Protección contra TESORERO PROVINCIAL DEL LIMARI OVALLE

Arriendo de Maquinaria y Mineria nombre reservado nombre reservado E.I.R.L Tesorería Provincial del Limari Recurso de Protección Rol N° 937-2018.

La Serena, treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado, empresario, en representación de ARRIENDO DE MAQUINARIA Y MINERIA nombre reservado E.I.R.L., del giro de su denominación, ambos con domicilio en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección de garantías constitucionales en contra del TESORERO PROVINCIAL DEL LIMARI OVALLE, don nombre reservado.

Señala que la recurrida sigue un cobro administrativo en contra de la empresa que representa, en el expediente 10020-2018 de Combarbalá. Con fecha 31 de julio del año en curso, recibió un llamado de Agrícola Bauza S.A., comunicándole que no le depositarían los dineros que le adeudaban, toda vez que habían sido notificados por la Tesorería General de la República de que debían retener el 100% de los dineros o pago de prestaciones que le corresponda percibir a la empresa que representa. De esta forma, tomó conocimiento que el Tesorero Provincial de Ovalle con fecha 5 de Julio de 2018 –resolución que a la fecha aún no le ha sido notificada en la forma legal- resolvió trabar embargo sobre el 100% de los dineros o pago de prestaciones que le corresponda percibir al demandado en razón de los contratos suscritos o servicios prestados a la sociedad Agrícola Bauza S.A., o cualquier otra prestación en dinero que se pague a la demandada, presentes o futuros.

Al respecto indica que la empresa se dedica al rubro de arriendo de maquinaría y minería, tiene compromisos económicos con sus proveedores, trabajadores y por la adquisición de maquinarias mediante pago de cutas mensuales; de manera tal que al haberse ordenado el 100% de los dineros, presentes y futuros, implica que la empresa caerá en cesación de pagos y ni siquiera podrá pagar la remuneración de sus trabajadores.

Agrega que una vez conocida la situación del embargo, se dirigió a las dependencias de Tesorería en la ciudad de Ovalle, lugar en el que le señalaron que los expedientes asociados al rut de la empresa estaban en la Unidad Grandes Deudores en la ciudad de Valparaíso por lo que no los pudo revisar, instándolo a que hiciera un requerimiento por el Portal de Transparencia, lo que hizo el mismo 31 de Julio de este año. Antes sus reiteradas consultas, el día 6 de agosto le entregaron un correo electrónico del abogado de Valparaíso encargado de las causas, recibiendo una respuesta en la que el abogado Miguel Medel Mondaca, le señaló que habían dado respuesta a su requerimiento vía ley de transparencia remitiendo copia digital de los expediente al nivel central para que sean puestos a su disposición, ofreciéndole además, la posibilidad de coordinar la suscripción de un convenio de pago.

Menciona que la actuación de la Tesorería Provincial de Ovalle, atenta contra su derecho de propiedad resguardado por el artículo 19 N° 24 de la Constitución, ya que al haber ordenado el embargo del 100% de los dineros o pago, presente o futuros, que debía efectuarle la sociedad Agrícola Bauza S.A., implica embargar la totalidad de los activos líquidos de la empresa, impidiéndole desarrollar libremente su actividad económica que ejerce desde el año 2004 De este modo, la actuación de la autoridad es ilegal, al no cumplir un mandato legal de decretar un embargo limitado al monto de la deuda, dejando a salvo los dineros necesarios para el pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales de sus trabajadores, estableciendo una preferencia para su acreencia que la ley no contempla. Asimismo, la actuación descrita es arbitraria, pues resulta discriminatorio con otros hechos de igual naturaleza.

Además, se trasgrede la garantía constitucional de desarrollar libremente cualquier actividad económica, art. 19 N° 21 Constitución, ya que la llevarse a efecto la retención de dineros, la empresa se ha visto privada de su fuente de trabajo y no podrá desarrollar su actividad económica, lo que implica el término de su actividad económica al no tener flujo de dinero. También se vulnera el debido proceso garantizado en el artículo 19 N° 3 de la Constitución, ya que no se ha cumplido el mandato legal del artículo 175 inciso final del Código Tributario, en orden a mantener los expedientes clasificados de modo de facilitar su examen o la consulta por los contribuyentes morosos o sus representantes legales, y no a más de 300 kilómetros como ocurrió en este caso.

