nombre reservado con CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA

nombre reservado

Corporación Municipal Gabriel González Videla Recurso de protección Rol Nº937-2025 La Serena, siete de julio de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el tres de junio de dos mil veinticinco comparecen los abogados Carlos Gorroño Vega, Ignacio Jara Álvarez y José Manuel Gorroño Vega, en representación de don nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, representada por su secretario general nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado.

Señala como antecedentes, que el recurrente ingresó a trabajar bajo subordinación y dependencia, y con contrato de trabajo para la recurrida el 07 de diciembre de 2016. Las funciones asignadas fueron las de gestor de proyectos, y que desde dicha fecha y hasta la actualidad ha cumplido a cabalidad con sus funciones, sin que existiera algún tipo de reproche por parte de sus jefaturas.

Indica como antecedente de contexto, que el 19 de diciembre de 2024, el Sr. nombre reservado contactó a doña nombre reservado, Jefa de Gabinete del Secretario General de la Corporación municipal, nombre reservado, para solicitar una audiencia con él y ponerse a disposición de éste, la reunión se llevó a cabo el 20 de diciembre, en donde se le comunicó previo a la reunión que no podría ver al Secretario General, sino al Auditor General, nombre reservado, lo que le sorprendió, ya que no conocía a Pradeñas ni su rol; refiere que durante el encuentro, Pradeñas adoptó una actitud hostil y violenta, cuestionando su identidad, el motivo de su visita y su contrato mismo, sin permitirle explicar que su cita era con el Secretario General de la Corporación, y que, la Srta. nombre reservado también interrumpió, manteniendo un tono agresivo. Pradeñas posteriormente se levantó y se fue sin dar siquiera la oportunidad de responder, lo anterior se tradujo en que el Sr. nombre reservado se sintiera intimidado y angustiado, lo que le llevó a buscar apoyo médico en la ACHS, donde le indicaron 76 horas de reposo, extendido por 7 días adicionales.

Agrega que, el recurrente ingresó el 16 de enero de 2025 una denuncia en contra de la Corporación ante la Inspección Provincial del Trabajo de La Serena, con el objeto que se investigaran los hechos de maltrato que fue objeto por parte de trabajadores de dicha institución, y que no ha tenido noticias hasta la fecha de la denuncia interpuesta.

Expone, que el 10 de febrero de 2025 fue citado mediante correo electrónico por la abogada de la recurrida para efectos de emitir declaración en contexto de investigación interna en desarrollo para el 13 de febrero de 2025, a lo cual él respondió que no podía acudir por encontrarse con licencia médica, pero que estaba llano a declarar si lo autorizaba su médico tratante, y solicitó le informaran sobre el objeto de la investigación y en qué calidad fue citado y respecto a qué hechos. Como respuesta se le informó que la citación enviada era con ocasión del término de su licencia médica y que le pedía las disculpas pues desconocía que aún estaba en reposo.

Señala que, el 9 de mayo de 2025 fue nuevamente citado a declarar en los siguientes términos: “Junto con saludar, en el marco de la investigación administrativa interna actualmente en curso, en la que usted figura en calidad de investigado, y conforme a lo establecido en la normativa vigente y a lo dispuesto por esta Corporación, me permito remitir a usted el pliego de preguntas que se adjunta al presente correo, con el fin de recabar antecedentes relevantes para el esclarecimiento de los hechos. Se solicita responder por escrito cada una de las preguntas formuladas, de manera clara, precisa y completa, acompañando la documentación que estime pertinente, dentro del plazo de 5 días hábiles, contados desde la recepción del presente correo.”

