Protección contra “nombre reservado”

nombre reservado

nombre reservado y otro Recurso de protección Rol N°942-2025.- La Serena, dieciocho de julio de dos mil veinticinco.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, empleada, interponiendo acción constitucional de protección en favor de su hijo nombre reservado, y en contra de “nombre reservado”, sostenedora del colegio al que asiste su hijo, y en contra de su rector nombre reservado, por haber sancionado al estudiante con la suspensión de clases por tres días, condicionalidad de matrícula y actividad formativa guiada por Orientación y Psicología. Como garantías vulneradas indica aquellas contenidas en los numerales 1, 2, 3 inciso quinto, y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que el 09 de mayo de 2025 fue citada a entrevista con el Rector y la Coordinadora de Convivencia Escolar del colegio al que asiste su hijo, y que en esa oportunidad se le informa de la existencia de una denuncia anónima en contra de su hijo por la cual se le acusa de “ofrecer drogas”. Agrega que, debido a la gravedad de los hechos atribuidos al estudiante, ella solicitó que éste fuera convocado en forma inmediata para ser entrevistado conforme al protocolo del establecimiento y sostiene que al llegar a la oficina en que se desarrolla la reunión la Coordinadora de Convivencia Escolar realiza cinco preguntas por escrito al estudiante relacionadas con su presunta participación en distribución de drogas a otros alumnos del colegio, todas las cuales fueron contestadas negativamente por el joven. Señala que debido a la afectación emocional que toda la situación les produjo, decidió retirarse del establecimiento instruyendo a su hijo que fuera a buscar su mochila a la sala de clases, y afirma que mientras lo esperaba la Coordinadora de Convivencia y el Inspector del Colegio Sr. nombre reservado le comunican que éste último había sorprendido al joven entregando una bolsa que contenía dos cigarrillos presumiblemente de marihuana a su compañera de curso nombre reservado. Detalla que el Sr. nombre reservado le exhibió la bolsa y que, al llegar el alumno, éste negó que ésta le perteneciera y dijo ignorar su contenido. Indica que, acto seguido, el señor nombre reservado fue en busca de la otra alumna involucrada y que al ser consultada respecto a la situación ella contestó que la bolsa le pertenecía, que ella la había ingresado al colegio, y que el hijo de la recurrente tenía el objeto en sus manos al ser sorprendido por el inspector porque ella se lo habría mostrado.

Por otra parte, manifiesta la recurrente que nada de lo acontecido en relación a la bolsa de marihuana habría quedado registrado y señala que tras retirarse del colegio junto a su hijo remitió un correo electrónico al establecimiento a fin de solicitar todo lo relativo a estos hechos, recibiendo como respuesta a un correo en que se le comunica que se le enviarán los antecedentes una vez finalizada la recopilación de aquellos. Agrega que, más tarde ese mismo día, se le informa telefónicamente por la Coordinadora de Convivencia Escolar la suspensión de clases por 3 días de su hijo, y relata que el 13 de mayo recibe un llamado de la secretaria del Colegio en que se le informa que el Rector quería conversar con ella respecto a los acontecimientos que involucraban a su hijo, reunión qué se verificó en la tarde de ese mismo día. Detalla que en esa oportunidad el rector le comunica que, finalizada la investigación, este había adquirido plena convicción en orden a que el estudiante había llevado la bolsa con marihuana al colegio; que este vendía drogas al interior del establecimiento y que, además, habría incitado a un compañero a consumir “tussi”. Sostiene que no se le entregó mayor información respecto a la investigación desarrollada, a pesar de lo cual accedió a suscribir un documento del cual no se le habría entregado copia, y que más tarde recibe un comunicado del colegio a través de la aplicación ‘Lirmi’, a través del cual se le cita para el 15 de mayo con el objeto de informar por escrito las sanciones y acciones formativas aplicadas a su hijo.

