nombre reservado con SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD

nombre reservado nombre reservado

SEREMI de Salud Coquimbo Recurso de protección Rol Nº919-2026 La Serena, veintidós de junio de dos mil veintiséis.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece doña nombre reservado, comerciante, con domicilio en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la SEREMI DE SALUD, REGION COQUIMBO, persona jurídica del giro de su denominación, Rol Único Tributario Nº61.601.000-K, representada legalmente por doña nombre reservado, profesión u oficio desconocido, en su calidad de Secretaria Regional Ministerial de la Región de Coquimbo, ambos con domicilio en domicilio reservado, por los actos que señala como ilegales y arbitrarios, consistentes en: 1) rechazar el recurso de reconsideración presentado contra la Resolución N°2604114 de 29 de enero de 2026, mediante la cual se impuso una multa de 10 U.T.M., y 2) no resolver el recurso de reconsideración presentado contra la Resolución N°260434, de 29 de enero de 2026, mediante la cual se impuso una multa de 30 U.T.M.; lo que vulnera los derechos fundamentales establecidos en los numerales 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política.

Expone que el origen de los procedimientos sancionatorios se encuentra en una fiscalización practicada el 23 de septiembre de 2025 por una funcionaria de la SEREMI de Salud, en predios rurales de su propiedad ubicados en el sector Miraflores de la comuna de Vicuña, diligencia que tuvo lugar con ocasión de la investigación administrativa iniciada tras el fallecimiento de quien fuera su trabajador, don nombre reservado, ocurrido el 13 de septiembre de 2025 luego de una intoxicación por ingesta de herbicida Paraquat.

Explica que durante dicha visita la fiscalizadora levantó un acta en la que consignaron 25 observaciones vinculadas al supuesto incumplimiento del Protocolo de Vigilancia de Salud de los Trabajadores Expuestos a Plaguicidas y de diversa normativa sanitaria complementaria. Entre dichas observaciones, indica que se incluyeron la inexistencia de evaluaciones cualitativas de riesgo por exposición a plaguicidas; la falta de entrega al organismo administrador de la Ley N°16.744 del programa anual de aplicación de plaguicidas y de la nómina de trabajadores expuestos; la ausencia de medidas de control ingenieril; deficiencias en el manejo de residuos peligrosos; falta de capacitación de los trabajadores; inexistencia de franjas de seguridad; omisión de informar a la población sobre aplicaciones de plaguicidas; ausencia de señalización de las zonas tratadas; incumplimiento de períodos de reingreso; falta de mantención y calibración de equipos; inexistencia de procedimientos de trabajo seguro; deficiencias en almacenamiento de plaguicidas; falta de gestión de riesgos; incumplimientos relativos a elementos de protección personal; ausencia de capacitación y difusión del protocolo respectivo; y falta de registros y comunicaciones a trabajadores, sindicatos y comités paritarios.

Además, la fiscalizadora dejó constancia que, si bien al momento de la inspección no se encontraron plaguicidas almacenados en el predio, el 10 de septiembre de 2025 un trabajador habría ingresado voluntariamente a una bodega existente en el lugar, ingiriendo un herbicida y falleciendo posteriormente, circunstancia que motivó una investigación paralela.

Enseguida, la recurrente reproduce sus descargos, señalando que las conclusiones de la autoridad se fundan en una apreciación errónea de la realidad de los hechos. Explica que es propietaria de tres predios rurales y de derechos de aprovechamiento de aguas, pero que la explotación agrícola de dichos bienes se encontraba entregada a un tercero, don nombre reservado, mediante un contrato de medianería celebrado el 8 de septiembre de 2025, cuyas firmas fueron autorizadas ante notario. Afirma que, en virtud de dicho acuerdo, las labores de producción agrícola, incluyendo la compra, almacenamiento, manipulación y aplicación de plaguicidas, eran ejecutadas exclusivamente por el medianero, con sus propios trabajadores y bajo su propia organización, por lo que era éste quien debía dar cumplimiento a las obligaciones sanitarias que la autoridad le atribuyó indebidamente a ella. Agrega que tal circunstancia fue oportunamente puesta en conocimiento de la SEREMI al evacuar sus descargos y acreditada mediante la incorporación del referido contrato de medianería y otros antecedentes documentales.

