado, nombre reservado de los Establecimientos Educacionales Colegio Christ School RBD 13586-0 y Escuela de Lenguaje Belén RBD 16613-8, designado según Resolución Exenta N° 0209 de fecha 17 de marzo de 2025, del Superintendente de Educación (S), en calidad de tercero independiente.

Señala que la designación de su representado en calidad de nombre reservado se fundó en la necesidad de cautelar la continuidad del servicio educativo, conforme a lo dispuesto en la Ley N°20.529, denominada Ley SAC.

Sostiene que, según consta en la Resolución Exenta N°0209, el nombramiento de su representado se fundó en lo dispuesto en el artículo 89, letra c) de la Ley SAC, norma que autoriza dicha designación “cuando, por razones imputables al sostenedor, se haga imposible la mantención del servicio educativo a consecuencia de sanciones, medidas precautorias, embargos, ejecuciones o retiros que afecten al establecimiento educacional o a su mobiliario”, ello en razón de diversos incumplimientos que han dado lugar a ejecuciones, sanciones, embargos, incumplimientos y en general situaciones que han puesto en riesgo inminente la continuidad del servicio.

Afirma que una de las circunstancias determinantes fue la tramitación de la causa Rol C-7544-2022, seguida ante el 9° Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, en la cual, por sentencia definitiva de fecha 13 de noviembre de 2023, firme y ejecutoriada, se acogió la acción de desahucio y se ordenó a la Corporación Educacional Christ School la restitución de los inmuebles arrendados donde actualmente funcionan los establecimientos Colegio Christ School La Serena (RBD 13586-0) y Escuela de Lenguaje Belén de Parral (RBD 16613-8).

Indica que, en cumplimiento de su mandato, en la etapa de cumplimiento incidental de la referida causa civil, intervino como tercero excluyente formulando oposición al cumplimiento incidental, conforme al artículo 234 inciso 2° del Código de Procedimiento Civil, invocando la excepción de “no empecerle la sentencia” en relación con el artículo 91, letra d) de la Ley N° 20.529, solicitando en definitiva la suspensión del lanzamiento, a fin de mantener la continuidad de los servicios educativos y evitar la reubicación masiva de estudiantes.

Sostiene que la excepción se fundó en lo dispuesto en la letra d) del artículo 91 de la Ley SAC, que establece expresamente que “Mientras dure su administración, los recursos que reciba el nombre reservado y los bienes que administre no podrán ser objeto de medida judicial alguna”.

Explica que ello implica que, durante el año escolar 2025 y mientras ejerza la administración, los inmuebles en los que funcionan los colegios no pueden ser objeto de medidas judiciales, en particular cuando estas derivan de la mala gestión del sostenedor inhabilitado.

Destaca que, no obstante lo anterior, el 29 de abril de 2025 el 9° Juzgado Civil de Santiago rechazó la excepción opuesta y continuó con el procedimiento de restitución, desconociendo la disposición expresa de la Ley N° 20.529. Indica que contra dicha decisión se interpuso recurso de reposición, el cual fue rechazado el 9 de mayo de 2025 con los mismos argumentos, resolución que careció de motivación suficiente.

Refiere que la medida decretada afecta la esencia de las funciones del nombre reservado, cuyo objetivo es garantizar que los niños, niñas y adolescentes matriculados en los establecimientos educacionales continúen gozando de su derecho a la educación sin interrupciones. Señala que la labor de su representado se ha visto amenazada por el estado actual del juicio civil, que se encuentra en etapa de cumplimiento y con lanzamiento decretado, susceptible de ejecutarse incluso con auxilio de la fuerza pública.

