TECHCOM SERVICIO S.A. con INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE LA SERENA

Techcom Servicio S.A.

Inspección del Trabajo de La Serena y otro Recurso de protección Rol Nº912-2024 La Serena, quince de julio de dos mil veinticuatro.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece Alfonso Palacios Huerta, abogado, en representación de la sociedad TECHCOM SERVICIO S.A., del giro de su denominación, representada legalmente por su administrador don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección de derechos fundamentales en contra de la INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE LA SERENA, representada por doña nombre reservado, Inspectora Provincial, profesión desconocida, y en contra del fiscalizador de dicho organismo don nombre reservado, profesión desconocida, ambos con domicilio en domicilio reservado, por el acto arbitrario e ilegal constituido por la dictación de la Resolución de multa Nº3677/24/22-1, 2, 3, 4 y 5, de 11 de abril de 2024, mediante la cual se impusieron cinco multas administrativas, lo que sostiene vulnera su derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, del inciso quinto del artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República.

Expone que con motivo de una fiscalización efectuada a la empresa por el funcionario fiscalizador don nombre reservado, el día 25 de marzo de 2014 (sic) se le sancionó con la aplicación de cinco multas equivalentes a un total de 90 UTM y 19 UF, contenidas en la resolución de multa(S) N°3677/24/22-1-2-3-4-5, notificada a Techcom Servicio S.A. por correo electrónico el 07 de mayo de 2024.

Señala que todas las infracciones se fundaron en un supuesto incumplimiento por parte de Techcom Servicio S.A. respecto de doña nombre reservado, de quien la recurrente desconoce toda clase de antecedentes, pero en concepto de la recurrida sería trabajadora de la empresa.

Así, señala que se sancionó a la empresa por no escriturar contrato de trabajo respecto de la Sra. nombre reservado; no llevar un registro de asistencia respecto de esta misma; no entregarle comprobante de pago de remuneraciones en donde se indique su monto y forma de cálculo; no declarar oportunamente sus cotizaciones previsionales en la AFP correspondiente, entre los meses de abril de 2023, a febrero de 2024; y no declarar oportunamente sus cotizaciones previsionales en la Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía, entre los meses de abril de 2023, a febrero de 2024.

Luego, alega que el fiscalizador se excedió en sus facultades, al determinar la existencia de una relación laboral entre las partes. En tal sentido, argumenta que del tenor de la multa, se logra deducir que el fiscalizador no constata una infracción laboral clara, precisa y determinada, sino que más bien interpreta una situación de hecho, concluyendo que ella implica la existencia de una relación laboral entre dos partes, circunstancia que solo puede ser determinada por el juez competente.

En tal sentido, enfatiza la recurrente que su parte durante el proceso de fiscalización desconoció toda clase de antecedentes respecto de la Sra. nombre reservado, dado que no ha existido una relación laboral o de otra naturaleza que las vincule.

No obstante, afirma que el fiscalizador, con apreciaciones subjetivas y erradas, desestimó sus alegaciones y concluyó que se devengarían una serie de obligaciones con ocasión de una supuesta relación laboral, careciendo absolutamente de facultades jurisdiccionales que le permitieran determinar su existencia.

Argumenta, que el fiscalizador tiene la calidad de ministro de fe, por lo que su competencia sólo queda limitada a constatar infracciones laborales claras y determinadas. En consecuencia, sostiene que ha actuado con vulneración al principio de juridicidad o legalidad previsto en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política.

Adiciona, que el artículo 2°, inciso final, del Código del Trabajo, dispone que corresponde al Estado amparar al trabajador en su derecho a elegir libremente su trabajo y velar por el cumplimiento de las normas que regulan la prestación de los servicios. En ese sentido, afirma que el artículo 505 del mismo Código, establece que la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación corresponde a la Dirección del Trabajo.

A su turno, señala que el artículo 420 del Código del Trabajo en su letra a), dispone que “Serán de competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo: a) las cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores por aplicación de las normas laborales o derivadas de la interpretación y aplicación de los contratos individuales o colectivos del trabajo o de las convenciones y fallos arbitrales en materia laboral”.

Puntualiza, que el Estado delegó en la Dirección del Trabajo la función de fiscalizar la aplicación y el cumplimiento de la legislación laboral. No obstante, según lo ha sostenido la jurisprudencia, tales facultades deben ejercerse sólo cuando dicho servicio se encuentre frente a situaciones de infracción a las normas laborales, o sea, cuando con su actividad de fiscalización se sorprendan ilegalidades claras, precisas y determinadas (Excma. Corte Suprema, 21 de enero de 2004, causa Rol N° 4735- 2003; 26 de diciembre de 2007, causa Rol N° 5624-2007; y, 21 de diciembre de 2009, causa Rol N° 8136-2009).

Agrega, que tratándose de determinar si entre dos partes existe o no una relación laboral en los términos del artículo 7 del Código del Trabajo, el llamado a resolver tal cuestión es el Juez del Trabajo.