Con relación al trabajador fallecido, manifiesta que don nombre reservado trabajó para ella durante más de veintiocho años, desempeñando labores agrícolas de mantención y cuidado de los predios, pero nunca funciones relacionadas con la aplicación de plaguicidas. Señala que su fallecimiento constituye un hecho lamentable que aún es objeto de investigación por parte del Ministerio Público, y que desconoce las circunstancias exactas en que obtuvo el herbicida que habría ingerido. Afirma que resulta falso sostener que éste ingresó a una bodega de su propiedad para consumir dicho producto, pues fue encontrado tendido junto a su vehículo particular y no al interior de una bodega. Añade que tampoco existían plaguicidas almacenados en el inmueble, pues desde hace tiempo éstos eran adquiridos, almacenados y preparados por el medianero en un predio distinto de su propiedad, para luego ser trasladados al lugar de aplicación cuando correspondía. Destaca que la propia fiscalización constató la inexistencia de plaguicidas almacenados en sus dependencias y que acompañó fotografías que muestran que la bodega era utilizada para almacenar productos agrícolas secos, particularmente pasas, y no sustancias químicas peligrosas.

Expone que, al evacuar sus descargos en el sumario sanitario, procedió a refutar detalladamente cada una de las veinticinco observaciones formuladas por la fiscalizadora. Así, respecto de la falta de evaluaciones de riesgo, programas de aplicación, nóminas de trabajadores expuestos, medidas de control, capacitaciones, señalizaciones, manejo de residuos, elementos de protección personal y demás exigencias normativas, sostuvo reiteradamente que tales obligaciones recaían sobre el medianero encargado de las labores agrícolas y no sobre ella. En cuanto a las observaciones relativas a la aplicación de plaguicidas, añadió que el día de la fiscalización no se estaba realizando ninguna aplicación en los predios; que no existían residuos, envases ni productos almacenados en las bodegas inspeccionadas; y que los equipos, procedimientos y programas fitosanitarios eran administrados por el medianero en un domicilio distinto. Asimismo, respecto de los cargos relacionados con comités paritarios, sindicatos y difusión de protocolos, alegó que hasta el 10 de septiembre de 2025 contaba únicamente con un trabajador dependiente, por lo que no se encontraba legalmente obligada a constituir tales organismos. A su juicio, todos estos antecedentes permitían descartar las infracciones imputadas, circunstancia que fue completamente ignorada por la autoridad sanitaria.

Por otra parte, refiere que el sumario sanitario constituye una manifestación de la potestad sancionadora de la Administración y, por ende, una expresión del ius puniendi estatal, razón por la cual debe respetar las garantías mínimas que integran el debido proceso. Señala que la autoridad administrativa no sólo debe constatar adecuadamente los hechos y determinar correctamente al sujeto responsable de las infracciones, sino también otorgar al afectado una oportunidad real de defensa y resolver fundadamente las alegaciones formuladas.

Sostiene que la resolución que confirmó la multa de 10 UTM no satisface dichos estándares, pues omite pronunciarse sobre el contenido sustancial de sus descargos, no analiza el contrato de medianería ni la restante prueba documental acompañada, no explica las razones por las cuales descarta su defensa basada en la ausencia de responsabilidad respecto de la aplicación y almacenamiento de plaguicidas, y tampoco desarrolla una motivación suficiente que permita comprender por qué mantiene la sanción. Añade que la autoridad habría infringido los principios de fundamentación, racionalidad y contradicción que emanan de la Ley N°19.880 y de las garantías constitucionales aplicables a todo procedimiento sancionador.

