nombre reservado con CONSTRUCTORA TAFCA LIMITADA

nombre reservado

Ministerio de Obras Públicas y otra Recurso de Protección Rol N° 912-2021.- La Serena, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha once de junio de dos mil veintiuno comparece ANDRÉS JOSÉ AGUILERA CASTILLO, abogado, en representación de nombre reservado, representado mediante mandato general por su hijo nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra del Ministerio de Obras Públicas y en contra de Empresa TAFCA Limitada.

Expone que su representado nombre reservado, es dueño del inmueble denominado Lote 13, ubicado en El Huapi, comuna de Río Hurtado, Provincia de Limarí, Cuarta Región, que tiene una superficie de 4.424 hectáreas y deslinda: Al Norte, con Canal Partera; Al Este, con hijuela N°8 y camino público Hurtado – Ovalle; Al Sur, con domicilio reservado-a; Al Oeste, con Canal Partera. Destaca que el inmueble individualizado, se encuentra ubicado a un costado del camino público Hurtado – Ovalle (Ruta D-595), en la localidad de “El Huapi”, comuna de Río Hurtado.

Indica que actualmente en la citada ruta, se desarrolla la obra de “Mejoramiento Sector Serón – Hurtado”, mejoramiento camino básico intermedio Ruta D-595, sector Serón – Hurtado, Dm 60.000 a Dm. 70.573, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo, cuyo mandante de la obra es el recurrido Ministerio de Obras Públicas, a través de la SEREMI de MOP de la Región de Coquimbo, específicamente de la Dirección de Vialidad de la Región de Coquimbo, siendo la empresa licitada mandatada para la ejecución de los trabajos, “TAFCA Limitada”.

Menciona que sin tener derecho o autorización de ninguna especie de parte del dueño de la propiedad -su representado- y sin que exista decreto expropiatorio alguno, la empresa TAFCA Limitada, desde el mes de febrero del presente a esta fecha, se encuentra desarrollando los trabajos de pavimentación, mejoramiento y ensanchamiento de la Ruta D-595, sector el Huapi, conforme lo señalado anteriormente.

Respecto de los hechos vulneratorios, su representado ha sido víctima de los trabajos realizados y de los que está realizando actualmente la empresa mandante TAFCA limitada, ya que en la ejecución de la obra, se ha destruido e ingresado a la propiedad privada de su representado, que colinda con la ruta D-595, en la localidad de El Huapi, ya antes individualizada, irrumpiéndose por dicha empresa en forma violenta, adentrándose aproximadamente tres metros, sin autorización de sus dueños y de ninguna autoridad o decreto expropiatorio, destruyendo cierres perimetrales construidos, estructuras de la entrada de la casa, como escaleras y demás instalaciones construidas al interior de la casa, arrancando arbustos y vegetación protegida por la ley de protección de Bosque Nativo; instalándose postes con fibra óptica y empalmes eléctricos para el propio uso de la empresa Tafca, por lo que se ha expropiado ilegal y arbitrariamente la propiedad privada, haciendo presente que su representado y su cónyuge son personas de la tercera edad y con una condición de salud delicada, con movilidad reducida, y que dependen exclusivamente de las instalaciones de su casa para poder movilizarse, como la escalera que mantenían a la entrada del inmueble, la que fue destruida en su totalidad, sin consideración de la condición física y psíquica de sus dueños, a los que incluso se les mantuvo encerrados en su propiedad durante tres días.

Destaca que la propiedad de su representado tiene una longitud lineal aproximada, contigua a la ruta D-565 que une Serón con Río Hurtado, kilómetro 63.300, ubicado en la localidad de El Huapi, de unos 150 metros aproximadamente, los que han sido abarcados con la irrupción de la empresa demandada, causando las destrucciones señaladas.

Denuncia que entre las especies arbóreas arrancadas por la empresa Tafca, estaba, estaban algarrobos y un pimiento de aproximadamente 100 años. Afirma que se ha vulnerado el derecho de propiedad, derecho fundamental consagrado en el artículo 19 número 24 de nuestra Constitución Política de la República.

