nombre reservado con CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS GENERALES S.A.

nombre reservado, nombre reservado

Chilena Consolidada Seguros Generales S.A.

Recurso de Protección Rol N° 932-2021.- La Serena, veinte de enero de dos mil veintidós.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece el abogado don Antonio Olivares Contreras, en representación de don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, y deduce recurso de protección en contra de “Chilena Consolidada Seguros Generales S.A.”, RUT RUT reservado, representada legalmente por su Gerente General don nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, ignora profesión u oficio, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana y de “Cooperativa del Personal de la Universidad de Chile Limitada”, RUT RUT reservado, representada por su Gerente General don nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, Ingeniero Civil Industrial, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana..

Señala que el 31 de julio del año 2008, su representado celebró un Contrato de Ahorro Previsional Voluntario (APV) con la corredora de seguros “Chilena Consolidada Seguros Generales S.A”, precisando que a raíz de dicho contrato la aseguradora realizó un descuento mensual de 12 Unidades de Fomento desde la cuenta corriente del actor, por lo que hasta el mes de agosto del año dos mil veinte registraba un saldo que superaba levemente los $30.000.000., añadiendo que en abril de dos mil veintiuno, al realizar su declaración anual de impuestos, se percató que el Servicio de Impuestos Internos le indicaba que debía pagar alrededor de $7.000.000. por concepto de impuestos y que dicho pago correspondía al retiro de los $30.000.000. de su Ahorro Previsional Voluntario, información que fue entregada por la aseguradora Chilena Consolidada.

Sostiene que el recurrente jamás ha realizado ningún movimiento en su cuenta de APV, por lo que concurrió a la sucursal en donde la recurrida le informa que sus fondos habían sido retirados de su cuenta.

Señala que su representado no retiró los fondos y que sólo obtuvo clave y usuario una vez que se enteró del fraude y que ni siquiera concurrió en forma personal a la aseguradora durante el año dos mil veinte ni menos había autorizado alguna transacción.

Indica que por tales hechos interpuso un reclamo formal el 27 de abril de 2021, y que mediante una carta de fecha 14 de mayo del mismo año, la aseguradora indicó que rechazaba el reclamo. Transcribe lo siguiente: “Sobre el particular, revisados los antecedentes del caso, informamos que de acuerdo con nuestros registros los cinco rescates cuestionados, realizados durante el año 2020, se generaron desde nuestro sitio web, autentificado con su usuario y clave personal. Además, en cada movimiento realizado, la cuenta destino (sic) fue ingresada por usted en nuestro sitio web. Junto con lo indicado, podemos señalar que las transferencias realizadas a la cuenta indicada fueron validadas por Coopeuch a la cuenta de su titularidad, en las fechas correspondientes sin inconvenientes”.

Señala que lo ocurrido no puede ser sino catalogado como un fraude realizado directamente a la compañía aseguradora, la que, por bajas medidas de seguridad, sin comprobación alguna de identidad, transfirió los montos a un tercero desconocido, sin intervención alguna del recurrente.

Asevera que su mandante jamás ha tenido cuenta en la cooperativa Coopeuch y que grande fue su sorpresa cuando solicitó a dicha entidad que emitiera un certificado señalando que él no poseía cuenta alguna y, ésta le informó que efectivamente tenía una cuenta abierta el año dos mil veinte. Añadió que por lo expuesto inmediatamente presentó un reclamo a esta entidad, pues jamás aperturó producto bancario alguno.

Destaca que lo expuesto deja en evidencia que ambas entidades fallaron de forma excesiva en sus sistemas de seguridad hacia el cliente, pues no han sido capaces de demostrar que su representado fuera quien efectivamente realizó los movimientos, o que abrió cuentas, o que simplemente autorizó las transacciones.

Expone que frente al reclamo planteado en Coopeuch, una ejecutiva de nombre nombre reservado, le facilitó copia de tres de los cinco movimientos registrados en la cuenta que se abrió a su nombre. El primer movimiento tiene fecha 12 de agosto de 2020 por $21.250.568.; el segundo movimiento tiene fecha 24 de agosto del año 2020, por un monto de $3.824.820.; y finalmente, el tercer movimiento tiene fecha 24 de septiembre de 2020, por un monto de $254.938.