Por otra parte, sostiene que la demora superior a cuatro meses en resolver la reposición deducida contra la multa de 30 UTM constituye una omisión ilegal y arbitraria de la Administración, pues desconoce el deber de resolver oportunamente las solicitudes sometidas a su conocimiento y vulnera el derecho de toda persona a obtener una decisión dentro de un plazo razonable. Afirma que esta situación adquiere especial gravedad porque dicha segunda sanción se sustenta, según indica, en los mismos hechos y cargos que ya fueron considerados para imponer la multa de 10 UTM, de manera que la actuación de la autoridad no sólo genera incertidumbre jurídica, sino que además amenaza con producir una doble sanción respecto de una misma situación fáctica.

Alega que ello resulta contrario a los principios que limitan el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa y constituye una afectación a los derechos fundamentales a la igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, así como el derecho al debido proceso garantizado en el artículo 19 N°3 del mismo cuerpo normativo, en su vertiente específica del derecho a obtener una sentencia o resolución fundada dentro de un plazo razonable.

Por tales fundamentos, solicita que se acoja el recurso de protección, dejando sin efecto la Resolución N°2604464 de la SEREMI DE SALUD REGION DE COQUIMBO, disponiendo la dictación de los actos administrativos correspondientes a fin de dejar sin efecto la multa a beneficio fiscal de un valor de 10 U.T.M., por quién corresponda; y respecto del sumario sanitario cuyo recurso de reposición está pendiente, se ordene la resolución final del mismo en el más breve plazo posible, debiendo ella ser absolutoria, toda vez que se condenó a una pena de multa a beneficio fiscal, dos veces, por los mismos cargos; sin perjuicio de las otras medidas que se estimen necesarias para restablecer el imperio del derecho, con costas.

SEGUNDO: Que, a folio 8 del expediente digital, se evacuó informe por la recurrida, solicitando el rechazo del recurso.

Señala que la recurrente ha sido objeto de dos procesos sumariales por parte de dicha autoridad. Precisa que ambos fueron iniciados el 23 de septiembre de 2025, pero para fiscalizar situaciones distintas.

El proceso sumarial concluido por Resolución Exenta N°2604114 del 29 de enero de 2026, se inició con la finalidad de investigar una intoxicación aguda por plaguicidas, sancionándose a la sumariada con una multa de 10 UTM por infracción al DS 43/2016, sobre almacenamiento de sustancias peligrosas. Contra dicha sentencia, se interpuso recurso de reposición, el que resultó rechazado por la autoridad, habida consideración de que no se aportaron elementos nuevos que permitieran reconsiderar la sanción.

El proceso sumarial concluido por Resolución Exenta N°260434 de 29 de enero de 2026., se inició con la finalidad de verificar el cumplimiento del protocolo de vigilancia de salud de trabajadores expuestos a plaguicidas, sancionándose a la sumariada con 30 UTM por incumplimientos al DS 158/25, 148/04, DS 594/99, entre otros. Contra dicha sentencia, se interpuso recurso de reposición, el que resultó rechazado por la autoridad, habida consideración de que no se aportan elementos nuevos que permitan reconsiderar la sanción.

De lo expuesto, señala que ambos procedimientos no se fundan en los mismos cargos, pues el objetivo de fiscalización, con su consecuente asociación normativa, no resulta igual, por lo que no se configura la triple identidad que exige la doctrina para constituir vulneración al principio de non bis in ídem.

Precisado lo anterior, y en cuanto a la alegación de la recurrente en torno a indicar en el acta de inspección la normativa sanitaria presuntamente vulnerada, señala que el proceso sumarial se rige por normas específicas, y sólo de forma supletoria aplican otros cuerpos normativos, como por ejemplo, la Ley N°19.880.

En tal sentido, refiere que yerra la recurrente en sus dichos, desde que lo que el fiscalizador constata en terreno son hechos, y sólo en la medida que sea posible, se asocian con alguna norma en particular. Así lo recoge el Manual de Fiscalización Sanitaria, aprobado por Resolución Exenta N°216 de 13 de abril de 2012, del Ministerio de Salud, vigente a la fecha, numeral tercero, a propósito del levantamiento y contenido del acta de inspección, donde la letra c) establece: “Hechos que constituyen la eventual infracción a la normativa sanitaria presuntamente infringida y alusión a ésta, con su respectiva denominación si fuere posible”.