Refiere que, en el pliego de preguntas que se adjuntaba se indicaba lo siguiente: “Que, mediante Memorándum Interno N°093 de fecha 21 de noviembre de 2024, el Secretario General de la Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena, solicita instruir una investigación interna en contra de don nombre reservado, Rut N°RUT reservado, en atención al requerimiento efectuado por el Concejo Municipal de La Serena de fecha 13 de noviembre de 2024, determinándose los siguientes puntos a investigar, a saber: 1. Determinar si don nombre reservado ha dado cumplimiento íntegro a las obligaciones para las cuales fue contratado; y 2. Determinar la existencia de responsabilidad de parte de don nombre reservado referente a conductas que pudiesen constituir contravención a las obligaciones y/o deberes laborales o a la normativa legal vigente. Le informo que he sido designada por el Secretario General como investigadora del proceso. Quien suscribe, nombre reservado, asumirá dicha función. Asimismo, se ha designado como actuaría del procedimiento a doña nombre reservado. funcionaría de esta Corporación. Durante el desarrollo del proceso investigativo, he sido informada de que usted se encuentra actualmente haciendo uso de licencia médica. En razón de lo anterior, y con el objetivo de resguardar su derecho a ser oído dentro de esta investigación, se ha estimado necesario remitirle el presente pliego de preguntas, el cual deberá ser contestado por escrito. Agradeceré que sus respuestas sean enviadas en sobre cerrado, dirigido a esta Investigadora, a la siguiente dirección: domicilio reservado. Alternativamente, puede remitirlas al siguiente correo electrónico: maría. correo reservado. Lo anterior, se realiza por presentar esta Investigadora amplias facultades para realizar la investigación, de lo que se deduce la libertad para dirigir las indagaciones y realizar actuaciones que se estime necesarias para su éxito, lo anterior, en armonía al artículo 133° de la Ley N°18.883 sobre el Estatuto de los Funcionarios Municipales. y la jurisprudencia administrativa de la CGR, entre otros, N°55.001 de 2013, N°72.984 de 2016, como así mismo, de los dictámenes N°17.594 de 2018 y N°7.012 de 2016 de mismo Órgano Contralor, que expresa que no se advierte irregularidad enviar un pliego de preguntas a un/una funcionario/a que se encuentre haciendo uso de reposo por motivo de licencia médica”

Indica que, ante la impropiedad jurídica que implicaba lo indicado en el citado pliego, especialmente el inicio de una investigación interna a partir de un memorándum motivado por una solicitud del Concejo Municipal y la aplicación de la Ley 18.883 a un trabajador contratado bajo las normas del Código del Trabajo, los letrados de este recurso, en representación del Sr. nombre reservado hicieron presente dicha situación mediante presentación formal a la Srta. nombre reservado el 16 de mayo de 2025 (por correo electrónico y mediante carta certificada). Además, por medio de la misiva referida se recusó a la investigadora designada doña nombre reservado y a la actuaria doña nombre reservado, con quien ya había tenido previamente una situación de maltrato, y la primera por estimar que tenía vínculos de amistad con la actuaria.

Señala que, ante la presentación de su parte, el 27 de mayo de 2025 se recibió por correo electrónico la resolución N°149 de la Corporación Gabriel González Videla, firmada por su Secretario General don nombre reservado, que rechazó la recusación formulada por esta parte respecto de doña nombre reservado. Refiere que, en la misma fecha de la respuesta anterior, se recibió por correo electrónico la resolución N°003, suscrita por doña nombre reservado, investigadora designada para el proceso de investigación interna, que rechazó los argumentos sostenidos por su parte en atención a la inidoneidad jurídica de la forma de inicio del proceso, como también, de la normativa legal aplicada para éste por parte de la recurrida, y además rechazó la recusación de la actuaría designada.

En relación a los actos que denuncia como ilegales y arbitrarios, corresponden a la resolución N°149 de 22 de mayo de 2025, dictada por el secretario general de la Corporación don nombre reservado y la resolución N°003 de 27 de mayo de 2025, pronunciada por nombre reservado, investigadora designada, que se traduce en el sometimiento a un procedimiento de investigación que no se encuentra regido ni previsto por la ley o por el reglamento interno aplicable al trabajador, además cuyo investigador ha sido designado de forma posterior a los supuestos hechos investigados, sin cumplir con la garantía del juez predeterminado por ley, sin sujeción a norma alguna o sujeto a normas no aplicables al estatuto laboral del recurrente, hecho que se manifiesta mediante el rechazo de todas las solicitudes de esta parte y la continuación del procedimiento incoado en contra del recurrente.

Refiere como garantías constitucionales vulnerada, el derecho fundamental a no ser juzgado por comisiones especiales, reconocido en el artículo 19 N°3 inciso 5° de la Constitución Política de la República, y al derecho fundamental de propiedad, establecido en el artículo 19 N°24 del mismo cuerpo normativo.

