nombre reservado con COMISIÓN MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ REGIÓN DE COQUIMBO

nombre reservado, nombre reservado

COMPIN Región de Coquimbo Recurso de protección Rol Nº935-2024 La Serena, veintidós de julio de dos mil veinticuatro.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, abogada, interponiendo recurso de protección en beneficio de nombre reservado, médico cirujano, cédula nacional de identidad N°.RUT reservado, ambas con domicilio en domicilio reservado, dirigido en contra de la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ DE LA REGIÓN DE COQUIMBO, en adelante “COMPIN”, representada legalmente por su presidenta nombre reservado, o por quien la reemplace o subrogue legalmente en el cargo, ambas con domicilio en domicilio reservado, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la Resolución Exenta N°240441137402, de 5 de junio de 2024, en cuya virtud se le sancionó con la suspensión de 15 días (a contar del 11 de junio) para emitir licencias médicas y multa de 10 UTM pagaderas en un plazo de 10 días.

Señala que la recurrente es médico cirujano de profesión, trabajando diariamente con pacientes, ejerciendo como médico en el Centro Médico Limarí, ubicado en la ciudad de Ovalle.

Indica que el 20 de mayo del presente año, recepcionó un correo electrónico sobre fiscalización de licencias médicas, indicando en el mismo un plazo de 7 días para subir los antecedentes requeridos a la plataforma digital “MIDAS” (plataforma de fiscalización).

Señala que el 27 de mayo del presente año, adjuntó todos los antecedentes a la plataforma de fiscalización.

Sin embargo, indica que el 28 de mayo del presente, en la plataforma “MIDAS” aparecieron devueltas 9 de las 50 licencias médicas fiscalizadas, para la corrección de la ficha clínica, indicándose como motivo genérico la frase “No cumple con la entregar la información requerida”.

Ante lo anterior, señala que la recurrente nuevamente adjuntó las fichas médicas que fueron devueltas, pero esta vez, sacando la foto directamente de la ficha médica, en que aparece al final de cada ficha el soporte electrónico de la misma, el cual es “Kopland”, para dar así cumplimiento a lo solicitado en el ordinario N°2404411374 remitido por COMPIN a la recurrente, pensando ésta que ese era el problema por el cual se devolvieron las fichas.

Sin embargo, indica que el 5 de junio del presente, la recurrente revisó la plataforma “MIDAS” y observó que 50 de las 50 licencias médicas no cumplían con los requisitos según COMPIN, sin especificar el motivo de ello.

Indica que el 6 de junio volvió a corregir la información y remitió nuevamente las 50 licencias, realizando nuevamente de forma manual las fichas médicas, No obstante, el 07 de junio del presente fue notificada de la Resolución Exenta N°240441137402 de 5 de junio de 2024, en cuya virtud se le sancionó con la suspensión de 15 días (a contar del 11 de junio) para emitir licencias médicas más una multa de 10 UTM pagaderas en un plazo de 10 días.

Conforme al contenido de la resolución, señala que el motivo por el cual le fueron devueltas las fichas médicas corresponde al siguiente: “Ficha entregada no cumple con los requisitos dispuestos en el Decreto N°41 del 2012 del Minsal”.

Sin embargo, señala que el formato de las fichas no depende de la voluntad de la recurrente, ya que el formato depende exclusivamente del centro médico al cual presta servicios la actora. Y, por otro lado, puntualiza que dicha exigencia no se precisó a la recurrente, ni al momento de requerir la información, como tampoco al momento de que la recurrida realizara la devolución de las fichas médicas.

Luego, afirma que el considerando octavo de la resolución recurrida, menciona “que la negativa reiterada a entregar los antecedentes requeridos configura la hipótesis dispuesta en el inciso 2° del artículo 2° de la ley 20.585”.

Sin embargo, alega que la recurrente no se negó en ningún momento a remitir la información solicitada, volviendo a subir toda la documentación que era devuelta, en más de una ocasión. De forma que la sanción es simplemente por el desajuste de la información entregada con el formato impuesto al efecto por la recurrida, quedando así en evidencia la falta de razonabilidad de la sanción y su carencia de proporcionalidad.

