nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

De La nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones Recurso de protección Rol N°939-2024 La Serena, veintiocho de junio de dos mil veinticuatro.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece Pablo Peñaloza Parra, abogado, interponiendo acción constitucional de protección en favor de nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, de nacionalidad peruana, domiciliada en domicilio reservado, y en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por haber rechazado su solicitud de residencia definitiva, otorgando un nuevo permiso de residencia temporal por el lapso de un año. Como garantía vulnerada indica aquella contenida en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que la actora ingresó a Chile en el año 2004 en calidad de turista y que el 16 de diciembre de ese año se le otorga una primera visa temporaria sujeta a contrato de trabajo por un lapso de 300 días. Agrega que antes del vencimiento de su último permiso de residencia temporaria solicitó la la permanencia definitiva el 12 de febrero del año 2021, y que esta fue denegada mediante Resolución Exenta N°24269227 de 31 de mayo de 2024, esgrimiendo el servicio como fundamento que “la extranjera no cumple con los requisitos que lo habilitan para residir en el país, ya que registra antecedentes negativos en Chile, por el delito de estafas y otras defraudaciones, en causa RIT 6316-2018, RUC 1800339013-2, del 6° Juzgado de Garantía de Santiago, demostrando una conducta que vulnera bienes jurídicos e intereses protegidos por la Constitución Política de la República, por lo que, es procedente rechazar la solicitud de Residencia definitiva, en virtud de lo dispuesto en el artículo 91 inciso 5°, con relación a los artículos 88 inciso final y 33 N°2 de la Ley 21.325.”.

Alega que si bien es efectivo que la recurrente “se mantuvo en un proceso por el delito antes mencionado”, consta que ésta fue sobreseída definitivamente al haber cumplido una suspensión condicional de procedimiento en forma satisfactoria, por lo que no registra anotaciones en su certificado de antecedentes. Adicionalmente afirma que la resolución impugnada es ilegal y arbitraria ya que junto con desconocer su derecho a la presunción de inocencia no toma en consideración el arraigo social y familiar que la actora mantiene en el país, en el cual ha desarrollado su proyecto de vida junto a sus 2 hijos menores de edad, ambos de nacionalidad chilena.

Previas citas de derecho solicita acoger la acción deducida y, en definitiva, dejar sin efecto la Resolución Exenta N°24269227 de 31 de mayo de 2024, disponiendo que el servicio recurrido dicte otra que se ajuste a derecho.

SEGUNDO:

Que, evacue informe el Servicio Nacional de Migraciones solicitando el rechazo del recurso.

Expone en lo pertinente que mediante Resolución Exenta N°24269227 de fecha 31 de mayo de 2024, del Servicio Nacional de Migraciones, se ha resuelto rechazar permiso de residencia definitiva y, otorgar en subsidio permiso de residencia temporal, en calidad de titular, por el periodo de 1 año, de manera sustitutiva a la orden de abandono. Aduce que esta decisión se adoptó en conformidad a lo prescrito en el artículo 91 inciso 5°, con relación a los artículos 88 inciso final y 33 N°2 de la Ley 21.325, cumpliéndose en forma previa con los trámites ordenados en la misma ley.

Finalmente afirma que todas las actuaciones del servicio se han llevado a cabo de acuerdo a las facultades y a los procedimientos contemplados en el Decreto Ley N°1094, el Decreto Supremo 597 y la Ley N°21.325 por lo cual no existe un acto ilegal o arbitrario que afecte las garantías constitucionales de la actora.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1 del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, en el presente caso aparece acreditado por la recurrente que, si bien fue objeto de una imputación penal, el proceso seguido en su contra culminó por una suspensión condicional del procedimiento, salida alternativa que no implica el establecimiento de su responsabilidad criminal y que, una vez cumplida, conlleva la extinción de la acción penal, tal como fue resuelto el seis de abril de dos mil veintiuno por el Juzgado de Garantía competente.

SEXTO: Que, atendido lo señalado en el motivo procedente, al basarse el fundamento del acto administrativo por el cual se rechaza la solicitud de residencia de la actora en la existencia de hechos que no han sido acreditados en sede penal, y que tampoco aparecen establecidos en sede administrativa, éste deviene arbitrario y conculca la garantía de la recurrente a la igualdad ante la ley prevista en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al sancionarle por hechos que no se encuentran demostrados y, de ese modo, dejarle en una situación desfavorable respecto a los demás solicitantes de permanencia definitiva que han podido acceder al beneficio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de Servicio Nacional de Migraciones, y en consecuencia se deja sin efecto la Resolución Exenta N°24269227 de 31 de mayo de 2024, emanada de dicha autoridad, y se ordena al Servicio que otorgue a la recurrente un plazo no inferior a 30 días hábiles administrativos a fin de que esta pueda acompañar la documentación que desvirtúa la conclusión del servicio, tras los cuales éste deberá resolver conforme a derecho la solicitud de residencia definitiva de la recurrente, dentro de un plazo razonable.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°939-2024 Protección.