Respecto al cómputo del plazo para interponer el recurso de protección, refiere que se está ante hechos vulneratorios que no han cesado a la fecha, sin que tampoco se haya dado alguna solución por los recurridos, por lo que la afectación grave del derecho de propiedad es permanente, citando al efecto una jurisprudencia de esta misma Corte, por la que se dispuso que tratándose de una situación de amagamiento de un derecho que permanece en el tiempo, el plazo se debe contar desde que éste cesa y no desde su inicio.

Por estas consideraciones solicita se ordene hacer cesar de inmediato la realización de cualquier acto de carácter ilegal y arbitrario que impida y siga destruyendo la propiedad privada de su representada, debiendo deshacerse y retirar las obras que ya se han realizado y resarcir los perjuicios que no se pudieren arreglar o recomponer, todo dentro del plazo de tres días u otro que se estime de derecho, contados desde la ejecutoria de la respectiva sentencia; que las recurridas sean sancionados con multas u otras sanciones; que se disponga cualquier otra medida con el objeto del resguardo del imperio del derecho; que, además, se disponga que las demandadas se abstengan de continuar con los trabajos actualmente y en el futuro de realizar cualquier acción y destrucción de la propiedad privada; que retiren todos los postes, empalmes, fibra óptica y cualquier instalación de la empresa TAFCA limitada; que realicen un plan de corrección de toda la vegetación arrancada y árboles extraídos y que costeen la revegetación arbórea existente en el lugar, así como los árboles que han destruido; y que se les condene en costas.

Acompaña a su libelo: Copia de la escritura de compraventa de la propiedad, y de la inscripción de dominio a nombre de su representado, un set de fotografías tomadas antes y después de la ocurrencia de los hechos que denuncia, un plano de la propiedad afectada, otro set de fotografías extraídas de Google antes de la intervención, un certificado de estado psicológico de la cónyuge del afectado, letrero que da cuenta de la intervención que se encuentra realizando la empresa Tafca limitada, copia de un extracto de reportaje de un diario de circulación local, escritura pública de mandato general, escritura pública de mandato judicial, certificado de nacimiento de nombre reservado, certificado de matrimonio de don nombre reservado y doña nombre reservado, certificado de nacimiento de doña nombre reservado, y un registro de video y audio tomado en el sector de El Huapi, a la época en que se llevaban a cabo los trabajos de la empresa Tafca limitada, con destrucción de la propiedad de nombre reservado.

SEGUNDO: Que, evacuó informe nombre reservado, Secretario Regional Ministerial del Ministerio de Obras Públicas de la Región de Coquimbo.

Expone, en lo pertinente, que no resulta controvertido que durante el mes de marzo de 2021, TAFCA efectuaba trabajos en la ruta contigua a la propiedad del recurrente; sin embargo, las acciones imputadas difieren de lo ocurrido, pues la Constructora se contactó con el Sr. nombre reservado a efectos de solicitar autorización para excavar frente a la propiedad, específicamente, en un acceso vehicular, a fin de dar cabida al perfil tipo de la calzada -de 5 y 6 metros- de manera que una vez obtenida su autorización, se despejó el frontis de la propiedad, se removió la pirca existente y árboles ubicados en la vía pública.

Posteriormente, con fecha 11 de marzo, en reunión organizada por la Inspección Fiscal, el hijo del propietario manifestó su molestia por el movimiento de tierra efectuado en el frontis de la propiedad, en una longitud de 100 metros y con un ancho promedio de 1 metro, situación que motivó una propuesta de la Constructora para restituir las obras que se alegaban haber sido removidas, junto a la realización de un levantamiento topográfico a fin de verificar los volúmenes removidos.

Alega, en primer lugar, la extemporaneidad de la acción intentada, toda vez que la Constructora en el marco de la ejecución de las obras del contrato referido, se encuentra desplegando actividades contiguas a su propiedad, desde el mes de febrero a la fecha, hechos que se han mantenido en el tiempo acorde a la ejecución continua de obras necesarias para el mejoramiento de la ruta y que el contrato contempla.

En cuanto al momento en que se habrían producido los hechos alegados que motivan el recurso interpuesto, mal puede indicar el recurrente que las acciones vulneratorias no han cesado a esta fecha otorgándoles el carácter de permanentes, ya que se trataría de hechos puntuales y aislados, considerando la extensión del tramo del mejoramiento del camino público.