Finalmente, sostiene de ejecutarse dicha acción ordenada por la citada resolución, los 1.500 niños, niñas y adolescentes pertenecientes particularmente al Colegio Christ School La Serena, quedarían sin posibilidad alguna de asistir a su establecimiento educacional y recibir clases, pese a que nos encontramos a mitad del año escolar. Adicionalmente, dada la fecha es imposible reubicar a esta cantidad de niños, niñas y adolescentes en otros establecimientos educacionales, lo que causa un grave perjuicio a todos ellos en tanto no podrían continuar con sus estudios a mitad del año escolar. Agrega que la mencionada resolución carece de legalidad en tanto infringe abiertamente lo dispuesto en la Ley SAC, la que prohíbe a los tribunales decretar cualquier medida judicial respecto de los bienes que se encuentren bajo el cuidado del nombre reservado.

Refiere que existe una vulneración a la garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N°1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Por lo expuesto pide se deje sin efecto la resolución dictada el 20 de mayo de 2025 por el 9° Juzgado Civil de Santiago y se restablezca el imperio del derecho.

CUARTO: A folio 16, comparece doña nombre reservado, abogada, Defensora de la Niñez (S), presentando informe en calidad “amicus curiae” o “amigo del tribunal”.

Señala que el Colegio Christ School de La Serena se encuentra actualmente bajo la administración provisoria de don nombre reservado, designado por la Superintendencia de Educación mediante la Resolución Exenta N° 209, de fecha 17 de marzo de 2025.

Indica que, en razón de los hechos expuestos y habiendo tomado conocimiento de ellos, la Sede Regional de Coquimbo de la Defensoría de la Niñez realizó con fecha 04 de junio de 2025 un taller de levantamiento de opinión con estudiantes del Colegio Christ School. En la que participaron voluntariamente 21 niños, niñas y adolescentes, representando con uno o dos delegados a cursos desde séptimo básico hasta cuarto medio.

Hace referencia al corpus iuris aplicable, dando cuenta que en este caso confluyen materias vinculadas con el interés superior del niño, su determinación y ponderación en todas las decisiones que le afecten, y su derecho a la educación, sin perjuicio de los demás que forman parte del “corpus iuris internacional de protección de los niños.

Refiere que, en este caso, la decisión que se adopte afectará directamente la situación de los estudiantes del Colegio Christ School, toda vez que está en riesgo el ejercicio de su derecho a la educación y la continuidad del año escolar. Advierte que, además, existe un escenario de incertidumbre respecto a lo que ocurrirá en caso de concretarse el desalojo del inmueble, lo que podría implicar tanto la interrupción del proceso educativo como afectaciones emocionales y sociales derivadas de la pérdida de su espacio escolar, vínculo comunitario y referentes cotidianos.

Esgrime que la intervención judicial de esta Corte resulta no solo oportuna, sino esencial, para restablecer el enfoque que corresponde respecto de los derechos del niño y los adolescentes involucrados. Es imperativo que se determine de manera expresa su interés superior y se adecuen las decisiones a este principio, garantizando así una respuesta estatal que esté a la altura de las obligaciones internacionales y del mandato constitucional de protección integral de la niñez.

Sostiene que en la especie, los estándares internacionales y nacionales mencionados resultan aplicables al caso concreto, exigen que la decisión jurisdiccional que afecte, directa o indirectamente, a niños, niñas y adolescentes que forman parte de la comunidad educativa del Colegio Christ School, sea debidamente fundamentada, previa ponderación expresa y motivada de su interés superior. Esta exigencia no solo es ineludible, sino que constituye una garantía en cualquier procedimiento que incida directamente en sus derechos.

En el caso de autos, dicha consideración se encuentra completamente ausente, lo que representa una omisión incompatible con el deber de protección reforzada que el ordenamiento jurídico impone respecto de la niñez y adolescencia.

Advierte que, en la especie, el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser oídos no ha sido adecuadamente garantizado ni considerado en el proceso, a pesar de que la decisión adoptada incide de forma directa y significativa en sus vidas, entornos cotidianos y trayectorias educativas. Este derecho no solo constituye una garantía fundamental de participación, sino que además es una herramienta esencial para asegurar que las decisiones que les afectan reflejen sus intereses, necesidades y experiencias. Su omisión en el presente caso representa una grave deficiencia en el cumplimiento del deber de escuchar activamente a la niñez y considerar su opinión como elemento relevante en la motivación y legitimidad de las resoluciones judiciales.