Por lo expuesto, afirma que el acta levantada cumple con los estándares exigidos y no se afecta el derecho a defensa bajo ningún supuesto, máxime considerando que la sumariada efectuó sus descargos haciéndose cargo de todo lo señalado en acta.

Ahora bien, en cuanto a la apertura de un término probatorio y la referencia al artículo 35 de la Ley N°19.880, se reitera el argumento en cuanto al carácter especial del sumario sanitario, y en este sentido, el Código Sanitario en su Título II del Libro X, regula el procedimiento, estableciendo en el artículo 163, que en el caso de sumarios iniciados de oficio, como el de la especie, “la persona citada deberá concurrir el día y horas que se señale, con todos sus medios probatorios. En caso de inasistencia, tendrá lugar lo dispuesto en el artículo 158 del presente Código”. Por lo tanto, indica que la instancia de los descargos es la etapa procesal donde el sumariado debe adjuntar todos sus medios probatorios, tendientes a desvirtuar las observaciones. En este orden de ideas, y en vinculación con la facultad del artículo 177 del Código Sanitario, especificar que se trata de una atribución de la autoridad, en atención a los hechos investigados y su gravedad sanitaria, no siendo obligatoria su aplicación. Afirma que, en el caso investigado, la cantidad de observaciones no ameritaba la aplicación de una amonestación.

Sobre el hecho de que los procesos sumariales se iniciaron por el mismo cargo, se remite a lo señalado anteriormente, en cuanto a no configurarse vulneración al principio de non bis in ídem, por faltar triple identidad.

Finalmente, sobre la presunta dilación en resolver recurso de reposición asociado a multa de 30 UTM (Resolución N°260434), señala que ello no es efectivo, por cuanto el mismo fue resuelto el 21 de abril de 2026, notificado en la misma fecha a la recurrente vía correo electrónico registrado para estos efectos. Sobre el plazo de resolución, y sin perjuicio de lo prescrito en el artículo 59 de la Ley N°19.880, invoca la jurisprudencia de la Contraloría General de la República, en el sentido que “el establecimiento de plazos tiene por finalidad el logro de un buen orden administrativo para el cumplimiento de las funciones o potestades de los órganos públicos, por lo que su vencimiento no implica, por sí mismo, la caducidad o invalidación del acto respectivo ni impide que las correspondientes actuaciones se lleven a cabo con posterioridad” (aplica dictámenes N°1.752/2017, N°2.072/2019, N°6.266/2020, entre otros).

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones, arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, los actos que se estiman ilegales y arbitrarios por la parte recurrente, consisten en: 1) el rechazo el recurso de reconsideración presentado contra la Resolución N°2604114 de 29 de enero de 2026, mediante la cual se impuso una multa de 10 U.T.M.; y 2) la falta de resolución del recurso de reconsideración presentado contra la Resolución N°260434, de 29 de enero de 2026, mediante la cual se impuso una multa de 30 U.T.M.

Solicita que se deje sin efecto la Resolución N°2604464 de la SEREMI DE SALUD, disponiendo la dictación de los actos administrativos correspondientes a fin de dejar sin efecto la multa a beneficio fiscal de un valor de 10 U.T.M.; y que se ordene la resolución del recurso de reconsideración que se encuentra pendiente.

SEXTO: Que, para la resolución del asunto, en primer lugar, se debe tener presente que la parte recurrente invoca como derechos fundamentales afectados el derecho a la igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política, como el derecho al debido proceso resguardado en el artículo 19 N°3 del mismo cuerpo normativo.

No obstante, es preciso señalar que, respecto a la primera garantía invocada, la parte recurrente no acompañó elementos de juicio mínimos, que permitan colegir la existencia de algún trato desigual con respecto a otros administrados o fiscalizados, que se hayan encontrado en la misma situación que la actora, lo que desde ya, lleva a descartar la vulneración a tal derecho fundamental.

