nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO Y OTRO

nombre reservado

Ilustre Municipalidad de Coquimbo Recurso de Protección Rol N° 923-2024.- La Serena, catorce de agosto de dos mil veinticuatro.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que a folio 1, comparece el abogado Pablo Ortíz de Zárate Cerda, en representación de nombre reservado, con domicilio en la comuna de Coquimbo, interponiendo recurso de protección en contra de la Municipalidad de Coquimbo, rut. RUT reservado, representada legalmente por su alcalde don Alí Manouchehri Moghadam Kashan Lobos, ambos domiciliados en domicilio reservado, en su departamento Dirección de Tránsito, mismo domicilio, y contra el Segundo Juzgado de Policía Local de Coquimbo, con domicilio en domicilio reservado, a fin de que se adopten las providencias que se juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de su representado, todo ello debido a los actos u omisiones arbitrarias o ilegales cometidas por los recurridos y que privan, perturban o amenazan el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales, especialmente las contemplados en el artículo 19, números 3° y 16° de la Constitución Política de la República.

Refiere que, el 03 de enero de 2024, su representado y recurrente fue sentenciado por el Juzgado de Garantía de Los Vilos a la pena de 41 días de prisión en grado máximo y las accesorias del artículo 30 del Código Penal, en calidad de autor de un delito consumado de conducción de vehículo motorizado sin licencia requerida, previsto y sancionado en el artículo 194 de la Ley 18.290, cometido el 28 de junio de 2023 en la comuna de Canela.

Menciona que, concurriendo en la especie los requisitos establecidos en el artículo 4 de la Ley 18.216, el tribunal de grado sustituyó la pena privativa de libertad por la de remisión condicional de la pena, quedando sujeto al control administrativo y a la asistencia del Centro de Reinserción Social de Gendarmería de Chile de La Serena por el término de un año, y debiendo, además, cumplir durante dicho período con las condiciones legales del artículo 5 de la citada ley.

Expresa que, una vez que se le venció su licencia de conducir Clase B, el recurrente solicitó en la Dirección de Tránsito de la I. Municipalidad de Coquimbo su renovación, oportunidad en que ésta a través de la resolución administrativa N°264, de 05 de abril de 2024 le negó su renovación, desconociendo expresamente su contenido, pues no se le entregaron copias.

Señala que haciendo uso de los recursos que la ley le confiere, el recurrente llenó un formulario que le fue entregado por personal de la Dirección de Tránsito y elevó una solicitud al Juzgado de Policía local de Coquimbo, a efectos de que este le autorizara la renovación de su licencia. Sin embargo, el 16 de abril de 2024, el Segundo Juzgado de Policía Local confirmó lo resuelto por parte de la Dirección de Tránsito, negando la renovación de su licencia, pues según indica la conducta del peticionario es reprochable toda vez que ha sido condenado por un delito que para los efectos de la ley de tránsito es gravísimo y porque carece de idoneidad moral para obtener el tipo de licencia que pretende.

Indica “Que, a juicio del Tribunal la conducta del peticionario es reprochable, toda vez que ha sido condenado por un delito que para los efectos de la ley de tránsito es gravísimo; lo que, unido a la pretensión de renovar un tipo de licencia, este TRIBUNAL NO ACCEDERÁ a la petición del solicitante por considerar que carece de idoneidad moral para obtener el tipo de licencia que pretende. Y de conformidad con lo dispuesto en los arts. l3, l4, 15 y 16 de la Ley l8.290, Se confirma la resolución de la Dirección de Tránsito de Coquimbo. Notifíquese, Comuníquese y Archívese. Rol de causa N.º 75-2024”.

Sostiene que la actuación de los recurridos, es abiertamente ilegal y arbitraria e infringe en forma directa varias normas jurídicas de nuestro ordenamiento constitucional, siendo éstas, las contenidas en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, que consagra la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. Argumenta que la infracción a esta norma constitucional se encuentra constituido por el actuar arbitrario e ilegal tanto de la Dirección de Tránsito como asimismo por parte del Magistrado del Segundo Juzgado de Policía Local de Coquimbo, quienes han impedido otorgar una “Renovación” de su licencia sin fundamento, ya que según lo dispuesto en los artículos 13, 14 y 15 de la Ley 18.290.- se podrá negar el otorgamiento de una licencia de conducir por falta de idoneidad moral de los peticionarios de dichas licencias, pero no es menos cierto que el caso de marras, se trata de una renovación, situación fáctica que se encuentra fuera de la hipótesis establecidas en las normas antes referidas y que fueron utilizadas como fundamento para negarle al recurrente el legítimo derecho que tenía y tiene para que se le renueve su licencia de conducir.