Indica que le preocupa que el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes del Colegio Christ School no haya sido considerado en ninguna de las resoluciones judiciales dictadas hasta ahora. Resulta esencial que dicho derecho sea debidamente reconocido, ponderado y valorado en el proceso judicial, especialmente al momento de adoptar una decisión definitiva sobre el asunto de autos. La omisión de este análisis desconoce la centralidad del interés superior de la niñez y compromete el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

QUINTO: Que, a folio 19 informa el recurso don nombre reservado, abogado, Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Educación, solicitando el rechazo de la acción.

Hace referencia a los antecedentes de la acción y el marco normativo aplicable, dado por la Ley N° 20.529, el Decreto N° 315/2011 sobre reconocimiento oficial y la regulación de la figura del nombre reservado, destacando las competencias y fines de los órganos del sistema y, en particular, la finalidad de asegurar la trayectoria educativa de los estudiantes durante la intervención. Correspondiéndole al Ministerio de Educación, según los artículos 1, 2 y 2 bis de la ley N°18.956, las siguientes funciones: Fomentar el desarrollo de la educación en todos los niveles y modalidades, propendiendo a asegurar la calidad y la equidad del sistema educativo; - Financiar un sistema gratuito destinado a garantizar el acceso de toda la población a la educación básica y media, generando las condiciones para la permanencia en las mismas de conformidad a la ley; - Desarrollar un Plan Anual de Aseguramiento de la Calidad de la Educación y llevar a cabo la coordinación de los órganos del Estado que componen dicho sistema, con el fin de garantizar una gestión eficaz y eficiente. - Otorgar el reconocimiento oficial a los establecimientos educacionales, cuando corresponda; - Ejecutar las sanciones que disponga la Superintendencia de Educación o la Superintendencia de Educación Superior, en su caso, aplicar las sanciones en los ámbitos que determinen las leyes, ninguna de las cuales podría considerarse conculcada en virtud de los hechos que se relatan en esta acción de protección.

Precisa que el sistema de aseguramiento de la calidad se compone por cuatro organismos, lo que, a su vez, tienen distintas funciones asignadas por la ley SAC. Estor órganos corresponden al Ministerio de Educación, la Superintendencia de Educación, la Agencia de Calidad de la Educación y el Consejo Nacional de Educación, cada uno cuenta con funciones específicas, pero al mismo tiempo, deben trabajar en forma coordinada. Así, se disponen las siguientes funciones: - El Ministerio de Educación es el ente rector del sistema educacional, elabora las bases curriculares, planes y programas de estudio y apoya a los establecimientos en su implementación; propone el Plan Nacional de Evaluaciones (Simce) al Consejo Nacional de Educación y entrega asesoría técnico-pedagógica a los establecimientos educacionales. - La Superintendencia de Educación fiscaliza, de conformidad a la ley, el cumplimiento de la normativa educacional por parte de los sostenedores de establecimientos educacionales que cuenten con Reconocimiento Oficial del Estado; fiscaliza, también, la legalidad del uso de los recursos respecto de los establecimientos que perciban subvención u otro aporte estatal; atiende las denuncias y reclamos de la comunidad educativa e interesados; orienta a los establecimientos en el cumplimiento de la normativa; e interpreta la normativa educacional a través de circulares, dictámenes u otros documentos. - La Agencia de Calidad de la Educación evalúa los resultados de aprendizaje de los estudiantes –Simce y otros indicadores de la calidad educativa- y los procesos de gestión de los establecimientos educacionales. Además, entrega orientaciones para la mejora educativa a partir de las evaluaciones que realiza. - El Consejo Nacional de Educación, por su parte, debe aprobar las bases curriculares, los planes y programas de estudio, los estándares de desempeño y el Plan Nacional de Evaluación que le presenta el Ministerio de Educación., vuelve a concluir que de los hechos denunciados en el recurso no se observa incumplimiento del Ministerio.

