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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 911-202525 jun 2025

nombre reservado con COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ, REGIÓN DE COQUIMBO

Fecha
25 de junio de 2025
Corte
Corte de Apelaciones de La Serena
Sala
Primera Sala
Resultado
Acogida
Cita
Corte de Apelaciones de La Serena, Rol N° 911-2025, sentencia de 25 de junio de 2025

Resumen

Se acoge el recurso de protección y se ordena a la COMPIN Región de Coquimbo pagar las licencias médicas de 28 días desde el 13 de mayo de 2025, por rechazarlas sin peritaje ni revisión de la ficha clínica de la recurrente, embarazo de alto riesgo.

Texto íntegro

nombre reservado

COMPIN Región de Coquimbo Recurso de protección Rol N°911-2025 La Serena, veinticinco de junio de dos mil veinticinco.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece doña nombre reservado, estudiante universitaria, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ REGIÓN DE COQUIMBO, por el acto que señala como ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de las licencias médicas N° 107037045, 107037054, 21389620 y 21501528, acto que perturba y amenaza el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N.°1, 2 y 9 de la Constitución Política de la República.

Expone que, durante el año 2024 cursó un embarazo de alto riesgo, el cual requirió hospitalización de urgencia y la realización de un cerclaje uterino, procedimiento de alta complejidad, que tenía por objeto proteger la vida de su hijo y evitar un parto prematuro, por lo que se le prescribió reposo absoluto durante toda la gestación, situación registrada y respaldada por su ficha médica en FONASA.

Relata que, el 13 de mayo de 2025, se emitió la licencia médica electrónica N°RUT reservado, correspondiente a dicho tratamiento, la que fue rechazada por COMPIN sin efectuar peritaje médico, sin solicitar antecedentes complementarios, ni revisar debidamente su ficha clínica, contraviniendo expresamente los protocolos del Ministerio de Salud.

Añade que se le otorgó una segunda licencia médica, folio N°RUT reservado, desde el 27 de mayo al 9 de junio de 2025, la cual también fue rechazada bajo las mismas condiciones ilegales, y sin ninguna evaluación profesional adecuada.

Agrega que, tambien fueron rechazadas sus licencias médicas N°107037054, del 09 de junio de 2024 y la N°107037045, del 28 de agosto de 2024, las cuales formaban parte de su proceso de embarazo, parto y periodo postnatal, y su rechazo le generó una grave afectación tanto en su salud física como mental, lo cual la dejó sin ingresos durante un periodo crítico, afectando su recuperación, el cuidado de su hijo y su integridad emocional.

Destaca que, presenta diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA) y Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC), condiciones certificadas por profesionales tratantes, que exigen un trato reforzado por parte del Estado, y que la omisión de tales antecedentes por parte de COMPIN no solo vulnera los principios del debido proceso, sino también el principio de no discriminación y el mandato de protección reforzada para personas neurodivergentes. Indica que, actualmente se encuentra a cargo del cuidado permanente de su hijo recién nacido, en un contexto de máxima vulnerabilidad económica y emocional, en el que el actuar ilegal de COMPIN ha tenido consecuencias directas en su salud y la de su hijo, infringiendo además el interés superior del niño.

Invoca como fundamentos de derecho, el artículo 20 y 19 N°1, 2 y 9 de la Constitución Política de la República; Ley N°20.584 sobre derechos y deberes del paciente; Ley N°20.422 sobre igualdad de oportunidades para personas con discapacidad; Ley N°16.618, artículo 3, sobre protección del interés superior del niño; Código del Trabajo, artículos 195 y 201 (licencia maternal y fuero); Convención sobre los Derechos del Niño; Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; Ley N°16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud. Y jurisprudencia de esta Corte Rol N°488-2023; y fallos reiterados de la Corte Suprema en materia de salud, maternidad y discapacidad.

Concluye solicitando acoger la acción y dejar sin efecto el rechazo de sus licencias médicas, disponiendo su autorización y pago; en subsidio, ordenar la realización de una nueva evaluación médica por profesional idóneo, con participación activa de la recurrente, con condena en costas.

Acompañó a su recurso: Licencias médicas referidas; informe médico del Dr. nombre reservado; y certificado de nacimiento de su hijo, nacido el 6 de septiembre de 2024.

A folio 6, y luego de haber evacuado informe la recurrida, la actora añade lo siguiente: que las licencias médicas folios N°21389620 y 21501528 fueron rechazadas sin evaluación clínica adecuada, sin requerir antecedentes adicionales y sin considerar los informes médicos del profesional tratante, lo que infringe los principios de motivación del acto administrativo conforme a la Ley 19.880. Además, que las licencias médicas que la recurrida dice encontrarse rechazadas, no es efectivo pues aún se encuentran en trámite las reposiciones aún se encuentran en trámite.