Agrega que su representado fue objeto de sanción penal, y en esta no se advierte ninguna sanción principal o accesoria que lo someta a una suspensión de su licencia, situación en que, a juicio de esta parte redunda la arbitrariedad del actuar de las instituciones recurridas mediante el presente recurso.

Refiere que el acto arbitrario de los recurridos vulnera la garantía constitucional consagrada en el N° 16 del artículo 19 de la Carta Fundamental, ya que ésta genera una descalificación temprana carente de causa legal para desempeñar el derecho que legalmente asiste a su representado para trabajar en su calidad de empleado de una empresa que presta servicios a la minería, trabajo que precisamente desempeña con el uso de su licencia de conducir.

Expone que, de no revertir esta anómala situación mediante el presente recurso, no solo se verá afectada su fuente de ingresos, puesto que definitivamente no podrá trabajar, sino que además se verá afectada su familia, pues dependen directamente de esta fuente laboral, todos los cuales quedarán en la más completa indefensión si se permite que tales resoluciones objeto del presente recurso causen sus nefastos efectos permanentes, hecho que únicamente agravaría su desmesurado actuar.

Afirma que, según la jurisprudencia, el recurso de protección también procede respecto de aquellas resoluciones judiciales que causen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos y garantías establecidos en el artículo 20 de la misma, y en que el agraviado resulta ser una de las partes del pleito, como claramente ha ocurrido al caso de marras, máxime, si la resolución que es objeto de impugnación, no es recurrible a través de ninguna de las vías recursivas ordinarias conforme así lo establece el artículo 15 inciso tercero de la Ley 18.290.- Es por lo indicado que solicita el restablecimiento del imperio del derecho, debiendo tomar -a su juicio- las siguientes medidas: Declarar arbitraria e ilegal la Resolución N°264 de 05 de abril de 2024.-, de la Dirección de Tránsito de la I. Municipalidad de Coquimbo que deniega la renovación de la Licencia de Conducir del recurrente. Asimismo, declarar arbitraria e ilegal la resolución de 16 de abril del Segundo Juzgado de Policía local de Coquimbo que confirmó lo resuelto por la Dirección de Tránsito en su Resolución N°264, de 05 de abril de 2024, la cual deniega la renovación de la Licencia de Conducir Clase B, del recurrente, y , como consecuencia de lo anterior, restableciendo el imperio del derecho, ordenar se deje sin efecto ambas resoluciones antes referidas y en su remplazo ordenar sin más trámite se le renueve la licencia de conducir clase B a don nombre reservado, ya individualizado o las que se estimen en justicia y equidad, con expresa condenación en costas.

Segundo: Que, a folio 9, evacúa informe doña nombre reservado, Jueza Titular del Segundo Juzgado de Policía Local de Coquimbo.

Indica que el recurrente, don nombre reservado concurrió a la Dirección de Tránsito de Coquimbo, con el objeto de solicitar renovación de licencia de conducir profesional clase B, licencia que le fue denegada por dicha dirección por registrar en sus antecedentes las siguientes anotaciones: Autor del delito consumado de conducción de vehículo motorizado sin licencia requerida, previsto y sancionado el artículo 194 de la Ley 18.290, año 2024.

Agrega que dicha denegatoria fue remitida a su Tribunal mediante Ordinario Nº 264 de 10 de abril de 2024, en razón que el recurrente, don nombre reservado, en uso de las facultades que le confiere el artículo 15 inciso tercero de la Ley 18.290, interpuso reclamación toda vez que ha sido afectado por el rechazo debido a su falta de idoneidad moral.

Afirma que el Tribunal, resolviendo breve y sumariamente como dispone el inciso 3º del artículo 15 de la Ley 18.290, confirmando -el 16 de abril de 2024- la resolución de la Dirección de Tránsito fundado en que el postulante carece de idoneidad moral para renovar el tipo de licencia que se pretende, resolución que se fundó en hoja de vida de conductor y certificado de antecedentes.

Sostiene que para efectos de calificar la idoneidad moral del postulante, se ha tenido a la vista su certificado de antecedentes en el cual figura, entre otras anotaciones por infracciones al tránsito, una en calidad de autor del delito consumado de conducción de vehículo motorizado sin licencia requerida, previsto y sancionado el artículo 194 de la Ley 18.290, año 2024, que ha sido dictada por el Juzgado de Garantía de Los Vilos, en causa Nº1154-2023.