Finalmente solicita se acoja el recurso deducido, ordenándose el inmediato alzamiento del embargo arbitrariamente trabado y el cese de todos aquellos actos que priven, perturben o amenacen al derecho de la empresa sobre sus bienes y que sean consecuencia del proceder que se reprocha, en especial, que se mantengan los expedientes en las dependencias de Tesorería Provincial de Limarí-Ovalle para su revisión y examen, con costas.

SEGUNDO: Que comparece don nombre reservado, Tesorero Provincial de Ovalle, evacuando el informe solicitado, pide se rechace el recurso de protección interpuesto, con costas.

Señala que la Tesorería Provincial de Ovalle en cumplimiento de sus funciones legales y de cobro de obligaciones tributarias, procedió al cobro ejecutivo de los impuestos adeudados por el contribuyente, emitiéndose los expedientes administrativos N° 10020-2018 y N° 10035-2018, correspondiente a cobro de impuesto a la renta adeudado por los periodos 2014, 2015 y 2016, así como de impuesto al valor agregado correspondiente al año 2018. En el expediente N° 10020-2018, se procedió al embargo facturación y prestaciones en dinero, conforme las normas del Título V del Libro III del Código Tributario, que regula el juicio ejecutivo de cobro de obligaciones tributarias, estableciendo una serie de herramientas legales para que el contribuyente pueda defender sus derechos, por lo que existiendo normas expresas que regulan la materia, el recurso de protección no resulta ser la vía idónea para la defensa de los derechos del recurrente.

Sin perjuicio de lo anterior, si bien se impugna de arbitrario e ilegal el embargo trabado por Tesorería, hace presente que se trata de una diligencia procesal verificada en un juicio ejecutivo regulado por la ley. Agrega que el derecho de prenda general del acreedor le permite proceder al embargo de bienes de propiedad del deudor, en tanto éste último no pague los impuestos morosos. Además, se embargó la facturación con una sociedad específica, no eventuales contratos o prestaciones con otras sociedades, por lo que no le ha impedido el libre desarrollo de su actividad económica, pues no se han visto afectados todos los demás negocios y contratos que tenga.

Además, no es efectivo que el embargo decretado sea ilimitado, pues la resolución que lo ordena señala expresamente que se procederá “descontándose solo las sumas correspondientes a los impuestos legales a que hubiere lugar”. Señala que conforme certificado de deuda que acompaña, la deuda total del recurrente asciende a $190.344.955, por lo que el embargo se limita solo hasta el monto de la deuda, incluidos los recargos legales.

Respecto a la vulneración del debido proceso, señala que el deudor hizo una solicitud de examen y revisión de expedientes vía ley de transparencia a lo cual se dio oportunamente cumplimiento dentro de los plazos legales. Además, tuvo más de dos meses para acercarse a averiguar su situación tributaria o para hacer alegaciones, ya que fue notificado por cédula en su domicilio de domicilio reservado, con fecha 14 de mayo de 2018.

Finalmente hace presente que el deudor puede optar por celebrar un convenio de pago conforme lo dispuesto en el artículo 192 del Código Tributario y que en su presentación no ha hecho referencia a otros bienes que posea, para que pueda operar una eventual sustitución de embargo.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías fundamentales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, es un procedimiento breve y sumario de tutela urgente de derechos fundamentales ante actos u omisiones ilegales o arbitrarias que amenacen, priven o perturben su legítimo ejercicio.

