nombre reservado con AFP MODELO S.A.

nombre reservado

Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y otro Recurso de protección Rol N° 909-2025 La Serena, diez de julio de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de doña nombre reservado y deduce recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y de la Superintendencia de Pensiones, señalando como acto ilegal y arbitrario el no ingreso de la solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero, comunicado el 14 de mayo de 2025, lo que vulnera el legítimo ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 19 N°2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Sostiene que la recurrente solicitó la devolución de fondos previsionales, conforme a lo dispuesto en la Ley N°18.156, en virtud de su calidad de técnico extranjero. La recurrente es notificada mediante correo electrónico con fecha 14 de mayo de 2025, declarando no ingresada la solicitud de retiro de fondos de pensión, señalando lo siguiente: “…Recepcionamos el documento, el cual corresponde al certificado de seguridad social, sin embargo, corresponde al año 2023 y no debe tener una vigencia mayor de 120 días, por lo tanto, te sugerimos que vuelvas a solicitarlo y cuando tengas toda la documentación correspondiente ingreses una nueva solicitud”.

Hace referencia a lo señalado en el artículo 1° y 7 ° de la ley 18156 conforme a los cuales, en caso de que trabajadores extranjeros registren cotizaciones en una administración de fondos de pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieran depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo primero, norma que exige que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen previsional o de Seguridad Social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Señala que la actora cumple con los requisitos mencionados siendo procedente realizar el retiro de fondos de la AFP, sin embargo, se encuentra con una obstaculización en su proceso, donde la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo a la finalidad del legislador, esto es, disponer de sus ahorros previsionales, entendiendo que los documentos presentados cuentan con la validez necesaria de procedencia, tanto el contrato, sus anexos y el certificado de afiliación al seguro social del país de origen.

Agrega que la respuesta entregada por la AFP, evidencia el actuar arbitrario e ilegal, puesto que la recurrida decide mediante un acto arbitrario e ilegal declararlo no ingresada la solicitud impetrada pese a cumplir con los requisitos arriba desarrollados, lo que deviene en un actuar caprichoso y, sin sustento jurídico, puesto que todo solicitante tiene derecho a un respuesta debidamente fundamentada, concluir como lo realizó la Administradora de Fondos de Pensiones conduciría a la vulneración los derechos fundamentales de la Igualdad Ante la Ley, Debido Proceso y, el Derecho de Propiedad Explica que la constancia electrónica emitida por la seguridad social del recurrente puede ser verificada a través del link que transcribe y, en su defecto, de una simple búsqueda que se realice en el motor de Google.

Lo anterior, dice relación a que las constancias emanadas de la seguridad social de Venezuela incluyen un código alfanumérico el cual puede ser verificable en la web señalada. El código de verificación se encuentra en la parte inferior de la constancia, que señala textualmente “La validez de este certificado electrónico de cotizaciones, puede comprobarse a través del portal web del I.V.S.S.(www.ivss.gob.ve), con el código de verificación N° f30d96539-2025409.”.

Señala que la constancia electrónica es verificable existiendo una conducta o misiva de verificar la afiliación, lo que deviene en un actuar ilegal y arbitrario en cuanto se argumenta que la constancia electrónica no se encuentra vigente, No obstante, emanar de un organismo público y verificable en la web oficial de institución, con la agravante que acompañó el certificado de afiliación legalizado ante el consulado de Venezuela y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, verificable a través del código QR, lo que lleva a concluir que la recurrente efectivamente se encuentra afiliada a la Seguridad Social de su país de origen y que el actuar de la recurrida es arbitrario e ilegal Culmina solicitando se ordene reconocer la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y, dentro de un plazo razonable, efectuar la devolución de los fondos previsionales solicitados, adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Acompaña a su recurso: 1. Cédula de identidad para extranjeros; 2. Solicitud de retiro de fondos previsionales; 3. Notificación de no ingreso de solicitud; 4. Declaración jurada simple; 5. Constancia electrónica de afiliación; 6. Título profesional apostillado; 7. Cédula de identidad venezolana; 8. Certificado de cotizaciones previsionales; y 9. Carta de aprobación de AFP Cuprum.

SEGUNDO: Que evacuó informe la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., solicitando el rechazo del recurso con costas.

Explica que su representada dio respuesta a la solicitud de la recurrente a través de un memorándum 11850, que señala: 1.- La Constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) para retiro de fondos ante las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) fue emitida con fecha 07 de noviembre de 2023, y según consta en el mismo documento, tiene una validez hasta 120 días.

Por tanto, no sirve para acreditar que se ha encontrado cubierto, con anterioridad y durante todo el periodo de prestación de servicios en Chile, para las contingencias de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, toda vez que, no se encuentra vigente, por ende, se solicita acompañar certificado válido y vigente.

2.- Se solicita acompañar título profesional en formato original y físico, que acredite calidad de técnico o profesional extranjero, debidamente apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, y acompañar en formato original y físico documentación laboral respecto del empleador Envases MP SPA, debido a que no fue posible acreditar la veracidad y autenticidad de los documentos acompañados”.