Menciona que para determinar la falta de idoneidad moral se ha basado en lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 18.290, disposición legal que establece que para calificar aquella idoneidad a que se refiere el artículo 13 de la misma ley, se considerarán las condenas que hayan sufrido en los últimos 5 años anteriores, entre otras, por delitos, cuasidelitos, faltas, infracciones o contravenciones a la Ley 18.290.

Puntualiza que el artículo 194 de la Ley 18.290 sanciona el delito de conducción de vehículo motorizado sin licencia requerida, delito por el cual el recurrente ha sido sancionado hace menos de un año a la fecha de su solicitud de renovación de licencia de conducción.

Tercero: Que, a folio 13, comparece el abogado Gabriel Osorio Vargas, en representación de la Ilustre Municipalidad de Coquimbo, solicitando sea rechazado en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Señala que el recurso de protección no es la vía para apelar de resoluciones judiciales, agregando que la Ley 18.290 de tránsito, fija un contencioso administrativo para la calificación de la idoneidad moral para obtener o renovar la licencia de conducir Refiere que el artículo 13 de la Ley de Tránsito establece dentro de los requisitos que todo conductor debe cumplir para la obtención o renovación de la licencia de conducir, la obligación del solicitante de acreditar ante el órgano administrativo su “idoneidad moral”.

A su vez, indica que según lo dispone el artículo 14 letras a) y b) del mismo cuerpo legal la idoneidad moral del solicitante será calificada por el director del departamento de Tránsito y Transporte público municipal respectivo, a la vista del informe de antecedentes expedido por el Servicio de Registro Civil e Identificación y del informe del Registro Nacional de Conductores, cuya fecha de emisión no sea anterior a 30 días y en el que se contengan todas las anotaciones que se registren, constando en él que el solicitante no se encuentre afecto a pena de suspensión o de inhabilidad para conducir vehículos, ni que se le ha denegado con anterioridad al postulante la licencia que hubiere solicitado Agrega que el artículo 16 indica que, para calificar la idoneidad moral de los interesados, se considerarán las condenas que haya sufrido en los cinco años anteriores, por las siguientes causas: por delitos, cuasidelitos, faltas, infracciones o contravenciones a la presente ley, a la Ley sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas y a la Ley 20.000, sobre Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas; por delitos o cuasidelitos para cuya perpetración se hubiere utilizado un vehículo; por delitos contra el orden de la familia y la moralidad pública; y por el delito de conducir con licencia de conductor, boleta de citación o permiso provisorio judicial para conducir, falsos u obtenidos en contravención a esta ley o pertenecientes a otra persona.

Menciona que el artículo 15 inciso tercero de la Ley de Tránsito señala que el postulante afectado por un rechazo en su solicitud de obtención o renovación de licencia de conducir por falta de idoneidad moral podrá reclamar, dentro de los cinco días hábiles siguientes de notificada esta resolución, ante el juez de Policía Local respectivo, el cual resolverá breve y sumariamente y apreciará la prueba en conciencia, no procediendo en contra de su resolución recurso alguno.

Manifiesta que, en el presente caso, el 5 de abril de 2024, el recurrente solicitó su renovación de licencia de conducir, no profesional, clase B. Sin embargo, revisado su certificado de antecedentes de conductor, don nombre reservado, director de Tránsito y Transporte Público de la entidad edilicia, señaló que no cumple con el requisito de idoneidad moral fijado en el mencionado artículo 13 de la ley de tránsito, en tanto cometió el delito previsto y sancionado en el artículo 194 de la Ley 18.290, fijándolo en esos términos en la resolución N° 264, de 5 de abril de 2024. Contra dicha resolución, el recurrente apeló al juzgado de policía local de Coquimbo, la que fue resuelta mediante sentencia de 16 de abril de 2024, en aquella resolución se señala que la conducta del recurrente es reprochable, puesto que ha sido condenado por un delito que es gravísimo para efectos de la ley de tránsito.

Señala que en recurrente en su libelo no explica de qué manera podría haber un actuar ilegal o arbitrario de su representada que vulnerara sus garantías fundamentales consagradas en el artículo 19 N° 3, salvo la distinción entre el otorgamiento y renovación de la licencia de conducir. Sin embargo, respecto a este punto, indica según lo prescrito en el artículo 19 de la Ley 18.290, la licencia de conducir será indefinida, y mantendrá su vigencia mientras el titular reúna los requisitos o exigencias establecidos en la ley. Así, la idoneidad moral que establece nuestra ley de tránsito es de aplicación permanente, exigiéndose y debiéndose acreditar en cada ocasión de renovación, como lo prescribe el inciso segundo del artículo 19.