En este caso, el recurrente funda su pretensión en que con el embargo ordenado trabar por el Juez Sustanciador en los antecedentes administrativos Rol N° 10020-2018, respecto del 100% de los dineros o pagos de prestaciones que le corresponda percibir al demandado en razón de los contratos suscritos con o servicios prestados a la sociedad AGRICOLA BAUZA S.A., o cualquier otra prestación en dinero que se pague a la demandada, presentes o futuros, se está afectando su derecho de propiedad sobre dichos emolumentos y, al mismo tiempo, se le está impidiendo ejercer libremente su actividad económica, al conducirlo irremediablemente al cierre de sus actividades, lo anterior, en relación con lo establecido en los numerales 24 y 21 de la Constitución Política de la República.

Por otro lado, señala que se amenaza su derecho a un debido proceso, conforme el numeral 3° del Artículo 19 de la Constitución, toda vez que no se ha dado cumplimiento por la recurrida a la obligación legal dispuesta en el artículo 175 inciso final del Código Tributario, en orden a mantener los expedientes clasificados de modo de facilitar su examen o la consulta por parte de los contribuyentes o sus representantes legales.

CUARTO: Que en cuanto a la alegación del recurrente en orden a que se habría vulnerado su derecho de propiedad y a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, se debe tener presente que el acto al cual atribuye dicha vulneración es una decisión jurisdiccional –orden de trabar embargo sobre bienes del contribuyente moroso- dictada por un órgano competente, en este caso, el Juez sustanciador, de acuerdo con las normas del Título V del Libro III del Código Tributario, de manera tal que no es posible tacharla de ilegal. Por lo demás, del mérito de la documentación acompañada por la Tesorería Provincial, en especial, de la copia del expediente administrativo respectivo, es posible observar que tanto la orden de despachar mandamiento de ejecución y embargo de 7 de marzo de 2018, así como las demás diligencias de apremio han sido debidamente notificadas al contribuyente, sin que este haya objetado dichas diligencias en el proceso respectivo.

QUINTO: Que en cuanto a la arbitrariedad que el recurrente atribuye a esta decisión, por el hecho de que se ordenó el embargo del “100% de los dineros o pagos de prestaciones que le corresponda percibir al demandado en razón de los contratos suscritos o servicios prestados a la sociedad AGRICOLA BAUZA S.A., o cualquier otra prestación en dinero que se pague a la demandada, presentes o futuros”, es menester tener presente que el embargo se efectúa solo respecto de un proveedor del contribuyente y que atendido el elevado monto de la deuda que el recurrente actualmente mantiene con el erario fiscal, de acuerdo con el certificado de deuda que acompañó la Tesorería al evacuar su informe, no parece desproporcionada la medida adoptada por el Juez sustanciador, como se dijo, dentro del marco de sus facultades legales.

SEXTO: Que a mayor abundamiento, del examen del expediente administrativo 10020-2018 acompañado por la recurrida, es posible observar que la diligencia de embargo sobre los dineros que la Agrícola Bauza S.A. adeudara al recurrente, dio como resultado la obtención de $16.660.000, los que por resolución de 10 de agosto de 2018, se ordenó fueran puestos a disposición de la Tesorería General de la República, es decir, solo se logró obtener alrededor de un 10% de la deuda que el contribuyente mantiene con el Fisco de Chile, la cual según certificado de deuda acompañado asciende a $190.344.955.- SEPTIMO: Que, finalmente, en cuanto a la eventual infracción al debido proceso, solo basta señalar que dicha garantía no se encuentra dentro del catálogo taxativo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, de manera tal que no corresponde emitir pronunciamiento a su respecto por esta vía.

OCTAVO: Que, por lo razonado, el recurso de protección en estudio será desestimado en todas sus partes.

Por estas consideraciones y lo establecido en los artículos 19 y artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en representación de la sociedad nombre reservado nombre reservado E.I.R.L., en contra del Tesorero Provincial del Limaría-Ovalle, don nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 937-2018 Protección.

Pronunciado por la Tercera Sala Extraordinaria de la Iltma. Corte de Apelaciones de La Serena, integrada por el Ministro Titular señor Fernando Ramírez Infante, el Fiscal Judicial señor nombre reservado y la abogada integrante señora Elvira Badilla Poblete.

La Serena, treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.