Sumado a lo anterior, indica que la Inspección Fiscal del contrato, desde el mes de marzo del presente año, mantiene comunicaciones a través de correo electrónico con el hijo del recurrente, en las cuales éste ha manifestado su molestia por los trabajos ejecutados en el frontis de su propiedad y su intención de obtener una reparación por los supuestos daños alegados.

Por otra parte, de los documentos acompañados por la actora a su recurso, a saber, copia de un extracto de una publicación de un diario local, de fecha 29 de abril de 2021, se da cuenta de los daños ocasionados a la propiedad del recurrente, quien habría tomado conocimiento de los mismos el 22 de febrero pasado, según los dichos de una de sus hijas.

Acompaña igualmente el recurrente, certificado psicológico de la cónyuge del Sr. nombre reservado, en que se da cuenta que, “a partir de la sesión del día 22 de marzo del presente año, a raíz de problemas relacionados con la empresa que construye la pavimentación entre las localidades de Serón y Hurtado, ya que usaron parte de su terreno sin su consentimiento destrozando parte importante del frontis de su predio. Lo anterior ha gatillado un cambio importante de su estado emocional (…).”

Conforme a todo lo expuesto, es posible concluir que la época en que se tomó conocimiento de los hechos, no puede ser más allá del mes de marzo de 2021, y que mucho dista de ser una vulneración permanente como la invocada, por lo que la acción intentada resulta extemporánea.

Luego, refiere que los recurrentes han desnaturalizado el objeto del recurso de protección, toda vez que consta que persiguen un interés pecuniario, exigiendo un pago, todo lo cual debe ser asentado a través de un procedimiento declarativo de lato conocimiento y llevado ante el tribunal competente.

Destaca que lo afirmado, se sustenta en que previo a esta instancia judicial, se sostuvieron múltiples comunicaciones, con el recurrente y su hijo, en las cuales éste último, además de expresar su molestia por los trabajos ejecutados en el sector, presentó mediante correo electrónico una propuesta de reparación por los daños y perjuicios generados por la intervención en la referida propiedad, solicitando la restitución total de las obras y una indemnización por la suma de diez millones de pesos. Así, se sostuvo una reunión el señor nombre reservado con fecha 16 de abril a efectos de llegar a un acuerdo y obtener su autorización para iniciar los trabajos de restitución, sin que fuere posible llegar a un consenso, por la que se convocó a una nueva reunión virtual, en la que, habiendo participado el Director Regional de Vialidad, el Fiscal Regional del MOP y la Inspectora Fiscal del Contrato se entregó un conjunto de opciones, que en términos generales implicaban, por una parte, la ejecución de una rampa de acceso peatonal, la construcción de un muro de mampostería en el frente de la fachada, el mejoramiento de la entrada y cobertizo vehicular, así como la instalación de un portón al acceso de dicho cobertizo, la instalación de un cercho en la fachada principal, y por otra, la restitución a las condiciones originales del predio.

Sostiene que una prueba de la buena fe del Servicio, es este pliego de alternativas entregadas al recurrente, las que fueron evaluadas por éste y su hijo, quien a través de un correo electrónico el día 6 de mayo, manifestó que la primera opción referida aparecía como la más atractiva en la forma que lo exponía la Dirección de Vialidad, pero que solo beneficiaba al MOP, debido a que el terreno sería expropiado de forma ilegal, para continuar señalando que, habiendo expuesto las alternativas a sus padres, estos se habrían inclinado por el restablecimiento de la propiedad a las condiciones originales y anteriores a la intervención.

Pese a la elección de su padre, el Sr. nombre reservado expresó que para compensar mínimamente y reparar en parte todo el daño causado a sus padres, debería construirse la rampa acceso peatonal, el mejoramiento del cobertizo vehicular y su acceso, además de la instalación de portón al acceso del cobertizo vehicular ofrecida en la primera alternativa. Sin embargo, ninguna de las opciones señaladas se concretó por las explicaciones dilatorias entregadas por el hijo del recurrente, quien solicitó que no se ejecutaren obras mientras sus padres no se encontraren en el sector.