Acompaña antecedentes médicos, capturas de plataforma COMPIN y la nueva Licencia Médica Electrónica folio N°RUT reservado, emitida el 13 de junio de 2025, por 14 días de reposo total, dicha licencia se encuentra vigente y demuestra que la recurrente continúa bajo tratamiento activo, lo que refuerza la necesidad de resguardo constitucional inmediato.

Invoca el principio de protección reforzada por maternidad, conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley 20.584 y la Constitución, al estar a cargo del cuidado exclusivo de un lactante, y existir riesgo directo sobre su bienestar por la afectación emocional y económica de la madre.

SEGUNDO: Que, a folio 5, evacuó informe la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ REGIÓN DE COQUIMBO, solicitando el rechazo del recurso.

En primer lugar, alegó la improcedencia de la acción de protección, por cuanto el asunto por el que se recurre dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el que no se encuentra amparado por el recurso de protección.

En subsidio, informa en cuanto al fondo, y señala que, revisados los antecedentes que obran en su poder se constata que dos de las licencias por las cuales se recurre se encuentran autorizadas, y las otras dos fueron rechazadas, siendo las autorizadas: la N°107037045 (28.08.2024 al 05.09.2024, por 9 días), autorizada el 24.09.2024, y la N°107037054 (06.09.2024 al 28.11.2024, por 84 días), autorizada el 24.09.2024. A su turno indica como rechazadas la N°21389620 (13.05.2025 al 26.05.2025, por 14 días), rechazada el 22.05.2025. "Causal modificación: R-102 Sin causa médica que justifique el reposo: Reposo prolongado para la patología. Detalle de causal de modificación: Corresponderá el rechazo de la licencia médica, cuando no exista una causa médica que justifique el reposo, de acuerdo a lo establecido en Art. 1, 6 y 16 del Decreto Supremo N°3.", añade que en forma posterior el 26.05.2025, se interpuso recurso de reposición el cual también fue rechazado mediante la resolución de 28.08.2025, que establece que no hay causa médica que justifique el reposo: Reposo prolongado para la patología, y que agrega en detalle causal de modificación: Corresponderá el rechazo de la licencia médica, cuando no exista una causa médica que justifique el reposo. Asimismo, indica como rechazada la N°21501528 (27.05.2025 al 09.06.2025, por 14 días), rechazada el 29.05.2025, "Causal modificación: R-102 Sin causa médica que justifique el reposo: Reposo prolongado para la patología. Detalle de causal de modificación: Corresponderá el rechazo de la licencia médica, cuando no exista una causa médica que justifique el reposo, de acuerdo a lo establecido en Art. 1, 6 y 16 del Decreto Supremo N°3.", añade que en forma posterior el 30.05.2025, se interpuso recurso de reposición el cual también fue rechazado mediante la resolución de 02.06.2025, que establece que no hay causa médica que justifique el reposo: Reposo prolongado para la patología, y que agrega en detalle causal de modificación: Corresponderá el rechazo de la licencia médica, cuando no exista una causa médica que justifique el reposo.

Indica que las consideraciones tenidas en cuenta para el rechazo de las licencias médicas constan en el expediente administrativo, específicamente en la cartola médica de la recurrente, así la licencia médica N°21389620 "RR se mantiene rechazo de LME620, cambia de médico tratante, antecedentes médicos presentados son insuficientes y no justifican prolongar su reposo. Sin psicoterapia que justifique el rol terapéutico de su reposo.” Y la licencia médica N°21501528 "RR se mantiene rechazo de LME528, informe del 29-04-2025 no aporta nuevos datos que justifiquen reposo prolongado, sin informe de psicoterapia y sin fecha de retorno laboral”. Acompaña cuadro con detalle de las licencias médicas autorizadas y rechazadas de la actora.

Señala que, es importante precisar que lo resuelto es consistente con lo dispuesto en el D.S N°7 de 2013, del Ministerio de Salud, Reglamento de la Ley N°20.585, sobre Otorgamiento y Uso de Licencia Médicas, y que al efecto el D.S N°7 de 2013, respecto a las PATOLOGIAS MENTALES, en su artículo 4°, número II establece, en relación con el reposo laboral de más de 60 días, prorrogable hasta 180 días, ciertos requisitos los cuales enuncia. Indica que se evidencia, que las licencias médicas N°21389620 y 21501528, contienen diagnósticos por patología de salud mental, y que en forma previa y por similares diagnósticos, la recurrente ha presentado 3 licencias médicas que van desde el 21.02.25 al 12.05.2025, por un total de 81 días, las cuales fueron autorizadas.

