nombre reservado con SERVICIO NACIONAL MIGRACIONES

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Servicio Nacional de Migraciones Recurso de protección Rol N°944-2026.- La Serena, once de junio de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece Pablo Peñaloza Parra, abogado, en favor de nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, señalando como omisión ilegal y arbitraria la falta de pronunciamiento respecto de su solicitud de residencia temporal –presentada el 24 de julio de 2024– lo que representa una vulneración al derecho de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 9, 14, 24 y 27 de la Ley N°19.880.

Sostiene que ingresó petición de residencia temporal en la data antes indicada y que a la fecha no ha recibido respuesta por parte del recurrido, lo que lo mantiene en una situación de preocupación e incertidumbre por un trámite tardío y demorado. Por tales motivos, solicita se ordene al Servicio Nacional de Migraciones que se pronuncie sobre la solicitud dentro de un plazo de 30 días o el que esta Corte determine, con costas.

Acompaña a su recurso antecedentes para acreditar sus asertos.

SEGUNDO: Que emite informe el recurrido Servicio Nacional de Migraciones y, en lo que interesa, menciona que la petición se encuentra en etapa de “resolución”, habiendo sido ésta incoada el 11 de julio de 2024 y, finalmente, acota que el plazo previsto en la normativa para su pronunciamiento no es fatal.

Acompaña documentos para acreditar sus aseveraciones.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1 del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que por la presente acción constitucional se recurre en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la dilación injustificada en dar respuesta a la solicitud de residencia temporal presentada, lo cual califica el actor de ilegal y arbitraria, señalando que vulnera la garantía fundamental contemplada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, razón por la que solicita se ordene que se pronuncie sobre la solicitud dentro de un plazo de 30 días. Por su parte, el recurrido manifestó que la petición se encuentra en etapa de resolución.

SEXTO: Que, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N°19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior, resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

SÉPTIMO: Que, de acuerdo a los antecedentes que constan en la tramitación de la presente causa, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de residencia temporal, excediendo el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N°19.880.

OCTAVO: Que, por tanto, la dilación del recurrido en el pronunciamiento sobre la mentada solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la parte recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección incoado en favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones y, en consecuencia, se dispone que el recurrido deberá emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda respecto de la solicitud de residencia temporal presentada, dentro de plazo de sesenta días hábiles administrativos contados desde que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada.

Acordada con el voto en contra del Ministro señor Corona, quien estuvo por rechazar el recurso, teniendo presente para ello que, en su concepto, la sola consideración del tiempo transcurrido desde la presentación de la solicitud del recurrente, sin que a la fecha ella haya sido resuelta, no alcanza a constituir una actuación ilegal o arbitraria del servicio recurrido si se considera que, como es de público conocimiento, éste enfrenta una grave situación de excesiva carga de trabajo en razón de las numerosas solicitudes similares que debe resolver en razón de aumento sostenido del ingreso de migrantes regulares e irregulares al territorio nacional.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°944-2026 Protección.