Refiere que hasta el día de hoy el recurrente desconoce los restantes movimientos que pudieron ser realizados con la apertura de aquella cuenta y el destino de dichos montos, agregando que frente al reclamo planteado la cooperativa no ha dado respuesta a la fecha de interposición del recurso y no ha entregado explicación alguna acerca de la apertura de la cuenta, ni ha respondido por los fondos que recibió producto del fraude de un tercero desde la aseguradora.

Plantea que la negligencia es manifiesta y que en ningún momento el actor fue informado por ningún medio que aquella transacción se realizaba, precisando que la aseguradora no comprobó absolutamente nada, sus sistemas de seguridad no operaron y permitieron que cualquier extraño pudiera realizar movimientos bancarios sobre los únicos ahorros que le dan estabilidad al futuro del demandante.

Sostuvo la Cooperativa que operó de la misma manera y dejó en evidencia que no posee siquiera un sistema de verificación de identidad ya que un tercero ajeno, desconocido logró abrir un producto a nombre del actor, recibir fondos del APV del recurrente, y luego girarlos o traspasarlos a algún destino que, a esta fecha, el recurrente desconoce, agregando que ni siquiera es posible pensar en un sistema de seguridad defectuoso, pues en los hechos, pareciera no existir sistema alguno.

En cuanto a la admisibilidad del recurso señala que se reprocha como ilegal y arbitrario la respuesta entregada por la aseguradora Chilena Consolidada con fecha 14 de mayo del año 2021, mediante la cual decide rechazar el reclamo presentado, desconociendo el fraude que le realizaron imputando a nombre reservado la responsabilidad de un sistema de seguridad completamente deficiente, agregando que a la fecha de interposición del recurso no existe respuesta de Coopeuch respecto del reclamo presentado por el recurrente.

Señala como acto ilegal y arbitrario la falta de aplicación de la Ley Nº 21.234, precisando que la aseguradora sostiene que el actor habría realizado movimientos que en caso alguno tuvieron lugar. Agregó que intenta colocar una carga en su cliente respecto de situaciones en las que él no tiene injerencia.

Argumenta que existiendo un fraude en el presente caso quien lo sufre es la aseguradora y la cooperativa, pues son ellas quienes no fueron capaces de detectar que un tercero que carece de cualquier autorización y que no tiene vínculo alguno con el recurrente, accede a sus sistemas informáticos, abre cuentas, realiza movimientos y logra hacerse pasar por otra persona con el único fin de retirar el dinero que la aseguradora tiene el deber de resguardar.

Explica que la modificación legal introducida por la Ley N° 21.234, estableció que son las entidades crediticias o bancarias las que deben responder por la seguridad de su sistema bancario y que las recurridas no han respetado dicha normativa, pues han puesto de cargo de su cliente la seguridad de su propio sistema, situación que en ninguna circunstancia se encuentra en la esfera de control del demandante. Precisa que ni siquiera existe alguna mínima opción que el recurrido permitiera el acceso a su cuenta en la aseguradora, atendido que nunca contó con una clave de acceso a su cuenta online. Añadió que todo el tiempo los depósitos automáticos fueron descontados desde su cuenta corriente y jamás accedió por medio de internet a sus movimientos, indicando que no es efectivo que él haya podido autorizar algún movimiento desde sus fondos y tampoco es posible sostener que los dineros le fueron traspasados, pues no tiene ningún vínculo con Coopeuch y solo se enteró el día catorce de mayo de dos mil veintiuno, que existía una cuenta abierta a su nombre, siendo evidente la falta de seguridad de la demandada.

Recalca que hubo un incumplimiento flagrante al artículo 6º de la Ley Nº 21.234, la que exige contar con sistemas de monitoreo que tengan como objetivo detectar las operaciones que escapan al comportamiento habitual del usuario, añadiendo que si el recurrente jamás ha realizado algún giro desde que contrató el servicio el año dos mil ocho, malamente podía la recurrida entender que los movimientos que se realizaban en su cuenta eran habituales, precisando que la cooperativa no fue capaz de detectar que un tercero ajeno abría una cuenta a nombre del actor.

