Protección contra Prefectura de Carabineros Limarí́

nombre reservado, nombre reservado

Carabineros de Chile Recurso de Protección Rol N° 9166-2022.

La Serena a veinticinco de febrero de dos mil veintitrés.

Vistos y considerando:

Primero: Que el abogado Ricardo Andrés Vega Vergara, con domicilio en La Serena, actuando en representación de don nombre reservado, ex funcionario público, domiciliado en la región metropolitana, deduce recurso de protección en favor de su representado, en contra de la Prefectura de Carabineros Limarí́, representada por el nombre reservado, nombre reservado, con domicilio en la ciudad de Ovalle, por los actos y omisiones de carácter ilegales y arbitrarios adoptados por dicha autoridad de Carabineros con fecha 29 de Octubre de 2022, al disponer la “Baja por nombre reservado con Efectos Inmediatos” de su representado y el consecuente cese simultáneo de sus remuneraciones como funcionario de Carabineros (Suboficial Mayor), sin existir antecedentes probatorios que califiquen, de tal gravedad, la supuesta falta que se le atribuye a su representado y que hagan inconveniente su permanencia en la institución –existe una “desproporción” y “ausencia de evidencia” para adoptar la resolución de baja inmediata – y, por sobre todo, porque la recurrida omitió, deliberadamente, la aplicación del artículo 84 ter, inciso final de la Ley 18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, en actual vigencia, que ordena la “suspensión” tanto del “procedimiento disciplinario” como el plazo de la “prescripción de la acción disciplinaria”, en el caso de formularse denuncia o querella por los mismos hechos que originan el proceso interno y cuya exigencia legal ya se había cumplido con anterioridad a la fecha de la sanción de baja inmediata, haciendo la recurrida, por tanto, caso omiso a la expresa e imperativa disposición legal y dictando, de igual forma, un acto administrativo-disciplinario del todo severo y perjudicial para su patrocinado que causó no solo su inmediata desvinculación, sino también la privación de sus emolumentos mensuales y demás derechos previsionales.

Señala que las acciones y omisiones de la recurrida, han vulnerado las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N°2 “Igualdad ante la Ley”, 19 N°4 “Respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia”, 19 N°16 “Libertad de trabajo, y su libre elección y contratación”, 19 N°24 “Derecho de Propiedad en todas sus formas” de la Constitución Política de la República de Chile, en atención a que el nombre reservado de la Prefectura de Carabineros Limarí, por una parte, omitió una actuación legal imperativa e insistió en cuanto a no dar cumplimiento a la norma contenida en el inciso final del artículo 84 ter de la Ley 18.961, que ordena la suspensión del procedimiento disciplinario y del plazo de prescripción de la acción disciplinaria, una vez se formule una denuncia o querella, lo que en definitiva afecta la igualdad ante la ley, toda vez que la recurrida sin razón observó un tratamiento administrativo distinto al ordenado por ley, al no suspender el procedimiento desde el momento que se cursó la denuncia penal, lo que fue en desmedro de su representado, que lo anterior se constituye en un trato desigual e infundado y, por otra parte, desafiando el mismo precepto legal expreso, la recurrida dictó un acto administrativo ilegal y arbitrario (Resolución Exenta Nº05 de fecha 29 de octubre de 2022, dictada por la referida Prefectura de Carabineros Limarí) que, sin mediar mérito probatorio, alguno – y vulnerando el Principio de Presunción de Inocencia y Principio de Proporcionalidad –, resuelve la inmediata eliminación de don nombre reservado de las filas de la institución de Carabineros de Chile por “nombre reservado” y, a mayor abundamiento, lo priva forzadamente de sus remuneraciones. Esto, además, de tratarse de un acto contrario a derecho y atentar en contra de la igualdad ante la ley, también vulnera su derecho a la libertad de trabajo, su protección y su libre lección y contratación, como asimismo, al legítimo derecho de percibir sus remuneraciones como Suboficial Mayor de Carabineros a contar del mes de Noviembre de 2022.

Relatando los hechos señala que su representado, don nombre reservado, Suboficial Mayor de Carabineros, máximo grado que puede alcanzar el personal de nombramiento institucional (P.N.I.) del escalafón de orden y seguridad de Carabineros de Chile, se desempeñó como Jefe de la Tenencia de Carabineros Punitaqui de la 3ra. Comisaría Ovalle, dependiente de la Prefectura de Carabineros Limarí - Ovalle, desde el día 05 de Mayo de 2019 y ejerció dicho cargo hasta el día 29 de Octubre de 2022, es decir, por más de 3 años y 5 meses, fecha esta última en la cual se le dispuso y notificó su “Baja por nombre reservado, con efectos inmediatos”, decisión adoptada por el nombre reservado de la Prefectura de Carabineros Limarí, nombre reservado, a través de la Resolución Exenta N°05 de 29.10 2022 que se acompaña en un otrosí de esta presentación; desvinculación que también afectó al Sargento 2°, nombre reservado, quien fuera parte de la dotación de la misma Tenencia.

Relata que el motivo o razón de la “Baja Inmediata por nombre reservado”, según la Resolución Exenta N°05, obedece a que el recurrente, Suboficial Mayor de Carabineros, nombre reservado, en su calidad de jefe de la Tenencia de Carabineros Punitaqui, en horas de la madrugada del día 22 de Octubre de 2022, al haber tomado conocimiento – a través del jefe de segundo patrullaje en la población, Sargento 2°, nombre reservado – de que en el sector de “San Pedro de Quiles”, distante a unos 55 kilómetros, aproximadamente, de la Tenencia de Carabineros Punitaqui, se estaría gestando un procedimiento de posibles disparos “y que, eventualmente, revestirían caracteres de delito” (así lo precisa la Resolución Exenta Nº 05), donde cerca de cinco (5) a seis (6) camionetas se desplazarían por el sector, movilizando a individuos que estarían efectuando disparos e intentando ingresar a domicilios. Por lo mismo, le dispuso al personal de la población, específicamente al mencionado jefe de servicio de segundo patrullaje, Sargento 2° nombre reservado, quien era acompañado en esa ocasión por el Cabo 2° nombre reservado, que NO concurriera al sector “San Pedro de Quiles” para atender y verificar ese procedimiento de posibles disparos, no arbitrando ningún otro curso de acción en orden a diligenciar y coordinar con prontitud la cooperación, como tampoco dio cuenta de tales hechos al Comisario de la 3ra. Comisaría “Ovalle”, no vislumbrando las consecuencias que dicha omisión podría suponer para los recurrentes, desatendiendo la labor preventiva que, legalmente, le asiste como Carabinero.

Sostiene que el motivo invocado por la recurrida, para expulsar a su representado de Carabineros de Chile, se encuentra desprovisto tanto de sustento como de mérito probatorio, para adoptar la medida disciplinaria más severa de todas aquellas que establece la reglamentación interna de Carabineros de Chile para su personal de nombramiento institucional (P.N.I.), como lo es la baja con efectos inmediatos, por nombre reservado (artículo 25, Numeral 9, Reglamento de Disciplina de Carabineros N°11, norma institucional invocada en el considerando 5 de la mencionada Resolución), toda vez que, el nombre reservado de la Prefectura de Carabineros Limarí, nombre reservado, no fue quien presenció u observó la supuesta falta al régimen disciplinario que se le atribuye a su representado, como tampoco existió, por parte del recurrente señor nombre reservado, alguna confesión o reconocimiento culpable del hecho, tal como lo dispone el artículo 12 del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile N°11, sino que, únicamente, se basó para disponer su baja inmediata, en el informe emitido por la Sección de Asuntos Internos de Carabineros de Ovalle, que alude el considerando 1) de la Resolución Exenta N°05 – ya citada – y que da cuenta a la Prefectura de Carabineros Limarí, que se habían obtenido reportes de información de la Comisaría Virtual de Carabineros de Chile que denunciarían anomalías por parte de determinado personal de la Tenencia Punitaqui, en cuanto a que el día 22 de Octubre del año 2022 no habrían concurrido a determinado procedimiento policial registrado en el sector de “San Pedro de Quiles” y en donde, posteriormente, se produjo un hallazgo de cadáver calcinado junto a un vehículo incinerado y que en segundo lugar, sólo considera las declaraciones del personal policial de la Tenencia Punitaqui, dentro de las cuales se encuentra la de surepresentado, pero en ningún caso, dichas declaraciones – que además están transcritas en la mencionada Resolución Exenta N°05 – hablan de algún reconocimiento o confesión del señor nombre reservado o del personal involucrado de la Tenencia que pudieran, siquiera, aportar indicios o presumir que su representado, deliberadamente, no dispuso la concurrencia de personal hasta el sector de San Pedro de Quiles, sino todo lo contrario.

Sostiene que queda demostrado, en la declaración del recurrente, que si bien en horas de la madrugada del día 22 de octubre de 2022, alrededor de las 00:44 horas, tomó conocimiento por un llamado a su teléfono celular realizado por el jefe de servicio de segundo patrullaje, Sargento 2° nombre reservado, que en el sector de San Pedro de Quiles, se encontrarían alrededor de 5 o 6 camionetas efectuando disparos. Añade que fue así que, el señor nombre reservado le dispuso al mismo funcionario que se comunicara con la Central de Comunicaciones CENCO de Ovalle, para que solicitara refuerzos y la cooperación de personal policial de Ovalle y, de esta manera, concurrir al lugar con refuerzo suficiente de personal de Carabineros y adoptando tanto las medidas de seguridad como los resguardos necesarios para evitar que los funcionarios policiales, que deberían concurrir al lugar, se vean sobrepasados en número y expuestos a acciones violentas con uso de armas de fuego.

Prosigue su relato señalando que su representado, además de considerar su experiencia operativa por los años de servicios en Carabineros -con casi 30 años - las reglas de la lógica y de sentido común, también tuvo en cuenta para tomar su decisión, las instrucciones y protocolos establecidos en la Orden General de Carabineros de Chile, N° 2.490 de fecha 11 de Mayo de 2017, que aprueba el Manual de técnicas de intervención policial para Carabineros de Chile. Nivel 1, que dentro de otros temas, en su Capítulo 2, imparte instrucciones básicas para la protección del Carabinero, fijando diferentes niveles de alerta y actuación dependiendo de la situación de riesgo que se presente, y lo que es más importante aún, estableciendo y declarando en su página 32 lo siguiente: “Los derechos humanos imponen al Estado la obligación de proteger la vida y la dignidad de las personas. Por ello, la primera obligación legal y ética de un carabinero es velar por su propia vida e integridad, para así poder dar seguridad y cuidado a las personas a las que sirve en razón de su profesión.”; por lo que el primer deber de un funcionario de Carabineros, como se dijo, es velar por su propia vida, y en este caso, era deber del jefe velar porque se protejan y/o resguarden las vidas de sus funcionarios dependientes, tal cual fue la actitud y el actuar desplegados por el señor nombre reservado hacia sus subalternos, en su condición de jefe de la Tenencia de Carabineros Punitaqui, por lo que el recurrente no hizo otra cosa que salvaguardar la integridad física y vida de su personal.