En este contexto, alega que en el procedimiento se han cometido las siguientes ilegalidades:

1.- Como primera ilegalidad, señala que se ha incurrido en una falsa aplicación del artículo 2 de la Ley N°20.585, en lo referente al plazo para dar respuesta a la solicitud. En dicho sentido, afirma que el plazo para responder un requerimiento de información de esta naturaleza se concibe para un caso concreto, en que exista sospecha cierta de emisión de licencia sin fundamento, no para un conjunto abundante de licencias como en la especie.

Añade, que ello se desprende del artículo 1 de la misma ley (que habla de licencia en forma singular), como de su contexto general, que regula la investigación y sanciones procedentes cuando la licencia se emite con evidente ausencia de fundamento médico, agravados en caso de reiteración y reincidencia.

2.- Como segunda ilegalidad, sostiene la imprecisión de la imputación y dificultades de acceso a la información.

Señala que se le exigen informes de un centenar de pacientes atendidos por diferentes patologías a lo largo de más de un año. Sin embargo, explica que la información contenida en la Ficha clínica de los pacientes es un dato sensible, que se encuentra en poder del centro médico de salud, como prestador institucional; de forma que la recurrente no está facultada para extraer y ventilar copias de datos sensibles para responder de los antecedentes médicos complementarios exigidos por la COMPIN.

En consecuencia, afirma que no es razonable, y de ahí la arbitrariedad e ilegalidad, formular un requerimiento genérico sin precisar lo que se pide, a quien no tiene facultades para entregar antecedentes clínicos, sin orden sistemático, designación del año y carácter del prestador, menos aún dentro de un plazo tan acotado.

3.- Como tercera ilegalidad, indica que la potestad sancionadora se habría ejercido en forma intempestiva, por cuanto el requerimiento de COMPIN comprendería la revisión de licencias médicas emitidas hace más de 6 meses, esto es, superando entonces el plazo de que disponen los órganos de la Administración del Estado, para ejercer su potestad administrativa sancionadora, de conformidad con los artículos 94 y 97 del Código Penal.

Luego, en el evento de estimarse como legal el proceder de COMPIN, señala que en cualquier caso se trata de un actuar arbitrario, por cuanto refiere que lo razonable es que la recurrida ejerza su facultad por un número prudente y materialmente posible de licencias, que le permita al administrador dar respuesta satisfactoria en el plazo que establece la ley, sin afectar sus derechos y garantías constitucionales.

Señala que, además de los informes, la recurrida pidió acompañar copia de la ficha de cada paciente y copia de los bonos, dentro de un sistema virtual que no es fácil de utilizar. Por otro lado, hace presente que la recurrida ha exigido que los informes complementarios se realicen en formatos que ella misma ha establecido y que demandan la entrega de datos que exceden la información que debe contener una ficha clínica.

Expresa que la arbitrariedad se manifiesta en la imprecisión de dichos requerimientos, sin motivo, sin fundamentos, sin indicación del año de emisión de las licencias, sin expresar cuáles son los antecedentes concretos que se requieren y solicitan en cada uno de ellos, complejizando aún más la labor del requirente e incrementando la imposibilidad de dar respuesta, por lo que la solicitud infringe también el principio de proporcionalidad.

En cuanto a los derechos fundamentales afectados, señala que el actuar de la recurrida vulnera el derecho a la vida y la integridad física y psíquica del artículo 19 N°1 de la Constitución, por cuanto se está arriesgando la vida de sus pacientes.

Asimismo, señala que se vulnera su derecho a la igualdad ante la ley, ya que se le ha brindado un trato desigual frente a otros colegas profesionales de la salud a quienes no los hostigan con solicitudes de información que no se pueden cumplir o se les otorguen plazos razonables respecto de un número sensato de licencias médicas.

Señala que también se vulnera su derecho a la libertad de trabajo, ya que se le priva injustamente de una herramienta fundamental para la atención de sus pacientes.