Por otra parte, en cuanto al derecho fundamental al debido proceso esgrimida por la recurrente, se debe tener presente que dicha garantía no se encuentra amparada por la acción constitucional de protección regulada en el artículo 20 de la Carta Fundamental, pues ésta únicamente resguarda el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, contenida en el inciso quinto del numeral 3 del artículo 19, la que no ha sido invocada por la recurrente, motivos que resultan suficientes para proceder al rechazo de la acción.

SÉPTIMO: Que, por otra parte, en cuanto a la falta de resolución respecto del recurso de reposición presentado contra la resolución de multa N°260434, por un monto de 30 UTM, debe tenerse presente que aquella ha perdido oportunidad, por cuanto la SEREMI de Salud ha cuenta que tal recurso fue resuelto el 21 de abril de 2026, confirmado la referida multa.

Conforme a lo anterior, es que se verifica que la situación de hecho que motivó la interposición de la acción, respecto del referido acápite, ha dejado de existir, motivo por el cual esta Corte no se encuentra actualmente en condiciones de adoptar las providencias necesarias e indispensables para asegurar la debida protección que solicita el recurrente, en los términos que lo contempla el artículo 20 de la Constitución Política. En efecto, debe precisarse que lo solicitado por el recurrente en su libelo, consistía en la emisión de la resolución respecto del recurso de reconsideración presentado, y no a la falta de notificación de la misma, como intentó deslizarlo el apoderado de la recurrente en estrado. En consecuencia, el alcance del recurso, en los términos que fueron planteados en el libelo, ha perdido oportunidad y, por consiguiente, no existiendo a la fecha de expedición de este fallo cautela urgente que adoptar, el presente recurso de protección tampoco podrá prosperar respecto a dicho capítulo.

OCTAVO: Que, por otra parte, en cuanto a los reproches que la recurrente formula al sumario sanitario respecto de la primera infracción, se debe tener presente que si la actora pretendía impugnar la legalidad de tales actuaciones, debe acudir a las vías ordinarias establecidas para dicho efecto en el artículo 171 del Código Sanitario, mediante el reclamo judicial respectivo, en que se franquean las acciones y procedimientos para la discusión de tales asuntos, no siendo este recurso la vía idónea para ello.

NOVENO: Que, en efecto, de las alegaciones del recurrente se advierte que, en definitiva, el sustento de los cuestionamientos que formula, dice relación con la efectividad de los hechos constatados por el fiscalizador actuante, aspectos que la recurrente controvierte.

Así, constatado lo anterior, permite situar esta discusión en un ámbito que escapa de la acción constitucional ejercida, toda vez que esta última supone hechos ciertos y derechos indubitados en juego, nada de lo cual ocurre en la especie, pues como se desprende del propio libelo intentado, es dable entender que las situaciones fácticas que afectarían los derechos invocados por la actora, en que sostiene su recurso son, básicamente hechos controvertidos.

DÉCIMO: Que, además, cabe recordar que el recurso de protección es un procedimiento excepcional que “Se aplica sólo cuando existe una amenaza, perturbación o privación del legítimo ejercicio de un derecho esencial producida por una acción u omisión arbitraria o ilegal de un tercero, sea este público o privado, existiendo una manifestación de dicha actuación que no requiere de un proceso de prueba complejo, la afectación del derecho debe ser relativamente clara o evidente. En caso contrario, debe utilizarse el procedimiento ordinario o sumario correspondiente.” (Nogueira Alcalá, Humberto; El Recurso de Protección en el Contexto del Amparo de los Derechos Fundamentales Latinoamericano e Interamericano, en Revista Ius et Praxis, 13 (1): 75 - 134, 2007), por lo que abona el rechazo de este recurso el hecho que nos encontramos en sede cautelar de urgencia en la cual no es dable una discusión para la declaración de derechos dubitados, lo que requiere de un proceso de lato conocimiento, circunstancia esta última presente en la especie, lo que no puede llevar sino al rechazo de la presente acción.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Coquimbo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°919-2026.- (Protección)