Hace presente que, la licencia médica está definida en el artículo primero del D.S N°3/84 del MINSAL, que establece expresamente que el reposo asociado a una licencia médica es de carácter temporal, lo que supone la reincorporación del trabajador a sus labores habituales, y por su parte, el artículo 14 del citado D.S N°3/84 del MINSAL, establece que es competencia privativa de la Unidad de Licencias Médicas de la COMPIN o de la ISAPRE en su caso, ejercer el control técnico de las licencias médicas, por lo que la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

Refiere que en el caso concreto, el rechazo de la licencia médica de la recurrente encuentra su fundamento en la falta de causa médica que justifique el reposo, reposo prolongado para patología, con base en lo consignado en su expediente administrativo que da cuenta como se ha dicho de cambio de médico tratante; antecedentes médicos insuficientes que no justifican la prolongación del reposo; inexistencia de psicoterapia que justifique el rol terapéutico del reposo; sin fecha de retorno laboral, antecedentes todos que no compatibilizan con acciones concretas y objetivas tendientes a que la trabajadora recupere su salud y se reintegre al trabajo.

Agrega que, el actuar de su representada se ajustó al marco de sus facultades legales, con estricto apego a los criterios administrativos y médicos dispuestos para determinar el pronóstico, lo que excluye de plano el que se esté en presencia de un acto arbitrario e ilegal, en tanto, como se ha expuesto y de acuerdo con las normas ya referidas, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

Señala que, sólo cabe rechazar la acción de protección, por existir fundamentos médicos y administrativos que justifican el rechazo efectuado por la COMPIN de Coquimbo. En efecto, cuando los médicos contralores de COMPIN evaluaron los antecedentes clínicos de la recurrente, análisis que se efectúa a la vista de los antecedentes presentados por la recurrente, reflejados en la cartola médica, concluyeron que el reposo asociado a las licencias médicas no tenía justificación médico administrativa, de esta forma, las decisiones de la COMPIN de Coquimbo de rechazar las licencias médicas, encuentran su fundamento en los hechos y en el derecho.

Agrega sobre la vulneración de derechos constitucionales enunciados por la recurrente, esto es el artículo 19, en sus numerales 1, 2, 9, menciona que para que la acción de protección pueda prosperar, habida consideración del carácter sumarísimo del proceso y el principio de la carga probatoria, no basta con la sola enunciación de que han sido conculcados, sino que se requiere acreditar la existencia de dicha vulneración, y cómo el supuesto acto u omisión arbitrario e ilegal, ha producido la vulneración de las mencionadas garantías, lo que en el caso de autos señala no haber ocurrido, lo que torna infundado el presente recurso, y precisa que el artículo 19 número 9, no se encuentra dentro de aquellas garantías por cuya vulneración se pueda recurrir ante la Corte de Apelaciones, al amparo del Artículo 20 de la Constitución Política.

Solicita rechazar el recurso en virtud de toda la información aportada, que da cuenta del actuar ajustado a la ley por parte de la COMPIN respecto de la resolución que rechaza las licencias médicas folio N°21389620 y 21501528.

Acompaña a su informe: Copia de las resoluciones de la COMPIN, con autorización de licencias médicas N°107037045 y 107037054; copia de resoluciones COMPIN, con rechazo de licencias médicas N°21389620 y 21501528; copia reposición y antecedentes presentados, por rechazo de licencias médicas 21389620 y 21501528; copia de resolución COMPIN, con rechazo recurso de reposición licencias médicas N°21389620 y 21501528; y cartola médica de la recurrente.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

CUARTO: Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas. Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

QUINTO: Que, en lo referente a la alegación de improcedencia del recurso de protección, cabe señalar –como ya se ha fallado- que a lo que corresponde atender es a las prerrogativas constitucionales que se alegan como afectadas en el arbitrio objeto de este pronunciamiento, que son el derecho a la vida e integridad física y el derecho a la igualdad ante la ley, de los que tratan los numerales 1 y 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, las que se encuentran expresamente contemplados bajo el ámbito de aplicabilidad y resguardo a que hace mención el artículo 20 del mismo cuerpo normativo. Por tal razón es que se desestimará esta defensa opuesta por la recurrida.

SEXTO: Que, es relevante tener presente que este recurso se erige en contra del rechazo de la Compin de Coquimbo de cuatro licencias médicas: N°107037054 del 09 de junio de 2024, la N°107037045 del 28 de agosto de 2024, la N°21389620 del 13 de mayo de 2025 y la N°21501528 de 27 de mayo de 2025, sin fundamentación y sin tener en cuenta loa antecedentes médicos de la recurrente.