Refiere cifras del establecimiento Colegio Christ School de La Serena, el cual está compuesta de 46 cursos que abarcan desde la Educación Parvularia, así como Enseñanzas Básica y Media y cuenta con Jornada Escolar completa desde el curso Tercero Básico. La matrícula actual del establecimiento es de 1277 alumnos y alumnas, de los cuales 233 tienen necesidades educativas especiales y 1169 son alumnos preferentes, además tiene un programa de educación especial de trastornos específicosdellenguaje (TEL),ynivel científico‑humanista y técnico profesional con especialidad de Conectividad y Redes.

Sostiene, en cuanto al nombre reservado, que su nombramiento recayó en nombre reservado por Resolución Exenta N° 209, de 17 de marzo de 2025, asumiendo funciones como sostenedor por Resolución Exenta N° 363, de 19 de marzo de 2025, destacando el efecto previsto en la letra d) del artículo 91 de la Ley N° 20.529, conforme al cual, expone “mientras dure su administración, los recursos que reciba el nombre reservado y los bienes que administre no podrán ser objeto de medida judicial alguna…”; añade que, pese a la oposición presentada en la causa civil C‑7544‑2022, el 9° Juzgado Civil de Santiago rechazó la suspensión el 29 de abril de 2025 y, luego, con fecha 20 de mayo de 2025, ordenó el lanzamiento con citación, situación suspendida por la orden de no innovar dictada en esta causa el 9 de junio de 2025.

Refiere que el Ministerio de Educación ha realizado gestiones y reuniones con diversos actores, sostenedor, apoderados, parlamentarios, docentes y el nombre reservado— orientadas a asegurar la continuidad y que, a través de la SEREMI de Coquimbo, se han ponderado alternativas para garantizar el derecho a la educación del alumnado del establecimiento. Reitera que la designación del nombre reservado y las acciones adoptadas tuvieron por propósito asegurar el término del año escolar sin afectación a las trayectorias educativas.

Indica que la Cartera de Estado, a través de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Coquimbo, ha ponderado diversas alternativas con el objeto de asegurar el derecho a la educación de los alumnos y alumnas del Colegio Christ School.

Señala que, en primer lugar, considerando el proceso de regularización 2025, los apoderados que deseen buscar una vacante durante el año en curso deben hacerlo mediante el registro público “Anótate en la Lista”, instrumento único en formato digital destinado a gestionar las solicitudes de vacantes escolares. Explica que los establecimientos que cuenten con cupos disponibles deben asignarlos siguiendo el orden de ingreso de las solicitudes, conforme a la fecha y hora de presentación a través de la plataforma, debiendo otorgar al apoderado un mínimo de dos días para confirmar la vacante y coordinar el proceso de matrícula.

Afirma que, además, atendido que la matrícula de los estudiantes actualmente inscritos en el Colegio Christ School podría ser reubicada en establecimientos cercanos, se ha considerado como prioridad el sector de Las Compañías y La Serena Centro, lugares en los que se han identificado colegios que podrían recibir a los alumnos. Precisa que, en este contexto, se analizaron las cifras de matrícula y vacantes disponibles mediante el sistema “Anótate en la Lista”.

Refiere que, en educación parvularia, no existirían mayores problemas para una eventual reubicación. En educación básica, se observa disponibilidad suficiente en los grados de 1°, 2°, 3° y 7° básico, pero no así en 4°, 5°, 6° y 8°, donde faltarían vacantes y parte de ellas deberían pasar por lista de espera. Para subsanar esta carencia, deberían generarse nuevas vacantes mediante la creación de cursos paralelos y/o aumento de cupos, solicitud que corresponde realizar a los sostenedores que cuenten con reconocimiento oficial y cumplan con los requisitos legales. En educación media, se constata un déficit de vacantes en 1° y 2° medio, mientras que para 3° y 4° medio la dificultad se centra en la reubicación de la especialidad de Conectividad y Redes, la cual no se encuentra disponible en el sector definido.

