nombre reservado con UNIVERSIDAD DE LA SERENA

nombre reservado

Universidad de La Serena Recurso de protección Rol N°909-2024.

La Serena, veinticinco de septiembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado, licenciado en matemáticas, deduciendo recurso de protección en contra de la Universidad de La Serena, representada por doña nombre reservado, señalando que el actuar de esta ha conculcado los derechos consagrados en el artículo 19 N° 2, 3, 16 y 18 de la Constitución Política de la República.

Sostiene que ha trabajado como docente a contrata en la Universidad de La Serena desde marzo de 2010 hasta agosto de 2011 y, posteriormente, de manera ininterrumpida desde marzo de 2015 hasta la fecha.

Refiere que durante ese periodo ha cumplido una jornada parcial de 18 horas semanales por semestre, sin embargo, en el presente año se le redujo dicha jornada a una hora, decisión que estima arbitraria, ya que no se debió a una disminución de los cursos a dictar o a una reducción de la matrícula en la Universidad, puesto que se asignó a otro docente, recién ingresado, ejecutar los cursos que venía impartiendo históricamente.

Manifiesta, en otro orden de consideraciones, que hace aproximadamente cuatro años, la Escuela de Ingeniería de la recurrida estableció directrices para las asignaturas de sus carreras, incluyendo la realización de evaluaciones parciales a las 18:00 horas, fuera de su horario semanal, lo que considera una medida arbitraria por parte de su empleador.

Expone que además de trabajar en horas no convenidas, debe realizar informes de cumplimiento solicitados por su jefatura, los que son realizados en horarios extraordinarios, ya que la Universidad sólo paga por las horas realizadas en aula, lo que también estima es abusivo.

Señala que se siente perjudicado por el tipo de contratación que realiza la recurrida, consistente en contratos por semestre –entre marzo a agosto para el primer semestre y entre agosto a diciembre para el segundo– motivo por el que se generan días sin remuneración entre ambas contrataciones, cuestión que no respeta la figura legal de continuidad en el servicio y configura un actuar ilegal o arbitrario de parte de la autoridad que viola el principio de confianza legítima.

Indica, asimismo, que en los meses de enero y febrero de los años 2022 y 2023 se pagaron bonificaciones, las que se declaran en la liquidación del mes de diciembre, pero se enteran a fines de enero, por lo que con un grupo de profesores llegaron a un acuerdo para que no se pagaran y, en su lugar, se hiciera una extensión de la contrata, lo que significaba tener pagos en enero y febrero con liquidaciones de sueldo y descuentos legales normales. No obstante, el problema surgió cuando en enero de 2024 la recurrida pagó la bonificación y, posteriormente, en febrero del mismo año, también las remuneraciones de enero y febrero, provocando un sobresueldo en dichos meses. Por tal circunstancia, en marzo del año en curso se le comunicó que debía devolver el monto de la bonificación, lo que en definitiva fue descontado en la remuneración de abril y mayo, lo que importa una clara vulneración de sus derechos, ya que en ambos meses quedó sin goce de sueldo.

Culmina solicitando se acoja el recurso deducido y, en definitiva, se ordene a la recurrida las siguientes medidas necesarias para reestablecer el imperio del derecho: “1) legitimar, a mi persona, el principio de legítima confianza, con un contrato indefinido de 18 horas semanales; 2) reincorporar la hora de trabajo semanal que fue eliminada de mi jornada laboral a partir de marzo de 2024, restaurando así mi horario original; 3) pagar las remuneraciones correspondientes a los meses de abril y mayo de 2024, que fueron descontadas de mis honorarios”.

Acompaña al recurso: 1. Resolución de nombramiento a horas de clases, primer semestre de 2024; 2. Certificado de antigüedad laboral; 3. Certificado de cotizaciones previsionales obligatorias, entre los años 2010 y 2024; 4. Certificado sobre sueldos y honorarios o liquidaciones de sueldo; 5. Horarios de clases asignados desde el año 2010 hasta el año 2024; 6. Movimientos bancarios, cuenta vista Banco Santander; 7. Correos electrónicos recibidos: a. 14/04/2023 – correo reservado; b. 17/04/2023 – correo reservado; c. 18/04/2023 – correo reservado; d. 18/11/2023 – correo reservado; e. 11/01/2024 – correo reservado; f. 06/03/2024 – correo reservado; g. 10/04/2024 – correo reservado; h. 12/04/2024 – correo reservado; i. 15/04/2024 – correo reservado; j. 15/04/2024 – correo reservado; k. 26/04/2024 – correo reservado; l. 29/05/2024 – correo reservado; m. 29/05/2024 – correo reservado; 8. Instructivo E156769N21; 9. Informe médico tratante – estrés laboral; 10. Informe psicológico; y 11. Copia de cédula de identidad.