Refiere que la recurrida no ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley Nº 21.234, en el sentido de que el emisor (en este caso la aseguradora y la cooperativa) es responsable de los movimientos que el usuario desconoce. Indica que el actor cumplió con la carga impuesta por la ley, pues en tanto supo que existía un movimiento desconocido, esto es, solo con la declaración anual de renta, comunicó de forma inmediata a la aseguradora a fin de que le informara sobre el error, añadiendo que la demandada en un desconocimiento total de la normativa, decidió enviar una carta rechazando el reclamo.

Explica que el artículo 5° de la Ley Nº 21.234, dispone que el emisor deberá proceder a la restitución de los fondos en cinco días, por un monto de 35 UF, y el resto del movimiento desconocido, deberá ser pagado en siete días hábiles. Añadió que el artículo 4º inciso final de la ley antes señalada, dispone de forma expresa que el solo registro de la operación no bastará para demostrar que fue autorizada por el usuario.

Reseña la función de seguridad social de los APV y su relación con el artículo 19º numeral 18 de la Constitución Política de la República e indica como garantías vulneradas el derecho de propiedad, al negarse a restituir los fondos defraudados, indicando que la cooperativa ha participado en el mismo al haber entregado a un tercero los fondos y sin ni siquiera haber dado respuesta al reclamo del actor.

Por todo lo expuesto pide que se ordene a las recurridas restituir la totalidad de las sumas de dinero de los movimientos desconocidos por el recurrente con expresa condena en costas.

Acompaña carta de respuesta de la aseguradora Chilena Consolidada, de fecha 14 de mayo del año 2021.

SEGUNDO: Que informan el recurso los abogados don Ciro Colombara López y don Aldo Díaz Canales, en representación de “Cooperativa del Personal de la Universidad de Chile Limitada”, solicitando el rechazo del recurso.

En primer término, dan cuenta que los protocolos de su representada cumplen con las normas que regulan la apertura de una cuenta vista y la seguridad en las transferencias electrónicas entre clientes de distintas instituciones conforme a lo dispuesto en el Capítulo 2.2.2 de la Recopilación Actualizada de Normas (en adelante, “RAM”) de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile, titulado “Registro y Verificación de los Antecedentes Básicos”. Indica que en tal sentido para la apertura de una cuenta vista debe verificarse y registrarse al menos los siguientes antecedentes: “a) Número asignado a la cuenta; b) Nombre completo; c) Número de cédula de identidad del titular o, en el caso de personas jurídicas, de los apoderados; d) Domicilio; e) Profesión u ocupación y edad, al tratarse de personas naturales; y, f) Firma del depositante o, si se trata de una persona jurídica, de los apoderados o representantes de ésta, facultados para girar. En las cuentas pluripersonales deberán registrarse las firmas de todos los titulares”.

Indica que además el Capítulo III.B.1.1 del Compendio de Normas Financieras del Banco Central de Chile (en adelante, “CNF”), titulado “Cuentas a la Vista”, solo se exige el siguiente requisito para abrir este tipo de cuentas: “Se documentarán a través de un contrato de apertura suscrito con su titular o mediante firma electrónica”.

Destaca que todos los requisitos mencionados se encuentran recogidos en los protocolos internos de COOPEUCH para la apertura de una cuenta vista, añadiendo que para obtener una cuenta a través del sistema de enrolamiento en línea, se debe completar un formulario con datos personales, debiendo informar el nombre completo, profesión u oficio, Rut y número de serie del carnet, precisando que esos datos son verificados por un sistema de seguridad externa que se mantiene contratado para esos efectos.

Agregó que luego se procede a la entrega presencial en el domicilio indicado por el solicitante en donde se entrega la tarjeta de crédito o débito asociadas a la cuenta y además se hace entrega de un mandato para el pago de las cuotas del socio y un comprobante de recibo de la tarjeta. Expone que tales documentos deben ser firmados de puño y letra por el solicitante no aceptándose siquiera la posibilidad de firma electrónica.

En cuanto a las normas que regulan la seguridad de las transferencias bancarias, señala que cuenta con un protocolo de seguridad de transferencias electrónicas y que respecto de transferencias bancarias que involucran montos superiores a $250.000.-, los que podrían ser catalogados como sospechosos, se procede a una doble verificación mediante el envío de un mensaje de texto al teléfono celular registrado en la solicitud de apertura online, con un código que el mandante debe ingresar para realizar la operación, además del ingreso de las coordenadas que solicite la operación en cuestión.