Destaca que, a modo de síntesis, se ha delimitado un sector de trabajo comprendido principalmente por Las Compañías y La Serena Centro, considerando razones de transporte y vulnerabilidad de los estudiantes, aun cuando pudieran existir vacantes en otros puntos del territorio o en la conurbación. Sin embargo, advierte que la gestión del sistema “Anótate en la Lista” corresponde de manera exclusiva a cada establecimiento, siendo de su responsabilidad los tiempos asociados.

Señala que, respecto de la eventual necesidad de generar sobrecupos, la situación de los estudiantes del Colegio Christ School puede ser considerada como caso fortuito o fuerza mayor, por lo que podrían ser admitidos mediante este mecanismo. No obstante, subraya que ello depende de la disposición de los sostenedores y directores de otros establecimientos para presentar las solicitudes pertinentes. Agrega que, frente a este escenario, el Ministerio de Educación debe otorgar prioridad a la tramitación de tales solicitudes, advirtiendo que la falta de vacantes podría requerir la creación de cursos paralelos por parte de sostenedores habilitados.

Refiere que, en cuanto a la especialidad de Conectividad y Redes, existe en la comuna de Coquimbo el Colegio Bernardo O’Higgins que imparte dicha especialidad, y en La Serena, el Liceo Ignacio Carrera Pinto ofrece una mención similar.

Sostiene que la reubicación de la matrícula completa del establecimiento impacta necesariamente a todo el sistema escolar del territorio, abarcando a familias, apoderados, docentes y alumnos. Finalmente, precisa que el Ministerio de Educación no tiene la potestad de imponer a los establecimientos la creación de cursos, niveles o especialidades técnicas, pero sí puede instar, a través de las Secretarías Regionales Ministeriales y los Departamentos Provinciales de Educación, a que los colegios presenten solicitudes para ampliar la oferta educativa, brindándoles guías y apoyos en dicho proceso.

Indica que el recurso de protección debe ser rechazado dando cuenta que el Ministerio no ha actuado de manera arbitraria en la situación descrita por la recurrente, ni tampoco diferente al comportamiento que se desplegaría respecto de otros en sus mismas circunstancias. La situación que se ventila en la presente acción constitucional se originó por incumplimientos y falencias en la gestión por parte del anterior sostenedor particular subvencionado los cuales, los que al ser detectados activaron los mecanismos de fiscalización del Estado. Tanto este Ministerio, así como la Superintendencia de Educación, han cumplido a cabalidad la normativa aplicable en resguardo de la comunidad educativa Reitera la ausencia de una actuación ilegal o arbitraria por parte del Ministerio de Educación y que no se configura una afectación de garantías constitucionales por parte de esa cartera de estado, solicitando el rechazo del recurso.

SEXTO: Se solicitó informe a doña nombre reservado, Jueza del Noveno Juzgado Civil de Santiago, quien señala que en la causa Rol N° 7544-2022 de dicho tribunal se exhortó con la finalidad de dar cumplimiento a la sentencia ejecutoriada y proceder al lanzamiento del inmueble singularizado en el recurso de protección.

Afirma respecto de mencionada causa que, en primer término, ésta se inició por demanda de nombre reservado en contra de la Corporación Educacional Christ School. Por sentencia de 13 de noviembre de 2023, se resolvió rechazar la excepción de incompetencia del tribunal, acoger la excepción de pago opuesta por la demandada y rechazar la demanda de término de contrato de arrendamiento por no pago de rentas. Asimismo, se acogió la demanda de desahucio y se condenó a la demandada a restituir los inmuebles arrendados a más tardar el 31 de diciembre de 2025, rechazándose la demanda reconvencional, con costas por su cuenta para cada parte.

Refiere que, en contra de dicha decisión, la parte demandante interpuso recurso de casación en la forma y ambas partes apelaron ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Dichos recursos fueron resueltos por sentencia de 11 de julio de 2024, en virtud de la cual se confirmó la decisión de primera instancia, con declaración de que el plazo para la restitución de los inmuebles se reducía a seis meses contados desde que el fallo quedara ejecutoriado.

