CONSTRUCTORA SAN MATEO SPA CONTRA INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE LA SERENA

Constructora San Mateo SpA.

Inspección Provincial del Trabajo.

Recurso de Protección.

Rol N° 936-2018.

La Serena, dos de octubre de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Comparece don nombre reservado, abogado, en representación de Constructora San Mateo SpA, del giro de su denominación, nombre reservado número 76.029.075-0, domiciliada en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de La Serena, persona jurídica de derecho público, representada legalmente por doña nombre reservado, funcionario público, ambos domiciliados en domicilio reservado. Matta número 461, Edificios Públicos, oficina 200, solicitando dejar sin efecto el Ordinario número 1066 fechado al 20 de julio de 2018, que deniega la tramitación de la reconsideración administrativa presentada por su parte, y en su lugar se ordene darle la tramitación correspondiente, toda vez que dicho acto administrativo perturba la garantía de igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, consagrada en el número 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone la recurrente que en el caso en cuestión, la situación que priva y perturba el legítimo ejercicio de la garantía constitucional señalada, consiste en la negativa a admitir a tramitación una solicitud de reconsideración administrativa de multa, por haber estimado la Inspección del Trabajo que fue presentada en forma extemporánea, al contabilizar los días para la interposición de dicho recurso como un plazo de días corridos y no como días hábiles, ignorando con esta determinación lo dispuesto por la normativa aplicable al caso.

Indica que con fecha de 12 de julio de 2018 presentó solicitud de reconsideración administrativa de multas, aplicadas mediante resolución número 7655/18/26 N° 1 y N° 2, notificadas - de conformidad a lo establecido en el artículo 508 del Código del Trabajo - el 11 de junio de 2018.

Señala que mediante el Ordinario que se impugna, la recurrida le comunicó que no admitió a tramitación la solicitud de reconsideración por considerar extemporánea la presentación, al no haber sido presentada dentro de los 30 días corridos contados desde la notificación de la resolución que por esta via se impugna.

Considera la recurrente que la resolución singularizada es ilegal y arbitraria, pues conforme dispone el artículo 25 de la Ley N° 19.880, el plazo para presentar reconsideración administrativa de multa es de treinta días hábiles administrativos, contados desde la notificación de multa de acuerdo a lo establecido en el artículo 512 del Código del Trabajo, y no de treinta días corridos desde la fecha de su notificación. De esta forma, el plazo para presentar la solicitud de reconsideración administrativa de la multa cursada vencía el 25 de julio de 2018, por lo que Constructora San Mateo SpA al presentar dicha reclamación el 12 de julio de 2018, lo hizo en tiempo y forma.

Señala que el derecho constitucional de igualdad ante la ley fue abiertamente vulnerado, al no haberse acogido a tramitación su petición administrativa de reconsideración de multa sin fundamento que sustente la postura de la Inspección Provincial del Trabajo de La Serena, al señalar – esta última - que dicha solicitud fue presentada fuera de plazo, limitando el derecho de Constructora San Mateo SpA a acceder a la posibilidad de obtener una rebaja a multas laborales que le fueron aplicadas. Cita – asimismo – jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia que avalan sus alegaciones.

En razón de lo expuesto, concluye solicitando tener por interpuesto recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de La Serena; que este sea admitido a tramitación y en definitiva sea acogido, declarando que el ordinario número 1066 de 20 de julio de 2018 dictado por la Inspección Provincial del Trabajo de La Serena, es un acto arbitrario e ilegal que debe ser dejado sin efecto, ordenando a la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración de multa administrativa impuesta por resolución 7655/18/26 números 1 y 2; sin perjuicio de las medidas que pudiere adoptar esta Corte para restablecer el imperio del derecho, con expresa condenación en costas.

Por su parte, evacuando el informe requerido en autos doña nombre reservado - en representación de la recurrida - solicitó el rechazo de la presente acción constitucional con costas, en razón de los siguientes argumentos.

Expone que el día 16 de mayo del presente año - en el marco de un proceso de fiscalización - se cursaron a la recurrente las multas administrativas 7655/2018/26-1 y 2 por el monto de 30 y 40 UTM cada una y respectivamente. La resolución que las contiene fue notificada por carta certificada, depositada en la oficina de Correos de Chile el 04 de junio de 2018, siendo efectivo que – posteriormente – el 12 de julio de 2018, la empresa presentó solicitud de reconsideración administrativa respecto a las multas signadas con los números 1 y 2, adjuntando nota con los descargos a las multas y la documentación que estimó pertinente.