Prosigue, indicando que luego, cerca de las 00:58 horas del mismo día 22 de octubre de 2022, vuelve a llamar el Sargento 2° nombre reservado a su representado, para indicarle que la Central de Comunicaciones (CENCO) debía consultarle, al Comisario de Servicio, sobre la autorización de la cooperación y/o apoyo para que el personal de la Tenencia Punitaqui pudiera trasladarse hasta el lugar de los supuestos hechos, apoyo o refuerzo que nunca llegó, entonces su patrocinado, actuando de buena fe, le dispuso que dejara las constancias y que no concurriera al lugar, toda vez que no era seguro que los dos únicos funcionarios en la población se trasladaran solos y sin refuerzo alguno hasta el lugar de los eventuales hechos, ya que no era prudente arriesgar a dicho personal mientras no existiera el respectivo apoyo o refuerzo tanto de recurso humano como logístico para abordar dicho procedimiento, que además, el lugar de los hechos, queda bastante retirado de la Tenencia (alrededor de 55 kilómetros), sumado a que era de noche, lo que adicionado a los antecedentes aportados por el Sargento 2° nombre reservado, en donde expresa que los sujetos que se movilizarían en cinco (5) o seis (6) vehículos, sobrepasarían en número a los 2 funcionarios policiales que tendrían que concurrir, lo que significaba un considerable riesgo para ellos. Sostiene que estas razones no fueron consideradas por la autoridad de Carabineros recurrida y sólo considerando, sesgadamente, la situación mediática que causó la noticia difundida ampliamente por los medios de comunicación locales y nacionales, sobre el lamentable hallazgo de un cadáver calcinado a eso de las 15.00 horas del día 22 de Noviembre de 2022 decidió, derechamente, resolver la “baja por nombre reservado con efectos inmediatos” del recurrente, pero sin ponderar la exigua evidencia y sin realizar un análisis objetivo, imparcial y fundado de los escasos antecedentes recopilados hasta ese momento que, a lo menos, exigía que los hechos fueran previamente esclarecidos por medio de un proceso investigativo o sumarial que entregara mayores garantías a todos los involucrados y que, a lo menos, respetara el Principio de Presunción de Inocencia y Debido Proceso, sucumbiendo, de igual forma, la autoridad policial recurrida tanto a las presiones de los medios de comunicación como a los comentarios desinformados de terceras personas sobre el hecho para, de esta forma, desmarcarse rápidamente, del supuesto problema que acarrearía la permanencia de los funcionarios policiales en la institución de Carabineros que, de una u otra manera, se relacionaban con el controversial caso policial, entre ellos el jefe de tenencia, siendo lo más fácil disponer de su inmediata eliminación para evitar mayores cuestionamientos al actuar policial ese día. Señala que la problemática, es aún más profunda, toda vez que no se trata, simplemente, de no haber concurrido a un procedimiento policial por las razones ya expuestas, sino que al hecho cierto y comprobable, que en los destacamentos más apartados de Carabineros de Chile, incluyendo a la Tenencia de Carabineros Punitaqui, se vive una pobreza y/o una escases de recursos humanos y logísticos notorios que, lamentablemente, ahora se vieron expuestos en el caso de marras ya que, en primer lugar, no había personal suficiente en la tenencia para atender un requerimiento policial de dicha magnitud, tampoco se le entregó apoyo o cooperación a tiempo para concurrir al lugar (que pudiera incluso justificarse – no se sabe aún – porque también habrían otras demandas policiales que satisfacer en la 3ra. Comisaría Ovalle, etc.) y también existía escases de combustible fiscal (cuota) para concurrir al lugar, lo que sumado al riesgo inherente que significaba para el personal (dos funcionarios) su concurrencia al sector, porque no podrían reaccionar si estuvieran siendo atacados o víctimas de agresiones por parte de dos o más personas con armas de fuego. Todos estos factores o circunstancias no reflexionadas por la autoridad policial recurrida, claramente justificaban, por experiencia policial, criterio, sentido común y lógica, la decisión adoptada por su representado, entendiendo entonces que no existe fundamento alguno, sea fáctico y/o jurídico para disponer la citada medida disciplinaria en contra de su patrocinado, considerándose ésta por ahora improcedente o, a lo menos, desproporcionada, mientras no se cuente con una conclusión fundada y contundente sobre la participación y responsabilidad disciplinaria del señor nombre reservado, arribada al término de un proceso investigativo debidamente reglado, como debería ser un sumario administrativo, tal cual lo exige el artículo 5, letras c) y d) del Reglamento de Sumarios Administrativos de Carabineros de Chile, N° 15, cuando se traten de hechos graves que no estén plenamente establecidos, lo que no se observó́ en la especie por parte de la recurrida.

Luego se refiere en su recurso a las supuestas falencias del Acto Administrativo, señalando que en primer lugar, las declaraciones del personal de Carabineros de la Tenencia Punitaqui, entre las cuales se encuentra aquella entregada por el Sargento 2° nombre reservado, que fuera transcrita en el Considerando 3) de la Resolución Exenta N°05 de fecha 29 de octubre de 2022, de la Prefectura de Carabineros Coquimbo; la versión del Cabo 2° nombre reservado, transcrita en el Considerando 3.1.) de la misma resolución; la aportada por el Cabo 2° nombre reservado, y reproducida en su Considerando 3.2.); la suministrada por el Sargento 2° nombre reservado, y transcrita en su Considerando 3.3.), y por último, aquella correspondiente al recurrente el Suboficial Mayor nombre reservado, transcrita en su considerando 3.4.), se obtuvieron el día 29 de octubre de 2022, sin haberse dispuesto aún el respectivo sumario administrativo, pero por sobre todo, se gestionaron y/u obtuvieron en la época que regía la suspensión del procedimiento disciplinario y del plazo de la prescripción de la acción disciplinaria que establece el artículo 84 ter de la Ley 18.961, debido a que el día anterior se había formulado la denuncia oficial a la Fiscalía Militar Letrada de La Serena, por hechos que pudieran constituir delito, en donde se menciona, directamente, al recurrente como inculpado/imputado y, por tanto, a contar de la misma fecha de la denuncia operaba la suspensión ya explicada, y todo acto posterior a esa fecha es irregular. Prosigue señalando otra observación del acto administrativo arbitrario e ilegal, es el incumplimiento de la actuación establecida en el inciso 2° del artículo 12 del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, N°11, que impone la obligación de instruir una investigación antes de sancionar, cuando las faltas que se imputan no se adviertan de manera indubitada, o bien, cuando el inculpado no confiese su responsabilidad, según se desprende de la siguiente transcripción: “Las faltas que no se adviertan de manera indubitada, o bien, que el inculpado no confiese su responsabilidad, deberán ser esclarecidas a través de una investigación, la que se someterá, en lo pertinente, a las normas contenidas en el Reglamento de Sumarios Administrativos, constando su declaración indagatoria por escrito, como sus descargos y recursos.”; actuación formal (instrucción previa de una investigación o sumario) que no fue observada por la recurrida, incluso frente a la insuficiente evidencia recogida, de igual manera, la recurrida decidió la baja inmediata por nombre reservado del señor nombre reservado, pese a que nunca existió reconocimiento y/o confesión de su parte en las supuestas faltas que se le atribuyen y, lo que es más cuestionable aún, sin haberse dispuesto e instruido previamente, un proceso administrativo de carácter investigativo para establecer, en forma objetiva e imparcial, la existencia de responsabilidad administrativa de los Carabineros involucrados, lo que tiene su correspondencia en el artículo 19 N°3, inciso 6° de la Constitución Política de la República, pero que en este caso no se acató, porque sin esperar el resultado de un proceso investigativo interno, se resolvió de inmediato su baja de las filas de Carabineros por nombre reservado, pese a que no existía ninguna evidencia o insumo probatorio para apoyar tan drástica sanción en contra de mi representado.

Señala que la resolución de baja dictada el día 29 de octubre de 2022, esto es, antes de iniciar el sumario administrativo, desafortunadamente, como ya se ha dicho, no tiene sustento probatorio ni fundamento alguno, porque no existen antecedentes y actuaciones recopiladas formal y objetivamente por un Fiscal que abarque todas las aristas e interrogantes que quedaron sin respuesta (en especial aquella inquietud formulada por el recurrente, en cuanto a que se necesitaba apoyo de refuerzo de funcionarios -que nunca llegó- y por eso no mandó el escaso personal disponible al lugar), ni tampoco explicó, ponderó ni razonó, la recurrida, su decisión disciplinaria y, en consecuencia, se pregunta el recurrente, si es lógico que el procedimiento administrativo comience al revés, es decir, que primero se resuelva la medida disciplinaria sin derecho a impugnación alguna y con severas consecuencias jurídicas para su representado (como es su desvinculación y la privación permanente de sus emolumentos) y posteriormente, se tenga que instruir un proceso investigativo interno (lo que aún ni siquiera se tiene certeza si se dispuso o no), porque tal procedimiento (baja inmediata) que se le aplicó a su representado, aunque pudiera estar establecido genéricamente en el artículo 127 N°4 penúltimo inciso, del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros de Chile N°8, claramente es contrario a la norma constitucional sobre el debido proceso consagrada en el artículo 19 N°3, inciso 6°, de la Constitución Política de la República de Chile que establece que, pero en la especie no existió proceso previo legalmente tramitado – como dice la norma de rango constitucional ni tampoco existe ley que regule, concretamente, la imposición de la medida disciplinaria de baja inmediata de las filas de Carabineros en la forma que le fuera impuesta al recurrente entregando su regulación, únicamente, a una norma de carácter administrativo y de menor jerarquía a la de una ley, esto es, al exiguo artículo 127 N°4, penúltimo inciso, del Reglamento Nº 8 que cita íntegramente.

Señala que incluso el mismo artículo 127 N°4 penúltimo inciso del Reglamento N°8 exige que la falta administrativa que justifique la baja inmediata, ya dio origen a un Sumario Administrativo o Investigación, es decir, debería haberse iniciado el sumario o investigación al instante en que se resuelva la baja inmediata y, lo que es más trascendente aún, se exige como requisito que el inculpado confiese su responsabilidad, lo que no se ha producido en este caso, o bien, que la responsabilidad disciplinaria se haga evidente, presupuesto que tampoco se ha verificado en el caso de marras, toda vez que – y como ya se ha señalado – las declaraciones transcritas en la resolución de baja sólo expresan la necesidad real de no exponer a los dos (2) únicos funcionarios de servicio en la población para que concurran a un lugar apartado, con riesgo de ser víctimas de acciones violentas con eventuales armas de fuego y por eventuales sujetos que lo sobrepasaban en número, mientras no llegara refuerzos o apoyo de personal que les pudieran colaborar, lo que por sentido común, se entiende como una explicación válida y justificable, o incluso, puede ser considerada como un caso de fuerza mayor o causal de exculpación que tampoco se ha reflexionado y/o razonado por la recurrida. Sostiene que, no se daban los requisitos para aplicar derechamente el artículo 127 N°4 penúltimo inciso del reglamento N°8 (Baja por nombre reservado con Efectos Inmediatos) sin, a lo menos, realizar un proceso investigativo previo, objetivo e imparcial que demuestre la existencia de conductas contrarias al régimen disciplinario, a las normas legales o al orden público, ya que al no cumplirse con esta exigencia que ampara “el debido proceso” (sumario o investigación previos), la desvinculación inmediata constituiría una decisión arbitraria y contraria a las normas y al principio de igualdad ante la ley que el ordenamiento jurídico consagra no solo a favor de toda persona, sino que de todos los demás funcionarios públicos, ya que es del todo conocido que antes de resolver la desvinculación del personal de la administración pública (según arts. 121, 126 inc. 6°, 127, 128, 129 y 136 de la Ley 18.834 Estatuto Administrativo DFL 29), primeramente, se debe instruir el proceso administrativo/sumario y luego que se agotan todas y cada una de las instancias y los recursos respectivos que procedan (queda a firme la decisión), recién produce el efecto perseguido y debe cumplirse con el acto administrativo de término (cuestión que no ha ocurrido en el caso que afecta al recurrente).

Señala que en consecuencia, el actuar de la recurrida, al no razonar ni ponderar sobre la forma en que se evidencia la responsabilidad del recurrente que le costó su baja, se transforma en una resolución arbitraria.

Sostiene que no es posible que se le atribuya responsabilidad administrativa a su representado, ya que se suscitó un hecho impredecible verificado durante la tarde del día 22 de octubre de 2022, como lo fue el hallazgo de un cadáver calcinado, que no dependió de su gestión o actuar funcionario. Curiosamente, esto no se explica en el acto administrativo de la recurrida. Que por por otra parte, se pregunta cuál fue la relación del comportamiento del recurrente con el hallazgo de cadáver, o bien, qué relación tiene ese hallazgo con el procedimiento policial suscitado durante la madrugada de ese mismo día con la participación de 5 o 6 camionetas con individuos que efectuaron disparos. Agrega que sin olvidar que, en este último caso, se representó que no se contaban con recursos humanos y logísticos suficientes para hacer frente a la situación y actuar sin refuerzos, visiblemente a toda lógica, significaría un riesgo real e innecesario hacia el escaso personal policial que podría estar en condiciones de concurrir al lugar (bajo la máxima jurídica: “a lo imposible, nadie está obligado”).

Señala que además, la autoridad policial recurrida, en el considerando 7) de la Resolución Exenta N° 05 de 29 de octubre de 2022, asevera y argumenta que los hechos que involucran a su representado, conjuntamente con el Sargento 2° nombre reservado, (lo expresa textualmente) “revisten características de gravedad, delito, importancia y trascendencia tal, que resulta inconveniente su permanencia en las filas de la institución, y por consiguiente, hacen procedente la aplicación de la medida disciplinaria consistente en la Baja por nombre reservado, con Efectos Inmediatos, haciendo presente que la evaluación de los antecedentes y la calificación de mayor o menor gravedad de una falta que origina la aplicación de una medida disciplinaria como la antes referida, queda entregada a la autoridad competente, en este caso, al Prefecto que suscribe”. Pero, lamentablemente, no se explican ¿Cuáles son esos parámetros de gravedad o importancia que presentan los hechos y que vinculan a mi patrocinado como inculpado y/o cómo llega a esa convicción?, observando una “desproporción” infundada e injustificada entre el hecho que se la atribuye participación al recurrente de protección y la severa medida de baja aplicada, careciendo el acto de motivación o incluso del mínimo razonamiento para sostener la decisión administrativa ya citada, pero por sobre todo, la autoridad de Carabineros recurrida se arroga facultades jurisdiccionales que no posee y que son propias del Poder Judicial, calificando los hechos como “delito” sin contar, al menos, con una sentencia condenatoria a firme o ejecutoriada que así lo afirme, otorgando una calificación jurídica a los hechos que aún ni siquiera los tribunales de justicia han fijado hasta ahora. Todo lo anterior atenta, directamente, en contra de los derechos procesales que nutren el debido proceso administrativo (Art. 19 N°3 inciso 6° de la C.P.R.), como lo son, el “Principio de Imparcialidad” (Art. 11 de la Ley 19.880); “Principio de Abstención o falta de Competencia” (Art. 76 de la C.P.R.); “Principios de Objetividad” entre otros y contraviene el derecho a la defensa jurídica que le asiste a mi representado, como parte inculpada en el proceso administrativo de Carabineros. Estima que, se observa una desproporción en la medida disciplinaria adoptada por la recurrida, porque: 1) ha tomado en cuenta para aplicarla una calificación jurídica de delito aún inexistente; 2) no consta sentencia condenatoria alguna hasta la fecha que se refiera a los hechos, materia de la medida expulsiva, no obstante existir una denuncia previa (del día anterior) a la fecha de dictación de la resolución de baja, lo que no es suficiente para tener por verificado un delito (facultad propia e inherente de nuestros Tribunales) por cuanto el artículo 76 de la Constitución Política de la República proscribe la intromisión de la administración del Estado y de cualquier otro órgano en el conocimiento de los asuntos civiles o penales.