De lo expuesto, indica que no cabe sino concluir que el Servicio ha desplegado los esfuerzos suficientes y necesarios para hacerse cargo de los eventuales efectos transitorios que toda obra puede generar a los vecinos de un camino público, y fue la propia actitud de la actora la que no permitió restituir el terreno a sus condiciones originales. De donde surge que la vulneración de la garantía constitucional anotada por el recurrente, lejos de requerir una medida urgente que la cautele, requiere una que declare el derecho de reparación que alega.

A continuación, sostiene que el recurso de protección no es la vía idónea para ventilar asuntos contenciosos de naturaleza civil, existiendo, además, un procedimiento especial que asegura una tutela judicial efectiva.

Acto seguido, manifiesta que no se configuran los presupuestos para interponer un recurso de protección: no se trata de derechos indubitados que requieran cautela inmediata, sino que la controversia reside en determinar si durante la ejecución de los trabajos de pavimentación, mejoramiento y ensanchamiento de la Ruta D-595, sector el Huapi, determinadas actividades han destruido la propiedad privada del recurrente. Y, en esa labor, se deben considerar aspectos relativos a una eventual responsabilidad civil extracontractual que escapan de la naturaleza cautelar de esta acción y que deben ser demandados ante el tribunal civil competente, en la instancia que permita discutir y probar la existencia de un hecho doloso o culpable, el daño alegado y el nexo causal entre el primero y el segundo.

En cuanto al fondo, destaca aspectos esenciales de la regulación a la que se encuentra sujeta la obra pública adjudicada por el MOP a la empresa Constructora TAFCA Ltda.: se trata de una actividad fuertemente regulada y sometida al permanente control y fiscalización del MOP, lo que impide que las actuaciones desplegadas sean arbitrarias o ilegales. En efecto, para la ejecución de las obras, existe un procedimiento previamente establecido que no deja espacio al actuar arbitrario o caprichoso del MOP o del Contratista, quien en todo caso, está sujeto a las órdenes del Inspector Fiscal.

De este modo, el Ministerio se ha sometido a los lineamientos establecidos en la normativa que rige el contrato y, en lo que interesa, a las Especificaciones Técnicas y Manual de Carreteras respecto al procedimiento de trabajo, los materiales a utilizar, y en general, a las características técnicas particulares que deben cumplirse en su desarrollo, por lo que malamente podría estimarse que la actuación de su parte es arbitraria e ilegal o esté desprovista de un procedimiento reglado.

Por lo demás, la ejecución de obras en un camino público, constituye una atribución y obligación de la Administración del Estado, la que en este caso, se ha ejercido dentro de la ley y en el ámbito de las competencias que posee la Dirección Regional de Vialidad de la Región de Coquimbo, y por ende no procede en caso alguno, ser calificado de arbitrario e ilegal.

Destaca, además, que ha existido una autorización del recurrente para ejecutar labores constructivas en el frontis de su propiedad, todo ello con la finalidad de dar cabida al proyecto vial.

En efecto, el recurrente refiere un acto ilícito y arbitrario de destrucción sin autorización de la propiedad privada, sin mencionar que, previo a la ejecución de las obras, sí se consintió por el residente para intervenir en el frontis de su propiedad, particularmente en el sector del acceso vehicular, en una longitud de 60 metros y en un ancho de 0,60 metros, correspondiendo a una curva cerrada. En este sentido, la ejecución de las obras en el sector indicado, se realizó con la anuencia del propietario.

Más aun, debe considerarse que, en cuanto se manifestó una voluntad contraria del recurrente, en razón de que los trabajos habrían excedido dicha autorización, se paralizaron las obras, con la finalidad de evaluar la efectividad de que la ejecución se hizo en términos distintos a lo convenido, ofreciéndole un conjunto de opciones con el fin de restaurar el terreno a sus condiciones originales.

De lo razonado, surge que existió en los hechos, más allá de una apariencia de consentimiento por parte del propietario del terreno, una autorización expresa que amparó a la Constructora para utilizarlo, lo que demuestra nuevamente, la buena fe de la actuación del Servicio.

Señala, también, que las labores ejecutadas en el predio de los recurrentes ceden en su sólo beneficio, existiendo tratativas previas para definir tanto su emplazamiento como su características constructivas.