Indica que el cúmplase fue dictado con fecha 30 de agosto de 2024. Posteriormente, el 20 de mayo de 2025 se ordenó exhortar al Juzgado de Turno en lo Civil de La Serena y al Juzgado de Letras de Parral, a fin de proceder al lanzamiento de todos los ocupantes de los inmuebles ubicados en domicilio reservado, de la ciudad de La Serena, inscrito a fojas 4.010, N° 3.728, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena del año 2004; y en domicilio reservado, inscrito a fojas 2.726, N° 1.504, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Parral, correspondiente al año 2003.

Señala que, con fecha 13 de junio de 2025, don nombre reservado, en calidad de nombre reservado de los establecimientos educacionales, compareció como tercero excluyente solicitando la suspensión del lanzamiento. A dicha petición se proveyó que se estuviera a lo resuelto en folio 33, en el cual se había decretado orden de no innovar a solicitud de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena.

SÉPTIMO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Conforme a su naturaleza y claro objetivo, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, vale decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque la afectación de una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

OCTAVO: Que el presente arbitrio ha sido incoado por doña nombre reservado, diputada de la república, a favor de 1.500 niños, niñas y adolescentes matriculados en el Colegio Christ School de La Serena, en contra del Ministerio de Educación solicitando se declare que el Ministerio de Educación, ha vulnerado el derecho a la igualdad ante la ley, derecho a la educación, derecho de propiedad, y libertad de enseñanza, de los y las estudiantes y se le ordene entregar un informe detallado que indique qué va ocurrir con los más de 1.500 estudiantes, en el sentido, de si serán reubicados en otros establecimientos educacionales del mismo sector, o que se propone para dar continuidad a la educación de los niños y niñas, y se adopten las demás medidas que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho, tendientes a asegurar la debida protección de los derechos constitucionales, de los 1.500 estudiantes.

NOVENO: Que, conforme lo señalado por los intervinientes, es posible advertir que la situación que afecta a los estudiantes del establecimiento educacional Christ School deriva inicialmente de los incumplimientos y falencias en la gestión por parte del anterior sostenedor particular subvencionado, frente a los cuales la Superintendencia de Educación designó en su lugar a un nombre reservado, situación que se agravó con la dictación de la sentencia de autos Rol C-7544-2022 del Noveno Juzgado Civil de Santiago, sobre terminación de contrato de arrendamiento, que declaró terminado los mencionados contratos de arrendamiento y dispuso la restitución al propietario de los inmuebles materia de los contratos, sentencia que se encuentra firme o ejecutoriada, luego de haber sido confirmada por la I. Corte de Apelaciones de Santiago en autos Rol Ingreso Corte 19.538-2023 (acumulada 19735- 2023).

DÉCIMO: Que es deber del Estado propender a asegurar una educación de calidad en sus distintos niveles educativos, para lo cual se ha dictado un sin número de leyes, reglamentos y resoluciones, entre las que destacan la Ley N° 20.529 que crea el sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación parvularia, básica y media y su fiscalización, que en conjunto con la Ley 19.880 y la resolución exenta N° 0393 de 24 de mayo de 2024 de la Superintendencia de Educación que impone acciones concretas a los organismos asociados a la educación, dentro de las competencias que la citada norma legal establece para cada uno. En consecuencia, ha de ser la Superintendencia de Educación, la que conforme a la ley debe fiscalizar el cumplimiento de la normativa educacional por parte de los sostenedores de establecimientos educacionales que cuenten con Reconocimiento Oficial del Estado y a quien corresponde atender las denuncias y reclamos de la comunidad educativa e interesados. Superintendencia que de acuerdo al artículo 47 de la Ley 20.529 constituye un servicio público funcionalmente descentralizado y territorialmente desconcentrado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relaciona con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio de Educación.