Señala que la Contraloría General de la República, en diversos dictámenes, ha sostenido lo dicho en el apartado anterior, en cuanto a la abstención que deben observar los órganos de la administración del Estado para pronunciarse sobre materias que son propias y exclusivas de los tribunales de justicia, cita dictámenes del Organo contralor sobre la materia.

Agrega que en lo tocante a la falta de fundamento, de oportunidad, ausencia de evidencia y mérito probatorio para apoyar la decisión del nombre reservado de la Prefectura de Carabineros Limarí, y a la evidente desproporción existente entre el hecho que se reprocha a su mandante y la extrema medida disciplinaria impuesta, se hace útil representar que ha sido la Excma. Corte Suprema de Justicia, que en un fallo reciente dictado en el presente año (mes de Marzo), ha establecido un criterio sobre el estándar de prueba mínimo, conforme a las reglas de la sana crítica, que debería existir en materia administrativa (en Carabineros) para calificar hechos de gravedad tal, que permitan apoyar una baja por nombre reservado con efectos inmediatos refiriéndose, además, a la falta de oportunidad para aplicar la medida, pues implicaría la mayor sanción, en circunstancias que no existe certeza sobre los hechos que la motivan, ya que aún no se ha emitido conclusión fundada en el sumario (para el caso de marras, los hechos estarían circunscritos a la obligación a todo evento que pesaría sobre el Jefe de Tenencia Punitaqui, de disponer la concurrencia del escaso personal policial disponible en la población –solo dos - para atender un procedimiento en un lugar a 55 kms. de distancia aproximadamente, que involucrarían a personas movilizadas en 5 o 6 camionetas efectuando disparos, pese a las advertencias y representaciones a CENCO -a través del jefe del servicio de patrullaje de esos instantes- , de que no se daban las condiciones para dicho traslado, mientras no se proporcionaran refuerzos de personal y logísticos para enfrentar un procedimiento policial riesgoso en esos momentos para los 2 únicos funcionarios disponibles que podían concurrir, sumándose a la falta de combustible para asegurar su retorno, y por sobre todo, que esta decisión tomada por el Jefe de Tenencia -contenida por lo demás en la transcripción de declaración de su representado que se encuentra inserta en la propia resolución de baja- no se ha podido vincular de ninguna manera procesal ni tampoco fáctica con el lamentable hallazgo de un cadáver calcinado durante la jornada diurna; por lo que considerando, además, la falta de vinculación o imputación objetiva entre la conducta del recurrente y el hecho controvertido que apoya la baja, no ha sido posible explicar en el acto administrativo de fecha 29 de octubre de 2022, la gravedad del comportamiento del recurrente en los hechos, ni tampoco se ha hecho cargo la recurrida por las explicaciones del todo lógicas, objetivas y de sentido común entregadas por el señor nombre reservado en su declaración, para no haber dispuesto la concurrencia de los dos únicos funcionarios disponibles en la madrugada del referido día a una localidad apartada a 55 kilómetros aproximadamente, por lo que la medida disciplinaria desvinculatoria inmediata fue inoportuna en este temprano estadio administrativo, porque no existe el insumo suficiente para resolver ahora una medida disciplinaria en extremo severa y lapidaria para el recurrente.

Señala además que se aprecia que la Resolución Exenta N°05 de fecha 29 de octubre de 2022, de la Prefectura Limarí, se dictó como actuación y se notificó en día inhábil, el mismo día Sábado 29 de octubre del presente año, no obstante que, de acuerdo al artículo 25 de la Ley N° 19.880, los plazos de días establecidos en la referida ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y festivos. Indica que, el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil, de aplicación supletoria en materia administrativa, establece que las actuaciones judiciales (en este caso la dictación de la resolución de baja), deben practicarse en días y horas hábiles, entendiendo que son días hábiles los no feriados y las horas hábiles las que median entre las 08.00 y las 20.00 horas.- Estima el recurrente que lo anterior refleja el tratamiento administrativo especial al que fuera sometido, incluso, afectando el bien jurídico protegido de la libertad ambulatoria y obligándolo a permanecer en dependencias de la Prefectura de Carabineros Limarí, a fin de esperar la dictación de la resolución de baja y ser notificada de ella, en un día inhabil en materia administrativa.

Luego se refiere a como se habría afetado la presunción de inocencia. Señala que el artículo 19 N°3 inciso 5º de la Carta Magna, por el cual se prohíbe presumir de derecho la responsabilidad penal, esto quiere decir que la inocencia se presume, por tratarse de un principio de aplicación transversal en nuestro ordenamiento jurídico, siendo sólo posible desvirtuar dicha presunción por medio de un juicio previo tramitado en conformidad a la ley y en observancias a las garantías en que ellas se amparan, dicho lo anterior, su representado fue objeto de un acto administrativo en el cual, su responsabilidad, fue resuelta a “priori” y se desprende, claramente, que su responsabilidad fue presumida de derecho o, más bien, por el mero parecer de la autoridad que lo sanciona. Recuerda que en el considerando 7) de la Resolución Exenta N°05 califica de delito los hechos que involucran a su representado.

Señala que su representado al momento de ser recibido en audiencia el mismo día 29 de octubre de 2022 por parte del nombre reservado de la Prefectura de Carabineros Limarí, efectuó sus descargos y ejerció su defensa verbal, confirmando lo ya expuesto previamente sobre los hechos acaecidos la madrugada del día 22 de octubre de 2022. Que en cuanto a la escasez de combustible, alegada por el recurrente,señala que se acreditará que tal situación era del todo cierta y que ésta quedó plasmada en el Documento Electrónico N° 170121796 de fecha 20 de Octubre de 2022, del Jefe de Tenencia Punitaqui, nombre reservado, dirigido a su jefe directo, el Comisario de la 3ra. Comisaría de Carabineros Ovalle, Mayor nombre reservado, representándole que sólo se mantiene en reserva, una carga más para el vehículo policial identificado como el Z-8750 que mantenía de cargo la tenencia para sus servicios. Acompaña copia del citado documento mediante foto en el mismo recurso. Continúa luego el mismo relato ya expuesto supra. Agrega que se le reprocha disciplinariamente a su representado, el hecho de no haber dispuesto la concurrencia de los dos únicos Carabineros disponibles de servicio en la población a una localidad apartada (60 kilómetros, aproximadamente) (sic) para asumir un procedimiento complejo, pero tal determinación no fue adoptada en forma caprichosa por el señor nombre reservado, sino que ponderando los antecedentes y suministros con los cuales contaba en esos instantes (hay que analizarlos ex antes), a juicio de su representado constituiría mucho riesgo para la integridad física o vida de los 2 funcionarios policiales que estaban en condiciones de concurrir al lugar porque, objetivamente, el procedimiento presentaba varias dificultades que eran necesarias analizar, como: 1) la incerteza si el combustible del vehículo les alcanzaría para volver, 2) que era de noche, 3) que se trataba de una localidad apartada y, lo más importante, 4) el déficit de personal institucional disponible en esos momentos para afrontar un procedimiento complejo que involucraría a cerca de 5 o 6 camionetas con sujetos armados, lo que demandó que el recurrente, antes de adoptar la decisión que se le reprocha, procediera a solicitar cooperación de mayor cantidad de personal policial y sus respectivos medios de traslado a través del propio jefe de servicio de tercer patrullaje Sargento 2° nombre reservado, quien era el responsable, en esos instantes, del desempeño operativo en la población, para que se gestionara por medio de la Central de Comunicaciones CENCO de la Prefectura Limarí, el apoyo o refuerzo de personal de la Comisaría de Ovalle o de sus destacamentos policiales dependientes – lo que se gestiona a través de CENCO, como siempre debe hacerse, porque se trata del estamento técnico encargado de las comunicaciones y de la asignación y administración de los procedimientos policiales que se susciten en el sector de la Prefectura de Carabineros Limarí -, y nunca llegó el refuerzo, por lo que el Suboficial Mayor, nombre reservado, apreciando y ponderando los hechos y circunstancias informados por el jefe de patrullaje, y de acuerdo a su experiencia policial y sentido común, no se reunían las condiciones en esos instantes para dicho traslado, mientras no se proporcionaran los refuerzos solicitados de personal suficiente y logísticos para enfrentar un procedimiento policial complejo y con riesgo, en esos momentos, para los 2 únicos funcionarios disponibles que podían concurrir al lugar (disponiendo incluso el recurrente al Sargento 2° nombre reservado, que dejara las constancias al respecto sobre los impedimentos existentes para concurrir al procedimiento, en el Libro de Novedades de Segundo Patrullaje de la Tenencia), sumándose a que era de noche (con mayores factores de riesgo o impunidad para los delincuentes), y a la falta de combustible e incerteza para asegurar el retorno de la patrulla que debería trasladarse al lugar distante a unos 55 kilómetros, aproximadamente, no tuvo otra elección que adoptar la decisión que ahora le ha costado su baja inmediata, porque no podía exponer a sus Carabineros a un riesgo innecesario, sin contar antes con los medios humanos y logísticos suficientes para dicho fin, puesto que se encuentra consciente y mantiene en su memoria permanentemente los sucesos ocurridos durante el presente año 2022 con personal policial fallecido, producto del exceso de confianza para asumir ciertos procedimientos riesgosos, o bien, por no contar con los refuerzos de personal o medios de defensa para enfrentar a una delincuencia cada vez más agresiva, violenta y avezada, que no escatima esfuerzos por lograr sus resultados y no tienen ningún pudor de enfrentarse a Carabineros con armas de fuego (incluso de grueso calibre) sin ningún remordimiento por asesinar a un agente policial, siendo conocido por las autoridades locales y policiales de la provincia e incluso, de la región, que en aquellos sectores aledaños a San Pedro de Quiles, operan organizaciones criminales que se dedican al narcotráfico y que tienen poder de fuego mayor que el de las policías. En consecuencia, enviar a 2 Carabineros a ese lugar apartado, no significa otra cosa que poner sus vidas en peligro y, claramente, el Suboficial Mayor nombre reservado, como jefe y referente de su personal, no podía arriesgarlos y colocarlos en esa situación, máxime de no aumentar dos mártires a las filas de Carabineros de Chile. Señala que acompaña documentos sobre sus dichos a este recurso y asimismo copia de fotos de losúltimos mártires de Carabineros de Chile.

Luego se refiere a la omisión ilegal y arbitraria del nombre reservado de la Prefectura de Carabineros Limarí, nombre reservado, al no dar cumplimiento al artículo 84 ter de la ley 18.961, orgánica constitucional de carabineros de chile (modificada por la ley 21.427 publicada el 16 de febrero de 2022). Sostiene el recurrente que el punto más importante de toda esta situación o controversia es, sin duda, el incumplimiento observado por la autoridad de Carabineros recurrida, de las normas legales expresas e imperativas en actual vigencia, en este caso, del artículo 84 ter de la Ley n°18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, modificada a través de la Ley N° 21.427 publicada con fecha 16 de febrero de 2022 y que comenzó a regir 6 meses después de su publicación, esto es, a contar del 17 de agosto del año en 2022, norma que, por lo demás, rige el caso administrativo en cuestión y que afecta, directamente, al señorVega nombre reservado, la cual, de haberse cumplido en la forma que se explicita y ordena, claramente aquél no se habría visto afectado tan extrema medida administrativa/disciplinaria (baja inmediata y cese simultaneo de sus remuneraciones) y que, por lo demás, se deriva de un hecho que debería estar siendo objeto de indagación dentro de un sumario administrativo; pero lamentablemente la preceptiva legal fue inobservada y más grave aún, fue manipulada a conveniencia de la autoridad recurrida para que sólo surtiera efecto una vez que se materializara la baja inmediata del recurrente, según se explicará en el desarrollo de este apartado (sic). Transcribe íntegramente el citado artículo 84 ter. Sostiene que el último inciso del artículo 84 ter, es del todo claro y, por sobre todo, imperativo cuando de suspensión en la tramitación del procedimiento disciplinario y de plazo de prescripción se trata porque no existen mayores dudas sobre su aplicación a un caso en específico, puesto que sólo se exige que se haya formulado denuncia o querella por un hecho constitutivo de delito, por lo que se entiende que una vez que se haya formulado la denuncia o querella por los mismos hechos que motivaron el procedimiento disciplinario y que pudieran constituir delito, se debe suspender de inmediato la tramitación del procedimiento disciplinario que, para este caso, comprendería tanto el sumario administrativo que debería haberse ordenado para respaldar la baja inmediata que afectó al señor nombre reservado, como también la resolución desvinculatoria dictada por la recurrida, cuya suspensión también comprende el plazo de la prescripción de la acción disciplinaria según lo relata, expresamente la norma.