Por último, refiere que se vulnera su derecho de propiedad del numeral 24, con relación a su derecho como profesional de la medicina para emitir licencia médica, el que es parte de su patrimonio; como también, se afecta su patrimonio como atributo de la personalidad, al sancionarla con multa.

Por tales fundamentos, y previas citas de derecho, solicita acoger la acción en todas sus partes, y se disponga: 1) Que la recurrida deje sin efecto la sanción de multa y suspensión de emisión de licencias médicas decretada, absteniéndose de ejecutar la sanción pecuniaria y habilitando desde ya a la profesional requirente para la emisión y compra de talonarios de licencias médicas, 2) Que, en el futuro la recurrida se limite al requerimiento de información de licencias médicas en un plazo y cantidad razonables y proporcionales de los plazos de ejercicio de la potestad administrativa sancionatoria, es decir, una licencia médica por cada requerimiento y por separado, permitiendo al requirente el plazo que ofrece la Ley N°20.585 para cumplir dicha solicitud y que alcanza el máximo de 7 días, de manera tal que el periodo legal proceda para la recopilación de antecedentes, análisis y elaboración de información de manera exclusiva, y no de forma paralela para 2 o más. En su defecto, que el requerimiento sólo pueda recaer en el número razonable de licencias médicas que el tribunal determine, 3) Sin perjuicio de lo anterior, que se adopten las medidas que estime convenientes para restablecer el imperio de los derechos conculcados, 4) Que se condene en costas a la recurrida.

Acompañó a su recurso: 1. Resolución COMPIN N°240441137402. 2. Ordinario COMPIN N°2404411374 de 20 de mayo de 2024, en el cual se especifica lo que debe contener cada folio de licencia médica. 3. Copia de correo electrónico dirigido desde la COMPIN a la agraviada el 20 de mayo de 2024. 4. Screenshot o captura de pantalla de plataforma “MIDAS” donde se da cuenta la devolución de sólo 9 fichas clínicas de 28 de mayo de 2024. 5. Screenshot o captura de pantalla de plataforma “MIDAS” donde se da cuenta del motivo genérico del rechazo, de 28 de mayo de 2024. 6. Screenshot o captura de pantalla de plataforma “MIDAS” donde se da cuenta del estado de sancionada 06 de junio de 2024.

SEGUNDO: Que, se evacuó informe por la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ REGIÓN DE COQUIMBO, solicitando el rechazo del recurso.

Señaló que la recurrente es una profesional médico general, que desde el 17 de mayo de 2023 al 16 de mayo de 2024 emitió 1.249 licencias médicas.

Que, se inició un procedimiento de fiscalización respecto de la recurrente el 20 de mayo de 2024, mediante la notificación realizada al correo electrónico, solicitando la remisión de antecedentes e informes complementarios, de 50 licencias médicas fiscalizadas, elegidas en forma aleatoria, cuya respuesta debía ser realizada en 7 días corridos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 2 de la Ley N°20.585.

Luego, al haberse cumplido el plazo, señala que el 28 de mayo de 2024 se remitió el ordinario N°240441137401, para efectos de reiterar la remisión de antecedentes e informes complementarios, teniendo en cuenta que dicha circunstancia era absolutamente posible de cumplir por la recurrente, ya que se encuentra obligada por el Decreto Ley N°41, que aprueba el Reglamento sobre fichas clínicas a contar con dicha información solicitada, a través del almacenamiento digital o papel de la información , en forma permanente y por 15 años, sumado a que el 100% de las licencias médicas emitidas fueron realizadas en centro médico privado del profesional, circunstancia que la habilita con mayor preponderancia a un acceso rápido y oportuno de la información requerida.

Que, al no existir respuesta oportuna por la recurrente, en los plazos establecidos por la ley, ante el requerimiento realizado por COMPIN, se procedió a emitir las multas: N° 240441137402 de 05 de junio del 2024, notificada el 06 de junio del 2024 por correo certificado de Correos de Chile, y N°240441137403 de 18 de junio de 2024, notificada el 18 junio del 2024.