SEGUNDO: Que, a folio 15 comparece don nombre reservado, en representación de la recurrida, solicitando el rechazo del recurso intentado, con costas.

Refiere que el recurrente efectivamente cumple labores en calidad de funcionario académico por horas, inicialmente desde 2010 y luego de forma ininterrumpida, desde el 2 de marzo de 2015 a la fecha.

Expone que la serie de supuestos agravios indicados por el actor exceden con creces el objeto de la acción de protección, de manera tal que se trata de asuntos que necesariamente deben ventilarse en sede administrativa ante la Contraloría General de la República, o bien, ante la justicia ordinaria en un procedimiento laboral.

Indica que no es efectivo que el actor goce de forma continua e ininterrumpida de 18 horas de contrata. En efecto, los últimos 4 años ha tenido variabilidad en su jornada y para el segundo semestre del presente año cuenta nuevamente con 18 horas, conforme consta en el acto administrativo respectivo.

Afirma que por normativa interna, a saber, la Circular N°1, de 2006, las contratas de profesores por hora no pueden superar las 18 horas lectivas semanales, por lo que tener dicha cantidad no significa un derecho adquirido, sino el máximo posible para un profesor bajo esa modalidad de contratación.

Refiere que la reducción en la jornada del académico recurrente no obedece a una arbitrariedad, sino que emana directamente del cumplimiento de los objetivos institucionales. Así, la razón de la disminución de una hora de docencia para el año 2024 emana del cambio de la asignatura de matemáticas para la carrera de enfermería a un profesor a fin de completar su carga docente como académico jornada completa.

En relación al bono pagado por error al actor, cuyo reintegro posterior se llevó a cabo, afirma que mal puede entenderse esto como un menoscabo para él, puesto que a propósito de lo acontecido se produjo un enriquecimiento ilícito a favor del recurrente, en desmedro del patrimonio de la institución, por lo que surgió la obligación de reintegrar las sumas mal percibidas, debiendo los organismos públicos, en el ejercicio de sus funciones, hacer efectivos los créditos de que sean titulares y adoptar, conforme con la normativa vigente, los resguardos pertinentes para obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados por la percepción indebida de remuneraciones.

Señala que si el funcionario cuenta o no con confianza legitima carece de relevancia, puesto que no se le ha coartado ésta, toda vez que el recurrente fue renovado para el periodo 2024. En definitiva, la reducción de sólo una hora en caso alguno produce una afectación tal que implique el desconocimiento de tal principio.

Finalmente, argumenta que en caso de considerar ilegal o arbitrario el acto de haberle renovado con reducción horaria, por una parte, el presente arbitrio ha sido presentado de forma extemporánea, puesto que han transcurrido sobradamente los 30 días que el legislador otorga al afectado para recurrir; y, por otra, tal solicitud puede ser objeto de un pronunciamiento de la Contraloría General de la República, al tenor de lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley N°18.834, de manera tal que el recurso interpuesto no constituye la vía idónea para reclamar de la ilegalidad o arbitrariedad de las actuaciones a que se refiere, en tanto no exista un acto terminal por el que se pueda estimar la existencia de una real afectación a las garantías invocadas.

