Protección contra Fundación de las Familias

nombre reservado

Fundación de las Familias y otros.

Recurso de protección Rol N° 929-2026 La Serena, uno de julio de dos mil veintiséis.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el veinticinco de mayo del año en curso, comparece Luis Acevedo Espínola, abogado, interponiendo acción constitucional de protección en favor de nombre reservado, y en contra de la Fundación de las Familias, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, por la dictación del Decreto N° 331 de 24 de abril de 2026 del Ministerio de Hacienda por el cual se modifica el presupuesto vigente asignado a la Fundación de las Familias; la falta de medidas de parte de la fundación recurrida para exigir el cumplimiento de los convenios pactados con el Gobierno de Chile; y por el eventual cierre de algunos centros dependientes de la fundación. Como garantía vulnerada indica aquella contenida en el numeral 1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Expone que la Fundación de las Familias es una institución de beneficencia y desarrollo social, sin fines de lucro, creada en virtud del Decreto N° 735 del Ministerio de Justicia de 28 de mayo de 1990, que para cumplir su misión de fortalecimiento de las familias de Chile, ha celebrado 13 convenios de transferencia de recursos de parte del Estado, desde el año 2020 hasta el último suscrito el 31 de diciembre de 2025 con el Ministerio de Desarrollo Social y el Servicio Nacional del Adulto Mayor, por el cual se comprometieron fondos por $337.000.000 para el año 2026.

Por otra parte, expresa que el 24 de abril de 2026 el Ministerio de Hacienda dictó el Decreto N° 331 en virtud del cual modifica el presupuesto vigente en virtud de la Ley N° 21.796 sobre Presupuesto para el Sector Público del año 2026 y reduce en $515.500.000 el aporte a la Fundación de las Familias.

Alega que el Decreto N° 331 de 24 de abril de 2026 del Ministerio de Hacienda es ilegal, pues contraviene la Ley N° 21.796 sobre Presupuesto para el Sector Público del año 2026, así como las disposiciones de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, al mermar servicios prestados en favor de adultos mayores en forma arbitraria. Asimismo, sostiene que la fundación recurrida incurre en una omisión ilegal y arbitraria al no realizar medidas tendientes a exigir del Estado el aporte económico necesario para la ejecución de sus fines propios.

Previas citas de derecho, solicita acoger la acción deducida y, en definitiva, dejar sin efecto el Decreto N° 331 de 24 de abril de 2026 del Ministerio de Hacienda, manteniendo el presupuesto asignado a la Fundación de las Familias, así como la prestación de sus servicios.

SEGUNDO: Que, evacuó informe a folio 22 el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, solicitando el rechazo del recurso.

En primer término, alega la extemporaneidad del recurso, pues este impugna el Decreto N° 331 de 24 de abril de 2026, en tanto que fue deducido el 25 de mayo del mismo año, fecha a la cual ya había transcurrido el plazo de 30 días corridos previsto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del recurso de protección.

En cuanto al fondo, expresa que se recabó información de parte de SENAMA y que este servicio informó a través de Oficio N° 1022 de 09 de junio de 2022 que el convenio entre la Fundación de las Familias y el SENAMA se encuentra vigente y los recursos comprometidos ya han sido transferidos en su totalidad. Asimismo, indica que el servicio comunicó que el recurrente no es beneficiario de prestaciones del convenio, el cual sólo abarca la Región Metropolitana y la Región del Biobío.

Finalmente, manifiesta que de los antecedentes expuestos se concluye que no ha existido un proceder ilegal o arbitrario de parte de esa cartera de Estado o del SENAMA y que tampoco el recurrente detenta un derecho indubitado susceptible de ser cautelado en esta sede, por lo cual solicita el rechazo del recurso.

TERCERO: Que, a folio 23 emite informe la Fundación de las Familias, solicitando el rechazo del recurso.

Señala, en lo pertinente, que SENAMA transfirió el total de los recursos comprometidos mediante el convenio celebrado el 31 de diciembre del año 2025 y que las actividades financiadas a través de este se encuentran en ejecución, por lo que no existe la omisión ilegal o arbitraria que se atribuye a la fundación.

Por otra parte, en lo tocante a reducciones presupuestarias, señala que desde el año 2022 la fundación ha visto disminuido su financiamiento, lo que la ha obligado a adecuar progresivamente su operación a los recursos efectivamente disponibles y, como consecuencia de aquello, cerrar centros cuya continuidad no podía ser financiada. Sin embargo, señala que esta situación en nada se relaciona con el Decreto N° 331 de 24 de abril de 2026, sino que ella se arrastra desde años previos. Al respecto, puntualiza que el directorio de la fundación acordó el 12 de mayo del año 2026 iniciar las gestiones necesarias para el término ordenado de la fundación y sus programas en ejecución, lo que en modo alguno implica dejar sin ejecución el convenio con SENAMA suscrito el 31 de diciembre de 2025.