Al respecto, refiere que COMPIN se encuentra habilitada por ley, en caso de que el profesional se niegue reiteradamente a la entrega o no remita los antecedentes solicitados, en los plazos que se le hayan fijado al efecto, a sancionar al profesional con multas a beneficio fiscal de hasta 10 unidades tributarias mensuales. Además, en casos calificados por la referida Comisión, podrá suspenderse tanto la venta de formularios de licencias médicas, como la facultad para emitirlas, hasta por 15 días. Dicha suspensión podrá renovarse mientras persista la conducta del profesional.

Añade, que a la profesional le asistía el derecho a reclamar ante la Superintendencia, conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 2° de la Ley N°20.585, dentro del plazo de 5 días hábiles, como también, acudir a la vía recursiva establecida en la ley N°19.880, sin haber ejercido alguno de esos derechos dentro de plazo, habilitando en definitiva a COMPIN para aplicar las sanciones previstas por la Ley N.º 20.585.

Luego, en cuanto a la fundamentación y motivación de la resolución exenta, señala que fue desarrollada de forma pormenorizada por la COMPIN, de forma expresa, en cada una de las licencias médicas fiscalizadas.

Además, indica que la recurrente omite que desde el ordinario N°2404411374 de 20 de mayo de 2024 hasta la época en que se emitió la multa transcurrieron 5 días administrativos completos, en los cuales no presento documentación de ningún tipo, ni requirió audiencia para aclarar las dudas que mantuviera respecto al proceso, existiendo normativa prevista para ello.

De esta manera, señala que la resolución de fiscalización que la recurrente impugna se contextualiza en las propias atribuciones de la institución, como en el Plan de Fiscalización a Altos Emisores de Licencias Médicas.

Respecto al plazo razonable dado por la ley y utilizado por la COMPIN en el proceso de fiscalización, afirma que el plazo para la entrega de los antecedentes, por parte de los prestadores fiscalizados, se encuentra expresamente regulado el artículo 2 de la Ley N°20.585, estableciendo un plazo de 7 días corridos.

En cuanto a la intempestividad en el uso de la potestad sancionadora, señala que si bien los plazos contemplados en la ley para las actuaciones de la Administración no son fatales – a menos que hubiese un proceso legal contrario- la Ley N°18.575, en sus artículos 3 inciso segundo y artículo 8, impone a los órganos que la integran el deber de observar los principios de eficiencia, eficacia y accionar por propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones, procurando la simplificación y rapidez de los trámites, como también la agilidad y expedición de los procedimientos.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

De lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas. Sobre este punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

CUARTO: Que, por el presente recurso se cuestiona la Resolución Exenta N°240441137402, de 5 de junio de 2024, en cuya virtud se sancionó a la actora con la suspensión de 15 días para emitir licencias médicas y multa de 10 UTM pagaderas en un plazo de 10 días, por no haber presentado, reiteradamente, la solicitud de antecedentes por las licencias médicas detalladas en la resolución, impugnación que se hace extensiva respecto de los actos administrativos posteriores por los que se aplicó y renovó tal sanción.

QUINTO: Que según lo dispone el artículo 2 de la Ley N°20.585 las “Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez podrán solicitar a los profesionales que por ley emitan licencias médicas que se encuentren sometidas a su conocimiento, la entrega o remisión de los antecedentes o informes complementarios que las respalden y, en casos excepcionales y por razones fundadas, los citará a una entrevista para aclarar aspectos de su otorgamiento. Dichos requerimientos se realizarán por carta certificada o medios electrónicos, bajo apercibimiento de aplicar las multas y suspensiones señaladas en el siguiente inciso.”