Destaca que las obras fiscales ejecutadas en la Ruta D- 595 propenden a elevar el estándar de la ruta y de las propiedades aledañas a ella, por lo que las construcciones, así como las molestias transitorias generadas, lejos de constituirse en una amenaza para el derecho de propiedad del recurrente, más bien ceden en su beneficio, toda vez que con ellas se generan un conjunto de beneficios sociales y ambientales, y otras mejoras de tipo vial.

En adición a lo expuesto, niega la configuración de una perturbación en el derecho constitucional invocado, ya que en la actualidad el recurrente ha podido ejercer todas las facultades del dominio, y tanto la Dirección Regional de Vialidad a través de la Inspección Fiscal, como la Constructora, han efectuado todas las acciones tendientes a subsanar las actuaciones expuestas.

Por tales consideraciones solicita rechazar en todas sus partes la acción, declarando que el Ministerio de Obras Públicas no ha incurrido en acto arbitrario e ilegal alguno que perturbe o amenace el derecho de propiedad de la recurrente, en cuyo favor se ha interpuesto el presente recurso; todo esto, con expresa condena en costas.

TERCERO: Que, evacuó informe don PEDRO CONTRERAS GUTIÉRREZ, abogado, en representación de CONSTRUCTORA TAFCA LIMITADA (en adelanta e indistintamente `TAFCA´).

Expone, en lo pertinente, que su representada dando cumplimiento a lo convenido contractualmente con su mandante, con fecha 23 de junio de 2020 comenzó a ejecutar los trabajos pertinentes de pavimentación sobre la Ruta D-595 conforme las medidas indicadas en los planos entregados por la Dirección Regional de Vialidad de la Región de Coquimbo.

Así las cosas, es que con el avanzar de la obra, su representada con el mes de febrero de 2021 llega al tramo del Km. 68.250 al Km. 68.450 de la Ruta D-595, lugar en el cual se encuentra el inmueble de uno de los recurrentes de autos, es decir, don nombre reservado.

En dicho lugar, la Ruta D-595 posee una curva muy cerrada, lo cual implicaba que los trabajos a ejecutar sobre la cazada debían necesariamente intervenir las propiedades aledañas a ésta, sólo en cuanto a retiro de cercos, árboles u otras barreras constructivas que impidieran el actuar del personal y de la maquinaría destinada al efecto.

Por tal razón, don nombre reservado, Ingeniero Residente a cargo del contrato de obra pública de la especie, se acercó a hablar con el señor nombre reservado, para solicitar su autorización tendiente a ingresar a su inmueble e intervenir ciertas estructuras del mismo, como el cierre perimetral y estructuras de acceso, todo lo cual fue debidamente autorizado verbalmente por éste, pues de lo contrario no se explica como la recurrente pasivamente no hizo nada frente al actuar de su representada, máxime cuando se está hablando de una localidad que no supera las 283 personas conforme el último CENSO, lo cual da de pensar que la comunicación con Carabineros de Chile es más fluida que en comparación a aquellos otros poblados con mayor número de habitantes.

Asimismo, indica que su representada en ningún caso expropió y/o utilizó de forma permanente alguna parte del terreno de don nombre reservado, por cuanto TAFCA únicamente se limitó a trabajar sobre la carpeta de dominio fiscal conforme los planos entregados por la Dirección Regional de Vialidad de la Región de Coquimbo.

En igual sentido, y en cuanto a la instalación de poste de fibra óptica y empalme frente al inmueble de don nombre reservado, señala que si bien éstos fueron cimentados en la zona en conflicto por parte de su mandante, no es menos cierto que los mismos se emplazan en la faja fiscal de la ruta D-595, no ocupando así parte alguna del inmueble de la especie.

Agrega que luego de que su representada ejecutara la mayor parte de los trabajos en la zona, el hijo de don nombre reservado, es decir, don nombre reservado, recurrente también en autos, sostuvo conversaciones con la empresa a fin de retirar el permiso precitado que fuera otorgado por su padre conforme, frente a lo cual, su representada, a pesar de que dicha cancelación del permiso provenía de una persona distinta, igualmente se abstuvo inmediatamente de realizar cualesquiera otra labor constructiva en la zona, con el objeto de no generar ningún conflicto con las personas aparentemente afectadas.