Afirma que el 15 de mayo se entrevista con el rector y la Coordinadora, quienes en ese momento le entregan la resolución por la cual se imponen las sanciones al estudiante, en la que señala que “conforme a la información recabada del hecho “porte y tráfico de droga marihuana al interior del establecimiento” se concluyó que don nombre reservado , estudiante del curso tercer año A de enseñanza media, porto y entregó a una compañera de curso el día viernes 09 de mayo de 2025, a las 11:25, 2 cigarrillos de marihuana mientras se encontraban en la sala de clases del curso, en periodo de recreo. Dichas conductas constituyen faltas de carácter gravísimo establecidas en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar en su artículo 79°, letra g ‘Introducir, portar, inducir, comercializar, proveer a terceros y/o consumir cigarrillos, vaper, drogas o cualquier tipo de estupefacientes en cualquiera de sus formas en el establecimiento’. Puntualiza que en la comunicación se informa que los antecedentes serán remitidos a la Fiscalía Local de La Serena, “según lo establecido en los artículos 173, 174 y 175 letra e del Código Penal” (sic), y afirma que se negó a firmar debido a que se le hizo hincapié en el sentido de que su hijo no podría asistir a la gira de estudios programada para el 18 de junio por su mal comportamiento. Sostiene, además, que se le manifestó que de optar por retirar al estudiante del colegio se podría omitir la remisión de antecedentes al ministerio público a lo cual ella no accedió.

Refiere que apeló de la decisión del colegio, recurso del que no ha tenido noticia hasta la fecha de interposición de la presente acción constitucional, y alega que el colegio ha incumplido diversas disposiciones del reglamento interno, vulnerando de ese modo los derechos del estudiante, sin que el recurso de apelación deducido sea apto para subsanarla vulneración de garantías constitucionales.

Argumenta que, a su hijo, en concreto, se le sanciona por 2 hechos diversos, uno relacionado con una denuncia anónima y otro consistente en haber sido sorprendido con una bolsa que presuntamente contenía marihuana, sin que respecto de este segundo hecho se haya cumplido con el deber de oír la versión del acusado, toda vez que las consultas que este respondió por escrito guardaban relación exclusivamente con el primer hecho materia de investigación. Adicionalmente, expresa que el establecimiento habría omitido la formulación de cargos, impidiendo de esa manera ejercer adecuadamente el derecho a defensa. Añade, que tampoco se respetó el reglamento al comunicarle la medida cautelar de suspensión de clases pues ello debía realizarse por escrito y no verbalmente como aconteció. Finalmente, afirma que la resolución por la cual se imponen sanciones al estudiante carece de fundamentos al no expresar de qué manera el establecimiento da por probados los hechos que se atribuyen al estudiante ni la forma de determinar la sanción a aplicar.

Previas citas de derecho solicita acoger la acción intentada y, en definitiva, disponer que las recurridas realicen un nuevo procedimiento para establecer la culpabilidad o inocencia del estudiante.

SEGUNDO: Que, los recurridos evacuaron informe solicitando el rechazo del recurso.

Al respecto señalan que el viernes 9 de mayo el señor nombre reservado, Asistente de Convivencia Escolar, durante el periodo de recreo sorprendió en la sala de clases a la alumna nombre reservado junto al hijo de la recurrente, portando una bolsa que en su interior contenía 2 cigarrillos de marihuana, según fuera reconocido por la alumna. Agregan que la estudiante inicialmente negó que su compañero le hubiera entregado los cigarrillos de marihuana, no obstante, tras reunirse con su padre, quien fuera citado por el colegio, esta manifestó a su apoderado que los cigarrillos de marihuana le habrían sido entregados por el hijo de la recurrente mientras se encontraban solos en horario de recreo. Prosiguen señalando que el hijo de la recurrente fue citado a declarar junto a su madre por la Coordinadora de Convivencia Escolar y que éste sostuvo que no entregó los cigarrillos de marihuana a su compañera. Manifiestan que se dio inicio a las gestiones para esclarecer los hechos conforme al reglamento interno de convivencia escolar; que finalizada la jornada matinal se dispuso aplicar la medida cautelar de suspensión de clases a ambos estudiantes mientras durase la investigación; y que habiéndose comunicado la medida cautelar a los apoderados estos no tuvieron objeción al respecto.