Sostiene que en cuanto a la suspensión del procedimiento disciplinario que ordena el artículo 84 ter, se debe comprender a todo acto administrativo que forme parte de él o incida directamente en su mérito y conclusiones, incluyendo, en este caso, la Resolución Exenta N°05 de fecha 29 de octubre de 2022 a través de la cual, la Prefectura de Carabineros Limarí, dispuso la baja inmediata de su representado por nombre reservado, y no solo considerar, como procedimiento disciplinario únicamente, al formal Sumario Administrativo o Investigación Sumaria que correspondía instruir luego de dictar la respectiva orden de instrucción administrativa, ya que si se califica o se considera solo como procedimiento disciplinario al expediente sumarial o investigativo y no a la resolución de baja que deriva de la misma falta que debe ser objeto de la instrucción del sumario entonces, la autoridad administrativa, estaría realizando una distinción arbitraria de los actos administrativos que deben o no suspenderse, porque la norma antes transcrita no distingue que clase de actos en particular deben ser objeto de suspensión y, si el precepto legal no hace esta diferencia, tampoco corresponde a la recurrida hacerlo, toda vez que bajo el aforismo jurídico que regula las reglas de interpretación de la ley, señala, donde la ley no distingue no es lícito al interprete distinguir, pero pese a ello, en el caso de marras, la autoridad recurrida de igual manera realizó una interpretación antojadiza, ya que sólo favoreció los intereses de la administración, al preocuparse sólo por dictar la resolución de baja inmediata y dejarla vigente, para luego paralizar la tramitación del sumario administrativo en forma indefinida, por el efecto de la suspensión tantas veces mencionada (con la baja inmediata la autoridad recurrida se desliga de dar explicaciones y del problema mediático que el caso del cadáver calcinado provoca en la opinión pública y la conmoción que un caso de esta naturaleza origina a nivel nacional y en los medios de comunicación). Por tanto, el perjuicio procesal, laboral, personal, familiar, económico, sólo lo sufrió el Suboficial Mayor nombre reservado, ya que ahora no podrá defenderse en el sumario administrativo que está, supuestamente, suspendido en forma indefinida, lo que claramente causa no solo incertidumbre jurídica, sino que también afecta el derecho a una oportuna defensa administrativa. Lo que en justicia corresponde – y el tenor de la norma así lo expresa – es que todo el procedimiento disciplinario, incluyendo por cierto la resolución de baja inmediata, una vez formulada la denuncia (que por lo demás se cursó el día anterior a la dictación de la resolución de baja), se suspenda, al igual como ocurre con el plazo de prescripción, hasta que se concluya o finalice la causa penal (eso sería lo lógico), pero aquí se actuó antojadizamente en perjuicio del recurrente (sic). Prosigue el recurrente, señalando que relacionado con lo anterior es necesario hacer presente que en cuanto a la definición del “Procedimiento Disciplinario”, se hace necesario remitirse a la Ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, para acercarnos a ella con un concepto análogo que hace su artículo 18 sobre “Procedimiento Administrativo”, definiéndolo como: “una sucesión de actos trámite vinculados entre sí, emanados de la Administración y, en su caso, de particulares interesados, que tiene por finalidad producir un acto administrativo terminal”. Sigue el artículo 18 señalando: “El procedimiento administrativo consta de las siguientes etapas: iniciación, instrucción y finalización.”. Por lo tanto, se trata de un conjunto de actos concatenados entre sí, que emanan de la administración o de los interesados o partes y que persigue la dictación de un acto administrativo de término en la esfera disciplinaria, lo que claramente se refleja en la situación administrativa que afecta al señor nombre reservado, incluyendo por cierto dentro de esa definición a la citada Resolución Exenta N°05 de fecha 29 de octubre de 2022, de la Prefectura de Carabineros Limarí, porque además de lo planteado, la propia Resolución Exenta N° 05 en su letra D.1.- expresa: “Que, la Baja por nombre reservado, con efectos inmediatos que por este acto administrativo se aplica, tiene el carácter de condicional y se encuentra sujeta al resultado final del sumario administrativo, en cuya virtud al S.O.M. nombre reservado y al Sargento 2° nombre reservado, les asistirá el derecho a ejercer las instancias de impugnación a partir de la notificación de la vista fiscal, en la forma y plazos que regula el Reglamento de Sumarios Administrativos de Carabineros de Chile, N° 15. Si se le aplicare en definitiva una sanción que no importe necesariamente su baja, será reintegrado a la Institución.”

Señala que el artículo 84 ter de la ley 18.961, cuando se refiere a la suspensión del procedimiento disciplinario, no se trata de una norma facultativa que deje al arbitrio de la autoridad el acto de suspensión, sino que se trata de una norma imperativa, que en definitiva, ordena a la autoridad de Carabineros, que una vez que se formule una denuncia o querella, se debe suspender el procedimiento administrativo / disciplinario, porque la terminología utilizada expresamente es, se suspenderá, lo que constituye una orden del legislador a la autoridad administrativa destinataria y no se trata de una mera recomendación, como para retardar y elegir el momento o el tiempo en que operaría dicha suspensión, por lo que debe entenderse que ésta se debe disponer en la misma época en que se formuló la denuncia o querella de hechos que pudieran revestir caracteres de delito y que implican al funcionario como inculpado, tal cual ocurre en la especie, entendiendo incluso que de la redacción de la norma, incluso se entiende que opera de pleno derecho, porque también la suspensión alcanza a la prescripción y ésta no se puede dejar al solo arbitrio de estamento policial (la administración) por tratarse de una institución jurídica de orden público que produce diversos efectos jurídicos relevantes, sino que al legislador, para mayor objetividad y certeza jurídica. Sostiene una vez más, la recurrida no dio cumplimiento a la norma legal antes citada, y se mantuvo en la inactividad o pasividad, en vez de haber verificado o dejado constancia de la suspensión del procedimiento disciplinario el mismo día en que se formuló denuncia de los hechos, al igual que la suspensión del plazo la prescripción, esto es, el día 28 de octubre de 2022, pero en vez de ello, no acató la norma y decidió al día siguiente de la denuncia formal (que ya era de conocimiento del nombre reservado), es decir el día 29 de octubre de 2022, dictar la Resolución Exenta N° 05, dando de baja inmediata por nombre reservado al Suboficial Mayor nombre reservado, lo que se traduce por una parte en una omisión antojadiza (no dejar constancia o en su defecto resolver la suspensión el mismo día de la denuncia, o incluso dictar un acto administrativo posterior, pero fijando el inicio de la suspensión a contar de la misma fecha de la denuncia) y una acción ilegal y arbitraria (dictar la resolución de baja al día siguiente sin haber cumplido con la suspensión ordenada por ley –incluso si entendemos que opera de pleno derecho la suspensión, entonces la resolución de baja se pronunció mientras estaba suspendido el procedimiento y la prescripción, y la hace ineficaz-, permitiendo el cese indebido del pago de sus remuneraciones por el desempeño del cargo público que ejercía como Suboficial Mayor de Carabineros), que no solo vulnera el derecho fundamental de igualdad ante la ley, sino que repercutió directamente en el ámbito laboral, al dejarlo sin trabajo (no existiendo hasta ahora razón o mérito para tal desvinculación), y en su derecho de propiedad, al cesarle simultáneamente sus remuneraciones en forma forzada y arbitraria.

Señala que lo anterior queda demostrado en el Considerando 2.1. de la propia Resolución Exenta N° 05 de fecha 29 de octubre de 2022, de la Prefectura de Carabineros Limarí, se detalla en forma clara y explicita, que mediante el Parte Policial N° 3 de fecha 28 de octubre de 2022, la Sección de Asuntos Internos (Saicar) Limarí, dependiente de la Prefectura de Carabineros Limarí, direccionado a la Fiscalía Militar Letrada de La Serena, denuncia al Suboficial Mayor nombre reservado, Sargento 2° nombre reservado y Cabo 2° nombre reservado, por “Hechos que revisten Carácter de delito” en relación a las irregularidades en la adopción del procedimiento policial suscitado el día 22 de octubre de 2022. Por consiguiente, existe una denuncia formal sobre hechos que pudieran revestir caracteres de delito, y por lo tanto, la suspensión debía operar, según la norma legal, a contar del mismo día 28 de Octubre del año en curso, y no después. Sostiene que la propia autoridad recurrida, consignó en su resolución de baja, que ya existía denuncia del día anterior, que daba cuenta de hechos que podrían constituir delito y que se identificaba directamente como inculpado / imputado a la persona del recurrente, por lo que la suspensión del procedimiento disciplinario al igual que la suspensión de la prescripción, debería operar o haberse dispuesto el mismo día 28 de octubre de 2022, fecha en que se formuló la denuncia –única exigencia o presupuesto legal para que opere la suspensión aludida-, que por lo demás era de conocimiento del nombre reservado (por eso lo consignó expresamente en la resolución de baja), y con ello, no se podría haber dictado al día siguiente la Resolución de Baja que afecta a su representado, que por lo tanto, si se hubiese observado correcta y estrictamente la norma del artículo 84 ter de la Ley 19.880, el procedimiento disciplinario al igual que el plazo de prescripción de la acción disciplinaria se encontrarían suspendidos desde el mismo día 28 de octubre de 2022, y claramente no se hubiese dictado la Resolución Exenta N° 05 de fecha 29 de octubre de 2022, haciendo especial énfasis, que tampoco consta en la resolución de baja, el inicio del sumario administrativo que se exige para apoyar la decisión desvinculatoria ya citada, desconociendo si la instrucción de este expediente sumarial se decretó y si actualmente se encuentra suspendido o sigue su curso normal. Agrega que la citada norma, establece que la suspensión de la prescripción de la acción disciplinaria, opera en la misma forma que la suspensión del procedimiento disciplinario, esto es, desde que se formula la denuncia o querella por estos mismos hechos, y se levanta dicha suspensión, una vez que se termine o concluya la causa penal. Por lo tanto, si también la suspensión alcanza la prescripción de la acción disciplinaria, entonces ésta no depende en estricto regir del acto o resolución de suspensión que podría haber dictado la autoridad administrativa (en este caso la recurrida), sino que, una vez constatada la denuncia o querella de hechos constitutivos de delito (como ocurre en el presente caso), entonces, como ya se precisó, la suspensión operaría de pleno derecho a contar de la fecha de la denuncia o querella (en este caso, a contar del 28 de octubre de 2022), porque pensar diferente, sería entregarle una facultad a la administración (estamento de Carabineros) que no posee legalmente, para fijar a su arbitrio o bien para manipular la fecha de inicio de la suspensión, y con ello también alteraría los efectos de la prescripción (porque en este caso dependería la suspensión del plazo de la prescripción de la acción disciplinaria de aquel acto administrativo que supuestamente debería dictar la autoridad de Carabineros), porque al tratarse la prescripción de una institución de orden público y de aplicación general y transversal, ésta no puede manipularse (sus efectos: tanto para que se inicie, para que opere o para que se suspenda o interrumpa) por la sola facultad discrecional de la administración o de las partes interesadas o involucradas, porque se atentaría en contra del principio de seguridad jurídica, objetividad, imparcialidad, entre otros. Agrega que en consecuencia, la Resolución de Baja de fecha 29 de octubre de 2022, se dictó irregularmente, en contra de norma legal expresa, y mientras regía la suspensión del procedimiento disciplinario y del plazo de la prescripción de la acción disciplinaria; por lo que dicha resolución, no solo no debería haberse dictado, sino que su actual vigencia de facto, en una etapa o estado de suspensión del procedimiento disciplinario, la hacen ineficaz. Además, de persistir sus efectos, causa un perjuicio directo en la persona de su representado, especialmente porque perturba por una parte su derecho a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección (art. 19 N° 16 C.P.R.), porque estos obstáculos (vías de hecho) creados indebidamente por la recurrida no permiten que el recurrente pueda mantenerse y continuar en el trabajo que él eligió libremente desempeñar; mientras que por otra parte, el mismo acto administrativo irregular y arbitrario causó el cese forzado e inmediato de la percepción de sus remuneraciones por la drástica medida desvinculatoria aplicada en su contra, lo que priva al recurrente de su legítimo derecho de percibir sus emolumentos y en consecuencia perturba su derecho a la propiedad, como también, la resolución exenta N° 05 dispone la Baja de las Filas de la Institución por nombre reservado y con Efectos Inmediatos, lo que claramente atenta en contra de la dignidad y honra de su representado, porque sin contar con insumo probatorio, y sin esperar los resultados de un proceso administrativo previo, dispone la desvinculación inmediata del señor nombre reservado con nota de nombre reservado, que si bien podría variar la calificación de la Nota de Conducta al término del correspondiente sumario administrativo, también le perjudica el hecho que el sumario se encontraría suspendido por aplicación del artículo 84 ter, inciso final, ley 18.961 (porque no suspendió la resolución de baja sino que los actos posteriores) y se mantendría paralizado en forma indefinida hasta que se concluya la causa penal; cuya calificación de conducta (nombre reservado) es del todo perjudicial para el recurrente, porque por una parte lo denigra como funcionario de Carabineros y como persona, y por otra parte, se ha transformado penosamente en su carta de presentación curricular para buscar trabajo, porque en todos los lugares que ha concurrido (a lo menos 4) le piden su resolución de retiro y las razones de haber dejado d pertenecer a Carabineros, y cuando se exhibe la citada Resolución Exenta N° 05, lo primero que salta a la vista es que la causa de retiro es la “baja por nombre reservado con efectos inmediatos”, y nadie quiere contratar a un ex funcionario dado de baja por nombre reservado, aunque se les aclare que en el sumario aún están pendientes sus resultados y se trataría de una baja condicional, lo que claramente afecta su imagen, dignidad y honra, porque ni siquiera se está tramitando el sumario administrativo para probar lo contrario, porque éste se encontraría suspendido. Que además, por tratarse de acciones u omisiones antojadizas y carentes de motivación y sustento probatorio, en especial el acto expulsivo, claramente vulnera y amenaza el derecho fundamental de igual ante la ley, debido a que no se permitió clarificar los hechos primeramente mediante un formal proceso administrativo (sumario o investigación sumaria), como ocurre y debiera acontecer en la mayoría de los casos en que se ve involucrado el personal de Carabineros (Oficiales y Personal) que no ha confesado su responsabilidad ni tampoco ésta se ha hecho evidente, pese a la incertidumbre que hoy en día se aprecia con respecto a los hechos materia de controversia, ya que la recurrida optó simplemente por tenerlos por acreditados, sin prueba y sin fundamentación, y además presumiendo de derecho su responsabilidad administrativa y penal (dice que es “Delito” el considerando 7 de la resolución), resolvió aplicar una sanción disciplinaria expulsiva al señor nombre reservado con las nefastas consecuencias jurídicas y económicas ya explicadas.