UNDÉCIMO: Que en este contexto constan las medidas tomadas por la Superintendencia de Educación y por el Ministerio para la reubicación y continuidad del servicio educativo para los alumnos y alumnas del Colegio Christ School, entre ella la revocación del reconocimiento oficial del Estado al anterior sostenedor del Colegio Christ School, la designación de un nombre reservado, las coordinaciones con distintos interesados en el asunto, en especial con apoderados y docentes y la cónyuge del propietario y ex sostenedora, también ha mantenido reuniones con el Jefe del Departamento Provincial de Educación de Elqui. Informa además las acciones de reubicación de los estudiantes previsto en el sistema de “Anótate en la lista”, determinado la cantidad de vacantes con o sin lista de espera, para los niveles de Educación Parvularia, Educación Básica y Educación Media. No advirtiéndose actos u omisiones ilegales o arbitrarias que les puedan ser reprochadas y que afecten los derechos y garantías constitucionales que han sido denunciadas como vulneradas sino, por el contrario, el cumplimiento de las funciones que la ley ha puesto dentro de su competencia, por lo que el arbitrio en su contra será rechazado.

DUODÉCIMO: Que, por otra parte, como ya se ha declarado en innumerables ocasiones, la razón de ser del recurso de protección es someter al imperio del derecho las acciones u omisiones ilegales y arbitrarias que importen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de aquellas garantías constitucionales indicadas taxativamente en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y que, salvo muy excepcionales y calificados casos de arbitrariedad, no procede contra resoluciones judiciales, pues como bien lo señala la Corte de Apelaciones de nombre reservado Miguel en el expediente “nombre reservado”, Rol Nº172-2000, entablar respecto de ellas una acción creada para someter al imperio de la justicia actos u omisiones ocurridas al margen de dicho imperio significa desnaturalizar dicho recurso, pues los derechos de los litigantes están suficientemente resguardados con las diversas medidas, plazos y recursos ordinarios y extraordinarios que la ley franquea.

De este modo, la admisión de la acción de protección respecto de una resolución dictada en un procedimiento judicial, importa introducir en él un elemento que distorsiona o altera la ritualidad que se rige por normas de derecho público y constitucional, en especial cuando tal resolución, ha sido dictada en un proceso en que el abogado nombre reservado y su representado nombre reservado han sido parte, ha pasado por la revisión jerárquica que arbitra la ley, como ocurre en este caso, en que dicha resolución fue conocida y confirmada por la I. Corte de Apelaciones de Santiago, encontrándose firme o ejecutoriada, resolviendo de forma inalterable el litigio, de acuerdo a lo establecido en los artículos 174 y 158 del Código de Procedimiento Civil.

Acoger lo pedido por el señor nombre reservado resulta inadmisible, toda vez que implicaría alterar todo el sistema procesal, transformando el denominado Recurso de Protección en un recurso subsidiario o supletorio de los ordinarios, lo que no se condice con el carácter extraordinario de esta acción, motivo suficiente para desechar esta desacertada petición.

DECIMO TERCERO: Que para la resolución de esta acción constitucional se ha dado prioridad a la protección del interés superior del niño, que subsume el derecho a la educación, de las niñas, niños y adolescentes que tienen la calidad de estudiantes de los Establecimientos Educacionales Colegio Christ School, en armonía y respeto de los derechos y garantías constitucionales de los demás intervinientes y afectados por los hechos ya analizados.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales de la Excma. Corte Suprema, se declara: Que se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra del Ministerio de Educación.

Que se rechaza, sin costas, el arbitrio procesal deducido por el tercero independiente, don Pablo Ignacio Mancilla Anrique, en representación de don nombre reservado.

Se previene que el abogado integrante señor Jaime Camus del Valle estuvo por condenar en costas al tercero independiente don nombre reservado, representado por el abogado don Pablo Ignacio Mancilla Anrique, en atención a que, a su juicio, la petición que ha sido calificada de desacertada, carece de motivo plausible y de sustento normativo, constituyendo un desconocimiento del sistema recursivo nacional y una mala utilización de la acción de protección.

Redactado por el abogado Integrante don Jaime Camus del Valle Regístrese, notifíquese y archívese oportunamente.

Rol N°946-2025 (Protección).