En cuanto a la verdadera forma en que ocurrieron los hechos, relata que en agosto del año dos mil veinte, a través de la página web de Coopeuch, el recurrente nombre reservado, ingresó los datos pertinentes y se procedió a verificarlos en la en base a los sistemas electrónicos que utiliza. La validación, dice, se realizó en relación con la vigencia del número de serie de la cédula de identidad y las preguntas demográficas de SINACOFI que corresponden al sistema de seguridad que utiliza dicha empresa.

Destaca que el 12 de agosto de 2020, se procedió a la entrega material de la tarjeta de débito en la dirección indicada por el solicitante y el receptor de la tarjeta firmó a nombre de nombre reservado el comprobante de entrega de la tarjeta de débito y el mandato de pago cuotas de participación, entregando como respaldo la cédula de identidad del firmante, agregando que consta en el mandato especial para el pago de las cuotas que se consignó una firma idéntica a la señalada en la cédula de identidad de nombre reservado.

Indica que luego la cuenta vista abierta a nombre del recurrente, recibió seis transferencias electrónicas de fondos provenientes de cuentas del Banco Estado y del Banco Ripley, las cuales fueron aceptadas por la COOPEUCH, ya que provenían de cuentas personales asociadas al Rut de nombre reservado.

Recalca que posteriormente recibió cinco transferencias desde la empresa Chilena Consolidada y que con los dineros abonados a esa cuenta se realizaron quince transferencias a diversas personas por la suma total de $32.137.000.- a diversos destinatarios como Banco Ripley, Banco Estado y Banco Santander. Destaca que en todas esas transacciones se ingresó el Rut, clave secreta y coordenadas de seguridad, señalándose que además COOPEUCH envió un mensaje de texto al teléfono asociado a la cuenta a nombre del recurrente para los efectos de la aprobación de las transacciones respecto de aquellas que superan el monto de $250.000.

Argumenta que tanto en la apertura de la cuenta vista a nombre de nombre reservado, como en las transacciones posteriormente realizadas en ella, se cumplieron con todos los estrictos protocolos de seguridad que tiene COOPEUCH y con las normas de la RAM y del CNF, ya referidas.

Señala que el 19 de mayo de 2021, por medio de un correo enviado por Antonio Olivares, abogado de CONADECUS, COOPEUCH tomo conocimiento de que el recurrente desconocía haber contratado la cuenta vista asociada a su RUT y por consiguiente todas las transacciones realizadas desde dicha cuenta. Expone que como primera medida, se procedió a bloquear la cuenta y con el objetivo de revisar los antecedentes relacionados al posible fraude de suplantación en la apertura de la cuenta, la Gerencia Operacional y Tecnológico de COOPEUCH elaboró el Informe GPFO2302 a través del cual, se analizaron todos los antecedentes y documentos del caso, concluyendo que se había cumplido con todos los resguardos y elementos de seguridad de COOPEUCH, emitiendo la respuesta al requerimiento del actor el 18 de junio de 2021, agregando que con la misma fecha se presentó una denuncia ante la Fiscalía Local de Las Condes, por los delitos de estafa y falsificación de instrumento privado.

Refiere que el presente recurso debe ser rechazado en atención a que el recurrente carece de un derecho indubitado, en atención a que no existe un pronunciamiento formal que dé cuenta que las transacciones aludidas han sido fraudulentas.

En cuanto al acto recurrido consistente en no haber dado respuesta al reclamo planteado, señaló que ha perdido eficacia y oportunidad, ya que esta respuesta fue entregada durante la tramitación del presente recurso.

Finalmente, respecto del acto recurrido de no haber restituido los fondos, argumenta que COOPEUCH carece de legitimidad pasiva, ya que conforme a lo establecido en la Ley 21.234, la única obligada a la restitución de los montos supuestamente defraudados es Chilena Consolidada Seguros Generales S.A., en su calidad de servicio financiero que realizó los pagos y que tenía a su cuidado los dineros depositados por el recurrente.

Puntualiza que la eventual responsabilidad de COOPEUCH no puede ser determinada por medio de la presente acción de protección que obedece a una discusión en materia civil que debe ser discutida y analizada en un juicio de lato conocimiento ante los tribunales ordinarios de justicia.