Señala que, en el caso de marras, los actos de la recurrida son ilegales por cuanto se encuentran desprovistos de regulación normativa aplicable al recurrente. Dicho de otro modo, el relato de los hechos de que da cuenta la presente acción, evidencian que el recurrente ha sido sometido a un proceso de investigación, sin que medie para ello un mandato legal que habilite a su empleador a sustanciar dicho procedimiento mediante las normas aplicadas, en especial la Ley 18.883, que como se ha dicho, dicen relación con los estatutos aplicables a los funcionarios públicos, y no a quienes se encuentren regidos por relación contractual de naturaleza laboral en los términos del Código del Trabajo. Así las cosas, se da cuenta en las comunicaciones y resoluciones de la recurrida, que se alude a normativa que no le resulta aplicable al recurrente, específicamente en relación a la indebida aplicación de la Ley N°18.883 sobre el Estatuto de los Funcionarios Municipales, y la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, entre otros, N°55.001 de 2013, N°72.984 de 2016, como asimismo, de los dictámenes N°17.594 de 2018 y N°7.012 de 2016 del mismo Órgano Contralor; por lo que alega que la actuación de la recurrida es ilegal, improcedente y arbitraria, por cuanto carece de razonabilidad y de cualquier fundamento legal.

Respecto a la garantía del artículo 19 N°3 inciso quinto de la Carta Magna, indica que en el caso de marras existe una privación de este derecho, por cuanto el recurrente se ha visto expuesto a la tramitación de un procedimiento, sustanciado por una investigadora que no se encuentra facultada para actuar en el mismo de la forma en que lo hace, por no ser aplicables a este caso las normas invocadas para sustentar sus amplias facultades, constituyéndose así en su cargo de facto lo que resulta ser entonces una comisión especial en los términos aludidos. Señala que, la designación de esta investigadora, afecta de forma grave el derecho aludido, por cuanto se sustenta en normativa que no resulta aplicable al recurrente de autos, teniendo presente su calidad contractual, esto toda vez que se encuentra contratado en virtud de un contrato de trabajo, por lo que la investigadora, en razón de normas aplicables a los funcionarios municipales se encuentra sustanciando un proceso en su contra, y ejerciendo potestades que no le fueron conferidas, lo que explica que, evidentemente, no pueda existir un proceso debido y que, por consecuencia, se haya vulnerado de forma flagrante el derecho al juez natural. Se refiere al artículo 93 del Reglamento nombre reservado Higiene y Seguridad de la Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena, indicando que, incluso si el empleador del recurrente estuviere aplicando el Reglamento Interno, la investigación interna sería improcedente, por cuanto no ha existido denuncia alguna en contra de su representado, pues la norma del artículo 93 requiere para que un trabajador sea sometido a una investigación interna, la existencia de una denuncia en contra del trabajador, cuestión que no ocurrió, y de los antecedentes tenidos a la vista, se ha podido confirmar que la investigación de la cual ha sido objeto su representado, se ha iniciado a instancias de un grupo de concejales que ha cuestionado la labor del recurrente, cuestión que, desde luego, no es una de las hipótesis que pudieran dar lugar a la referida investigación interna.

Con relación al derecho de propiedad, señala que, la recurrida al proceder como lo ha hecho, amenaza derechamente el derecho de propiedad que su representado detenta sobre su cargo dentro de la Corporación Municipal, en atención a que existe el fundado temor de que la presente investigación interna se encuentre siendo tramitada con el objeto de generar una justificación que permita poner término a la relación laboral existente entre su representado y la recurrida sin derecho a indemnización.

Concluye solicitando que, se acoja el recurso, y se ordene el cese inmediato de la investigación interna seguida en contra del recurrente , o en subsidio, se retrotraiga el proceso de investigación interna hasta la etapa del inicio mismo de éste, debiendo la recurrida aplicar estricta y exclusivamente la normativa que resulta pertinente al régimen de contratación del recurrente, sin ningún tipo de remisión a normas administrativas que resultan improcedentes al efecto y designando siempre a una investigadora distinta a doña nombre reservado y, a una persona diversa asimismo, si procediere la designación de actuaría para dicho procedimiento, con expresa condena en costas.