Señala que habiéndose verificado que la solicitud de reconsideración administrativa fue presentada fuera del plazo legal de 30 días corridos, mediante el ordinario número 1066 de 20 de julio de 2018 se informó a la empresa que no se admitiría a tramitación tal solicitud, por no haber sido presentada dentro del plazo de treinta días corridos, contados desde su notificación.

En cuanto a la arbitrariedad del actuar de la Inspección del Trabajo, expone que ello no es efectivo, y que por el contrario su actuación es sólo producto de la facultad que la ley le ha encomendado tanto en el cumplimiento de la legislación laboral y previsional, como respecto del ejercicio de la facultad establecida en el artículo 512 del Código del Trabajo, de acuerdo a la normativa legal vigente y a los procedimientos, doctrina de su mandante y de la Contraloría General de la República.

En cuanto a la garantía supuestamente conculcada de igualdad ante la ley, del número 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, la recurrida afirma que Constructora San Mateo SpA no señala la forma en que ello hubiere ocurrido. Afirma además, que el concepto de igualdad ante la ley consiste en que las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias, y consecuencialmente diversas para aquellas que se encuentren en situaciones diversas. Agrega que no se está en presencia de discriminación, pues el criterio utilizado es el que emana del ordenamiento jurídico, aplicándose a todos los interesados por igual de acuerdo a las instrucciones de ese Servicio y del criterio de la Contraloría General de la Republica, por lo que no resultaría procedente considerar vulnerada la garantía de igualdad ante la ley.

Por último, la recurrida afirma que no se está en presencia de una acción u omisión ilegal o arbitraria, y su decisión tampoco ha lesionado el derecho supuestamente vulnerando por medio del ordinario número 1066 de 20 de julio de 2018, fundándose en una decisión ajustada a derecho por parte de dicha autoridad, razón por la cual la acción de protección no debe prosperar.

Que con fecha 03 de septiembre de 2018, se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEGUNDO: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

TERCERO: Que la recurrente estima como ilegal y arbitraria la decisión de la Inspección Provincial del Trabajo de La Serena adoptada mediante el Ordinario número 1066 de 20 de julio de 2018, que no admitió a tramitación la solicitud de reconsideración administrativa de multa aplicada mediante resolución 7655/18/26 números 1 y 2, por estimar que había sido presentada en forma extemporánea al no haber sido intentada dentro de los 30 días corridos contados desde la notificación de la resolución de multa, lo que a su entender resulta erróneo, toda vez que el plazo para presentar reconsideración administrativa de multa es de treinta días hábiles administrativos. Así, el plazo para presentar la solicitud de reconsideración de la multa cursada vencía el 25 de julio de 2018 y al haberla presentado efectivamente el 12 de julio de 2018, lo hizo en tiempo y forma.

Por esta decisión, la recurrida vulneraría la garantía del número 2 del artículo 19 de la Carta Fundamental, por cuanto al resolver la reconsideración la Inspección del Trabajo ha infringido la garantía de igualdad ante la ley.

CUARTO: Que, por su parte, la recurrida al informar expuso que el día 16 de mayo de 2018 se cursaron a la recurrente las multas administrativas 7655/2018/26-1 y 2. La resolución que las contiene fue notificada por carta certificada, depositada en la oficina de Correos de Chile el 04 de junio de 2018, siendo efectivo que – posteriormente – el 12 de julio de 2018 Constructora San Mateo SpA presentó solicitud de reconsideración administrativa respecto a las multas signadas con los números 1 y 2, adjuntando nota con los descargos a las multas y la documentación que estimo pertinente. Que habiéndose verificado la presentación de dicha solicitud fuera del plazo legal de 30 días corridos, la Inspección Provincial La Serena, mediante ordinario número 1066 fechado al 20 de julio de 2018, informó a la empresa que no se admitiría a tramitación su solicitud por extemporánea.

Niega que la actuación impugnada sea arbitraria, toda vez que su actuación es solo producto de la facultad que la ley le ha encomendado tanto en el cumplimiento de la legislación laboral y previsional, como respecto del ejercicio de la facultad establecida en el artículo 512 del Código del Trabajo. En cuanto a la garantía supuestamente conculcada, afirma que la recurrente no señala la forma en que ello ha ocurrido. Señala que el concepto de igualdad ante la ley consiste en que las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias, y consecuencialmente diversas para aquellas que se encuentren en situaciones diversas. Agrega que no se está en presencia de discriminación, pues el criterio aplicado es aquel que emana del ordenamiento jurídico, aplicándose a todos los interesados por igual, conforme las instrucciones de dicho Servicio y del criterio de la Contraloría General de la República, por lo que resultaría improcedente considerar vulnerada dicha garantía.