Por último, sostiene que incluso de entender que el recurrente cuenta con un derecho indubitado para interponer la presente acción de protección, de todos modos, al abrir la cuenta vista y al efectuar las transacciones electrónicas, COOPEUCH cumplió con todas las normas y protocolos de seguridad. Por lo expuesto solicita el rechazo del recurso con expresa condena en costas.

TERCERO: Que informa el recurso el abogado don Marcelo Nasser Olea, en representación de “Chilena Consolidada Seguros Generales S.A.”, solicitando que sea rechazado en todas sus partes, con expresa condena en costas.

En primer término, alega la falta de legitimación pasiva, sosteniendo, en síntesis, que se recurrió en contra de “Chilena Consolidada Seguros Generales S.A.”, en circunstancias que la póliza de seguros de vida con adicional de APV del actor fue contratada con “Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.”, por lo que se debe rechazar la acción cautelar por falta de legitimación pasiva, haciendo presente que cada una de las compañías aseguradoras mencionadas tienen un Rol Único Tributario, patrimonio, obligaciones de solvencia y reserva técnica distinto, además tiene cada una de ellas un giro exclusivo.

Refiere que entrando en una defensa oficiosa de Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A, indica que no es efectivo que el recurrente no cuente con una contraseña para acceder al sitio web y que la aseguradora jamás le haya otorgado información alguna en relación con el saldo que el recurrente contaba en su cuenta de ahorro previsional voluntaria, ya que dicho organismo debe enviar periódicamente a sus clientes un reporte o cartola con el estado de los fondos de la cuenta APV y los depósitos convenidos, el cual fue enviado mes a mes al mail informado por el cliente.

Hace presente que en este caso se trató de cinco retiros que se sucedieron entre el 11 de agosto del 2020 y el 27 de octubre del 2020, los cuales recién fueron desconocidos por el actor en abril del año dos mil veintiuno, por lo que en ningún caso podría considerarse como oportuno el aviso de desconocimiento de las transacciones electrónicas luego de nueve meses desde que se realizó el primero.

Destaca que los retiros fueron realizados cumpliendo todos los pasos de identificación del asegurado, la introducción de una contraseña que solo el cliente sabe y además los fondos no fueron destinados a cuentas pertenecientes a terceros, sino que a una cuenta cuyo titular es precisamente el mismo actor, la que fue validada por la entidad financiera COOPEUCH.

Puntualiza que toda compañía aseguradora que recibe una solicitud de retiro no tiene más opción que efectuarla en la cuenta del asegurado, siempre que se superen los protocolos y medidas de seguridad e identificación del cliente, lo que perfectamente podría ser materia de discusión en un litigio de lato conocimiento en donde se rinda la correspondiente prueba liberatoria Alega que el recurso de protección no constituye la instancia de declaración de derechos sino de protección de aquellos que siendo preexistentes e indubitados se encuentren en situación de ser amparados, precisando que no existe ni puede existir certeza de que haya existido un fraude, máxime si dos compañías distintas comprometidas y reconocidas por el cumplimiento de altos niveles de seguridad no han notado anomalía alguna en las cinco transacciones que el recurrente reclama efectuadas durante más de nueve meses, y menos aún si el retiro de fondos previsionales se hizo en una cuenta válida a nombre del propio recurrente.

Luego sostiene que existe un procedimiento especialmente establecido por el legislador en caso de conflictos de asegurados con aseguradoras, indicando que la especialidad del problema jurisdiccional de que da cuenta el recurso está especialmente regulado por el legislador en el artículo 543 del Código de Comercio, norma que entrega competencia a un arbitro arbitrador y en las disputas que surjan con motivo de un siniestro cuyo monto sea inferior a 10.000 unidades de fomento, el asegurado podrá optar por ejercer su acción ante la justicia ordinaria.

Refiere que tampoco corresponde aplicar al caso la Ley 20.009 y 21.234, precisando que una compañía de seguros de vida no es emisora u operadora de tarjetas de pago; tampoco “presta servicios asociados a pagos y transacciones electrónicas”, sino que, al menos para este caso, simplemente opera por disposición legal (DL N° 3500) y regulatoria depósitos en cuentas corrientes de los asegurados con APV a solicitud de estos en cumplimiento a la NCG N° 226 y la Circular N° 1893 ambas de la CMF, como simple consecuencia del giro que ejerce.