Da cuenta que el 8 de mayo la recurrente volvió a presentar una solicitud de retiro de fondos, y en respuesta del 12 de mayo del 2025, se le indicó que su solicitud se encuentra en estado pendiente de ingreso, debiendo acompañar en un plazo máximo de 4 días hábiles desde la notificación el certificado de Seguro Social, ya que el adjuntado no corresponde.

Agrega que, tras este requerimiento, la recurrente, con fecha 13 de mayo de 2025, acompañó una Constancia de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales emitido con fecha 07 de noviembre de 2023. Conviene tener presente que esta clase de documentos tiene una vigencia de 120 días. Además, cerca de la esquina inferior izquierda se ve presente un sello del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile que, de ser original, sólo debiese ser visible bajo luz ultravioleta.

En base a lo anterior se dio a la recurrente la siguiente respuesta: “Recepcionamos el documento, el cual corresponde al certificado de seguridad social, sin embargo, corresponde al año 2023 y no debe tener una vigencia mayor de 120 días, por lo tanto, te sugerimos que vuelvas a solicitarlo y cuando tengas toda la documentación correspondiente ingreses una nueva solicitud”.

Hace presente que la recurrida no ha obstaculizado en forma alguna el proceso ni realizado una interpretación arbitraria de la norma, muy por el contrario. La recurrida ha seguido rigurosamente lo instruido por la Superintendencia de Pensiones y el espíritu de la norma que para que proceda la devolución de fondos, es menester que se reúnan todos los requisitos. En efecto, en el caso de marras no logró acreditar que cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 1, letras a) y b) de la ley 18.156 consistentes en encontrarse afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida, respectivamente; así como tampoco la calidad de personal técnico extranjero que afirma tener le recurrente.

Agrega que su representada no ha actuado de forma arbitraria ni ilegal, al contrario, ha dado estricto cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley 18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones y su jurisprudencia administrativa TERCERO: Que evacuó informe la Superintendencia de Pensiones.

Señala que la situación reclamada excede el ámbito del recurso de protección, ya que a través de esta vía es posible amparar el ejercicio legítimo de derechos indiscutidos y prexistentes, no un pronunciamiento declarativo. El tenor literal del recurso de autos claramente refleja que lo que pretende la recurrente no es otra cosa que una declaración de un eventual derecho a retirar sus fondos previsionales, porque no está conforme con lo resuelto por esta Superintendencia, olvidando que no acreditó que cumple con los requisitos normativos para acceder a tal devolución.

Luego y en cuanto a los hechos, sostiene que la recurrente no registra ante ese Organismo Fiscalizador reclamo ni presentación alguna respecto de los hechos que motivan la presente acción cautelar, por lo que no existen antecedentes referentes a la acción de protección que se informa. Esta situación queda corroborada, toda vez, que la parte recurrente no hace referencia alguna ni individualiza el acto en contra del que recurre respecto de la Superintendencia de Pensiones.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que es dable sostener que el rechazo al retiro pedido por la actora lo fue basado en el incumplimiento de los requisitos legales. Esta Corte, a su turno, comparte la postura de las recurridas por las siguientes razones:

1.- En primer término, valga recordar que el artículo 1 de la Ley N°18.156 dispone que “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

Por su parte, el artículo 7 de la Ley N°18.156 establece que “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”, esto es, “a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.”

Al respecto, no consta satisfecha la exigencia de haberse anexado los documentos indicados, en especial, aquel consignado en la letra a) precedente, esto es, el certificado previsional en una entidad extranjera con vigencia a la fecha del requerimiento, sobre todo por la redacción de la norma, que exige la actualidad de dicha pertenencia (“que se encuentre afiliado”), circunstancia que es tácitamente reconocida por la actora, al sostener que ese dato podía ser revisado por la misma entidad recurrida. Aquello es contrario a la lógica, considerando que es la parte quien debe acreditar el cumplimiento de las exigencias legales.

Por lo demás, el documento anexado a folio 13 no es idóneo para satisfacer la exigencia, al no cumplir con las exigencias básicas para considerarlo como válido en Chile, al tratarse de un documento extranjero sin la debida legalización exigida por nuestra ley nacional.

2.- A lo anterior abona que las recurridas sustentan su oposición a la improcedencia de acoger el requerimiento, por no cumplirse las exigencias legales referidas. Aquello deja en evidencia que el derecho que se exige carece del carácter de indubitado, elemento propio de las garantías que pueden ser impuestas por esta vía constitucional y de excepción, nueva razón para desechar el presente arbitrio.

3.- Finalmente, en cuanto a la lectura de la ley, resulta acorde a los intereses del recurrente cuyo sentido no es compartido por esta Corte, desde que la Ley N°18.156 fue dictada para permitir el retiro extraordinario de fondos acumulados por ciertos trabajadores extranjeros temporales, facultad con que no cuentan los demás trabajadores nacionales, de manera que la excepcionalidad debe leerse con tal rasgo y, por ende, ser exigentes al momento de cumplir sus estándares. Al no ocurrir, el rechazo debe ser confirmado pues, lo contrario, importa provocar una desigual protección ante la ley.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de doña nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y de la Superintendencia de Pensiones.

Notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N°909-2025.