Finalmente, se alega que el actor no aparece registrado como beneficiario de ninguna prestación otorgada en el marco del convenio, por lo que este no habría visto afectado ninguno de sus derechos.

CUARTO: Que, a folio 20 evacua informe el Ministerio de Hacienda, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Manifiesta que en virtud de las atribuciones que otorga al Presidente de la República el artículo 32 N°20 de la Constitución Política de la República y de conformidad a las normas del Decreto Ley N°1263 de 1975, Orgánica de la Administración Financiera del Estado, se dictó el Decreto N°1845 de 24 de diciembre de 2025 que constituye una norma de flexibilidad presupuestaria que, a su vez, habilita la dictación del Decreto N°331 de 24 de abril de 2026 que se impugna en el recurso. Sobre el particular, sostiene que tanto el Tribunal Constitucional como la Contraloría General de la República han validado reiteradamente esta forma de proceder por parte de esa Cartera de Estado, sin que sea admisible la tesis del recurrente en cuanto a que los recursos asignados por Ley de Presupuestos constituyan una base mínima respecto de la cual no se puedan realizar ajustes como aconteció en este caso.

Finalmente, afirma que no ha existido de parte de ese organismo un proceder ilegal o arbitrario que pueda vulnerar derechos fundamentales del actor.

QUINTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

SEXTO: Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas. Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

SÉPTIMO: Que, en primer lugar, cabe consignar que en lo tocante al Decreto N°331 de 24 de abril de 2026 del Ministerio de Hacienda resulta evidente que al intentarse la presente acción constitucional el 25 de mayo pasado, ésta ha sido deducida de manera extemporánea al haber transcurrido el plazo de 30 días corridos previsto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, motivo bastante para desechar en ese acápite el recurso, sin perjuicio de no advertirse tampoco algún proceder contrario a derecho en la actuación del Ministerio de Hacienda, el que se encuentra facultado por el orden legal y constitucional para realizar ajustes al presupuesto de la nación aprobado para cada anualidad por el Congreso Nacional.

OCTAVO: Que, en lo referido a los restantes reproches formulados en el recurso, cabe consignar que estos se centran fundamentalmente en la falta de cumplimiento de un convenio de transferencia de recursos en específico, a saber, aquel aprobado a través de la Resolución Exenta N°1438, de 31 de diciembre de 2025, por el cual el Servicio Nacional del Adulto Mayor comprometió el traspaso de dineros ($337.000.000 pesos) para el año 2026 en dos cuotas; así como en la falta de acciones de parte de la Fundación de las Familias para instar por el pago comprometido y poder, de ese modo, seguir brindando los servicios que esta desarrolla en beneficio de la comunidad.

NOVENO: Que, en primer término, cabe dejar asentado que, según surge de los documentos acompañados por los recurridos, el mencionado convenio está destinado a ejecutarse en la Región Metropolitana y en la Región del Bío-Bio, por lo que al mantener el actor domicilio en esta jurisdicción, en la cual no se prestan servicios en virtud de ese instrumento, no es posible comprender cómo podría verse afectado algún derecho del recurrente, quien, además, no figura en los registros de SENAMA ni de la Fundación de las Familias como beneficiario, todo lo cual, unido a la falta de antecedentes fehacientes presentados por el actor, llevan a concluir que éste carece de legitimación para interponer el recurso.

De esta forma, al no mencionarse en el recurso personas o situaciones específicas que requieran una intervención concreta de las entidades públicas recurridas, o que vean afectadas sus garantías constitucionales, éste no puede prosperar pues la acción de protección no reviste la naturaleza de una acción popular.

DÉCIMO: Que, adicionalmente, de los antecedentes allegados a los informes de las recurridas es posible constatar que, en forma contraria a lo sostenido por el representante del recurrente, los dineros asociados al convenio materia del recurso han sido íntegramente pagados a la Fundación de las Familias, entidad que así lo reconoce en forma explícita en su informe escrito como en su alegato oral, por lo que tampoco se verifica una actuación ilegal o arbitraria de los organismos del Estado, ni de la entidad privada recurrida, pues ésta ninguna medida ha debido adoptar para instar por un pago que ya se ha producido, consideración que abona el rechazo del recurso.

UNDÉCIMO: Que, por último, en lo relativo a cierres de centros administrados por la fundación recurrida que también son mencionados en el recurso, baste señalar que malamente podría pretenderse que, a través de esta acción cautelar y de urgencia, se obligue a una institución privada o persona particular a realizar determinadas actividades de beneficencia aún en perjuicio de su propia situación económica, pues ello resultaría contrario al ordenamiento jurídico vigente y a los derechos que este reconoce a los grupos intermedios de la sociedad.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, y en contra de la Fundación de las Familias, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Comuníquese, regístrese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°929-2026 (Protección).-