Luego se refiere a la garantía de igualdada ante la Ley consagrada en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República y su tratamiento en doctrina y en jurisprudencia. Y concluye que una destitución debe ser independiente y objetiva, similar a otros procesos de remoción que existen para otros miembros de organismos estatales independientes. En este caso, mi patrocinado ha recibido un trato diferenciado, de manera ilegal y arbitraria, vulnerándose, así, de manera abierta y manifiesta, la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política y en diversos tratados internacionales. Indica que queda claro que en el caso de autos existe falta de igualdad, ya que en la ResoluciónExenta N° 05, no hay un fundamento real, imparcial y objetivo para atribuirle responsabilidad administrativa al señor nombre reservado, incluso considerando la exigua evidencia (solo declaraciones del personal policial que ni siquiera aportan antecedentes en su contra), por lo tanto, estima el recurrenmte que no tiene derecho a defensa y menos debido proceso, porque se tiene por probados hechos, incluso catalogados de delito por la recurrida, que origina clara incertidumbre sobre la forma en que acontecieron y sobre la participación del recurrente, toda vez que la propia jurisprudencia señala que las resoluciones de los organismos públicos tienen que ser fundamentadas, tal como lo establece los artículos 11 y 41 de la ley N° 19.880. Agrega que la citada Resolución Exenta N° 05, que fue dictada sin esperar los resultados de un proceso administrativo previamente tramitado -sin observar el debido proceso ni el principio de presunción de inocencia-, dispone la expulsión inmediata del recurrente, con nota de nombre reservado, cuya medida disciplinaria desvinculatoria tiene el carácter de condicional y por lo tanto se encontraría supeditada a los resultados del sumario administrativo (así lo dice expresamente la letra D.1. de la citada resolución (hoja 17)), pero no se ha pensado ni razonado, que la situación administrativa de su representado se ve aún más desmejorada por el hecho de haberse suspendido el sumario administrativo ¿Entonces cómo podría ejercer su derecho a una oportuna defensa administrativa, si no se puede tramitar el expediente por efectos propios de la suspensión del procedimiento administrativo? Entonces claramente la situación administrativa del recurrente se encuentra empeorada o está más escuálida, en relación a otros funcionarios que si pueden intervenir activamente como parte inculpada en el proceso sumarial que les afecta, porque no ha existido suspensión y si ésta se ha verificado, aún no se sufren los embates de una sanción o medida disciplinaria como la impuesta arbitrariamente al señor nombre reservado.

Luego se refiere a la garantía consagrada en el artículo 19 Nº 4 de la Carta Magna esto es el derecho al respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, señala que la Resolución Exenta N° 05 de fecha 29 de octubre de 2022, de la Prefectura de Carabineros Limarí, no tiene sustento ni insumo probatorio, y además fue dictada de manera irregular cuando en realidad debía primar la suspensión del procedimiento disciplinario, y por lo tanto, se trataría de un acto administrativo ilegal y arbitrario, que subsiste solo de facto, porque se dictó cuando el procedimiento disciplinario y el plazo de prescripción se encontraban suspendidos. Agrega que, que la ya mencionada Resolución Exenta N° 05, dispone la Baja Inmediata del recurrente con nota de nombre reservado, y mientras se mantenga sin movimiento alguno el sumario administrativo producto de la suspensión que provoca el artículo 84 ter de la Ley 18.961, entonces persiste en forma indefinida la nefasta calificación de conducta fijada por la recurrida en el acto administrativo del día 29 de octubre de 2022, catalogándola como “mala”, lo que se mantendría en la incertidumbre al recurrente, sin poder rehacer su vida laboral, familiar y personal, porque todo su grupo de cercanos y redes de amigos y conocidos, saben que fue dado de baja por nombre reservado, sin poder aportar aún antecedentes en el sumario que puedan probar lo contrario (pese a que le favorece supuestamente la presunción de inocencia), porque el proceso administrativo se encontraría suspendido en forma indefinida, porque ahora depende de la conclusión del proceso penal que se haya iniciado a raíz de la denuncia, lo que implicaría tiempos de demora indeterminados, y causan un perjuicio enorme a la fama, imagen, dignidad y honra del recurrente, quien además de ser conocido ahora en su entorno por haber sido dado de baja forzosamente por nombre reservado, condición que no sabe por cuánto tiempo durará; tampoco la resolución de baja le permite presentarse como un buen prospecto laboral ante una empresa pública o privada, porque todos piden referencias y cuando se trata de ex Carabineros, solicitan o la resolución de retiro o un certificado de nota de conducta, y con la actual Resolución Exenta N°05, que ha sido ya presentada en a lo menos cuatro lugares que ofrecen trabajo, no se le ha permitido ingresar a ningún trabajo de exigencia media, ya sea como guardia, vigilante, transportista, asistente, ejecutivo de ventas, digitador, etc., porque le pesa la denostadora fama que se ganó en la resolución de baja, y la forma en que fue desvinculado de Carabineros, como también, la calificación de nombre reservado que fuera fijada sin razón por la recurrida, lo que ha echado por tierra toda una trayectoria de servicio público por casi 30 años de servicios y pese haber llegado al máximo grado de su escalafón (Suboficial Mayor), ahora se le tilda de funcionario que ha perdido sus condiciones profesionales y morales, y nadie quiere contratar a un ex funcionario con este perfil, situación del todo desfavorable y perjudicial para su honorabilidad y dignidad, porque debe demostrar a los demás que existe un sumario administrativo en el cual podrá probar su inocencia, pero como se puede hacer aquello si hasta el sumario administrativo se encuentra paralizado indefinidamente a raíz de la suspensión del procedimiento disciplinario. ¿Qué más daño se le puede hacer al término de su carrera profesional? (sic).

Luego se refiere al derecho a la libertad de trabajo y su protección, derecho a la libre contratación y su libre elección, establecida en el artículo 19 N°16 inciso 2° de la Constitución Política de la República, que habrían sido vulnerados. Sostiene al respecto que las actuaciones y/u omisiones de la recurrida han vulnerado, también, el derecho al trabajo y su libre elección y contratación, al que hace mención la Constitución en su artículo 19 numerando 16 inc. 2°, por cuanto se le privó al recurrente de su única fuente y/o actividad laboral que contaba y, consecuencialmente, de todos los derechos previsionales y remuneratorios propios del cargo que él, en forma voluntaria, eligió libremente desempeñar y que, por un capricho de la recurrida, que sin mediar a lo menos un proceso investigativo previo, decidió truncar sin fundamento, al resolver su baja con efectos inmediatos, sin contar con el insumo probatorio mínimo para resolver tan severa sanción; catalogando, sin explicación o fundamento alguno, de Grave, de Delito, de Importancia y Trascendencia los hechos registrados en la madrugada del día 22 de octubre de 2022, pero sin lograr vincular el actuar o comportamiento del señor nombre reservado con los hechos que califica; porque es distinto valorar que el hecho de encontrar a un cadáver calcinado es, claramente, un suceso traumante y de connotación pública -¿quien podría negar aquello?-, pero muy distinto es pensar que el comportamiento desplegado por el recurrente provocó o tuvo algo que ver con el lamentable hallazgo del cadáver calcinado; o bien, que la concurrencia de los dos únicos funcionarios disponibles podrían reprimir acciones de terceras personas que se movilizaban en 5 o 6 vehículos en una localidad apartada realizando disparos, ya que del simple examen de los antecedentes indiciarios recibidos por su representado por el propio jefe del turno de la Tenencia Sargento 2° nombre reservado, claramente se concluye, que enviar a dos funcionarios a un procedimiento distante a unos 55 kms., aproximadamente, en donde había una cantidad indeterminada de individuos movilizadas en 5 o 6 vehículos (camionetas y/o vehículos) tratando de ingresar a una vivienda, efectuando disparos, constituiría una acción irresponsable, mientras no existieran refuerzos de otros funcionarios policiales, porque de haber dispuesto su traslado, sin apoyo de otro personal, los hubiera expuesto sin razón ni lógica alguna, a las acciones y represalias de los sujetos del lugar que, además, los sobrepasaban en número, conocían bien el sector y podían esperar al personal policial para atacarlos en cualquier momento durante el trayecto o una vez que llegaran a la localidad, sumándose a la escases de combustible que ya fuera constatada por las versiones entregadas per el resto del personal y muy especialmente por el Comisario de la 3ra. Comisaría Ovalle (considerando 3.5. de la Resolución de baja N° 05).

Estima que, a la falta de sustento probatorio o de prueba indiciaria para justificar la drástica medida disciplinaria desvinculatoria, se suma también la improcedencia de dictar, formalmente, la Resolución Exenta N°05 el día 29 de octubre de 2022, porque el procedimiento debía suspenderse a contar del día 28 del mismo mes y año, por haberse constatado la formulación de denuncia por los mismos hechos ante la Fiscalía Militar Letrada de La Serena y, no obstante estas observaciones, la recurrida siguió adelante en su afán de resolver su baja inmediata, lo que en definitiva truncó su carrera profesional como Carabinero y afectó, por tanto, su derecho a la libre elección del trabajo, que años atrás ejerció al ingresar libre y voluntariamente a las filas de Carabineros de Chile.

Luego el recurrente se refiere a cómo se vulneró el derecho de propiedad por parte de la recurrida. Señala que el acto administrativo, junto a las acciones y omisiones de la recurrida, ya descritas, vulneran el derecho a la propiedad sobre el cargo que en propiedad desempeñaba el recurrente hasta el día 29 de octubre de 2022, en específico, por el cese de su empleo y de sus remuneraciones y afectación de su estabilidad. Cita jurisprudencia sobre la garantía reclamada.

Sostiene que en este caso, queda establecido que el derecho a la propiedad sobre el cargo y a la estabilidad en el empleo, y por el hecho de dar de baja de la institución con efectos inmediatos a su representado, es ilegal y arbitrario, por las siguientes razones: (1 mientras no cometa ningún acto contrario a las leyes, moral y las buenas costumbres debe permanecer en el cargo hasta que cumpla 30 años efectivos en la institución e incluso pueda optar a la prolongación de su carrera hasta los 35 años (2) está siendo ilegal y arbitrariamente despojado de su cargo sin contar con un proceso previo y legalmente tramitado (3) la cesación de sus funciones y de sus remuneraciones quedaron entregadas a la discrecionalidad abusiva de la autoridad recurrida (sic). Que por todos estos motivos, estima vulnerado en su derecho de propiedad sobre el cargo y sobre su estabilidad en el empleo. Cita jurispruduencia sobre la propiedad sobre las remuneraciones. Cita la Convención Americana sobre Derechos Humanos igualmente.