Finalmente afirma la recurrida que no se está en presencia de una acción u omisión ilegal o arbitraria y su decisión tampoco ha lesionado el derecho supuestamente vulnerando por medio del ordinario número 1066 ya señalado, fundándose en una decisión ajustada a derecho por parte de dicha autoridad.

QUINTO: Que el artículo 1° inciso 1° de la ley 19.880 indica que dicho texto legal establece y regula las bases del procedimiento administrativo de los actos de la Administración del Estado, agregando que en caso de que la ley establezca procedimientos administrativos especiales, esta ley se aplicará supletoriamente. Enseguida, en su artículo 2° previene que sus preceptos serán aplicables a los ministerios, las intendencias, las gobernaciones y los servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa; y, en fin, el inciso 1° del artículo 25 del referido cuerpo normativo prescribe que los plazos de días establecidos en esta ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.

SEXTO: Que la solicitud de reconsideración de multa intentada por la recurrente ante la Inspección del Trabajo constituye un recurso entablado en sede administrativa, de modo que al no existir norma expresa que disponga lo contrario, deben aplicarse supletoriamente las normas de la citada ley 19.880 y, en el caso de autos - por consiguiente - efectivamente resulta aplicable su artículo 25 en lo relativo al cómputo de los plazos para la presentación de la aludida reconsideración. En consecuencia, solo cabe concluir que el referido plazo no es de días corridos, como ha pretendido la recurrida, sino de días hábiles, entendiéndose como inhábiles, conforme al precepto aludido, los días sábados, los domingos y los festivos.

SÉPTIMO: Que, al respecto, conveniente es consignar que no es posible interpretar que a falta de norma expresa en el inciso 1° del artículo 512 del Código del Trabajo en relación a la forma de computar el plazo de 30 días allí contemplado, deba aplicarse supletoriamente el artículo 50 del Código Civil -norma referida al cómputo del plazo de días corridos- por cuanto, según se ha dicho, el artículo 25 de la ley 19.880 dispone que en los procedimientos administrativos los plazos de días que se establecen son de días hábiles, quedando excluidos los días que la misma disposición indica.

OCTAVO: Que del mérito de los antecedentes allegados al recurso y de lo expuesto por los litigantes, se infiere que la resolución de multa número 7655/18/26 N° 1 y N°2 debe entenderse notificada a la accionante el 11 de junio de 2018 y que la reconsideración fue presentada el día 12 de julio de 2018; en consecuencia, solo cabe concluir que el referido recurso administrativo fue interpuesto dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde la notificación de la mencionada Resolución de Multa, vale decir, dentro del término contemplado en el artículo 512 del Estatuto Laboral, conforme lo dispuesto en el precitado artículo 25 de la ley 19.880.

NOVENO: Que, atendido lo razonado precedentemente, resulta evidente que la recurrida ha incurrido en una conducta ilegal y arbitraria, toda vez que la interpretación plasmada en el acto administrativo reprochado, esto es, el Ordinario número 1066 de 20 de julio de 2018, vulnera la garantía consagrada en el número 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República referida a la igualdad ante la ley, al negarse la tramitación de una reconsideración administrativa, no obstante haber sido presentada dentro del término legal, impidiendo de esta forma al recurrente el ejercicio de sus derechos.

DECIMO: Que, sin perjuicio de lo expresado con anterioridad, útil es señalar que respecto a la controversia ventilada, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia ha resuelto reiteradamente que el lapso de treinta días fijado por el artículo 512 del Código del Trabajo para interponer la reconsideración ante el Director del Trabajo no es de días corridos, sino de días hábiles y se entienden inhábiles los días sábados, domingos y festivos.

DÉCIMO PRIMERO: Que, conforme a lo reflexionado en los motivos que anteceden, la acción constitucional deberá ser acogida.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE - con costas - el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en representación de Constructora San Mateo SpA y, en consecuencia, se deja sin efecto el Ordinario número 1066, fechado al 20 de julio de 2018, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración formulado por la accionante en relación a la resolución de multa número 7655/2018/26-1 y 2 de 30 de mayo de 2018.

Redacción del abogado integrante señor Gutiérrez.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol Nº 936-2018 Protección.

Pronunciado por la Primera Sala de la Ilma. Corte de Apelaciones de La Serena integrada por los Ministros titulares señor nombre reservado, señora nombre reservado y el abogado integrante señor Patricio Gutiérrez Gajardo.

En La Serena, a dos de octubre de dos mil dieciocho, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.