A su vez el inciso segundo de la referida disposición señala que “La inasistencia injustificada y repetida a las citaciones, como también la negativa reiterada a la entrega o la no remisión de los antecedentes solicitados, en los plazos fijados al efecto, los que no podrán exceder de siete días corridos, habilitarán a la Comisión para que, mediante resolución fundada, sancione al profesional con multas a beneficio fiscal de hasta 10 unidades tributarias mensuales. Además, en casos calificados, podrá suspenderse tanto la venta de formularios de licencias médicas, como la facultad para emitirlas, hasta por 15 días. Dicha suspensión podrá renovarse mientras persista la conducta del profesional. Las notificaciones de las resoluciones que apliquen las referidas sanciones se realizarán mediante carta certificada, entendiéndose practicadas a contar del tercer día hábil siguiente a su recepción en la oficina de correos que corresponda. A este procedimiento se aplicarán supletoriamente las normas de la ley N°19.880.”

Enseguida, el inciso tercero de la misma norma señala que “Una vez que el profesional proporcione los antecedentes requeridos o acuda a la citación, la Comisión, de oficio o a petición de parte, dictará una resolución que ponga término a la suspensión indicada. Asimismo, en caso que el reclamo señalado en el inciso tercero sea resuelto a favor del profesional, se dejarán sin efecto las multas cursadas y cesará la suspensión aplicada.”

SEXTO: Que, de la normativa expuesta, es posible desprender que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez cuenta con amplias facultades para fiscalizar a los profesionales que emitan licencias médicas, ya sea a través de citaciones, entrevistas o requerimientos de información, lo que se ve reforzado, además, por la posibilidad de imponer sanciones como aquellas que son objeto del presente arbitrio constitucional. Sin embargo, no cualquier incumplimiento de parte del prestador fiscalizado habilita para la aplicación de las multas y suspensiones contempladas en el artículo 2 inciso segundo de la Ley N°20.585. En efecto, la normativa en análisis establece como hipótesis que torna procedente la imposición de una multa, que exista un incumplimiento reiterativo, al señalar como presupuestos “la inasistencia injustificada y repetida a las citaciones”, “la negativa reiterada a la entrega de los antecedentes solicitados” y “la no remisión de los antecedentes solicitados, en los plazos fijados al efecto”. De concurrir cualquiera de estas situaciones, la Ley habilita a la Comisión para imponer multa de hasta 10 unidades tributarias mensuales, mediante resolución fundada.

Más estricto aún ha sido el Legislador para permitir que la Comisión proceda a la suspensión de la venta de formularios de licencias médicas, así como de la facultad para emitirlas, caso en el cual se exige que, además de los requisitos precedentemente referidos, se trate de un “caso calificado”.

Adicionalmente, tratándose en la especie de un acto administrativo sancionador, el deber de fundamentación se encuentra reforzado por el principio de imparcialidad previsto en el artículo 11 de la Ley 19.880, que prescribe que los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares. En similares términos discurre el artículo 41 del mismo cuerpo legal, el que además ordena que la resolución respectiva exprese los recursos que proceden en su contra, el órgano administrativo o judicial ante el que hubieren de presentarse, y el plazo para su interposición.

SÉPTIMO: Que, del examen de las sanciones aplicadas a la recurrente, a través de la resolución exenta N°240441137402, de 5 de junio de 2024, se advierte que, tras indicar el sustento jurídico normativo que le sirve de fundamento, se establece como justificación fáctica de la imposición de sanción la negativa reiterada de la profesional en entregar informes complementarios necesarios para respaldar la emisión de las licencias médicas emitidas.

Sin embargo, y conforme fue reconocido por la propia apoderada de la recurrida ante estrado, la actora acompañó en su momento la información solicitada, la que, no obstante, la recurrida califica como “parcial”, por estimar que no fue acompañada en la forma que lo exige la normativa de la Ley N°20.585.

Así las cosas, de lo anterior se advierte que lo reprochado dice relación no con la entrega propiamente tal, sino que con observaciones al contenido de la información.

De lo expuesto se desprende que los antecedentes solicitados sí fueron aportados por la profesional, reparando el servicio en que, en la mayoría de los casos el informe médico no cumple con el modelo de informe médico de COMPIN, que la Ficha Clínica entregada no cumple los requisitos dispuestos en el Decreto N°41 del 2012 del Minsal.