Acompaña a su recurso: Contrato de trabajo del recurrente de 07 de marzo de 2017; Resolución N°149 de 22 de mayo de 2025 emitida por la Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena; Resolución N°003 de 27 de mayo de 2025 suscrita por doña nombre reservado investigadora designada por la Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena; cadena de correos electrónicos entre doña nombre reservado y don nombre reservado de 10 y 11 de febrero de 2025; correo electrónico de 27 de mayo de 2025 que resuelve solicitud de recusación; comprobantes de licencias médicas de los periodos comprendidos entre 17 de enero de 2025 y 21 de junio de 2025; Reglamento nombre reservado, higiene y seguridad de la Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena año 2024; citación a declarar en procedimiento de investigación interna para el día 13 de febrero de 2025; correo electrónico que cita a declarar en procedimiento de investigación interna de 9 de mayo de 2025; y pliego de preguntas de 9 de mayo de 2025.

SEGUNDO: Que, a folio 10, evacua informe el abogado David Oyanadel Leiva en representación de la Corporación Municipal Gabriel González Videla.

Expone que, el recurrente efectivamente es trabajador de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, rigiéndose su contratación por las normas del Código del Trabajo. Y que, por resolución N°203 de 27 de noviembre de 2024 emitida por al Secretario General de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, se instruye una investigación interna para determinar si don nombre reservado, ha dado cumplimiento cabal e íntegro a las obligaciones laborales que lo ligan con la Corporación Municipal, de conformidad a lo dispuesto en su contrato de trabajo, en el Código del Trabajo, en el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad de esta Corporación y en la demás normativa vigente que resulte aplicable a la materia.

Añade que, en la referida resolución se fijan como puntos a investigar los siguientes: Determinar si don nombre reservado ha dado cumplimiento íntegro a las obligaciones para las cuales fue contratado; y determinar la existencia de responsabilidad de parte de don nombre reservado referente a conductas que pudiesen constituir contravención a las obligaciones y/o deberes laborales o a la normativa legal vigente. Hace presente, que esta investigación es ordenada por el Secretario General de la Corporación Municipal, a la época, don nombre reservado, incluso, es el mismo Secretario General quien personalmente recepciona los cuestionamientos al trabajo realizado e ingresos de don nombre reservado, principalmente por parte del Concejal Félix Velasco, referidos en la sesión extraordinaria N°1370 del Concejo Comunal, de 13 de noviembre de 2024, que quedaron en acta. Por lo anterior, mediante Memorándum Interno N°93 de 27 de noviembre de 2024, el Secretario General requiere al Departamento Jurídico gestionar la Resolución, firmada por el Secretario General, que instruye una investigación interna en contra del recurrente. A mayor abundamiento, indica que, resulta pertinente indicar que la Contraloría Regional de Coquimbo conoció de la situación de don nombre reservado, como una eventual irregularidad, vinculada al alto sueldo que percibe por la Corporación Municipal, y recientemente se notificó a su representada el Oficio N°E70861/2025 de 29 de abril de 2025 con su pronunciamiento al respecto.

Indica que, la investigación fue ordenada por el empleador del recurrente, en legítimo uso de su potestad directiva, y, específicamente, el poder disciplinario, y que, con el poder disciplinario el derecho del trabajo busca otorgar facultades efectivas al empleador, que sean "idóneas para garantizar el desarrollo regular y la continuidad de la actividad de la empresa", siendo el apoyo indispensable para garantizar el poder de dirección del empleador. Por lo que refiere que, la facultad que ostenta el empresario para imponer sanciones a los trabajadores como consecuencia de la realización por parte de éstos de conductas que impliquen un incumplimiento de la relación y la disciplina laboral. Dicha facultad de imponer sanciones en forma unilateral constituye una excepción al principio de reserva a favor de los poderes públicos del ejercicio del poder sancionador, en el sentido, de que, salvo este poder a favor del empresario, ninguna otra persona o entidad, excepto los poderes públicos, pueden sancionar por incumplimientos contractuales sin acudir, previamente, a los Tribunales de Justicia, sanciones que, además, deberán ser cumplidas por los trabajadores, sin perjuicio de que quepa su posterior control judicial. El mantenimiento y garantía del orden en las relaciones laborales así lo requiere, no siendo conveniente imponerlas a instancias de un órgano externo a la empresa, por cuando el incumplimiento laboral de un trabajador requiere de una respuesta inmediata a la infracción, lo que no ocurriría de esperarse trámites de terceros, que sin duda se dilatarían en el tiempo, especialmente si el órgano es estatal. Añade que la pertinencia de la instrucción de una investigación interna en casos como el del recurrente, ha sido reconocida judicialmente en procesos laborales en que ha sido parte la Corporación Municipal, por ejemplo, en causa ROL T-121-2022 del Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, frente a una denuncia en que se reprochaba una supuesta vulneración de derechos fundamentales por el hecho de haberse instruido una investigación en contra del denunciante, que terminó desvinculado, en sentencia confirmada, firme y ejecutoriada.