Señala que Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A., cuenta con sistemas, procedimientos y patrones que no detectaron ninguna anomalía respecto de los retiros solicitados por el recurrente hacia su cuenta bancaria, sobre todo considerando que estos fueron validados también por una tercera compañía experta en operaciones bancarias (COOPEUCH), y que la cuenta destinataria de los fondos le correspondía efectivamente al recurrente, destacando que el sitio web de la compañía cumple con estándares superiores a los que establece la ley, pues se ajusta íntegramente a la NCG N° 171 de la CMF, precisando que del propio relato del recurrente fluye que dio aviso nueve meses después del primero de los cinco retiros.

CUARTO: Que a Folio 43 informa el recurso Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A., solicitando el rechazo del recurso y reiterando los argumentos señalados en el informe evacuado a folio 23.

QUINTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEXTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEPTIMO: Que, en el caso de la especie, don Antonio Olivares Contreras, en representación de don nombre reservado, dedujo la presente acción cautelar en contra de “Chilena Consolidada Seguros Generales S.A.” y de “Cooperativa del Personal de la Universidad de Chile Limitada”, denunciando como acto arbitrario e ilegal la respuesta entregada por la aseguradora Chilena Consolidada Seguros Generales S.A., con fecha catorce de mayo del año dos mil veintiuno, mediante la cual rechaza el reclamo presentado, desconociendo el fraude que le realizaron, imputando a su representado la responsabilidad de un sistema de seguridad deficiente, agregando que a la fecha de interposición del recurso, no existe respuesta de Coopeuch respecto del reclamo presentado por el recurrente una vez conocida la contestación de la aseguradora.

Refiere como acto ilegal y arbitrario la falta de aplicación de la Ley Nº 21.234, pues la aseguradora sostiene que el actor habría realizado movimientos que en caso alguno tuvieron lugar, intentando colocar una carga en el recurrente respecto de situaciones en las que él no tiene injerencia.

Argumenta que existiendo un fraude en el presente caso quien lo sufre es la aseguradora y la cooperativa, precisando que son ellas quienes no fueron capaces de detectar que un tercero que carece de cualquier autorización y que no tiene vínculo alguno con el recurrente, accede a sus sistemas informáticos, abre cuentas, realiza movimientos y logra hacerse pasar por otra persona con el único fin de retirar el dinero que la aseguradora tiene el deber de resguardar, añadiendo que son las entidades crediticias o bancarias las que deben responder por la seguridad de su sistema bancario y que las recurridas no han respetado dicha normativa ya que han puesto de cargo de su cliente la seguridad de su propio sistema. Destaca que el recurrente nunca contó con una clave de acceso a su cuenta online y que los depósitos automáticos fueron descontados desde su cuenta corriente y que jamás accedió por medio de internet a sus movimientos, agregando que no es posible sostener que los dineros le fueron traspasados ya que no tiene ningún vínculo con Coopeuch, enterándose el catorce de mayo de dos mil veintiuno, que existía una cuenta abierta a su nombre, precisando como garantías vulneradas el derecho de propiedad, al negarse las recurridas a restituir los fondos defraudados.

Finalmente, solicita que se ordene a las recurridas restituir la totalidad de las sumas de dinero de los movimientos desconocidos por el recurrente, debidamente reajustadas y adoptar las medidas pertinentes para el restablecimiento de las garantías constitucionales afectadas, todo ello con costas.

OCTAVO: Que atendido lo expuesto por el recurrente y las recurridas y los antecedentes que se han aportado a esta Corte, se han logrado establecer los siguientes hechos:

a).- Que con fecha 31 de julio del año 2008, el recurrente celebró un Contrato de Ahorro Previsional Voluntario (APV) con la corredora de seguros “Chilena Consolidada Seguros Generales S.A”, en cuya virtud la aseguradora realizaba un descuento mensual de 12 UF desde la cuenta corriente del actor, registrando al mes de agosto de dos mil veinte un saldo aproximado en su cuenta de APV de treinta millones de pesos ($30.000.000.).

b).- Que el demandante al realizar su declaración anual de impuestos del año dos mil veintiuno, se enteró que debía pagar alrededor de $7.000.000. por concepto de impuestos y que dicho pago correspondía al retiro de $30.000.000. de su Ahorro Previsional Voluntario, información que fue entregada por la aseguradora Chilena Consolidada.