En consecuencia, señala que la Inspección del Trabajo debe ceñirse al principio de legalidad, no pudiendo atribuirse facultades reservadas por la Constitución y las leyes a los Tribunales de Justicia. Al hacerlo se constituye en una comisión especial, que juzga y sanciona vulnerando el derecho de la recurrente a ser juzgada por un tribunal establecido con anterioridad a la perpetración del hecho, citando al efecto lo resuelto por la Excma. Corte Suprema en autos Rol 619-2004 y Rol 21252-2014.

Afirma, que el actuar de la recurrida en la especie resulta ilegal, por cuanto vulnera los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental, que obligan a los órganos del Estado a actuar dentro de las facultades que les otorgan la Constitución y las leyes.

Asimismo, señala que es igualmente arbitrario, ya que no tiene fundamento racional alguno, vulnerando las reglas de motivación aplicables a los órganos del Estado, conforme se exige en los artículos 11, inciso 2° y 41 inciso 4° de la Ley de Bases del Procedimiento Administrativo N° 19.880.

En cuanto a los derechos fundamentales infringidos, indica que se ha vulnerado el derecho de la recurrente a no ser juzgada por comisiones especiales del artículo 19 N°3 inciso quinto.

Por dichos fundamentos, solicita que se acoja el recurso de protección y se declare que se dejan sin efecto las sanciones impuestas a la recurrente mediante la resolución de multa(S) N° 3677/24/22-1-2-3-4-5 y, en general, adopte todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, con costas.

Acompañó a su recurso: 1. Resolución de multa(S) N° 3677/24/22-1-2-3-4-5, de 11 de abril de 2024, del IPT La Serena, suscrita por el Inspector nombre reservado. 2. Correo electrónico de fecha 07 de mayo de 2024, notificando a la recurrente de la Resolución de multa(S) N° 3677/24/22-1-2-3-4-5, de 2024, por la Inspección Provincial del Trabajo de La Serena.

SEGUNDO: Que se evacuó informe por la recurrida Inspección Provincial del Trabajo de La Serena, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Señaló que la fiscalización que motivó la resolución de multa objeto del recurso de protección, se inició por denuncia de doña nombre reservado, quien señaló que llevaba un año trabajando para la empresa Techcom Servici S.A., en una oficina de La Serena, sin contrato de trabajo y sin pago de cotizaciones previsionales.

Indica que, a raíz de la denuncia, el fiscalizador Sr. nombre reservado se constituyó el 25 de marzo de 2024 en el domicilio señalado en la denuncia, ubicado en domicilio reservado, pudiendo constatar en el lugar estaban presentes dos trabajadoras, doña nombre reservado -quien estaba a cargo del lugar-, y doña nombre reservado, quien en el momento de la fiscalización realizaba labores de aseo en la oficina. Agrega, que en la primera visita inspectiva la trabajadora denunciante ratificó su denuncia, señalando trabajar desde abril de 2023, sin formalidad alguna. Asimismo, señala que la trabajadora a cargo de la oficina, explicó que regularmente permanecían en el lugar las dos trabajadoras presentes, ya que el resto del personal correspondía a vendedores de terreno, y que la trabajadora denunciante se había negado a proporcionar los documentos personales para la escrituración de su contrato.

Posteriormente, señala que se citó a la empresa para el 27 de marzo de 2024 en las dependencias de la Inspección del Trabajo, a la que compareció la misma encargada Sra. nombre reservado, quien exhibió poder de representación y aportó la documentación laboral requerida.

Con los hechos que verificó el fiscalizador en su primera visita inspectiva en el lugar de trabajo y de la revisión de la documentación laboral, pudo constatar que la Sra. nombre reservado realizaba labores de aseo en la oficina de la empresa desde abril de 2023 en jornada parcial, recibiendo como pago mensual de $200.000.- relación laboral respecto de la cual no existía formalidad alguna, señalando la representante de la empresa que la misma trabajadora se había negado a proporcionar sus antecedentes para la firma del contrato, mientras que a través de documento escrito, la empresa negó la relación laboral.

En virtud de tales antecedentes, señala que se cursó sanción mediante Resolución de Multa Nº 3677/24/-1,2,3,4 y 5.

Luego, señala que las multas se ajustan a la legalidad, por cuanto se trata de infracciones que fueron constatadas de acuerdo a la facultad establecida en el artículo 506 del Código del Trabajo, de fiscalizar el cumplimiento de la legislación laboral, y de conformidad con el artículo 503 del Código del Trabajo, actuando el funcionario recurrido en calidad de ministro de fe, no atribuyéndose el Servicio otras facultades distintas a las conferidas por la ley.

Asimismo, señala que de conformidad al artículo 505 del Código del Trabajo, las normas sobre informalidad laboral, remuneraciones y cumplimiento de las obligaciones previsionales se encuentran dentro del ámbito de fiscalización de la Dirección del Trabajo y, es en virtud de esta competencia, que se han cursado las multas respecto de las cuales se reclama.

Agrega, que el cuestionamiento planteado por el recurrente llevaría al absurdo de que, pese a concurrir los elementos que configuran la relación laboral, al infractor le bastaría cuestionar la actuación administrativa, invocando presuntas faltas de competencias de la Inspección del trabajo para lograr la impunidad.