Luego, sostienen que el 14 de mayo la recurrente se presentó ante la coordinadora de convivencia escolar refiriendo que su hijo “había reconocido haberle entregado los 2 cigarrillos de marihuana” a su compañera.

Por otra parte, detallan qué se ofreció contención emocional para el hijo de la recurrente, no obstante, éste no la considero necesaria sino hasta el 20 de mayo, oportunidad en que la apoderada y el alumno solicitan apoyo psicológico para el estudiante.

En cuanto al procedimiento refieren, que en presencia de la apoderada, de la Coordinadora de Convivencia Escolar y del Asistente de Convivencia Escolar Sr. nombre reservado se consultó al estudiante por su participación en los hechos; que se recabaron testimonios de otros alumnos, quienes refieren que el hijo de la recurrente habría entregado con anterioridad drogas a una alumna y habría ofrecido sustancias sujetas a prescripción médica a diversos estudiantes de enseñanza media; y que en la medida cautelar de suspensión de clases fue comunicada en forma inmediata al apoderada sin que esta formulase reclamo u observaciones al respecto. Agregan que el 14 de mayo se comunicó a la recurrente que se habían recopilado antecedentes suficientes para establecer la efectividad de los hechos y aplicar la sanción disciplinaria que correspondiese por lo cual se le cita para notificar la sanción, interponiéndose por la recurrente un recurso de apelación que, en definitiva, fue rechazado por lo que se mantuvo la medida de condicionalidad de la matrícula.

Acto seguido, alegan que no es efectivo que se haya instruido procedimiento por dos hechos diversos, sino que únicamente, se aplicó el protocolo debido a la situación ocurrida con la alumna que fuera sorprendida con cigarros de marihuana, por lo que los dichos de la actora en orden a que no se habría escuchado la opinión del joven carecerían de sustento. Además, afirman que no es efectivo que no se haya permitido realizar descargos toda vez que el propio alumno y su apoderada fueron quienes optaron por admitir los hechos, de manera que no podría haberse vulnerado sus derechos fundamentales.

Por último, descartan que se haya producido alguna infracción o inobservancia al reglamento interno del colegio o que se hayan conculcado las garantías constitucionales del recurrente.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

De lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

CUARTO: Que, cabe consignar que el propio Reglamento Interno de Convivencia Escolar de la recurrida en su artículo 71 establece que “Antes de la aplicación de una sanción o medida, es necesario conocer la versión de todos los involucrados, considerando el contexto y las circunstancias que rodearon la falta. Cuando las sanciones son aplicadas sin considerar el contexto, se arriesga actuar con rigidez y arbitrariedad. El procedimiento debe respetar el debido proceso, es decir, establecer el derecho de todos los involucrados a: -Que sean escuchados; -Que sus argumentos sean considerados; -Que se presuma su inocencia; -Que se reconozca su derecho a apelación y -Que se verifique la rectificación de la falta y cambio de conducta”; mientras que el artículo 89 del mismo cuerpo normativo prescribe que “El Coordinador de Convivencia Escolar encargado de la investigación, o a quien delegue dicha labor, prioritariamente al Encargado de Convivencia Escolar, determinará si se formulan cargos en contra de uno o más de los involucrados dando cuenta de los hechos y circunstancias, fecha, lugar y de las entrevistas realizadas (testigos, afectados y el presunto responsable). Se adjuntan los antecedentes recopilados de distintas fuentes y cualquier otro que permita esclarecer los hechos. En caso de formularse cargos, estos deberán ser comunicados a las personas respecto de quienes formulen cargos, quienes tendrán cinco días corridos a contar de su notificación para efectuar los respectivos descargos y acompañará la prueba con que cuente.

El funcionario responsable de la investigación determinara la conveniencia de omitir el informe de la individualización de los testigos, para resguardar la confidencialidad de las declaraciones”.