c).- Que el recurrente interpuso un reclamo a la aseguradora con fecha 27 de abril de 2021, sosteniendo que no había realizado ningún movimiento en su cuenta de APV y que no había autorizado ninguna transacción.

d).- Que el reclamo fue rechazado por la aseguradora informándole que de acuerdo a sus registros, los cinco rescates cuestionados realizados durante el año dos mil veinte, se generaron desde su sitio web, autentificado con su usuario y clave personal, precisando que en cada movimiento realizado la cuenta de destino fue ingresada por el recurrente y que las transferencias efectuadas a la cuenta indicada fueron validadas por Coopeuch a la cuenta de su titularidad, en las fechas correspondientes sin inconvenientes.

e).- Que el demandante estima que lo ocurrido constituye un fraude realizado directamente a la compañía aseguradora, la que por bajas medidas de seguridad, sin comprobación alguna de identidad, transfirió los montos a un tercero desconocido, sin su intervención, precisando que nunca ha tenido cuenta en Coopeuch, la que le informó que tenía una cuenta abierta el año dos mil veinte. Argumenta que ambas entidades fallaron en sus sistemas de seguridad hacia el cliente y que no han sido capaces de demostrar que fue el actor quien realizó los movimientos, o que abrió cuentas, o que autorizó las transacciones efectuadas.

f).- Que desde la cuenta de ahorro previsional del recurrente hacia una cuenta abierta a su nombre en Coopeuch, se realizaron cinco retiros que se sucedieron entre el 11 de agosto de 2020 y el 27 de octubre del mismo año, los que fueron desconocidos por el actor en abril del año 2021, transferencias que fueron validadas por la entidad financiera Coopeuch.

NOVENO: Que con los antecedentes que se han agregado a la causa por el recurrente, no se han logrado acreditar los hechos en que se fundamenta el recurso de protección y que permitan demostrar la supuesta afectación de las garantías fundamentales denunciadas como vulneradas.

En efecto, el demandante no acompañó antecedentes suficientes para acreditar que efectivamente haya existido un fraude en las transacciones denunciadas, máxime si las dos compañías recurridas argumentan que no han notado anomalía alguna en las cinco transacciones reclamadas por el recurrente efectuadas durante nueve meses, retiro de fondos previsionales que se hizo a una cuenta a nombre del propio recurrente.

La situación jurídica y de hecho presentada por el demandante ha sido contradicha por las demandadas. La sociedad “Chilena Consolidada Seguros Generales S.A.”, en síntesis, ha señalado que se recurrió en contra de “Chilena Consolidada Seguros Generales S.A.”, en circunstancias que la póliza de seguros de vida con adicional de APV del actor fue contratada con “Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A.” por lo que se debe rechazar la acción cautelar por falta de legitimación pasiva, haciendo presente que cada una de las compañías aseguradoras mencionadas tienen un Rol Único Tributario, patrimonio, obligaciones de solvencia y reserva técnica distinto, además tiene cada una de ellas un giro exclusivo.

Refiere que no es efectivo que el recurrente no cuente con una contraseña para acceder al sitio web y que la aseguradora jamás le haya otorgado información alguna en relación con el saldo que el recurrente contaba en su cuenta de ahorro previsional voluntaria, ya que dicho organismo debe enviar periódicamente a sus clientes un reporte o cartola con el estado de los fondos de la cuenta APV y los depósitos convenidos, el cual fue enviado mes a mes al mail informado por el cliente.

Puntualiza que en este caso se trató de cinco retiros que se sucedieron entre el 11 de agosto del 2020 y el 27 de octubre del 2020, los cuales recién fueron desconocidos por el actor en abril del año dos mil veintiuno, por lo que en ningún caso podría considerarse como oportuno el aviso de desconocimiento de las transacciones electrónicas luego de nueve meses desde que se realizó el primero, destacando que los retiros fueron realizados cumpliendo todos los pasos de identificación del asegurado, mediante la introducción de una contraseña que solo el cliente sabe, agregando que los fondos no fueron destinados a cuentas pertenecientes a terceros, sino que a una cuenta cuyo titular es precisamente el mismo actor, la que fue validada por Coopeuch.

