nombre reservado con CAJA LOS ANDES.

nombre reservado, nombre reservado

Caja de Compensación y Asignación Familia Los Andes Recurso de Protección Rol N° 9094-2022.

La Serena, veintidós de diciembre de dos mil veintidós.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, a folio 1 y con fecha 24 de noviembre de 2022, comparecen los abogados JORGE LENA SALGADO y PABLO IGNACIO GONZALEZ ROJAS en representación de nombre reservado, chileno, dependiente, domiciliado en domicilio reservado, y deduce recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, corporación de bienestar social, representada legalmente por don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado.

En cuanto a los antecedentes de hecho, relata que en fecha indeterminada hace más de 10 años, el actor suscribió un pagaré con Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, en donde asumía la obligación de pagar un crédito social de consumo, por el cual la recurrida, en las facultades y atribuciones que ostentaba, procedía mes a mes a retener de las remuneraciones de su representado, la cuota correspondiente al préstamo de consumo, siendo la última vez que realizó el descuento, hace más de 8 años.

No obstante, lo anterior, y para sorpresa de don nombre reservado, la recurrida, desplegando una actitud derechamente arbitraria e ilegal en contra de este, instruyó a su empleador “Conjunto Habitacional Jardín del Mar Coquimbo Torre 1”, a efectuar en la remuneración correspondiente al mes de octubre de 2022, descuentos por la suma de $108.875, bajo el acápite “PRESTAMO C.C.A.F 1/1”.

Indica que esta situación no fue comunicada por la recurrida a su representado, no siendo informado previamente por ningún medio respecto de la decisión unilateral de la recurrida en ejecutar del abusivo e inoportuno descuento que finalmente ordenó al empleador. Es por esta razón que nunca tuvo elementos ni informaciones de ninguna clase o especie que le permitieran prever una afectación de tal magnitud en su remuneración mensual. A mayor abundamiento, tampoco he sido notificado por ninguna gestión judicial que haya iniciado la recurrida, que haga presumir al menos, de algún título que valide su actuar.

Enseguida hace presente que la normativa que regula los créditos sociales y que permiten hacer descuentos “intercaja”, no puede supeditar, las normas civiles que nos regulan, particularmente las contenidas en los artículos 2514 y siguientes del Código Civil.

Por otra parte, el artículo 5, y siguientes del Código del Trabajo, consagran el principio de la protección de las remuneraciones y la certeza de las mismas que tiene como objetivo garantizar la certidumbre al trabajador en cuanto a la remuneración que le corresponde recibir por la prestación de sus servicios y el artículo 58, del cuerpo legal citado, obliga al empleador a deducir de las remuneraciones los impuestos que la graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos, naturaleza que no tienen los créditos que puedan solicitar los afiliados, más aún en aquellos casos en que una posible deuda haya sido contraída con mucha antigüedad en que eventualmente podría discutirse una posible prescripción y tampoco consta que se haya incoado algún procedimiento o juicio contra los deudores en sede judicial para el cobro de la deuda, por lo que debe estimarse como arbitraria la decisión de la institución que se dice acreedora en orden a requerir directamente a la empleadora del trabajador el descuento de las cuotas adeudadas mediante la vía de efectuar éste en la remuneración mensual que se paga al trabajador, como ocurrió en la especie.

Afirma que los actos denunciados amenazan el legítimo ejercicio del derecho de su representado contemplado en el artículo 19 N° 24.

En este caso la entidad acreedora no está facultada para hacer los descuentos pertinentes a su representado, sino que debió atenerse a lo pagado en su oportunidad que corresponde al total, o en su defecto, ejercer las acciones ordinarias que corresponda. Que este proceder manifiestamente arbitrario de la recurrida corresponde sea declarado y se otorgue amparo al actor, de lo contrario la Caja de Compensación recurrida obtendrá un reconocimiento de la jurisdicción a su actuación arbitraria y podrá mantenerlo permanentemente en el futuro y con quienes estime procedente, al igual que todas las otras Cajas que integran este sistema de prestaciones asistenciales, sin que el Estado pueda amparar estas conductas ni esta forma abusiva de ejercer sus atribuciones por parte de una entidad privada que presta un servicio público asistencial, especialmente en este caso, respecto de quien se encuentra en una condición de vulnerabilidad frente al ejercicio de potestades contractuales permisivas ejercidas a destiempo.