Destaca que su representada en conjunto con la Dirección Regional de Vialidad de la Región de Coquimbo, luego de que don nombre reservado retirarse la autorización entregada por su padre a TAFCA, entablaron una fluida conversación con los recurrente de autos a fin de reponer las estructuras modificadas del inmueble de don nombre reservado, estando éstos llanos en un primer momento, pero cambiando finalmente su postura bajo el argumento de una compensación en dinero ascendiente a la suma de $10.000.000.

Consigna que su representada siempre y en todo momento ha estado dispuesta a reparar las intervenciones que se efectuaron en el predio de don nombre reservado previa autorización del mismo.

Añade que don nombre reservado y su cónyuge nunca han quedado encerrados en el inmueble de la especie producto de los trabajos ejecutados por su representada en la zona. Por lo demás, destaca que el relato de la contraria respecto a este punto es sumamente vago y ambiguo, por cuanto no se señala fecha concreta en la cual aparentemente don nombre reservado y su cónyuge habrían estado encerrados en su inmueble producto de los trabajos ejecutados, todo lo cual afecta el legítimo ejercicio a la defensa de su parte, por cuanto no se tiene ningún antecedente concreto que refutar.

Sostiene que el recurrente don nombre reservado carece de toda legitimidad activa para recurrir de protección a esta corte, toda vez que no tiene ningún derecho de propiedad sobre el terreno de la especie conforme al propio certificado de dominio que adjunta a su escrito de protección; por lo que no existe certeza de que el predio aparentemente afectado sea suyo.

Asimismo, señala que los recurrentes de autos han errado al intentar su acción en contra de su representada en atención a que, habiendo ingresado al terreno con autorización expresa por parte del único dueño del mismo, es decir, don nombre reservado, lo que se gestó en todo momento bajo el marco de la buena fe, mal podría TAFCA ser el legitimado pasivo del presente recurso, en atención a que en ningún caso actuó ilegal y/o arbitrariamente.

En subsidio alega la extemporaneidad del recurso de protección, ya que su representada en el mes de febrero de 2021, y debidamente autorizado para el efecto, ingresó e intervino al predio de don nombre reservado para ejecutar los trabajos de pavimentación en la faja de dominio fiscal sobre la cual se emplaza la Ruta D-595, todo lo cual fue reconocido expresamente por la contraria en su escrito de protección y en la noticia que acompaña al mismo, en la cual se señala que don nombre reservado se enteró de los trabajos efectuados por su representada en la zona el 22 de febrero de 2021.

Para el improbable evento de no ser recogido los argumentos expuestos en los acápites precedentes, solicita de igual modo el rechazo del arbitrio constitucional, dado que conforme a lo ya expuesto, el derecho de los recurrentes supuestamente afectado no corresponde a un “derecho indubitado”, requisito de forma que es exigido por parte del ordenamiento jurídico, pues precisamente los deslinde del anotado inmueble han sido objeto de discusión en estos autos.

En efecto, más allá de la supuesta ilegalidad y/o arbitrariedad en el actuar de su representada, transgresiones que rechaza absolutamente, en estos autos no es posible señalar el carácter de prexistente e indiscutido del derecho supuestamente afectado por los actores, por cuanto los trabajos efectuados por su representada en el tramo que va del Km. 68.250 al Km. 68,450 de la Ruta D-595, se ejecutaron íntegramente sobre el ancho de la calzada de la especie, cuyo dominio es Fiscal, mas no de don nombre reservado.

En subsidio de las excepciones precedentes y en lo que éstas no fueran aplicables, alega la inexistencia de un acto ilegal y/o arbitrario sobre el predio de don nombre reservado, toda vez que las obras ejecutada por su representada se construyeron conforme a los planos y a los permisos correspondiente entregados por su mandante –Dirección de Vialidad-, todos los cuales se encontraban ajustado a la legislación vigente y conforme a las necesidades de la Dirección para la ejecución de las mismas, en aras de maximizar el bienestar general de la zona.