Destaca que, el ejercicio de la potestad directiva y disciplinaria de la Corporación Municipal, en tanto empleador, se encuentra reconocida y regulada en el Título XIX de su Reglamento nombre reservado Higiene y Seguridad, que rige respecto de don nombre reservado. El artículo 86 del referido cuerpo normativo establece: "Las infracciones a las normas del presente Reglamento darán derecho al empleador a sancionar al trabajador que hubiere incurrido en ellas, las que solo podrán consistir en amonestación verbal o escrita y multa de hasta el veinticinco por ciento de la remuneración diaria, no obstante, la responsabilidad civil, penal, administrativa o de otra especie que pueda afectarle. Lo anterior, se entiende sin perjuicio de la facultad del empleador de poner término al contrato de trabajo de conformidad a la normativa legal aplicable en la material, y de las sanciones especiales establecidas en el DFL 1, de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 19.070 que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación y por la Ley 19.378 que establece Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, y en las demás normas complementarias y/o aplicables a cada tipo contrato. Las sanciones serán impuestas por el Secretario General de la Corporación o en quién éste delegue sus funciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 del Código del Trabajo, y basándose en la gravedad de las faltas en que hubiere incurrido el trabajador/a." Por lo que, se reconoce que la potestad disciplinaria, específicamente la de juzgar y sancionar al trabajador, corresponde al empleador, esto es, la Corporación Municipal Gabriel González Videla. Señala que, queda claro que en estricto rigor, desde el principio de un proceso disciplinario está establecido quién será el responsable de juzgar y sancionar, el empleador, en la especie, la Corporación Municipal, actuando a través de su Secretario General.

Precisa que, en la Corporación Municipal existe personal regido por distintos regímenes contractuales, así, están aquellos contratados según lo previsto en el Código del Trabajo, funcionarios del área de educación contratados según las disposiciones de la Ley 19.070, y los funcionarios de la atención primaria de salud, regidos por la Ley 19.378, y en conformidad a lo anterior, se instruyen distintos procedimientos disciplinarios, según el régimen contractual del investigado, así lo prescribe el artículo 87 del Reglamento Interno.

Indica que, en el caso del recurrente, al ser un trabajador regido por las normas del contrato de trabajo, del Reglamento Interno y del Código del Trabajo, resulta aplicable la Investigación Interna, tal como fue instruido en la Resolución N°203 de 27 de noviembre de 2024 emitida por al Secretario General de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, procedimiento que está regulado expresamente en el reglamento interno, en el artículo 93.

Hace presente que, en la especie, es el propio Secretario General, don nombre reservado, representante legal del empleador, la Corporación Municipal, quien estando presente en sesión del Concejo Municipal, recibe por parte de concejales duras críticas y cuestionamientos al trabajo e ingresos del trabajador don nombre reservado, razón por la cual, obrando dentro de sus facultades, ordena la instrucción de la investigación interna en contra del recurrente, ordenando directamente al Departamento Jurídico la gestión de la resolución respectiva, por lo que indica que, en ningún punto se falta a la tramitación establecida en el Reglamento Interno. Señala que, cabe considerar que el Reglamento Interno no define de quién puede provenir la denuncia en contra de un trabajador, que fundamenta la instrucción de la investigación interna, de tal suerte que puede provenir de otro trabajador, del propio representante del empleador, o de un tercero. Por lo que, no que cabe reparo alguno, de ilegalidad o arbitrariedad, que se pueda realizar al proceder de su representada, en lo que respecta a la instrucción de la investigación interna en contra del recurrente.

