nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DE CHILE

nombre reservado, nombre reservado

Tesorería General de la República, Regio de Coquimbo Recurso de Protección.

Rol N° 914-2020.- La Serena, veintinueve de julio de dos mil vente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece Víctor Manuel Achiardi León, abogado, en representación de nombre reservado, independiente, ambos con domicilio en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Tesorería Provincial de Coquimbo, representada por el Tesorero, nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, invocando la vulneración a las garantías de los números 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

Expone que el 5 de agosto del año 2008, la Tesorería Regional de Puerto Montt inició un procedimiento ejecutivo de cobro de impuestos en su contra, el que fue seguido ante el Segundo Juzgado Civil de Puerto Montt. Allí se le exigía una deuda por IVA ascendente a $3.476.083, la que vencía el 12 de febrero de 2001 y, asimismo, una deuda por $19.185.241, con vencimiento el 12 de abril de 2001.

Acaeció que se pidió el abandono del procedimiento, a lo cual, el 30 de octubre de 2019, accede el Segundo Juzgado Civil de Puerto Montt, resolución que a la postre queda firme.

A pesar de lo anterior, durante el proceso de declaración de impuestos del año 2020, y correspondiéndole la devolución de $938.162, acaece que el Servicio de Tesorerías procedió a efectuar la compensación de dicho monto, pese a que el Servicio de Impuestos Internos tenía autorizada la devolución.

Realizadas las indagaciones, se le informa en Tesorería que esa compensación corresponde a las deudas con vencimiento el 12 de febrero de 2001.

Señala que la compensación se rige por las reglas del Código Civil, acaeciendo que la deuda no es exigible al haber sido declarado el abandono del procedimiento y, además, porque si se considera el tiempo transcurrido, habría operado la prescripción de las acciones para el cobro. Lo anterior, lleva a que el acto de compensación sea ilegal.

Refiere que el acto es, además, arbitrario, pues no se expresan sus fundamentos, cuestión que es un imperativo conforme a los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880.

Estima que el obrar de Tesorería termina infringiendo su derecho de propiedad al privarlo de la suma que le debe ser restituida y, además, de la igualdad ante la ley, pues acusa que el acto impugnado es arbitrario y discriminatorio en relación a otras personas en igual situación que no han recibido este tratamiento.

Solicita se deje sin efecto la compensación realizada y que la recurrida informe al Servicio de Impuestos Internos dentro de tercero día la procedencia de la restitución de los $9381.162, debidamente reajustada y con intereses. Asimismo, pide que la recurrida se abstenga de futuras compensaciones en relación a las deudas antes indicadas, con costas.

Segundo: Que, evacuando el informe requerido por esta Corte, nombre reservado, Tesorero Provincial de Coquimbo, domiciliado en domicilio reservado, expuso que el recurrente adeuda al Fisco $22.864.591, por capital, intereses, reajustes y multas.

Expresa que en su oportunidad se demandó ejecutivamente el pago del importe adeudado, reconociendo que se declaró abandonado el procedimiento por el 2° Juzgado Civil de Puerto Montt. No obstante, indica que aquello no extingue la obligación tributaria.

Refiere que se encuentra habilitado, de conformidad al artículo 34 del Decreto Ley 1.263 de 1975 y 6° del Decreto con Fuerza del Ley de 1994 del Ministerio de Hacienda, para compensar deudas conforme a las reglas generales del Código Civil, lo que ha sido ratificado por Contraloría General.

Explica que se cumplen todos los requisitos de la compensación y que yerra en sus argumentos el recurrente al estimar que una deuda que se enmarca en un procedimiento que fue declarado abandonado, no puede ser compensada, pues el abandono del procedimiento no produce la extinción de la acción, siendo necesario que se declare la prescripción, cuestión que no ha acaecido. En consecuencia, su obrar no es ilegal.

Además, indica que su actuar no es arbitrario, pues las facultades para compensar, como se dijo, se encuentran consagradas en la ley.

Adiciona que, en cualquier caso, el recurso sería improcedente por no corresponder a la vía idónea para la protección que se pretende ya que no estamos en presencia de un derecho indubitado. Así, en su momento, debió alegarse la prescripción en el procedimiento de cobro y no recurrir de protección para obtener los efectos propios de la prescripción.

Concluye descartando la lesión a las garantías que son expresadas por el actor, toda vez que Tesorería habría obrado en el campo de sus facultades.

Por lo anterior, pide el rechazo de la acción, con costas.

Tercero: Que de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República el recurso de protección de garantías constitucionales constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho.

El acto u omisión será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

Quinto: Que, ninguna de las precitadas condiciones se reúnen en el actuar de la recurrida, toda vez que ella ha obrado de conformidad al marco legal que la ampara para proceder en la forma que ha sido descrita en la acción cautelar.

En efecto, de conformidad al artículo 30 del Decreto Ley N° 1.263 de 1975 que establece la Administración Financiera del Estado, es el Servicio de Tesorería quien debe encargarse de recaudar los recursos fiscales que determinan los ingresos del sector público. Por su parte, y en armonía con lo anterior, dispone el artículo 6° del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 1994 del Ministerio de Hacienda que: “Se autoriza al Tesorero General de la República para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos en contra del Fisco, cuando los documentos respectivos estén en Tesorería en condiciones de ser pagados, extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor”.

Así las cosas, no puede reprocharse que el obrar del Servicio de Tesorería sea ilegal, pues es claro el marco normativo que lo ampara.

Por su parte, tampoco puede esgrimirse arbitrariedad ya que simplemente se ha hecho aplicación de la norma, sin que se hayan aparejado antecedentes que pudieren demostrar un trato desigual con otros contribuyentes.

Sexto: Que, finalmente, se deben tener presente dos consideraciones jurídicas vinculadas al abandono del procedimiento y a la prescripción.

Primero, en cuanto al abandono del procedimiento, el efecto que produce es hacer perder lo obrado, salvo los derechos que se hayan constituido, sin extinguir las acciones, todo conforme al artículo 156 del Código de Procedimiento Civil.

Por su parte, el artículo 2493 del Código Civil, establece que quien quiera aprovechar la prescripción, debe alegarla, sin que el juez pueda declararla de oficio.

En consecuencia, no puede esgrimirse que ha operado la prescripción sin que se haya declarado y alegado en la forma pertinente, lo que desvirtúa el valor de los fundamentos plasmados por la recurrente en su acción.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso deducido por don Víctor Manuel Achiardi León en representación de nombre reservado y en contra de la Tesorería Provincial de Coquimbo.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 914-2020.-