En este sentido, no concurriría en la especie un acto ilegal y/o arbitrario de parte de su representada en la ejecución del proyecto ya individualizado, toda vez que siempre actuó en su calidad de mandataría, obedeciendo en todo momento las órdenes y/o directrices provenientes de su mandante.

Así las cosas, señala que la ejecución del contrato de obra pública que ejecuta su representada en la zona, está sujeto al pliego de condiciones que regulan la elaboración del mismo, esto es, el conjunto de normas, documentos y actos de carácter administrativo generados durante el proceso de licitación, como las especificaciones técnicas y el Manual de Carreteras, los que integran su contenido y que obligan a las partes contratantes.

De lo expuesto, se evidencia que para la ejecución de las obras, existe un procedimiento previamente establecido que no deja espacio al actuar arbitrario o caprichoso del Ministerio de Obras Públicas o del Contratista, quien en todo caso, está sujeto a las órdenes del Inspector Fiscal de Obras.

De este modo, su representada se ha sometido a los lineamientos previamente establecidos en la normativa que rige al contrato de obra pública de la especie y en lo que interesa, a las Especificaciones Técnicas y Manual de Carreteras respecto al procedimiento de trabajo, los materiales a utilizar, y en general, a las características técnicas particulares que deben cumplirse en su desarrollo, por lo que malamente podría estimarse que la actuación de esta parte es arbitraria e ilegal o esté desprovista de un procedimiento reglado.

Por último, ante la posibilidad remota que se acogiera el recurso de protección deducido en autos, sostiene que resulta improcedente una condena en costas a su parte, toda vez que ha tenido motivo plausible para litigar, máxime conforme a la poca prolijidad del recurso, que ha constreñido el derecho a la defensa de esa parte.

Por estas consideraciones solicita el completo y absoluto rechazo del recurso de protección, con ejemplificadora condenación en costas.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

Por último, es menester también, que dicha acción cautelar se ejerza dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, atento a lo dispuesto en el Acta N° 94 de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección.

SEXTO: Que, en cuanto a la extemporaneidad de la acción constitucional —invocada por ambos recurridos y negada por el recurrente por estimar que los hechos denunciados se encuentran vulnerando permanentemente su derecho de propiedad—, tratándose de una alegación cuya naturaleza impone su previo esclarecimiento, se procederá a ello en base al análisis que pasa a consignarse.

SÉPTIMO: Que, la afirmación de la recurrente en cuanto a tratarse de “hechos vulneratorios permanentes” aquellos que describe en su libelo como atentatorio de los derechos constitucionales que señala, no puede ser compartida ´por estos sentenciadores, desde que lo denunciado se encuentra circunscrito a un determinado obrar que atribuye a la empresa Tafca, como ejecutante de la obra mandatada por el SEREMI del MOP de la Región de Coquimbo, específicamente la Dirección de Vialidad de la Región de Coquimbo, consistente en una irrupción violenta y no autorizada sobre una parte de la propiedad del recurrente, con destrucción de cierres perimetrales, de alguna estructura de la casa habitación (escalera), con arrancamiento de especies arbóreas protegidas, e instalación de postes y empalmes eléctricos, incluso obstaculizando la salida hacia la vía pública a sus moradores durante un cierto lapso de tiempo.

Tales hechos, como se puede avizorar, corresponderían a supuestas vías de hecho, nítidamente distinguibles y determinables fácticamente, de efectos concretos y acotados, los que debieron producirse necesariamente en un determinado momento de ejecución de la obra de pavimentación, mejoramiento y ensanchamiento de la Ruta D-595, sector el Huapi, de la comuna de Río Hurtado, que es aquel en que los trabajos de la empresa Tafca comprendieron el tramo en que dicha vía colindaba con la propiedad del recurrente, causando los presuntos estragos en su propiedad, avanzando luego dicha obra abarcando otros tramos de la vía, por lo que no resulta justificado que, de haber obrado sin su autorización las recurridas, éste no haya reclamado cuando dichos actos se estaban ejecutando, si estaba morando en su vivienda en ese momento, o desde que haya tomado conocimiento de su ejecución, con posterioridad, si no se encontraba en el lugar a la época de su ocurrencia.