Sobre el cuestionamiento a la investigadora designada y su actuaria, indica que como en artículo 93 del Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad de la Corporación Municipal, el investigador que se encargará de tramitar la investigación interna es designado por el empleador. Refiere como importante de aclarar, que al investigador le corresponde investigar y analizar la prueba rendida, sin embargo, la facultad de juzgar y aplicar, si es el caso, una sanción al trabajador, está radicada en el empleador, en este caso, la Corporación Municipal representada por su Secretario General, quien detenta la potestad directiva y disciplinaria derivada de la relación laboral. En la especie, por Resolución N°203 del 27 de noviembre de 2024, se designa como investigadora de la investigación interna en contra del recurrente a doña nombre reservado, sin embargo, en atención al término del contrato que la vinculaba a la Corporación Municipal, se hizo necesario su reemplazo, por lo que fue designada como nueva investigadora doña nombre reservado, mediante Resolución N°7 de 03 de enero de 2025, quien acepta el cargo el 27 de enero de 2025, y designa como actuaria a doña nombre reservado, y da curso a la investigación.

Hace presente, que el recurrente afirma que hizo una denuncia por maltrato en la Inspección Provincial del Trabajo de La Serena, por hechos acontecidos el 20 de diciembre de 2024, pero afirman que la Corporación Municipal no ha sido notificada de denuncia alguna por acoso laboral, sexual y/o violencia en el trabajo impetrada por don nombre reservado, realizada ante la Inspección del Trabajo o ante su empleador, por la misma razón, no se han instruido medidas de resguardo en su favor ni respecto de otros trabajadores de la Corporación, a propósito de los hechos que se supone fueron denunciados por el recurrente como maltrato. Por lo que, conforme a lo anterior, indica que a la fecha, la Corporación Municipal no tiene fundamento para tomar alguna medida en contra de los intervinientes en la reunión celebrada el 20 de diciembre de 2024, don nombre reservado y doña nombre reservado, más aun considerando que estos trabajadores controvierten completamente la versión de los hechos sostenida por el recurrente, negando cualquier tipo de maltrato u hostilidad a su respecto en aquella ocasión, considerando especialmente que ninguno de los dos conocía previamente al recurrente, por lo que no existe impedimento alguno para que, en lo particular, doña nombre reservado participe como la actuaria designada por la investigadora nombre reservado en la investigación interna instruida en contra del recurrente.

Expone que, el 10 de febrero de 2025, la investigadora nombre reservado envía correo electrónico a don nombre reservado, informando del inicio de la investigación, y citándolo a declarar, y en aquella oportunidad, don nombre reservado, acusando recibo y tomando conocimiento de la referida comunicación de la investigadora, responde el 11 de febrero de 2025 que se encontraba con licencia médica, y que estaba llano a declarar en cuanto fuese autorizado por su médico tratante. Refiere que, luego de efectuada la diligencia mencionada, la investigadora siguió adelante con las diligencias probatorias y procesales, incluyendo la recepción de declaraciones de testigos y la solicitud de información documental a las unidades de la Corporación Municipal. Incluso, la investigadora tramitó la solicitud de prórroga para la investigación, la que fue concedida por el Secretario General de la Corporación Municipal, por resolución N°55B de 26 de febrero de 2024. Continua relatando que, el 09 de mayo de 2025, y a fin de procurar contar con la declaración del inculpado antes de cerrar la etapa indagatoria de la investigación interna, la investigadora envía un pliego de preguntas al recurrente, indicando que debía remitir las respuestas en 5 días hábiles, y a partir de esta comunicación, don nombre reservado comienza con sus cuestionamientos a la legalidad del proceso de investigación, en lo que respecta a la instrucción de la investigación propiamente tal, y respecto de la investigadora y actuaria designadas, pese a que había tomado conocimiento de la misma el 11 de febrero de 2025, cuando responde el correo de la investigadora. En cuanto a este último punto, el cuestionamiento del recurrente se fundaba en el hecho de haberse involucrado la actuaria designada, nombre reservado, en los hechos que él denunció como maltrato, acontecidos el 20 de diciembre de 2024, y, además, según sus antecedentes, por existir una relación de amistad entre la investigadora y la actuaria designada. Se refiere a la presentación del investigado en que alega los cuestionamientos ya indicados, la que es resuelta mediante la Resolución N°149 de 22 de mayo de 2025, dictada por el Secretario General de la Corporación Municipal, y la Resolución N°003 de 27 de mayo de 2025, pronunciada por la investigadora, doña nombre reservado. Mediante la Resolución N°149 de 22 de mayo de 2025, dictada por el Secretario General de la Corporación Municipal, resuelve la recusación formulada en contra de la investigadora designada por el empleador, doña nombre reservado, rechazándose la misma, por invocar un argumento irrelevante, como lo es la supuesta amistad entre la investigadora y la actuaria por ella designada, sin que dicho vínculo sea respecto del investigado, y, por el hecho de ser extemporánea, considerando que el recurrente manifestó tomar conocimiento de la investigación e identidad de la investigadora el 11 de febrero de 2025. Por otro lado, la Resolución N°003 de 27 de mayo de 2025, pronunciada por la investigadora, doña nombre reservado, se rechaza la alegación de supuesta ilegalidad en la instrucción de la investigación interna, aclarando que el proceso disciplinario se ajustó al Código del Trabajo, al contrato de trabajo suscrito, y al Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad, además, resuelve la recusación deducida en contra de la actuaria de la investigación interna, doña nombre reservado, rechazando la misma, en consideración a que no se acredita de forma alguna la alegación que se formula, y también por ser la alegación extemporánea.