Por otra parte, afirma que los hechos constatados por los fiscalizadores en ejercicio de sus funciones, se encuentran revestidas de una presunción legal de veracidad, conforme lo establece el artículo 23 del D.F.L. N°2 de 1967.

Enseguida, sostiene que no existe arbitrariedad en el actuar de la Inspección del Trabajo, ya que las multas impugnadas han derivado de un proceso de fiscalización serio y ajustado tanto a la normativa legal como a los procedimientos de este Servicio; y la conducta del funcionario se ha enmarcado en sus facultades fiscalizadoras contenidas en el D.F.L. Nº2 de 1967.

En el mismo sentido, sostiene que la Inspección del Trabajo no ha vulnerado el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, toda vez que actuó en el ejercicio de sus facultades de fiscalización para obtener el cumplimiento de la legislación laboral y previsional; como tampoco ha pretendido invadir las facultades privativas de los Tribunales de Justicia, por cuanto no se ha pronunciado sobre un asunto que esté siendo conocido por ellos ni ha ejercido actos de jurisdicción.

Añade, que la resolución administrativa de multa respecto de la cual se recurre constituye un acto administrativo y no jurisdiccional, careciendo absolutamente del efecto de cosa juzgada, y siendo esencialmente revisable y revocable por los Tribunales de Justicia de acuerdo con el procedimiento que la propia ley establece.

Por último, alega que el recurso de protección no es la vía idónea para la reclamación de multas administrativas, siendo aquella los procedimientos dispuestos en los artículos 503 y 511 del Código del Trabajo.

Por dichos fundamentos, solicitó el rechazo del recurso de protección, con costas.

Acompañó a su informe: 1. Carátula de informe de fiscalización e informe de exposición Nº 0401/2024/344, de 11.04.2024. 2. Resolución de Multa Nº 3677/24/22, de 11.04.2024, anexo resolución de multa (FI-5) y correo electrónico de notificación. 3. Activación de fiscalización Nº 0401/2024/344, de 12.03.2024. 4. Formulario FI-1: Notificación de inicio de fiscalización (FI-1). 5. Formulario FI-2: Antecedentes verificados en la fiscalización (FI-2). 6. Formulario FI-4: Acta de notificación de requerimiento de documentación (FI-4). 7. Formulario FI-8: Acta de constitución de deuda previsional para cobro ejecutivo (FI-8). 8. Formulario FI-11: Trabajadores en informalidad laboral (FI-11). 9. Formulario FI-13: Análisis previsional (FI-13). 10. Certificado Laboral TECHCOM Servicios S.A.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

CUARTO: Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

QUINTO: Que, atendido el mérito de los antecedentes, de los cuales aparece que el asunto sometido a conocimiento de esta Corte guarda relación con la pretensión de la actora de que se deje sin efecto una resolución de multa cursada por la Inspección del Trabajo de La Serena en el ejercicio de sus funciones, y teniendo presente que el ordenamiento jurídico contempla acciones específicas para conocer de la materia planteada en el recurso -en particular, el reclamo judicial de multa que consagran los artículos 503 y 511 del Código del Trabajo-, se desprende que la acción constitucional de protección no es la vía idónea para conocer de los hechos objeto del presente recurso, consideración que conlleva necesariamente su rechazo.

La anterior conclusión, emana de los documentos acompañados a la carpeta digital, consistentes en la copia de la Resolución de multa administrativa N°3677/24/22-1-2-3-4-5, de 11 de abril de 2024 y los antecedentes del proceso de fiscalización adjuntados en el informe de la recurrida, los que dan cuenta que los hechos en que se fundamenta el recurso no están revestidos del carácter de indubitados y admiten, además, la falta de urgencia que una acción cautelar de esta naturaleza supone para que pueda prosperar.

Que, tal como lo ha sostenido la E. Corte Suprema en autos Rol 6.642-2015: “resulta evidente que la presente no es una materia que corresponda ser dilucidada por medio de la presente acción cautelar, ya que ésta no constituye una instancia de declaración de derechos sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y por ende en situación de ser amparados.

En la especie, dicho presupuesto no concurre por cuanto lo que se persigue por el recurrente al accionar por esta vía es que se deje sin efecto la decisión de la autoridad administrativa en orden a destituirlo, por lo que el presente recurso de protección no está en condiciones de prosperar, sin perjuicio de otras acciones que pudieren corresponder al actor”.

De esta forma, como ha señalado reiteradamente el nombre reservado Tribunal, la acción constitucional que nos ocupa, es excepcional y está entregada a aquellas situaciones en que no hay otras vías para reclamar por amenaza o vulneración a las garantías constitucionales que se protegen o las vías que existen no fueron resueltas conforme a derecho, lo que no ha ocurrido en la especie, motivo por el cual el presente recurso no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de Recursos de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección interpuesta por el abogado Alfonso Palacios Huerta, en representación de la sociedad TECHCOM SERVICIO S.A., en contra de la INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE LA SERENA.

Comuníquese, regístrese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°912-2024 (Protección).