Que, la recurrida señaló que las dos primeras licencias médicas fueron autorizadas y pagadas, acompañando las resoluciones que lo acreditan, por lo que a su respecto no podrá prosperar el presente recurso.

En cuanto a las dos restantes, la recurrida fundo su rechazo en “Sin causa médica que justifique el reposo: reposo prolongado para patología”, asimismo el 28 de mayo y 2 de junio, ambos del 2025 rechazó el recurso de reposición interpuesto por la recurrente, indicando que los antecedentes médicos son insuficientes y no justifican prolongar reposo, sin psicoterapia que justifique el rol terapéutico de su reposo; y en el fundamento de rechazo para la segunda reposición, que no aporta nuevos datos que justifiquen reposo prolongado, sin informe de psicoterapia y sin fecha de retorno laboral.

En el expediente administrativo se da cuenta del informe de su siquiatra tratante y de los trastornos de espectro autista como TOC a los cuales hizo alusión la recurrente en su recurso, además se acompaña en autos certificado del Centro Salud Mental Elemental, en el que se señala encontrarse en tratamiento y destaca su condición de neurodivergente, además del listado de licencias médicas autorizadas por la recurrida se constata que efectivamente la recurrente tuvo un embarazo de alto riesgo y actualmente es madre de un lactante 9 meses aproximadamente, situaciones que no debieron pasar inadvertidas por la recurrida al resolver el pago de sus licencias médicas.

SÉPTIMO: Que, el Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, sostiene que “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda.” (Artículo 1).

OCTAVO: Que, para los fines de solucionar la controversia planteada, es preciso traer a colación el artículo 16 del mismo cuerpo legal, y que, en lo pertinente, preceptúa: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”, como asimismo lo ordenado en su artículo 21: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas:

a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas;

b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe;

c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador;

d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador;

e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.

Sin perjuicio de lo anterior la Compin, deberá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine”.

NOVENO: Que, de lo anterior, fluye con prístina claridad, que el organismo a cargo de pronunciarse sobre las licencias médicas otorgadas al trabajador es quien debe asumir un rol activo en torno al análisis de la viabilidad de las mismas, sin poner de cargo del paciente, afectado por una enfermedad, que sea él quien procure la obtención de antecedentes que avalen el diagnóstico del médico tratante de éste.

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “…la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez del mismo. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

DÉCIMO: Que, con lo dicho, emana que la argumentación otorgada al paciente por la recurrida, sin que se haya tomado previamente alguna de las medidas que permiten, según el Reglamento aplicable, fundamentar ese rechazo, carece del debido sustento, dejando además al paciente en una situación compleja, razón suficiente para entender que, aunque aparezca, la fundamentación de rechazo de las licencias dada en este asunto, es carente de sustento fáctico, al no mediar antecedentes obtenidos por la propia institución en cuanto a los diagnósticos realizado por su médico tratante, los que es indicado claramente en el informe de la especialista, y de la situación particular de ésta de lo que la recurrida no se hace cargo en su resolución.

De esta manera, se advierte que la conducta del organismo recurrido no se ajustó a la preceptiva que gobierna la cuestión, omitiendo componentes que debieron detallarse con mayor rigurosidad antes de resolver el asunto en sede administrativa, observándose inadvertencias en relación al contenido del informe de la médico tratante, así como que no decretó ninguna diligencia para poder objetivar el diagnóstico y no dejarlo sujeto a la mera discrecionalidad del ente recurrido, con la subsecuente falta de pago de la licencia médica correspondiente.

UNDÉCIMO: Que, este actuar de la recurrida atenta evidentemente contra las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 1 y 24; la primera, pues dificulta su vida e integridad física; la segunda porque, al no contar con el subsidio de incapacidad laboral, afecta el patrimonio de la parte recurrente, desde que el trabajador, que padece una patología, no cuenta con el dinero proveniente de este ítem, afectando aún más su debilitada salud. De igual forma, vulnera el derecho del recurrente a la igualdad ante la ley, por cuanto configura una discriminación respecto del resto de la población que en iguales condiciones de salud puede acceder al subsidio por reposo laboral.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.- Que SE RECHAZA la alegación de improcedencia de la acción de protección.

II.- Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ REGIÓN DE COQUIMBO, sólo en cuanto se dispone que la recurrida deberá proceder al pago de las licencias médicas N°21389620 y N°21501528, extendidas por un total de 28 días, a contar del 13 de mayo de 2025, debiendo la recurrida dictar la resolución pertinente, dentro de quinto día a contar que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°911-2025 Protección.