OCTAVO: Que, por otro lado, tal y como fuera resuelto por esta Corte en autos rol 1614 del año 2023 sobre recurso de protección, la exigencia por parte de la autoridad recurrida de la entrega de la ficha clínica de cada paciente, además de la copia del bono o boleta de atención médica, excede de aquello que habilita la normativa atingente. En efecto, respecto de las fichas clínicas, el artículo 13 de la Ley N°20.584 que regula los derechos y deberes que tienen las personas con relación a las acciones vinculadas a su atención en salud, dispone que “Los terceros que no estén directamente relacionados con la atención de salud de la persona no tendrán acceso a la información contenida en la respectiva ficha clínica. Ello incluye al personal de salud y administrativo del mismo prestador, no vinculado a la atención de la persona, independiente de la modalidad de atención prestada”. Por lo tanto, como indica el fallo citado, el requerimiento de la ficha clínica del paciente, sin que medie el consentimiento de su titular, y no encontrándose el COMPIN dentro de aquellos organismos respecto de los cuales se faculta su otorgamiento, aparece como excedido de aquello que permite el artículo 2 de la Ley N°20.585, misma situación en la que se encuentra los bonos o boleta de atención médica.

NOVENO: Que, de lo precedentemente expuesto, aparece que la fundamentación de las sanciones aplicadas mediante la resolución exenta N°240441137402, de 5 de junio de 2024 es sólo aparente, pues de los antecedentes allegados se desprende que no nos encontramos en la hipótesis propuesta de negativa reiterada a la entrega de información, sino que en una situación diversa, de controversia acerca del contenido de los informes entregados por la profesional requerida, que claramente escapa al marco sancionatorio del inciso segundo del artículo 2 de la Ley 20.585.

Por lo demás, no parece como razonable ni atendible que los antecedentes entregados sean desestimados por la Comisión sólo por no cumplir un determinado formato, si lo relevante es determinar si aquellos contienen los datos relevantes para la fiscalización en cuestión.

A lo expuesto, se suma la absoluta ausencia de una argumentación que permita comprender por qué en esta situación particular se configuraría el supuesto normativo de “caso calificado” que habilite para la imposición de la suspensión de la facultad de emitir licencias médicas y la venta de talonarios de licencias médicas, lo que necesariamente importa la asignación de un disvalor adicional al mero incumplimiento en la entrega de información, que sólo amerita multa.

DÉCIMO: Que las deficiencias argumentativas a que se ha hecho referencia en los motivos precedentes, tornan la resolución de la COMPIN en una actuación carente de fundamento, incumpliendo de esta manera el mandato legal contenido tanto en el propio artículo 2 de la Ley N°20.580, como en los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880, sin que se pueda establecer una concordancia entre los hechos concretos atribuidos a la recurrente y su encuadre dentro de las hipótesis sancionatorias contempladas en la primera de las disposiciones señaladas, motivo por el que dicho dictamen deviene en ilegal, debiendo calificarse la conducta de la recurrida, además, como arbitraria, al imponer a la recurrente exigencias excesivas e incluso antijurídicas, vulnerando con ello la integridad psíquica y el derecho de propiedad de la recurrente, derechos consagrados en el artículo 19 números 1 y 24 de la Constitución Política de la República.

En efecto, al marginar a la recurrida del ejercicio de una atribución inherente a su condición profesional a partir de parámetros arbitrarios, impidiéndole prestar atención médica en aquellos casos en que sea menester la concesión del reposo laboral, no sólo se provoca una merma en sus ingresos, sino que además se lesiona su prestigio, afectando su autoestima, todo lo cual conduce a conceder la protección impetrada del modo que se dirá a continuación.

UNDÉCIMO: Que, finalmente, teniendo presente que el privilegio de pobreza establecido en el artículo 173 del Código Sanitario en favor de Servicio Nacional de Salud, únicamente está referido a aquellos procedimientos judiciales a que diere lugar la aplicación del mencionado Código, lo que no se verifica en la especie, es que la recurrida deberá ser condenada en costas, por haber sido totalmente vencida.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE, con costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región de Coquimbo, y en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución Exenta N°240441137402, de 5 de junio de 2024.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N°935-2024 Protección.