nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD COQUIMBO

nombre reservado

Ilustre Municipalidad de Coquimbo Recurso de protección Rol N°929-2025.- La Serena, nueve de julio dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece don Michael Yévenes Vidal, abogado, en favor de doña nombre reservado, técnico en enfermería, ambos con domicilio en domicilio reservado deduciendo recurso de protección en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO, representada legalmente por don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, señalando como omisión ilegal y arbitraria el no adoptar medida alguna de carácter preventivo o cautelar destinada a proteger a la recurrente de los actos de acoso sexual denunciados, lo que vulnera el legítimo ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 19 N°1, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

Sostiene que la actora se ha desempeñado por años como técnico de enfermería en el sector público, ejerciendo tal labor desde el año 2015 en el Centro de Salud Familiar de San Juan de la comuna de Coquimbo.

Relata que en el año 2015, época en que la actora estaba trabajando en modalidad a honorarios, el señor nombre reservado, quien trabajaba en el departamento de personal del mismo CESFAM, ejerció un acto de connotación sexual contra la recurrente. En concreto, relata que ella acudió a su oficina para solicitarle ayuda con un problema administrativo relativo a una boleta. Ya concluido ese trámite, señala que el referido funcionario se acercó a ella, desabrochó el uniforme a la altura del pecho y, de manera absolutamente sorpresiva, le expresó con tono lascivo: “Deja chuparte una teta”. Acto seguido, se abalanzó sobre ella, logrando lamer uno de sus senos, a pesar del inmediato intento de la trabajadora por alejarse. No obstante, afirma que no realizó denuncia en esa oportunidad por temor a perder su trabajo. Sin embargo, señala que, días después, tomó conocimiento que nombre reservado fue removido de su puesto a raíz de una denuncia por acoso realizada por otra funcionaria, doña nombre reservado. Desde entonces, y durante varios años, doña nombre reservado no volvió a tener contacto con el señor nombre reservado.

No obstante, señala que en el año 2020 el señor nombre reservado retornó al Centro de Salud Familiar como Director del mismo, verificándose un nuevo episodio, en el que la besó sin su consentimiento, lo que trajo aparejado que tuviera que tomar licencia médica prolongada, circunstancia que conllevó innumerables consecuencias económicas al no contar con los recursos derivados de la realización de turnos extras, e incluso llegando a atentar contra su vida producto de la afectación.

Menciona que luego acudió a la Asociación Chilena de Seguridad, entidad que concluyó que la patología que padece tiene origen laboral, estableciendo expresamente la existencia de conductas constitutivas de acoso sexual, presentando paralelamente denuncia ante la Contraloría General de la República y en la Fiscalía. En el caso de la denuncia ante Contraloría, precisa que fue por hechos constitutivos de acoso sexual, conforme a lo dispuesto en la Ley N°21.643 (“Ley Karin”), dándose inicio a un procedimiento disciplinario para investigar los hechos, encontrándose actualmente en curso.

Sin embargo, señala que la Municipalidad no ha adoptado medida alguna de carácter preventivo o cautelar destinada a proteger a la recurrente, a pesar de la gravedad de los hechos denunciados y de estar vigente un procedimiento administrativo disciplinario en curso, sino que, por el contrario, el Director del Centro de Salud Familiar de San Juan, don nombre reservado, continúa ejerciendo funciones directivas en el establecimiento, con la misma jerarquía y acceso al entorno laboral compartido.

Argumenta que dicho escenario no sólo constituye una omisión gravísima por parte de la autoridad recurrida, sino que además vulnera abiertamente lo dispuesto en la Ley N°21.643 –Ley Karin– la cual establece expresamente la obligación de adoptar medidas inmediatas para prevenir nuevos actos de acoso, evitar represalias y proteger la integridad de la víctima mientras se sustancia la investigación correspondiente.

Afirma que desde el mes de mayo de 2024 se encuentra con licencia médica, producto del grave daño emocional y psicológico que ha sufrido, diagnóstico avalado por los informes clínicos de la Asociación Chilena de Seguridad. Sin embargo, al no existir medidas concretas que permitan su reintegro laboral seguro, su permanencia en licencia médica se ha prolongado en el tiempo, impidiéndole retomar su fuente de ingresos habitual.

Señala que resulta inexplicable que, existiendo antecedentes de otras denuncias contra el mismo funcionario (como ocurrió en el año 2015) y habiéndose adoptado entonces medidas como el traslado a otra unidad, en la presente ocasión no se haya actuado con el mismo estándar de diligencia ni proporcionalidad.