Finalmente solicita que se acoja el recurso con costas y se disponga ordenar al recurrido la restitución de los dineros sustraídos, esto es la suma de $108.875.-, adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Acompaña: 1. Liquidación de sueldo del mes de octubre de 2022 y 2. Contrato de Trabajo de su representado.

SEGUNDO: Que, a folio 13 y con fecha 09 de diciembre pasado, informando la recurrida CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES, a través de su abogado SERGIO ABARCA VARGAS, solicita el rechazo de la acción en estudio.

Asegura que su representada con fecha 3 de octubre de 2012, otorgó al actor la operación de crédito código 050274215-6, por un capital de $3.111.507.- a una tasa de 2.09%, pagadero en un plazo de 60 meses, con una cuota de $93.152.- cuyo primer vencimiento correspondió el 30 de noviembre de 2012.

Las cuotas del mes de noviembre de 2012 a marzo de 2013 (1 a 5), se pagaron durante el periodo 28 de julio de 2014 al 10 de septiembre de 2018. La cuota del mes de abril de 2013 (6), más un interés penal de $46.665.-, se pagó con fecha 09 de noviembre de 2022.

Luego, las cuotas del mes de mayo de 2013 a octubre de 2017 (7 a 60), se encuentran en mora.

Alega que no existe actuación ilegal o arbitraria señalando que los descuentos para el pago de cuotas de crédito social son informados al empleador del deudor de acuerdo al mecanismo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833 que establece que “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

Por otro lado, su representada se encuentra efectuado el cobro de una deuda cuya acción de cobro no ha sido declarada prescrita, indicando que mal puede la recurrente pretender evadir el pago las obligaciones que mantiene para con su representada a través del ejercicio de una acción constitucional en circunstancias de que ni siquiera posee un derecho indubitado que obste su exigibilidad, el cual, en todo caso, debe ser discutido y declarado en la sede jurisdiccional correspondiente, en un juicio de lato conocimiento.

No obstante lo informado precedentemente, y sin reconocer extinción de la deuda ni los hechos ni fundamentos de derecho que esgrime el recurrente en el presente recurso de protección, Caja Los Andes ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado a la recurrente. Asimismo, dispondrá la restitución de aquellas sumas que hayan sido recibidas a partir de la reanudación de los cobros, esto es, desde noviembre de 2022.

Señala que las planillas de descuentos son generadas los días 25 del mes anterior a aquel en que se hacen efectivos los descuentos. No obstante, su representada dispondrá la devolución de toda suma que sea recibida en el intertanto.

Finalmente solicita el rechazo de la acción de protección incoada por cuanto ha perdido oportunidad toda vez que la recurrida ha accedido voluntariamente al cese de los descuentos y restitución solicitados.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: De los antecedentes expuestos por las partes, es posible apreciar que la recurrida se ha comprometido a cesar los descuentos –cuyo es el interés del actor- aunque sin hacer suyos los argumentos esbozados en el libelo, motivo suficiente para entender que este recurso ha perdido oportunidad. Lo anterior se tendrá por efectivo, desde que el apoderado del actor, en su alegato oral, no desvirtuó el cumplimiento de aquello.

SEXTO: En relación con la restitución de dineros ya descontados por la Caja recurrida, es dable sostener que ésta se comprometió a efectuarla, desde el descuento de la cuota de “noviembre” en curso.

Por su parte el recurrente, atendido el contenido del informe, terminó solicitando sólo que se exija a la recurrida hacer devolución del descuento del mes de “octubre de 2022”, efectuado a las remuneraciones del actor.

Al respecto, del mérito de la documental acompañada al recurso, sólo es posible sostener que consta acreditado sólo UN descuento, en las liquidaciones de remuneración del actor del mes de “octubre de 2022”. Como la recurrida se refiere a noviembre en relación con el período de recaudación, es posible presumir que ese monto es el que efectivamente será reintegrado, por lo que no se emitirá orden alguna al respecto.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por haber perdido oportunidad.

Regístrese, notifíquese y archívese.

Rol N° 9094-2022 Protección.