Sostiene que tampoco puede prosperar en lo relacionado con el N° 16 del artículo 19 de la Carta Política, en tanto la licencia de conducir del recurrente en nada dice relación con el ejercicio de una actividad profesional, ni tampoco señala la manera en que podría afectarle la resolución contra la cual se recurre.

Afirma que, de acogerse el presente arbitrio, el recurso de protección se transformará en una vía de revisión de resoluciones judiciales dictadas por Tribunales en ejercicio de su competencia, desvirtuando su naturaleza cautelar.

Añade que la acción de protección constituye un arbitrio destinado a garantizar y proteger derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, sin que pueda llegar a constituirse en una instancia de declaración de derechos, ya que para ello existe la vía del juicio de lato conocimiento, que otorga a las partes en conflicto la posibilidad de discutir, formular alegaciones, rendir pruebas y deducir los recursos que sean del caso. Por tanto, advierte que la vía elegida por la actora para resolver la controversia surgida no es la correcta, toda vez que la litis planteada en autos trasciende los fines de la acción de protección de garantías constitucionales y no se condice con el carácter extraordinario y de tramitación breve y urgente que tiene el presente arbitrio, lo que determina que no sea procedente para sustituir acciones o procedimientos ordinarios o especiales en los que deban ventilarse y decidirse cuestiones relativas a la existencia, validez, declaración o extinción de derechos, como es la situación de la especie, que se refiere a una materia que ya conoció un tribunal y que podría haberse resuelto mediante la interposición de un recurso de queja, al no existir otro recurso posible contra una sentencia definitiva o interlocutoria que haga imposible la continuación del pleito.

Por todo lo indicado, solicita tener por informado el recurso de protección dentro del plazo conferido y, en definitiva, se sirva proceder a rechazarlo en todas sus partes, con expresa condena en costas, por los argumentos de hecho y de derecho señalados en su presentación.

Cuarto: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

De lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

Quinto: Que la alegación formulada por la recurrida Municipalidad de Coquimbo, en cuanto que no es admisible el recurso de protección respecto de resoluciones judiciales, deberá ser desestimada, por cuanto la resolución administrativa por la que se recurre es susceptible de esta acción constitucional y entendiendo que la recurrente debía agotar las vías que el procedimiento contenido en la Ley 18.290 le otorgó, esta acción queda a salvo mientras la decisión final sea expedida, decisión que fue puesta en conocimiento de la recurrente -sin que se cuestionara por parte de la recurrida- el 15 de mayo de 2024- que una vez acaecido dicho evento, es atendible la procedencia del recurso en curso, toda vez que la materia objeto del mismo ya no está siendo conocida en sede alguna.

Sexto: Que este recurso se erige en contra de la Resolución N°264 de 05 de abril de 2024.-de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Coquimbo que deniega la renovación de la Licencia de Conducir clase B del recurrente, la que posteriormente es confirmada mediante resolución de 16 de abril del mismo año del Segundo Juzgado de Policía local de Coquimbo, a través del procedimiento breve y sumario establecido en el artículo 15 inciso tercero de la Ley 18.290, del que hizo uso el recurrente y que de lo resuelto allí, no procede recurso alguno, conforme dispone la citada norma.

Conforme se ha informado por las recurridas la negativa a renovar la licencia de conducir del recurrente dice relación con carecer de la idoneidad moral exigida por el artículo 13 Nº 1 en relación con los artículo 14 letra B)1º y artículo 16 de la Ley l8.290, sustentada conforme lo resuelto por el Director de Tránsito y Transporte Público de la entidad edilicia, en que el solicitante (recurrente de autos) no cumple con el requisito de idoneidad moral fijado en el mencionado artículo 13 de la ley de tránsito, en tanto cometió el delito previsto y sancionado en el artículo 194 de la Ley 18.290, fijándolo en esos términos en la resolución N° 264, de 5 de abril de 2024.

Séptimo: Que el artículo 13 de la citada ley señala que los postulantes a licencia de conductor deberán reunir los siguientes requisitos generales: “1) Acreditar idoneidad moral, física y psíquica” que es la que importa para efectos de este recurso.