QUINTO: Que, del análisis del informe de la recurrida es posible advertir que, tal como sostuvo la recurrente en su escrito y reiteró en sus alegaciones orales, en el procedimiento sustanciado contra el estudiante no existió una etapa de formulación de cargos ni consta que se haya permitido a éste presentar su defensa y aportar los elementos de prueba de que dispusiera. Esta conclusión se ve refrendada al constar que el informe de los recurridos agregado a folio 14 omite referirse a este preciso aspecto, limitándose a negar que se haya coartado “el derecho del alumno como a sus padres, para formular descargos (tratados en los artículos 89 y 90 del Reglamento de la Scuola)…puesto que la institución o su personal jamás adoptó ninguna acción tendiente a truncar este derecho, es decir, en concreto, nadie les bloqueó los canales de comunicación como los emails o las llamadas telefónicas. Como en todo procedimiento el derecho a descargos puede ser ejercido o no, si la parte opta por no ejercerlo. Este hecho no puede atribuirse a un tercero, siendo, por ende, la afirmación infundada y, finalmente, distractora del fondo del problema”; y manifestar que “una vez que la apoderada tomó conocimiento de los antecedentes, de la tipificación de las faltas, de las sanciones y acciones formativas, se le comunicó que disponía de 5 días hábiles para realizar los descargos y apelación ante el Rector del establecimiento. La apoderada comunicó en dicho momento que realizaría los descargos y apelación. Se consigna que con fecha 22 de mayo de 2025 la señora nombre reservado presentó descargos y apeló a la sanción disciplinaria de condicionalidad de matrícula, apelación que fue rechazada manteniendo la sanción impuesta.”.

Esta última declaración devela que en el caso que se analiza la recurrida confunde la posibilidad de apelar de lo resuelto presentando los argumentos que se estimen convenientes con la posibilidad de formular descargos antes de la adopción de una decisión en una primera instancia.

SEXTO: Que, el proceder del establecimiento educacional al omitir una etapa del procedimiento que se encuentra prevista en su propia normativa interna no solo importa infracción a la normativa educacional susceptible de ser sancionada administrativamente como sostuvo la recurrida en su alegato oral, sino que, en este concreto caso, acarreó como consecuencia que el estudiante no contara con acceso a un procedimiento racional y justo, ya que no le fueron claramente comunicados los hechos que le fueron atribuidos ni la forma en que se dieron por probados y tampoco se le permitió presentar su versión de los hechos en la forma contemplada en el reglamento ni ejercer el derecho a rendir prueba en apoyo de sus dichos, exigencias que además de contenerse en la reglamentación interna del establecimiento educacional sin consustanciales al derecho a un debido proceso.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, al imponer la recurrida una sanción que se fundamenta en un procedimiento que no se ha ajustado a la normativa aplicable, ésta se erige en una comisión especial en los términos del artículo 19 N°3 inciso 5° de la Constitución Política de la República y, además, supone conculcar el derecho del alumno a la igualdad ante la ley en la medida que al no observarse la normativa aplicable a todos los estudiantes de su colegio se le deja en una situación desfavorable, todo lo cual llevará acoger el recurso a fin de posibilitar que el estudiante sea juzgado en un procedimiento que se ajuste a la reglamentación propia del establecimiento educacional, en la que se le informe en específico aquellos hechos que se le atribuyen, se le permita formular descargos y rendir pruebas y en el evento de ser sancionado, se le informe con claridad qué hechos se han tenido por acreditados y la sanción que estima ajustada a esos hechos.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se ACOGE sin costas el recurso de protección interpuesto en contra de nombre reservado y de su Rector nombre reservado y en consecuencia se dispone que se anula el proceso investigativo incoado contra del alumno recurrente, el cual se retrotrae la etapa de recopilación de antecedentes y aquellas sucesivas que contempla el reglamento, debiendo esto desarrollarse en las condiciones establecidas en el motivo 7°.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°942-2025 Protección.-