Protección contra Juez titular del Juzgado de Familia de La Serena

La Serena, dieciséis de Noviembre de dos mil diez.

VISTOS:

A fojas 8, comparece doña nombre reservado, abogado, domiciliada en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra de la Juez titular del Juzgado de Familia de La Serena, doña nombre reservado, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado.

Funda su acción, en que con fecha 22 de octubre del presente año, se realizó la audiencia preparatoria de la causa de alimentos RIT C-429-2010 seguida entre nombre reservado y nombre reservado, por los hijos comunes, acogiendo y dando lugar la Juez recurrida, a la solicitud de doña nombre reservado para que se requiriera y se mostrara en ese juicio, su información financiera y tributaria, ordenándose oficiar al Servicio de Impuestos Internos, a la Tesorería General de la República y a su empleador, Policía de Investigaciones de Chile, solicitando sus declaraciones de renta del año 2009 y que se informara sobre sus remuneraciones y tipo de contrato de trabajo, desconociendo la forma específica en que se requirió la información, ya que la recurrente no es parte en ese juicio ni tiene acceso al mismo.

Sostiene, que el acto recurrido vulnera la garantía del artículo 19 N° 3 y 4 de la Carta Fundamental, esto es la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos y el respeto y protección a la vida privada, principalmente porque no es parte en el proceso, y porque el único hecho que podría vincularla a dicho juicio es que don nombre reservado es legalmente su cónyuge, encontrándose casada bajo el régimen de separación total de bienes, y no tiene bienes en común, por lo que sus ingresos económicos no tienen ninguna relevancia en dicho juicio de aumento de alimentos, donde los últimos alimentos fueron fijados por avenimiento el año 2008, habiendo tenido su inicio la causa en el año 1994, encontrándose casada con el demandado de alimentos desde el año 2000.

Agrega que violar su intimidad le causa un agravio laboral, pues siendo su empleador Policía de Investigaciones, tiene un estricto Código de Ética, siendo motivo de sanción y malas calificaciones el hecho que los funcionarios estén involucrados en procesos judiciales, y más en su caso pues su permanencia es “a contrata” la que se evalúa año a año, y su desempeño es como abogado de funcionarios de la institución, por lo que el sólo hecho que llegue un oficio a su empleador, en que se requiera información de su situación laboral, ingresos y periodo de trabajo le originará problemas, debiendo dar explicaciones en una causa que le es totalmente ajena, solicitando se deje sin efecto de manera inmediata la resolución en que se ordena la investigación de sus ingresos y situación tributaria a las entidades y empleador indicados, y se adopte cualquier otra medida a objeto de garantizar y proteger los derechos vulnerados.

A fojas 18, informa la señora Juez del Juzgado de Familia de La Serena nombre reservado, señalando que efectivamente en dicho tribunal se ha interpuesto acción por aumento de alimentos en contra de nombre reservado, figurando como demandante doña nombre reservado, en representación de tres hijos comunes que tiene con el demandado, en causa RIT C-429-2010, realizándose con fecha 22 de octubre recién pasado audiencia preparatoria, donde se dedujo demanda reconvencional de rebaja de alimentos, por el demandado principal; solicitándose en dicha ocasión por la actora principal oficios a la Policía de Investigaciones de Chile, para conocer el monto de la jubilación, monto y fecha de bono de retiro del demandado, y para determinar si la recurrente trabaja para dicha institución, en qué calidad y su remuneración, además de oficios a Tesorería General de la República y al Servicio de Impuestos Internos, para conocer las declaraciones de renta del demandado y su cónyuge la recurrente, oficios que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 31 de la ley de Tribunales de Familia fueron acogidos y no excluidos, toda vez que los estimó pertinentes, en razón que el demandado al deducir demanda reconvencional de rebaja de alimentos señaló como fundamento que debe contribuir a la mantención de sus hijos matrimoniales, nacidos del matrimonio con la recurrente de autos, por lo que los ingresos de ésta necesariamente inciden en la capacidad económica del demandado, toda vez que a mayores ingresos de la recurrente, menor es la proporción de aporte económico que el demandado debe contribuir a sus hijos comunes; tampoco fueron excluidos por ilicitud, ya que no es prueba contraria a derecho, dado que conforme lo prescribe el artículo 35 del Código Tributario, la divulgación de la cuantía o fuente de las rentas sólo tendrá lugar como excepción cuando se requiera en juicios de alimentos, sin distinguir la excepción que la información se requiera de las partes o de otras personas cuyo patrimonio incida en la decisión del juicio; y tampoco se excluyeron por sobreabundantes, pues la actora no ofreció otra prueba tendiente a acreditar la real capacidad económica del demandado, determinada ésta por la capacidad económica de su cónyuge.

Hace presente que el demandado don nombre reservado, dedujo recurso ordinario de reposición en el juicio, solicitando que no se despacharan los oficios tendientes a investigar la capacidad económica de su cónyuge, el cual fue resuelto, no siendo procedente otro recurso al respecto; además ni señaló en momento alguno encontrarse distanciado de su actual cónyuge, la recurrente, lo cual en nada afecta en torno a la necesidad de determinar la real capacidad económica del demandado, toda vez que ambos padres deben concurrir en relación a su capacidad a solventar las necesidades de los hijos comunes; advirtiendo intereses comunes del demandado por alimentos y la recurrente de autos, toda vez que ambos han solicitado la no remisión de los oficios.