A su vez, el artículo 14 dispone que los requisitos para obtener las licencias se acreditarán de la siguiente manera: “A) LICENCIA PROFESIONAL 1º.- La idoneidad moral será calificada por el Director del Departamento de Tránsito y Transporte Público Municipal en que se solicita la licencia, a la vista del informe de Antecedentes expedido por el Gabinete Central del Servicio de Registro Civil e Identificación y del informe del Registro Nacional de Conductores, cuya fecha de emisión no sea anterior a 30 días, que contengan todas las anotaciones que se registren, y en los que consten que el solicitante no está afecto a pena de suspensión o de inhabilidad para conducir vehículos, ni que se le ha denegado con anterioridad al postulante la licencia que hubiere solicitado.

Por su parte el artículo 16 entrega elementos que permitirán calificar la idoneidad moral de los postulantes, señalando: “Para calificar la idoneidad moral de los interesados a que se refiere el artículo 13 se considerarán las condenas que hayan sufrido en los 5 años anteriores, por las siguientes causas: 1. Por delitos, cuasidelitos, faltas, infracciones o contravenciones a la presente ley, a la Ley sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas y a la ley Nº 20.000, sobre Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas; 2. Por delitos o cuasidelitos para cuya perpetración se hubiere utilizado un vehículo; 3. Por delitos contra el orden de la familia y la moralidad pública, y 4. Por el delito de conducir con licencia de conductor, boleta de citación o permiso provisorio judicial para conducir, falsos u obtenidos en contravención a esta ley o pertenecientes a otra persona”.

Octavo: Que de la lectura coordinada y sistematizada de las disposiciones legales previamente citadas, lo dispuesto en el artículo 16 no constituye un elemento que defina la idoneidad moral del postulante, toda vez que solo le indica al Director del Departamento de Tránsito y Transporte Público Municipal que debe considerar lo que la norma allí señala.

Revisado el concepto “considerará” utilizado por el legislador, conforme al Diccionario de la Real Academia Española, toda vez que no estamos en presencia de una palabra de aquellas que nos indican los artículos 20 y 21 del Código Civil, la primera acepción señala que considerar es: Pensar sobre algo analizándolo con atención. ‘considerar el asunto en todos sus aspectos’ y la tercera acepción define considerar como: Dedicar atención a alguien o algo.’ El jurado considera los argumentos de la defensa’.

Entonces la restricción absoluta para el Director está en la parte final del artículo 14 letra A) 1º “…y en los que consten que el solicitante no está afecto a pena de suspensión o de inhabilidad para conducir vehículos, ni que se le ha denegado con anterioridad al postulante la licencia que hubiere solicitado”. Que esta hipótesis no se da en el caso de la recurrente.

Por tanto, no siendo una restricción absoluta para la autoridad administrativa lo dispuesto en el artículo 16 y considerando además que en el citado artículo cuando el legislador quiso referirse a la existencia de comisión de un solo delito, utilizó expresamente el singular, como da cuenta el numeral 4., que emplea la expresión delito, en singular, y no en plural como lo hacen los numerales 1 a 3 de dicho artículo 16 y habida cuenta que el solicitante de renovación de licencia y recurrente de autos, aparece en los informes pertinentes, solo con un delito de los que considera el numeral 1 del artículo 16 y no pluralidad de delitos como parece requerirlo la norma en comento, y no estando en presencia de las restricciones del artículo 14 letra A)1º, aparece el actuar de la recurrida ilegal y arbitrario vulnerando la garantía constitucional establecida en el artículo 19 Nº 3 de la Constitución Política de la República, toda vez que el recurrente tiene derecho a la igual protección de la Ley en el ejercicio de sus derechos.

Por todo lo dicho el recurso de protección, ha de ser acogido, de la forma en que se dirá en lo resolutivo.

Y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado Pablo Ortíz de Zárate Cerda, en representación de nombre reservado, en contra de la Municipalidad de Coquimbo, representada legalmente por su alcalde don Alí Manouchehri Moghadam Kashan Lobos y contra el Segundo Juzgado de Policía Local de la misma comuna, dejándose sin efecto la resolución que niega renovar licencia al recurrente por carecer de idoneidad moral para los efectos de la Ley 18.290 y se ordena renovar la licencia clase B solicitada por el recurrente, de cumplirse con los demás requisitos establecidos en la ley.

Redactada por la abogada integrante, Elvira Badilla Poblete.

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Nº 923-2024 Protección