Afirma que el actuar de la recurrida vulnera su derecho a la integridad física y psíquica, su derecho a la libertad de trabajo y su derecho de propiedad, consagrados en los numerales 1, 16 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Culmina solicitando se ordene a la recurrida adoptar todas las medidas necesarias que le permitan retornar a su lugar de trabajo en condiciones de resguardo emocional y físico, tales como el traslado del Director del Centro de Salud Familiar de San Juan de Coquimbo o, alternativamente, el de la propia recurrente a otro centro de salud, según lo determine, con costas.

Acompaña a su recurso: 1. Informe de antecedentes médicos de la actora, emitido por la Asociación Chilena de Seguridad, de 24 de diciembre de 2024; 2. Ficha de ingreso médico de la recurrente, emitido por la Asociación Chilena de Seguridad, de 8 de noviembre de 2024; 3. Denuncia efectuada en la Fiscalía de Coquimbo por el delito de abuso sexual, de 19 de diciembre de 2024; 4. Solicitud de activación de protocolo Ley Karin ante la Contraloría General de la República, de 3 de diciembre de 2024; 5. Pronunciamiento de la Contraloría General de la República; y 6. Boleta electrónica N°66805.

SEGUNDO: Que a folio 8, evacuó informe la recurrida Municipalidad de Coquimbo, solicitando el rechazo del recurso intentado, con costas.

Menciona antecedentes del proceso disciplinario iniciado a propósito de la denuncia efectuada por la actora, haciendo presente que el 18 de junio del 2025 se cerró el proceso investigativo y se inició la etapa de evaluación de los hechos y antecedentes.

Por otra parte, señala que al momento de recibir la denuncia de la recurrente, se aplicó lo establecido en la Ley N°19.378, iniciando la respectiva investigación.

Agrega, que el 5 de junio del 2025, se comunicó a la recurrente que se autorizó por parte de la Dirección del Departamento de Salud que, al retorno de su licencia médica, deba incorporarse al Centro de Salud Familiar Dr. Sergio Aguilar D., específicamente a la Unidad de Farmacia.

En consecuencia, afirma que se dispuso como medida preventiva la separación de ambos funcionarios, disponiendo el traslado de la denunciante a otro CESFAM, lo que se concretará una vez que ella retorne de su licencia médica; como manera de proteger su derecho a la integridad física y psíquica y el derecho a la libertad de trabajo.

Acompaña a su informe Memorándum Nº19-25, emitido por nombre reservado, de 23 de junio de 2025.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, atendido el mérito de los antecedentes, teniendo especialmente presente la circunstancia que, recién con posterioridad a la interposición de la presente acción, se autorizó por parte de la Dirección del Departamento de Salud que, al retorno de la licencia médica de la recurrente, esta se incorpore a trabajar al Centro de Salud Familiar Dr. Sergio Aguilar D., específicamente a la Unidad de Farmacia, según ha dado cuenta la propia Municipalidad recurrida al momento de evacuar informe y según aparece respaldado por el Memorándum Nº19-25 de 23 de junio de 2025, permite asentar que dicha entidad municipal efectivamente incurrió en una omisión en orden a tomar las medidas necesarias para resguardar la integridad y seguridad de la afectada ante la denuncia de acoso sexual. Ello se desprende claramente del hecho que la medida fue adoptada recién con ocasión de la interposición de la presente acción y la obligación de informar, lo que viene a confirmar el actuar previo omisivo de la recurrida.

Que, dicha omisión, además, debe considerarse como ilegal y arbitraria, por cuanto contraviene la regulación establecida mediante la Ley N°21.643 que modificó el Código del Trabajo y otros cuerpos legales, en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo (también conocida como “Ley Karin); como también, debe considerarse arbitraria, en tanto no aparece revestido de racionalidad la pasividad del ente edilicio ante la entidad y gravedad de los hechos denunciados, los que además motivaron la presentación de una denuncia ante Contraloría General de la República y ante el Ministerio Público.

SEXTO: Que, dicho actuar de la recurrida evidentemente ha afectado los derechos fundamentales a la integridad psíquica de la actora, consagrado en el artículo 19 N°1 de la Carta Fundamental, como también amenaza su derecho a la libertad de trabajo resguardado en el artículo 19 N°16 de la Carta Fundamental, lo que queda en evidencia frente a la circunstancia que la mutualidad respectiva declaró su padecimiento de origen laboral y las licencias médicas que ha debido tomar con motivo de los hechos, lo que a su vez perjudica sus posibilidades de desarrollar su actividad laboral, motivo por el cual la presente acción deberá ser acogida, en la forma que se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Coquimbo, sólo en cuanto se dispone que la I. Municipalidad de Coquimbo deberá mantener la medida ya adoptada y disponer todas aquellas que sean necesarias para asegurar la protección de la recurrente y a objeto que no mantenga contacto con el denunciado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°929-2025 Protección.-