Reprocha el recurrente que se invoquen en las resoluciones recurridas, normas aplicables a los sumarios administrativos, y los pronunciamientos de la Contraloría General de la República que sustentan criterios respecto a su aplicación, porque no serían vinculantes al régimen contractual del recurrente, regido por el Código del Trabajo, por lo que señala que las investigaciones internas no se encuentran reguladas en la Ley, como sí sucede con los sumarios administrativos y las investigaciones sumarias, aplicables a los funcionarios públicos. En el caso de la Corporación Municipal, las normas de los sumarios administrativos son aplicables a los funcionarios de la educación municipal, regidos por la Ley 19.070, y también a los funcionarios de la atención primaria de salud, regidos por la Ley 19.378. Por esta circunstancia, sin llegar a ser vinculantes, las normas de los sumarios administrativos se aplican por analogía a las investigaciones internas, al punto que esto se ha reconocido formalmente en la regulación de la investigación interna en el Reglamento nombre reservado Higiene y Seguridad, donde se puede apreciar que el procedimiento se asimila al del sumario.

Indica que, la alegación de recusación de la investigadora y su actuaria se ha formulado por el recurrente TRES MESES DESPUÉS de tomar conocimiento del proceso de investigación, tiempo en el que la investigadora siguió adelante con las diligencias indagatorias y procesales, gracias a lo cual, actualmente el proceso disciplinario se encuentra más próximo a su término, de hecho, fue notificada al recurrente la formulación de cargos en contra del recurrente, por la que ahora éste tendrá la oportunidad procesal idónea de ejercer su derecho a defensa a través de todas las alegaciones y los medios de prueba de los que pretenda valerse.

Concluye solicitando tener por evacuado informe y rechazar el recurso, con costas.

Acompaña a su informe a folio 12: 1.- Contrato de trabajo de don nombre reservado; 2.- Resolución N°203 de 27 de noviembre de 2024 emitida por el Secretario General de la Corporación Municipal Gabriel González Videla.; 3.- Memorándum interno N°93 del Secretario General de la Corporación Municipal Gabriel González Videla; 4.- Acta de sesión extraordinaria N°1370 del Concejo Comunal, de 13 de noviembre de 2024; 5.- Oficio NºE70861/2025 de 29 de abril de 2025 de la Contraloría Regional de Coquimbo; 6.- Reglamento nombre reservado Higiene y Seguridad de la Corporación Municipal; 7.- Resolución N°7 de 03 de enero de 2025, del Secretario General de la Corporación Municipal Gabriel González Videla; 8.- Resolución N°55B de 26 de febrero de 2024, del Secretario General de la Corporación Municipal Gabriel González Videla; 9.- Correo electrónico de citación a declarar a don nombre reservado, de 10 de febrero de 2025; 10.- Resolución N°149 de 22 de mayo de 2025, dictada por el Secretario General de la Corporación Municipal; y 11.- Resolución N°003 de 27 de mayo de 2025, pronunciada por la investigadora, doña nombre reservado.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, conforme se desprende de las alegaciones vertidas por el recurrente en su arbitrio lo pretendido es cuestionar el mérito del proceso administrativo llevado en su contra, denunciando como ilegales y arbitrarios, las decisiones adoptadas dentro del marco de dicho proceso, contenidas en la resolución N°149 de 22 de mayo de 2025, dictada por el secretario general de la Corporación don nombre reservado y la resolución N°003 de 27 de mayo de 2025, pronunciada por nombre reservado, investigadora designada. Dichas decisiones se traducen en el sometimiento a un procedimiento de investigación que, según estima, no se encuentra regido ni previsto por la ley o por el reglamento interno aplicable al trabajador, además cuyo investigador ha sido designado de forma posterior a los supuestos hechos investigados, sin cumplir con la garantía del juez predeterminado por ley, sin sujeción a norma alguna o sujeto a normas no aplicables al estatuto laboral del recurrente, hecho que se manifiesta mediante el rechazo de todas las solicitudes de su parte y la continuación del procedimiento incoado en su contra.