Entonces, no tratándose en rigor de actuaciones atentatorias de ejecución permanente las que se atacan por este arbitrio de urgencia, incuestionable se hace concluir que el plazo para la interposición de este remedio constitucional comenzó a correr desde que terminaron de ejecutarse los actos o desde que se tuvo noticia o conocimiento cierto de los mismos.

OCTAVO: Que, sin perjuicio de haberse reconocido por el recurrente en el mismo libelo de protección, que los trabajos de mejoramiento de la ruta D-595 en el tramo correspondiente al deslinde con su propiedad comenzaron en febrero de 2021, se debe considerar, todavía, que entre los antecedentes aparejados a dicho arbitrio se encuentra una copia de una publicación en un diario de circulación local, de fecha 29 de abril de 2021, sobre un reportaje en que se denuncia que “unos trabajos que se realizan a un costado de su vivienda (del actor), para el mejoramiento del camino, terminaron por echar abajo el árbol y su tranquilidad. Acusan que fueron usurpados varios metros de tierra de su propiedad. Todo ello sin aviso. “Mis padres se enteraron un 22 de febrero, al llegar de unas vacaciones en La Serena” cuenta nombre reservado, una de sus hijas”.

Tal antecedente, demuestra inequívocamente que los trabajos de la empresa Tafca que habrían provocado los daños descritos en la demanda de protección, al día 22 de febrero de 2021 ya se habían ejecutado, por lo que la aseveración de ambas recurridas en cuanto a la data de ejecución de los mismos —febrero de 2021—, ha resultado definitivamente asentada, siendo forzoso concluir, entonces, que la acción constitucional de estos antecedentes, al deducirse con fecha 11 de junio del presente año, lo ha sido en forma extemporánea.

NOVENO: Que para así estimarlo, se ha tenido en consideración que, como lo ha venido reiterando nuestro Máximo Tribunal, el plazo de interposición del recurso de protección establecido en el numeral 1° del ya aludido Auto Acordado, es un plazo objetivo, el que no puede quedar entregado a la interpretación que de los efectos del acto u omisión arbitraria o ilegal haga el afectado, ya que de esta manera se estaría entregando a éste la determinación arbitraria de su cómputo, permitiéndole su permanente renovación (Excma. Corte Suprema, Rol 198-2019).

De este modo, se debe proceder al rechazo del recurso interpuesto por ser claramente extemporáneo.

DÉCIMO: Que, no obstante lo que se viene concluyendo, se dejará constancia, a mayor abundamiento, que habiéndose negado por las recurridas que hayan obrado sin la autorización del dueño de la propiedad colindante, que para el caso de imputárseles la causación de daños, ello debe ventilarse en un procedimiento por responsabilidad extracontractual, en que se acredite la existencia de los mismos, el nexo causal y la imputación dolosa o culposa; y estimando la empresa concesionaria que los trabajos se limitaron a la carpeta de dominio fiscal, conforme a planos y antecedentes técnicos de la Dirección Regional de Vialidad de la Región de Coquimbo, en tanto que la instalación de poste de fibra óptica y empalme se emplazaron en dicha faja fiscal de la ruta D-595, sin ocupar parte alguna de la propiedad de don nombre reservado, necesario se hace concluir, también, que el conflicto suscitado ha extendido sus aristas a la dilucidación de derechos litigiosos vinculados a la responsabilidad indemnizatoria por los daños causados, así como a la determinación de la extensión de la faja de terreno fiscal y su posible superposición con la propiedad colindante del recurrente, como a las facultades de que dispondrían las recurridas, conforme a distintos estatutos, tanto técnicos como normativos, para afectar la propiedad privada en la ejecución de una obra pública que interesa a toda la comunidad, materias todas que por su naturaleza exceden los contornos de la competencia de esta Corte para pronunciarse sobre ellas a través de la acción constitucional de urgencia ejercida, lo que constituye otro motivo para su rechazo.

Por estas consideraciones, lo establecido en el artículos 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara:

Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por ANDRÉS JOSÉ AGUILERA CASTILLO, en representación de nombre reservado, en contra del Ministerio de Obras Públicas, Región de Coquimbo y en contra de Empresa TAFCA Limitada.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redactada por nombre reservado., Fiscal Judicial (I).

Rol N° 912-2021 (Protección).-