DECIMO: Que, por su parte, la recurrida “Cooperativa del Personal de la Universidad de Chile Limitada” ha señalado, en síntesis, que al abrir la cuenta vista y al efectuar las transacciones electrónicas denunciadas, cumplió con todas las normas y protocolos de seguridad, precisando que en agosto del año dos mil veinte, a través de la página web de la cooperativa, el recurrente nombre reservado, ingresó los datos pertinentes y se procedió a verificarlos en base a los sistemas electrónicos que utiliza, validación que se realizó en relación con la vigencia del número de serie de la cédula de identidad y las preguntas demográficas de SINACOFI, añadiendo que el 12 de agosto de 2020, se procedió a la entrega material de la tarjeta de débito en la dirección indicada por el solicitante cumpliendo con todas las medidas de seguridad que detalla.

Puntualiza que la cuenta vista abierta recibió seis transferencias electrónicas de fondos provenientes de cuentas del Banco Estado y del Banco Ripley, las cuales fueron aceptadas ya que provenían de cuentas personales asociadas al Rut del demandante. Destaca que posteriormente recibió cinco transferencias desde la empresa Chilena Consolidada y que con los dineros abonados a esa cuenta se realizaron quince transferencias a diversas personas por la suma total de $32.137.000. a diversos destinatarios como Banco Ripley, Banco Estado y Banco Santander, precisando que en todas se ingresó el Rut, clave secreta y coordenadas de seguridad, enviándose un mensaje de texto al teléfono asociado a la cuenta a nombre del recurrente, enterándose el 19 de mayo de 2021, que el actor desconocía haber contratado la cuenta vista asociada a su RUT y todas las transacciones realizadas, añadiendo que se procedió a bloquear la cuenta y se presentó una denuncia ante la Fiscalía Local de Las Condes, por los delitos de estafa y falsificación de instrumento privado, sin que exista un pronunciamiento formal que dé cuenta de haberse cometido un fraude. Finalmente, señaló que conforme a lo establecido en la Ley 21.234, la única obligada a la restitución de los montos supuestamente defraudados es Chilena Consolidada Seguros Generales S.A., en su calidad de servicio financiero que realizó los pagos y que tenía a su cuidado los dineros depositados por el recurrente.

UNDECIMO: Que de lo expresado puede inferirse que la materia expuesta no es apta de ser solucionada por la presente vía, esto es, la acción cautelar de derechos constitucionales, precisamente porque el recurrente no es titular de un derecho indiscutido o indubitado.

El recurso de protección de garantías constitucionales tiene por objeto proteger el legítimo ejercicio de derechos que estén indubitados y no de aquellos que se encuentren en discusión o que constituyan una mera expectativa.

DUODECIMO: Que atendida la naturaleza y finalidad del recurso, para que se restablezca el imperio del derecho y se asegure la protección del afectado, es necesario que quien lo invoca acredite la existencia de un derecho o garantía que le asista, que se encuentre debidamente determinado y que corresponda a alguno de los referidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

DECIMO TERCERO: Que para que el recurso de protección sea acogido es esencial que los hechos arbitrarios o ilegales que se invocan, se encuentren comprobados y que ellos hayan producido privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos taxativamente en el citado artículo 20 de la Constitución Política de la República.

DECIMO CUARTO: Que la situación jurídica y de hecho expuesta por el recurrente ha sido discutida por las recurridas, y un conflicto como el señalado no puede ser resuelto por medio de esta acción cautelar de derechos constitucionales, ya que ella no constituye una instancia de declaración de tales derechos, sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por una acción u omisión ilegal o arbitraria, lo que no ocurre en este caso, como se ha señalado precedentemente.

DECIMO QUINTO: Que, en consecuencia, al no haberse acreditado un acto ilegal ni arbitrario por parte de las recurridas, supuesto necesario para verificar la supuesta afectación de las garantías fundamentales denunciadas como quebrantadas, solo cabe rechazar el presente recurso de protección.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado don Antonio Olivares Contreras, en representación de don nombre reservado, en contra de “Chilena Consolidada Seguros Generales S.A.” y de “Cooperativa del Personal de la Universidad de Chile Limitada”.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactado por el ministro suplente don Jorge Corrales Sinsay.

Rol N° 932-2021 Protección.