A su turno, la recurrida señala que al recurrente le son aplicable las normas del reglamento de la Corporación recurrida, y por tanto, hacen totalmente procedente el sumario llevado en su contra, iniciado por denuncia de concejales, y que se encuentra en curso.

SEXTO: Que, resulta de los antecedentes acompañados, así como de las alegaciones formuladas, que lo reclamado por medio de la presente acción cautelar, constituyen actos en un procedimiento inconcluso, no revistiendo el acto impugnado del carácter de terminal; por lo que no se puede aún apreciar si el acto terminal efectivamente conculca las garantías constitucionales que alega la recurrente, justamente por no haberse dictado aún el acto final firme; coincidiendo con el criterio sustentado y asentado por la Corte Suprema en este sentido, en autos Rol N 32.824-2018, de 20 de mayo de 2019, cuando para refrendar lo expuesto, señala en el considerando sexto, párrafo tercero: “Esto determina, a su vez, que no sea susceptible, en principio, de revisión a través de la cautela conservativa que provee el recurso de protección, sino sólo por los medios de impugnación que el mismo procedimiento en que se emite contempla; pues, en aquel contexto administrativo la recurrente podrá advertir y sostener, las alegaciones de fondo y forma respecto de la determinación de las infracciones que acusan los ordinarios recurridos.”

De esta manera, no es dable entender que los actos denunciados dentro de la secuela del procedimiento administrativo sean de tal entidad para motivar la acción de cautela constitucional que se ha impetrado, puesto que se trata de actos intermedios dentro de un procedimiento que no se encuentra totalmente acabado, pues forma parte de un procedimiento más amplio y complejo que se funda en el principio del orden consecutivo legal, en el que los intervinientes, esto es, el administrado y la autoridad administrativa ejercen sus derechos y se les atribuye funciones de decisión, respectivamente, en un marco procedimental, en el que deben agotarse todas las etapas hasta su conclusión, esto es, hasta que el ente decisor emita pronunciamiento final sobre la materia.

Así, las resoluciones impugnadas que motivan el presente arbitrio, carecen, como se ha señalado, del carácter de acto administrativo terminal, lo que impide que, por ahora, esta Corte emita un pronunciamiento de ilegalidad o arbitrariedad como el que pretende el recurrente y adoptar las providencias que se ha impetrado como indispensables para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado; razón por la cual el presente recurso no está en condiciones de prosperar.

SEPTIMO: Que en este sentido, debe considerarse, asimismo, que en razón de encontrarse pendiente la decisión administrativa que se pronuncie como acto terminal, respecto de la formulación de cargos en contra del recurrente, o su absolución, no existe una decisión definitiva que finalmente resuelva la situación que por esta vía reclama como ilegal, por lo que debe considerarse, entonces, que de conformidad a lo prevenido en el artículo 54 de la Ley 19.880, esta Corte se encuentra por ahora impedida de adoptar una decisión sobre la legalidad de los actos impugnados, mientras la Administración no haya resuelto y afinado dicho proceso. Lo contrario, esto es, el pronunciarse esta Corte en este estadio del proceso, implicaría la futura inhabilidad para conocer de un posible reclamo contra el acto terminal, razones que abonan al rechazo de la presente acción.

Finalmente, aparece que la utilización de esta sede urgente, cautelar y no declarativa, no es admisible para conseguir que esta Corte se sustraiga del procedimiento administrativo previsto por el legislador y al efecto tampoco la utilización de esta acción para objetar la aplicación de un procedimiento contemplado en la ley, que se encuentra en curso y respecto al cual aún no se ha dictado acto administrativo terminal.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado, en contra de la Corporación Municipal Gabriel González Videla.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°937-2025 (Protección).