Añade que, respecto de los derechos fundamentales que alega la recurrente vulnerados, esto es, los consagrados en el artículo 19 N° 3 y 4 de la Constitución Política, en el evento que se estimen conculcados, existiría una colisión de derechos, puesto que la Convención Internacional de los Derechos del Niño, consagra como principio rector el interés superior del niño, debiendo el Juez de Familia, resguardar el derecho a que sus padres cubran sus necesidades de acuerdo a su posición social y reales capacidades económicas del alimentante, y en los juicios de alimentos habitualmente se investigan los ingresos del grupo familiar.

Agrega, que respecto de la procedencia de un recurso extraordinario como lo es el de protección, para dejar sin efecto una resolución judicial, hay bastante jurisprudencia emanada de los tribunales superiores de justicia que ha señalado su improcedencia, tales como causa Rol N° 235-2007 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, confirmada por la Excelentísima Corte Suprema en causa Rol N° 4.234-2007 y en igual sentido causa Rol N° 766-2007, en causa Rol N° 435-2005 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena, confirmada por la Excelentísima Corte Suprema en causa Rol N° 2.833-2005 y en igual sentido en causa Rol N° 4.044-2007, y en causa Rol N° 190-2007 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, confirmada por la Excelentísima Corte Suprema en causa Rol N° 4.272-2007.

Finaliza indicando que respecto al hecho de que la recurrente de autos no sea parte del juicio de aumento de alimentos y reconvencionalmente de rebaja de alimentos, no es fundamento para recurrir de protección, toda vez que como tercero interesado puede comparecer al respectivo juicio y hacer valer sus derechos, existiendo los mecanismos necesarios para tal efecto; siendo el objetivo del recurso invocado dar protección a ciertas garantías constitucionales afectadas por un acto u omisión ilegal o arbitario, no pudiéndose considerar que la orden emanada de un tribunal de la República, en un juicio legalmente tramitado, sea ilegal o arbitraria.

A fojas 28, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido establecido en favor de quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen a través de esta acción cautelar, a fin de restablecer el imperio del derecho y asegurar una debida protección al o a los perjudicados.

nombre reservado: Que en el presente recurso, el acto que se considera arbitrario e ilegal se hace consistir en que en la causa de alimentos RIT C-429-2010 seguida entre nombre reservado y nombre reservado, por los hijos comunes, la Juez de Familia ordenó requerir información financiera y tributaria de la recurrente, por medio de oficios al Servicio de Impuestos Internos, a la Tesorería General de la República y a su empleador, Policía de Investigaciones de Chile, solicitando sus declaraciones de renta del año 2009 y que se informe sobre sus remuneraciones y tipo de contrato de trabajo.

La recurrente de autos estima conculcada la garantía constitucional de los N° 3 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política, esto es, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos y el respeto y protección a la vida privada, principalmente porque no es parte en el proceso, y porque el único hecho que podría vincularla a dicho juicio es que don nombre reservado es legalmente su cónyuge, por haber decretado la juez de Familia recurrida las diligencias referidas.

TERCERO: Que, entonces, y acorde con lo que ha venido señalando la jurisprudencia y la doctrina, resulta inadmisible la acción de protección cuando ella se interpone en contra de resoluciones judiciales, como es el caso de autos, dado que de aceptarse, se estaría convirtiendo este recurso de protección en un recurso subsidiario de aquéllos ordinarios y extraordinarios que consagra la ley para impugnar resoluciones judiciales.

De este modo se alteraría el orden y estructura de todo el procedimiento. A lo anterior debe agregarse que el recurso instaurado es en su esencia una acción que genera un proceso de urgencia de tipo inquisitivo y no un recurso o medio para impugnar resoluciones judiciales.

La Convención Internacional de los Derechos del Niño, consagra como principio rector el interés superior del niño, debiendo el Juez de Familia, resguardar el derecho a que sus padres cubran sus necesidades de acuerdo a la posición social y reales capacidades económicas del alimentante, y en los juicios de alimentos habitualmente se investigan los ingresos del grupo familiar.

CUARTO: Que a lo expresado se añade que de la discusión habida en la comisión respectiva, se desprende que el constituyente entendió que la acción de protección es improcedente frente a un proceso judicial legalmente incoado, donde existen recursos que ejercer en contra de una resolución agraviante y que, por el contrario, sí resulta procedente en contra de una resolución judicial dictada en un proceso que no ha sido legalmente incoado, (Aspectos procesales del recurso de protección. Juan M. Errázuriz G., José Miguel Otero A. Editorial Jurídica de Chile), no sucediendo esto último en el caso de autos;

QUINTO: Que conforme lo antes dicho aparece que la juez recurrida al pronunciarse en la audiencia del 22 de octubre último respecto de las diligencias solicitadas, las cuales dispuso, teniendo en vista el auto de prueba dictado en autos, actuó dentro del marco legal, de manera que tal resolución no puede ser calificada de ilegal ni arbitraria como pretende la recurrente y por ello es que no resulta procedente acoger el recurso de autos, pues no se han vulnerado las garantías constitucionales que pretende.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 N° 3 y 4 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE DECLARA:

Que se rechaza, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, en contra de la Juez Titular del Juzgado de Familia de La Serena doña nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministro titular doña María Angélica Schneider Salas.

ROL N° 923-2010.