Señala que la protección de la propiedad privada, incluye aquellos derechos patrimoniales que implica una prestación económica de parte del Estado, como pensiones o como remuneraciones. En el caso en cuestión, queda claro el menoscabo y, sobre todo, la evidente conducta ilegal y arbitraria que siguió la parte recurrida, toda vez que la propia resolución exenta N° 05 por la que se recurre, reconoce por una parte, según versión del Comisario de la 3ra. Comisaría de Carabineros Ovalle, Mayor nombre reservado transcrita en el considerando 3.5., que en horas de la mañana del día 22 de octubre de 2022, se entrevistó con el Suboficial Mayor nombre reservado, y este último al ser requerido para un traslado del Comisario, le manifestó expresamente que: “... no podía, porque tenía poco combustible...”, por lo que el tema de la escases de combustible fue algo objetivo y real, y no solo una mera alegación en este recurso. Agrega que queda claro que su representado recibió la información alusiva a la situación acontecida en el sector de San Pedro de Quiles en la madrugada del día 22 de octubre de 2022, con participación de vehículos y camionetas (cerca de 5 aprox.) que merodeaban domicilios con la intención de ingresar a uno de ellos, directamente del jefe del turno de la Tenencia Punitaqui, el Sargento 2° nombre reservado, haciendo presente, que fue el propio nombre reservado de la Prefectura Limarí, quien advirtió discrepancias en la versión del señor nombre reservado, y no solo con la comunicación con CENCO, sino que (así lo dice textualmente la letra B.2., hojas 16/17 de la Resolución de Baja): “... se vislumbran cuando el mismo transmite dicha información a su Jefe de Tenencia, con una clara intención de distorsionar los hechos reales a fin de no concurrir hasta el sector sindicado por los recurrentes para efectos de verificar personalmente las circunstancias de estos.” Agrega que la recurrida ya sabía -así lo demuestra su resolución- que el Sargento 2° nombre reservado, le habría dado información tergiversada (discrepancias) a su representado, y que en base a esa información y de buena fe, ponderó los riesgos y solicitó a través del mismo Sargento 2° nombre reservado, que se gestionara por CENCO el refuerzo o apoyo de personal necesario para concurrir al lugar del hecho, y que luego que el jefe del turno le expresara que CENCO coordinaría con el Comisario infrascrito la solicitud de refuerzo de personal, sin que se prestara en definitiva dicha colaboración; recién allí el señor nombre reservado resolvió que los dos funcionarios de servicio de patrullaje (población) de la Tenencia Punitaqui, no concurriera al lugar, porque significaba mucho riesgo a dicho personal, ¿Entonces cuál es el cuestionamiento o la falta cometida por mi representado, si actuó en base a la información aportada por el propio Sargento 2° nombre reservado y que es información conocida de la autoridad recurrida ? ¿Cuál es entonces el fundamento de la baja con efectos inmediatos? (sic).Señala que nada de lo dicho bastó como explicación al nombre reservado, o a lo menos como antecedente para crear una duda razonable que permita a la recurrida analizar la posibilidad de instruir primero un sumario administrativo y luego según su resultado y/o conclusiones, poder resolver la medida disciplinaria más acorde, si fuera procedente, pero la autoridad recurrida se fue por el camino más fácil aunque solo a simple vista, porque no ponderó, analizó ni fundamentó el acto expulsivo que dispuso en contra del señor nombre reservado, y que a su vez le significó cesar en sus remuneraciones por el cargo que en propiedad que desempeñaba hasta ese momento, concluyendo entonces que se trata de un acto ilegal y arbitrario por donde se mire, ya que por una parte debía observarse el artículo 84 ter de la ley 18.961 que se entendía suspendido el procedimiento disciplinario y la prescripción a contar del 28 de octubre de 2022 fecha en la cual se formuló denuncia, esto es un día antes del acto desvinculatorio, y por otra, no existe ni el más mínimo insumo probatorio o de evidencia que justifique o apoye la baja inmediata aplicada y su consiguiente privación de sus emolumentos mensuales que forman parte de su derecho de propiedad (sic). Agrega que queda claramente establecido que para poder suspender, descontar o privar a un funcionario público o trabajador particular de sus remuneraciones o sueldo, debe ello estar expresamente permitido por la Ley y señalado en forma expresa, no constituyendo la aplicación del artículo 127 Nº 4) del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros N° 8, en ningún caso, faculta para decretar el cese del pago de remuneraciones de su representado, mucho menos, para continuar en el tiempo reteniéndolas en forma indefinida.

Luego se refiere a consideraciones normativas y jurisprudenciales que apoyan la acción constitucional promovida, al respecto cita jurisprudencia, referida a los reparos que presenta la “baja inmediata por nombre reservado” que opera en Carabineros de Chile, y sobre el irregular e indebido cese de remuneraciones y la privación de los demás derechos previsionales al personal sumariado que ha sido objeto de una expulsión. Y agrega que, no obstante lo dicho y sin perjuicio de abordar estas importantes sentencias pronunciadas por el Máximo Tribunal del país y por la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel, se debe hacer presente que el tema de la suspensión del procedimiento disciplinario y del plazo de prescripción – que se entiende que operaría de pleno derecho por tratarse de una normativa reciente (art. 84 ter de la Ley 18.961), que comenzó a regir del 17 de Agosto de 2022 – aún no se conforma jurisprudencia judicial y administrativa sobre esta especial temática jurídico procesal de pertinencia e importancia administrativa para el Personal de Carabineros de Chile (sic).

Hace presente que atendido al estado en que se halla el procedimiento administrativo materia de la presente acción – que es conveniente tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley N°19.880 de Bases de Procedimientos Administrativos que rigen los actos de la Administración del Estado, sobre la compatibilidad de la presente acción constitucional con cualquier recurso administrativo que se pueda ejercitar en su momento en la administración, materia sobre la cual la Excma. Corte Suprema de Justicia, ha resuelto que: (...) el recurso de protección, resulta totalmente compatible con el ejercicio de cualquiera otra acción, jurisdiccional o administrativa, dirigida a enervar los efectos nocivos de un acto ilegal o arbitrario; compatibilidad que, por su establecimiento de carácter constitucional, prevalece respecto de cualquier intento legislativo que pretenda coartar el ejercicio de esta acción. En consecuencia, en caso alguno puede considerarse que la interposición de la acción jurisdiccional de que habla el artículo 54 de la Ley Nº 19.880 esté referida al recurso de protección porque, precisamente, el artículo 20 de la Carta Fundamental se anticipó a declarar que esta acción es sin perjuicio de otros derechos e, implícitamente, prohibió a la ley poner límites al pleno ejercicio de este arbitrio. En estas condiciones, el aludido artículo 54 no impide que el afectado pueda impetrar la protección constitucional -en el evento que se hubiese impugnado la decisión administrativa desvinculatoria, lo cual aún no hace en el caso de marras, toda vez que su representado desconoce si se instruye, actualmente, un sumario o se encuentra suspendido, según art. 84 ter de la ley 18.961-.Cita jurisprudencia sobre la materia.

Finalmente, solicita a esta Corte acoger el recurso de protección en contra de la Prefectura de Carabineros Limarí, representada por el nombre reservado, nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado y adoptar todas las medidas y providencias pertinentes y necesarias para restablecer el imperio del derecho quebrantado respecto de los derechos fundamentales establecidos en el artículo 19 N°2 “Igualdad ante la Ley”; 19 N°4 “Respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia”; 19 N°16 “Libertad de trabajo, y su libre elección y contratación”y, 19 N°24 “Derecho de Propiedad en todas sus formas”, de la Constitución Política de la República de Chile, ordenando a Carabineros de la Prefectura Limarí, que anule, invalide o deje sin efecto derechamente su Resolución Exenta N°05 de fecha 29 de octubre de 2022, por medio de la cual se ordenó la “baja inmediata por nombre reservado” del señor nombre reservado, y restablezca la percepción de todos sus derechos previsionales y remuneraciones cesados en forma ilegal y arbitraria, y se deje constancia (si se entiende que la suspensión opera de pleno derecho) o se decrete administrativamente (en caso de considerar que debe hacerse por acto formal de autoridad) la suspensión del procedimiento disciplinario y del plazo de la prescripción de la acción disciplinaria a contar de la fecha en que se formuló, oficialmente, la denuncia por los mismos hechos para ante la Fiscalía Militar Letrada de La Serena, esto es, a contar del día 28 de octubre del presente año, fecha anterior a la dictación de la citada Resolución Exenta N°05, por lo que ésta (Resol. Ex. N° 05) se encuentra dentro del período de suspensión y, por consiguiente, pierde toda eficacia en esa calidad, si se persiste en mantenerla de facto, con el fin que la eventual responsabilidad administrativa de su patrocinado se resuelva mediante la instrucción de un formal sumario administrativo que se instruya como un racional y justo procedimiento administrativo, en forma previa, a la determinación de cualquier medida administrativa o sanción disciplinaria que afecte la estabilidad laboral del recurrente, respetando el principio de presunción de inocencia y debido proceso, o bien, cualquiera otra medida que, conforme al mérito de los antecedentes esta Corte estime del caso decretar, para el restablecimiento de los derechos privados, perturbados y/o amenazados.

Acompaña con citación, los siguientes documentos: 1. Copia de la Resolución Exenta No 05 de fecha 29 de octubre de 2022, de la Prefectura de Carabineros “Limarí” y su notificación de misma fecha; Copia del Documento Electrónico N°170121796 de fecha 20 de octubre de 2022, del Jefe de Tenencia Punitaqui, nombre reservado; 3. Copia de mensajería whatsApp de fecha 22 de octubre de 2022, 09.36 horas, dirigido por el recurrente al Subcomisario de los Servicios de la 3ra. Comisaría de Carabineros Ovalle, Capitán nombre reservado, representando que había solicitado combustible hace 2 días mediante DOE (Documento Electrónico N°170121796 de 20-Octubre-2022) y aún no le han recargado combustible; 4. Copias de las constancias estampadas por el Sargento 2° nombre reservado en el Libro de Novedades de Segundo Patrullaje de la Tenencia de Carabineros Punitaqui, del día 21 y 22 de octubre de 2022 y su transcripción; 5. Orden General de Carabineros de Chile, N° 2.490 de fecha 11 de Mayo de 2017, que aprueba el Manual de técnicas de intervención policial para Carabineros de Chile. Nivel 1.

Segundo: Que a folio 15 de la carpeta digital de estos autos, Informa el Teniente Coronel Sr. nombre reservado, Subprefecto de los Servicios Prefectura Limarí de Carabineros de Chile.

Señala que la arbitrariedad e ilegalidad sostenida por la recurrente no es procedente, ya que el actuar administrativo está ajustado a derecho, por cuanto la medida administrativa impuesta al recurrente estuvo sometida a la reglamentación y potestades que otorgan al recurrente todas las instancias reglamentarias y legales para ejercer los derechos que estime pertinentes, con respeto a sus garantías constitucionales.

Señala que los hechos que motivaron la medida administrativa por la que se recurre y tal como se consignare en el Oficio Nº 03 de 28 de octubre de 2022, la Sección de Asuntos Internos de la Prefectura de Carabineros Limaría, direccionado a la Fiscalía Militar de La Serena, refieren a que mediante Documento Electrónico Nº 170696986, de fecha 29.10.22, la mencionada Sección Especializada de esta dependencia informó al entonces mando de Repartición Subrogante de las diligencias indagatorias instruidas con ocasión de los reportes ingresados a través del portal Web Institucional “Comisaría Virtual”, por cuyo medio se denunciaban anomalías en el actuar policial del personal de dotación de la Tenencia de Carabineros Punitaqui, dependiente de la 3ra Comisaría de Carabineros Ovalle, indicando que con fecha 22.10.2022, funcionarios de la citada Tenencia no habrían concurrido a determinado procedimiento policial pese a los reiterados llamados telefónicos efectuados al Nivel 133, en el sector denominado “San Pedro de Quilques”, y que habría culminado con el hallazgo de un cadáver calcinado junto a un vehículo particular incinerado.

Señala que en dicho contexto, a raíz de los antecedentes informados por la mencionada Sección Especializada, y de acuerdo a lo prescrito en el artículo 44 quater de la Ley orgánica constitucional de Carabineros de Chile, Nº 18.961, el que en lo pertinente señala que el personal de la institución “se encuentra obligado a denunciar ante la autoridad competente los hechos de que tomare conocimiento en el ejercicio de sus funciones y que revistieren el carácter de faltas administrativas, especialmente aquellas que contravengan el principio de probidad administrativa. Lo anterior es sin perjuicio del deber establecido en el artículo 175 del Código Procesal Penal, cuando los hechos sean constitutivos de delito”, mientras que el artículo 44 quinquies de la misma Ley, establece que “Carabineros de Chile elaborará un modelo de control interno para la prevención y control de conductas indebidas, tales como faltas a la probidad funcionaria, infracciones o faltas a los códigos de conducta y reglamentos disciplinarios, el que se radicará en una Alta Repartición y deberá contar con un mecanismo confidencial que permita a los miembros de la propia Institución dar cuenta de este tipo de conductas en forma anónima y garantizar que no sufrirán consecuencias negativas por ello.”, es que el suscrito en su calidad de nombre reservado de la época dispuso al personal de la Sección de Asuntos Internos, como asimismo, de la Fiscalía Administrativa de la Prefectura de Carabineros Limaría, la realización de las diligencias indagatorias a fin de esclarecer los hechos denunciados a través de la Comisaría Virtual, previo a determinar la adopción de las medidas conducentes a reprimir las eventuales conductas constitutivas de faltas administrativas.

Señala que en dicho sentido, se procedió a la toma de declaración del recurrente de autos, del ex Sargento 2do nombre reservado; Cabo 2do.nombre reservado; Cabo 2do. nombre reservado, todos de dotación de la Tenencia Carabineros Punitaqui; Sargento 2do.nombre reservado, Supervisor de la Central de Comunicaciones Cenco Limarí y al Mayor nombre reservado, Comisario de la 3ra. Comisaría Carabineros Ovalle (todas las cuales se encuentran enteramente transcritas en la Resolución Exenta Nº 05 de 20.10.2022, de la Prefectura Carabineros Limarí), como asimismo, se solicitó a la Central de Comunicaciones Cenco Limarí, extracto del Sistema CAD relativo al procedimiento acaecido con fecha 22.10.2022, en el sector territorial de la Tenencia de Carabineros Punitaqui, estableciéndose conforme al mérito de las deposiciones de los testigos, así como también de las transcripciones antes referidas, y tal como se señaló en la Resolución Exenta Nº 05, relatos discordantes y contradictorios entre sí, advirtiéndose severas divergencias entre las declaraciones voluntarias prestadas tanto por el recurrente de autos, como por el ex Sargento 2do. nombre reservado, con las transcripciones de los audios de las llamadas efectuadas a la Central de Comunicaciones Cenco Limarí, todo lo cual dejó en evidencia que ambos involucrados en su calidad de funcionarios de Carabineros de Chile, no desplegaron las acciones mínimas ni necesarias conforme a sus atribuciones para verificar personalmente los hechos que estaban siendo denunciados por diversos recurrentes al nivel 133, y que conforme a los primeros antecedentes aportados hacían necesaria la presencia del personal institucional en el lugar para efectos de adoptar el procedimiento policial de rigor.

Prosigue su informe indicando que en razón de lo anterior, y tal como se desarrolló latamente en la resolución recurrida, conforme a la evaluación de los antecedentes, y en su calidad de nombre reservado de la época, y de acuerdo con las atribuciones y facultades que le confiere el ordenamiento jurídico institucional, se formó la convicción de que los hechos, y en consecuencia, las inconductas (sic) en las que incurrieron ambos funcionarios eran de tal gravedad y trascendencia que hacían meritoria respecto de ambos involucrados, la aplicación de una medida administrativa de tal entidad como es la “baja por nombre reservado, con efectos inmediatos”.

Señala que, lo resuelto por su Mando de Repartición Subrogante mediante Resolución Exente Nº 05 de 29.10.2022, encuentra sustento normativo en el artículo127 Nº 49, inciso quinto, del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros, Nº 8, que precisa que ello tiene el carácter de condicional y se encuentra sujeto al resultado final del Sumario Administrativo que sobre el particular se haya ordenado instruir, asistiéndole a la recurrente el derecho a ejercer las instancias de impugnación a partir a partir de la notificación de la Vista Fiscal, en la forma y plazos que regule el Reglamento de Sumarios Administrativos de c Carabineros de Chile, Nº 15. Que en ese mismo orden de ideas, la precitada Resolución, no solo señala en su letra D.1), que si se le aplica en definitiva una sanción que no importe necesariamente su baja, serán reintegrados a la Institución, percibiendo las remuneraciones devengadas durante el tiempo que duró su licenciamiento, sino también, consigna en su letra D.2), que a contar de la fecha en que se haga efectiva la sanción disciplinaria expulsiva del recurrente y el ex Sargento 2do. nombre reservado, quedarán desvinculados de la filas de la institución, por lo que desde esa data no tienen derecho a percibir las remuneraciones del empleo en actividad, tal como lo ha precisado la Contraloría General de la República en varios dictámenes que cita.

Prosigue, indicando que en razón de lo expuesto la Prefectura de Carabineros Limarí, dispuso la instrucción de un sumario administrativo, mediante la Orden de Sumario Nº 1767/1 de fecha 22.11.2022, a cargo de la Fiscalía Administrativa de esa dependencia, con la finalidad de establecer la forma, causas y circunstancias en que ocurrieron los hechos descritos precedentemente; proceso formal que fuera suspendido mediante Resolución Nº 669, de fecha 15.11.2022, de esa Repartición, conforme a lo previsto en el artículo 84 ter. De la Ley Nº 21427 que moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y transparencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, vigente desde el 17 de agosto de 2022. Señala que la norma citada dispone en el inciso final “se suspenderá la tramitación del procedimiento disciplinario y el plazo de prescripción de su acción si respecto de los hechos que lo motivaron se formula denuncia o querella por un hecho constitutivo de delito, en los términos que establece la ley, hasta el término de la causa penal.”; el cual encuentra total aplicación en la especie, por cuanto mediante su Oficio Nº 3 de fecha 28.10.22, la Sección de asuntos internos de la Prefectura de Carabineros Limarí, denunció los hechos a la Fiscalía Militar de La Serena, configurándose los presupuestos establecidos por el legislador para efectos de disponer la suspensión del proceso administrativo instruido sobre el particular, circunstancia que finalmente se materializó mediante Resolución exenta Nº 669 de fecha 15.11.22 de la Prefectura citada, encontrándose actualmente el proceso bajo custodia de la fiscalía Administrativa de esta dependencia conforme a lo dispuesto en la letra B)de la parte resolutiva de la mencionada resolución exenta, por lo que no cabe sino colegir que se ha dado estricto y cabal cumplimiento a lo dispuesto en el citado precepto legal. Agrega que es dable señalar que mediante documento electrónico Nº 171827025 de fecha 17.11.2022, la Fiscalía Administrativa de su dependencia remitió la mencionada Resolución exenta Nº 669, hasta la Prefectura de Carabineros Santiago Norte, a objeto que por su intermedio se notifique al ex Suboficial Mayor nombre reservado del contenido íntegro de la misma, diligencia que aún se encuentra pendiente de materialización conforme a lo informado por la citada Repartición con fecha 05.12.2022.

Señala que de las alegaciones expuestas por la recurrente se desprende que el objeto de la acción constitucional interpuesta, refiere a la intención por parte del actor de utilizar esta vía como una instancia administrativa, lo anterior toda vez que reprocha el acto administrativo recurrido en lo que refiere a la medida administrativa que por intermedio del mismo se resolvió aplicar, como asimismo, en cuanto a la cesación de sus remuneraciones y derechos previsionales desde la fecha en que se hace efectiva su eliminación de las filas de la Institución con efectos inmediatos. Sostiene que la hipótesis del actor resulta errónea, evidenciando la intención de utilizar esta vía como una instancia, en circunstancias que se está en presencia de una medida administrativa contemplada en el ordenamiento jurídico institucional, que cumplió con todas y cada una de las etapas procesales administrativas que la normativa aplicable al particular contempla, respetando tanto el derecho a defensa, como el debido proceso, situación que da cuenta de la existencia de una supuesta ilegalidad y/o arbitrariedad como se pretende argumentar.

Señala que en dicho sentido es útil recordar que el recurso de protección constituye jurídicamente una acción destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistente que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ente un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo. Que como se desprende de lo indicado, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien recurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto, en consecuencia, esta acción de cautela de derechos constitucionales es una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia es indubitada. Que, por tanto, teniendo presente que el actor no cuenta con un derecho de carácter indubitado, se puede concluir que no se cumple con el supuesto básico de esta acción de protección.

Se refiere luego a la normativa aplicable al asunto que se le ha pedido informar y señala que Carabineros de Chile, posee un sistema disciplinario especial al cual está sujeto el personal institucional, según se desprende del artículo 84 bis de la Ley 18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, que dispone “Todo hecho constitutivo de falta administrativa dará origen a una medida disciplinaria de conformidad al Reglamento de Disciplina y Sumarios Administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pueda afectarle”. Que a su turno el artículo 23 del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile Nº 11, establece las sanciones disciplinarias que se les puede aplicar a los funcionarios, contemplando en el numeral segundo, letra E)”Baja por nombre reservado, con efectos inmediatos”. Seguidamente, el artículo 25 Nº 9 del citado cuerpo reglamentario dispone que la “Baja por nombre reservado, con efectos inmediatos se aplicará de acuerdo a lo prescrito en el Reglamento de Selección y Ascensos del personal de Carabineros Nº 8.

Que por su parte, el artículo 127 Nº 4, inciso quinto, del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros, Nº 8, dispone que en los casos en que la comisión de una falta que dé origen a la instrucción de un sumario Administrativo o Investigación, fuere de tal gravedad que haga inconveniente la permanencia del funcionario, y el inculpado confiese su responsabilidad o esta es evidente, el Jefe que ordene la instrucción del Sumario administrativo podrá eliminarlo de inmediato, por nombre reservado, sin expresar nota de conducta hasta la culminación de la pieza sumarial o investigación, oportunidad en la cual se deberá fijar la nota que en definitiva corresponda, o bien, modificar o dejar sin efecto la causal de baja según el mérito del Sumario o Investigación.

Sostiene que la normativa transcrita permite que, cuando concurran los supuestos indicados, la baja será dispuesta por la autoridad policial aun cuando el procedimiento disciplinario no se encuentre del todo afinado, en cuyo caso, la eliminación tiene el carácter de condicional, pues se encuentra sujeta al resultado final de dicha investigación, lo cual tiene su fundamento último en la necesidad de alejar de sus funciones a aquellos Carabineros respecto de los cuales los primeros antecedentes recabados, den cuenta que éstos están involucrados en hechos de carácter grave. Que a mayor abundamiento, la Contraloría General de la República ha indicado que la determinación de mayor o menor gravedad de la falta cometida por el personal institucional queda entregada a la calificación de la Jefatura Institucional respectiva (Dictámenes Nº 997 de 2021; 16569, de 2019; 4.401, de 2018; 35.714 de 2017). En otras palabras, es la Autoridad Institucional la que aprecia y pondera los hechos para determinar la sanción o medida a aplicar, sin perjuicio que ello deba expresarse en un acto administrativo. Prosigue indicando que el inciso segundo del artículo 84 bis de la Ley Nº 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, establece que “La potestad disciplinaria será ejercida por las autoridades ministeriales e institucionales competentes a través de un racional y justo procedimiento administrativo, los que figuran normados en el Reglamento de Sumarios Administrativos de Carabineros Nº 15, el que contempla la forma de presentar sus alegaciones, los correspondientes recursos que pueden hacer valer los inculpados y las pruebas que a su favor pudieran incidir, observándose con ello el respeto al debido proceso y el libre ejercicio de su derecho a defensa”. Por tanto, al subsumirse los hechos en la normativa institucional, como a la jurisprudencia de la Contraloría General de la República, resulta imposible sostener fundadamente que Carabineros de Chile actuó arbitraria o ilegalmente, puesto que el acto administrativo y sus efectos tienen sustento jurídicos y fácticos; lo anterior sin perjuicio además que cualquier análisis ulterior acerca del Sumario Administrativo instruido al efecto, excede con creces la naturaleza cautelar del Recurso de Protección, debiendo tramitarse en un juicio de lato conocimiento.

Sostiene el informante que no vislumbra la conculcación de las garantías fundamentales invocadas por la recurrente, toda vez que el actuar administrativo se encuentra ajustado a la normativa vigente, por cuanto tal como se señaló anteriormente, la eliminación de las filas de la Institución del ex Suboficial Mayor nombre reservado, reviste el carácter condicional, pue se encuentra supeditada al resultado final del respectivo Sumario Administrativo, lo cual tiene su fundamento último en la necesidad de alejar de sus funciones a aquellos Carabineros respecto de los cuales los primeros antecedentes recabados, den cuenta que estos están involucrados en hechos graves, pues están imposibilitados de cumplir con sus servicios, y consecuentemente de recibir la correspondiente remuneración, por cuanto sostener lo contrario implicaría un enriquecimiento sin causa, al no detentar la calidad jurídica que lo habilite a percibirlo.

Señala que si bien la recurrente formula alegaciones sobre diversas situaciones dentro del contexto de un sumario Administrativo que le afecta, es claro, que el objeto de su recurso es dejar sin efecto la “Baja por nombre reservado, con efectos inmediatos” que le fuere impuesta mediante Resolución Exenta Nº 5 de fecha 29.10.2022, como asimismo, se deje sin efecto la decisión de cesar en el pago de sus remuneraciones y derechos previsionales, pues en su concepto sería ilegal y arbitraria. Cita jurisprudencia para apoyar sus dichos y sostiene que como consecuencia de un procedimiento disciplinario, como sucede en la especie, se produce la desvinculación inmediata de funciones, la lógica consecuencia de ello es que dicho pago sea suspendido, pues la labor a remunerar no se realiza.

Señala que, conforme la jurisprudencia uniforme de la Corte Suprema que ha transcrito en su escrito, ha quedado en evidencia que en casos enteramente análogos al presente, ha determinado que la remuneración constituye la retribución por el trabajo que toda persona recibe por su desempeño efectivo y que, sin embargo, si como consecuencia de la adopción de una medida administrativa como la de autos se produce la desvinculación inmediata de sus labores, el lógico efecto de ello es que dicho pago sea suspendido, pues en estricto rigor la labor a remunerar ya no se realiza. Este criterio sostiene que ha quedado reflejado en varios dictámenes de la Contraloría General de la República, los que son obligatorios para la Institución que representa, de manera que al denegarse el pago de las remuneraciones del recurrente de autos, Carabineros de Chile actuó de acuerdo a la ley, no pudiendo reprochar ilegalidad ni tampoco arbitrariedad en su actuar.

Agrega que la resolución que dispone la baja de las filas de la Institución causa ejecutoria, de modo que si la misma es posteriormente revocada, el efecto inmediato de ello será ordenar la reincorporación, disponiéndose el pago de las remuneraciones que debieron ser percibidas en el tiempo intermedio, por lo que tampoco hay agravio que por esta vía se deba reparar, razón por la cual, el recurso debe ser desestimado.

Que respecto a la alegación formulada por la recurrente de autos, en cuanto a que la Resolución Exenta Nº 5 de 29.10.2022 le fue notificada un día inhábil, es dable señalar que la notificación es una diligencia cuya finalidad es hacer saber al afectado la voluntad de la administración expuesta en el instrumento que se comunica, diligencia que se cumple cuando el servidor toma conocimiento cierto del contenido del documento por cualquier medio auténtico y fidedigno, lo que en la especie se concretó según da cuenta el acta de notificación que acompaña al recurso. Añade que es dable señalar, conforme a lo establecido en el dictamen Nº 32498 de 2015 de la Contraloría General de la República, que la Ley Nº 19.880, no contempla reglas relativas a los días u horas inhábiles en los cuales los entes públicos han de practicar sus notificaciones, por lo que no cabe sino colegir que la diligencia de notificación impugnada se ajustó a las normas que regulan esta materia.

Sostiene que ha quedado en evidencia que tanto el suscrito en su calidad de nombre reservado de la Prefectura de Carabineros Limarí, como asimismo, la adopción de la medida administrativa en contra de la cual se recurre, han obrado con apego a las disposiciones legales y reglamentarias que regulan la forma de proceder ante la comisión de faltas administrativas de tal gravedad que hagan inconveniente la permanencia de un funcionario en las filas de la Institución, no pudiendo considerarse que exista ilegalidad o arbitrariedad en el cumplimiento de la obligación legal que pesa sobre los funcionarios policiales de poner en conocimiento de las autoridades competentes la existencia de un hecho que puede revestir caracteres de delito (tal y como aconteció en la especie), ni de la determinación de aplicar una medida administrativa, como asimismo, de instruir el correspondiente sumario administrativo en cuyo contexto la recurrente, y una vez que cese la suspensión que sobre el mismo pesa, podrá hacer valer sus alegaciones y medios de prueba de que disponga, sin que a la fecha se haya adoptado alguna decisión de carácter terminal que pueda ser impugnada por esta vía, ni se aprecie que la sola instrucción del sumario para efectos de establecer o descartar la efectividad de las faltas administrativas en que habría ocurrido la recurrente, así como la baja condicional de la Institución en tanto culmina el sumario antes referido, importe una actuación realizada la margen del derecho.

Que en razón de lo expuesto solicita a esta Corte, en definitiva, rechazar el recurso con expresa condenación en costas, y que se declare que el actuar del recurrido en su calidad de nombre reservado de la Prefectura de Carabineros Limarí, se ha ajustado a derecho.

Para dar cuenta de sus dichos acompaña los siguientes documentos a su informe, Oficio Nº 3 de 28.10.2022 de la Sección de Asuntos Internos de la Prefectura de Carabineros Limarí, direccionado a la Fiscalía Militar de La Serena; Orden de Sumario Nº 17676/1 de fecha 22.11.2022 de la Prefectura de Carabineros Limarí; Resolución Exenta Nº 669 de fecha 15.11.2022 de la Prefectura de Carabineros Limarí, que dispone la suspensión del sumario administrativo Nº 17676/1 de fecha 02.11.2022 y, Constancia de notificación de fecha 29.10.2022 del Suboficial Mayor nombre reservado, por cuyo medio se le notifica del contenido íntegro de la Resolución Exenta Nº 5 de fecha 29.05.2022 de la Prefectura de Carabineros de Limarí.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Cuarto: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

Quinto: Que el recurrente reclama, resumidamente, que la Resolución Exenta Nº 05 de 29 de octubre de 2022, habría vulnerado las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N°2 “Igualdad ante la Ley”, 19 N°4 “Respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia”, 19 N°16 “Libertad de trabajo, y su libre elección y contratación”, 19 N°24 “Derecho de Propiedad en todas sus formas” de la Constitución Política de la República de Chile, en atención a que la recurrida, por una parte, omitió una actuación legal imperativa en cuanto a no dar cumplimiento a la norma contenida en el inciso final del artículo 84 ter de la Ley 18.961, que ordena la suspensión del procedimiento disciplinario y del plazo de prescripción de la acción disciplinaria, una que vez se formule una denuncia o querella, lo que en definitiva afecta la igualdad ante la ley, toda vez que la recurrida sin razón observó un tratamiento administrativo distinto al ordenado por ley, al no suspender el procedimiento desde el momento que se cursó la denuncia penal, lo que fue en desmedro de su representado, que lo anterior se constituye en un trato desigual e infundado y, por otra parte, la recurrida dictó un acto administrativo ilegal y arbitrario, esto es la Resolución Exenta Nº05 de fecha 29 de octubre de 2022, dictada por la Prefectura de Carabineros Limarí que, sin mediar mérito probatorio, alguno – y vulnerando el Principio de Presunción de Inocencia y Principio de Proporcionalidad –, resuelve la inmediata eliminación del recurrente de las filas de la institución de Carabineros de Chile por “nombre reservado” y, a mayor abundamiento, lo priva forzadamente de sus remuneraciones. Esto, además, de tratarse de un acto contrario a derecho y atentar en contra de la igualdad ante la ley, también vulnera su derecho a la libertad de trabajo, su protección y su libre elección y contratación, como asimismo, al legítimo derecho de percibir sus remuneraciones como Suboficial Mayor de Carabineros a contar del mes de Noviembre de 2022. Cuestionando además la constitucionalidad de la norma aplicada al efecto por la recurrida, esto es, el artículo 127 N°4 penúltimo inciso, del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros de Chile N°8, Sexto: Que, en concordancia con lo expresado en los motivos tercero y cuarto que anteceden, para dilucidar y resolver esta acción de protección, se hace necesario analizar si los actos administrativos que se consideran ilegales y arbitrarios se corresponden con la vulneración a las garantías fundamentales que se estiman conculcadas por el recurrente.

Que como ya se dijo, cabe resaltar que la acción de protección no constituye una instancia por la cual esta Corte deba revisar hechos y probanzas conocidos y producidos en un procedimiento administrativo, terminado y menos en uno cuya ejecución está en marcha, como es el caso.

Subyace de la lectura de este recurso que el recurrente pretende que esta Corte revise el procedimiento en virtud del cual se le ha aplicado la sanción por la que reclama, procedimiento que está reglado en la normativa interna de la recurrida, regida por una Ley Orgánica Constitucional. Que la resoluciones emitidas por la recurrida en virtud de los hechos que dieron origen a las medida impuesta; que se trata además de una medida condicional, que puede ser revertida una vez que el sumario y todas las investigaciones terminen su curso normal, no corresponde sean atacadas por la vía de esta acción constitucional, toda vez que el procedimiento administrativo aún no está terminado, sino en plena ejecución.

Que, como aparece entonces, de la sola lectura del recurso, los derechos y garantías constitucionales, cuya presunta vulneración denuncia el recurrente, no aparecen conculcados, quien, además alega vulneración a las garantía del debido proceso en el procedimiento que se siguió en su contra para aplicarle la medida administrativa por la que recurre, pues cuestiona la constitucionalidad de la norma en virtud de la cual se le ha aplicado dicha medida administrativa -contenida en la tantas veces citada Resolución Exenta Nº 05 de 29 de octubre de 2022- norma que afectaría dicha garantía constitucional. Que sin perjuicio de que ninguna vulneración a dicha garantía se desprende de los hechos en que se fundamenta el recurso ya que, el procedimiento aplicado a la situación en que se vió involucrado el recurrente se ha iniciado en virtud de las facultades y normas reglamentarias y legales que rigen la institucionalidad de Carabineros de Chile, en su fase administrativa y el Código Procesal Penal en su fase judicial, las que además, como ya se dijo están en pleno desarrollo, no es esta tampoco la vía para reclamar por la inconstitucionalidad de una norma reglamentaria.

Séptimo: Que es pertinente señalar que la acción cuestionada por la recurrente dice relación con la medida administrativa contenida en la Resolución exenta Nº 5 de 29 de octubre de 2022, mediante la cual se aplica el artículo 127 N°4 penúltimo inciso, del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros de Chile N°8, que dispone, “No obstante lo anterior, cuando la comisión de una falta que dé origen a un Sumario Administrativo o Investigación, fuere de tal gravedad que haga inconveniente la permanencia del funcionario en la Institución, y, el inculpado confiese su responsabilidad, o ésta se haga evidente, el Jefe que ordene la instrucción del Sumario podrá eliminarlo de inmediato por "nombre reservado", sin expresar nota de conducta hasta la terminación de la pieza sumarial o de la investigación, oportunidad en la cual deberá fijar la nota que en definitiva le corresponda, o bien, modificar o dejar sin efecto la causal de baja, según el mérito del Sumario o investigación.” Y luego el inciso final de la misma norma citada señala “Con todo, el funcionario que habiendo sido dado de baja en conformidad al inciso anterior, se le aplicare en definitiva sanción que no importe necesariamente su baja, será reintegrado en el grado que tenía antes de abandonar las filas determinándose su ubi- cación en el escalafón o rol respectivo, con- siderando el tiempo que permaneció aleja- do de la Institución”.

Que la cuestionada Resolución Exenta Nº 05 de 29 de octubre de 2022, que fue acompañada a estos autos por la recurrente, da cuenta de lo siguiente en la parte resolutiva letra C) “Hácese presente que la Nota de Conducta, de los inculpados será fijada al término del Sumario Administrativo, que se instruirá al efecto, en conformidad al artículo 127, Nº 4 inciso 5º, en concordancia con el artículo 128, ambos del Reglamento de Señección y Ascensos del Personal de Carabineros, Nº 8, el cual será incoado por la Fiscalía Administrativa de esta Repartición.”; Asimismo la letra D) señala “Déjase constancia de los siguiente: D.1 Que la baja por nombre reservado, con efectos inmediatos, que por este acto adminstrativo se aplica, tiene el carácter de condicional y se encue tra sujeta al resultado fianl del sumario adminstrativo, en cuya virtud al S.O.M. nombre reservado y al Sargento 2º nombre reservado, les asistirá el derecho a ejercer las instancias de impugnación a partir de la notificación de la vista fiscal, en la forma y plazos que regula el Reglamento de Sumarios Administrativos de Carabineros de Chile, nº 15. Si se le aplicare en definitiva una sanción que no importe necesariamente su baja, será reintegrado a la institución.”.

Octavo: Que el recurrente cuestiona la legalidad y arbitrariedad de esta medida, sin embargo, como se desprende del texto legal y de los antecedentes aportados a esta Corte por ambas partes, la actuación de la recurrida se enmarcó dentro de las atribuciones que le otorgan la Constitución y las leyes.

Que en definitiva, no siendo esta la vía para reclamar de una medida que fue tomada dentro de un proceso administrativo que no ha culminado; que conforme la normativa aplicada y lo alegado en estrados por la recurrida, la decisión final, tal como lo dispone la norma citada, aún no está emitida, por tanto se trata de una medida provisional y, que la recurrente posee todos los medios y recursos que le otorga la normativa interna de Carabineros de Chile y el orden normativo penal, para ejercer sus derechos en los procedimientos administrativo y judicial respectivamente, procedimientos que además, se encuentran en desarrollo, como ya se dijo, el recurso no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de la Prefectura de Carabineros Limarí, representada por el nombre reservado, nombre reservado.

Redacción de la abogada integrante señora Elvira Badilla Poblete.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad Rol 9166-2022 (Protección).-