Acompaña a su informe: 1. Resolución N°281, de 15 de marzo de 2010, que contrata al recurrente por 6 horas; 2. Resolución Exenta N°2362, de 31 de marzo de 2010; 3. Resolución N°680, de 10 de agosto de 2010, que contrata al recurrente por 4 horas; 4. Resolución N°718, de 10 de agosto de 2010, que contrata al recurrente por 6 horas; 5. Resolución Exenta N°4951, de 12 de agosto de 2010; 6. Resolución Exenta N°6010, de 2 de agosto de 2010; 7. Resolución Exenta N°6011, de 2 de septiembre de 2010; 8. Resolución Exenta N°88, de 21 de enero de 2011; 9. Resolución Exenta N°089, de 21 de enero de 2011; 10. Resolución N°150, de 29 de marzo de 2011 por 6 horas; 11. Resolución N°287, de 29 de julio de 2011 por 6 horas; 12. Resolución N°67, de 18 de marzo de 2015 por 10 horas; 13. Resolución N°639, de 16 de noviembre de 2015 por 12 horas; 14. Resolución N°57, de 2 de marzo de 2016 por 12 horas; 15. Resolución Exenta N°1398, de 21 de marzo de 2016 por 6 horas; 16. Resolución N°282, de 23 de marzo de 2016 por 16 horas; 17. Resolución N°312, de 4 de abril de 2016 por 2 horas; 18. Resolución TRA N°340/78/2016 por 6 horas; 19- Resolución TRA N°340/144/2017 por 14 horas; 20. Resolución TRA N°340/463/2017 por 6 horas; 21. Resolución TRA N°340/73/2018 por 12 horas; 22. Resolución TRA N°340/2015/2018 por 14 horas; 23. Resolución TRA N°340/2930/2018 por 12 horas; 24. Resolución TRA N°340/246/2019 por 12 horas; 25. Resolución TRA N°340/1604/2019 por 18 horas; 26. Resolución RA N°340/3579/2019 por 18 horas; 27. Resolución RA N°340/779/2020 por 10 horas; 28. Resolución RA N°340/1663/2020 por 18 horas; 29. Resolución RA N°340/2468/2020 por 14 horas; 30. Resolución RA N°340/3357/2020 por 14 horas; 31. Resolución RA N°340/1031/2021 por 18 horas; 32. Resolución RA N°340/2112/2021 por 14 horas; 33. Resolución RA N°340/974/2022 por 18 horas; 34. Resolución RA N°340/2832/2022 por 18 horas; 35. Resolución RA N°340/637/2023 por 18 horas; 36. Resolución RA N°340/2296/2023 por 18 horas; 37. Resolución RA N°340/1103/2024 por 18 horas; 38. Resolución RA N°340/1468/2024 por 17 horas; 39. Ficha de Personal de don nombre reservado; 40. Resolución Exenta 2388, de 2023, que fija calendario académico para el 2024; 41. Oficio N°224, de 2023, del Departamento de Personal; 42. Formulario de creación de cuentas por cobrar de 2023; 43. Correo electrónico de funcionario del Depto. de Personal de 2024; 44. Liquidación de abril de 2024, reintegro; 45. Liquidación de mayo de 2024, reintegro; 46. Correo de abril de 2024, informa reintegro; 47. Correo de mayo de 2024, informa reintegro; 48. Propuesta de contrata, 23 de enero de 2024; 49. Propuesta de contrata, 14 de enero de 2023; 50. Propuesta de contrata, 13 de julio de 2023; 51. Oficio N°38 y antecedentes; 52. Correo electrónico de 15 de abril de 2024 con antecedentes; 53. Correo electrónico de 11 de septiembre de 2023; 54- Correo electrónico de 12 de septiembre de 2023; 55. Circular N°1, de 2006, de 13 de enero de 2006; 56. Correo electrónico de 24 de julio de 2024; y 57. Resolución Exenta RA N°340/4221/2024.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellos a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas.

QUINTO: Que, de la lectura del libelo impetrado se puede inferir claramente que el recurrente, primeramente, pretende se declare por esta vía que en la relación contractual que lo liga con la recurrida, como docente a contrata, ha operado la confianza legítima sobre la base de un contrato indefinido de dieciocho horas semanales, por lo que no sería procedente que dicha jornada se vea expuesta a reducciones horarias, como la que denuncia por su arbitrio, con la consiguiente reducción de sus remuneraciones, lo que sería una consecuencia del tipo de contratación semestral a que se la ha estado obligando.

Por su parte, la entidad recurrida, evacuando su informe, ha negado que la contrata del actor se haya establecido sobre una jornada continua e ininterrumpida de dieciocho horas semanales, siendo la variabilidad de su jornada la que ha operado en los últimos cuatro años y que para el segundo semestre de este año el docente cuenta nuevamente con dieciocho horas, según el respectivo acto administrativo, asilando los cambios de su jornada en el cumplimiento de los objetivos institucionales.

SEXTO: Que, de esta manera, el conflicto suscitado está lejos de referirse al amparo de un derecho indubitado del actor, sino más bien dice relación con una controversia cuya dilucidación impone abocarse a la interpretación de la relación contractual que liga al actor, como docente, con la entidad de enseñanza superior requerida, como asimismo de las normas estatutarias y legales que facultan a esta última para la determinación de la jornada laboral en los contratos por horas lectivas, esto es, materias que necesariamente deben ventilarse en un procedimiento de lato conocimiento, con bilateralidad de la audiencia, otorgando a las partes la posibilidad de rendir la prueba que estimen pertinente para acreditar sus pretensiones, todo lo que excede los acotados contornos de la acción constitucional de urgencia ejercida, por lo que esta deberá ser desestimada en cuanto a tales materias promovidas.

SÉPTIMO: Que, en segundo término, se impugna por el libelo de urgencia el actuar de la recurrida consistente en descontar de sus remuneraciones correspondiente a los meses de enero y febrero de 2024 lo entregado erradamente por concepto de un bono que se había dado en sustitución de dichas remuneraciones, descuento que se hizo efectivo en las remuneraciones de abril y mayo del presente año, vulnerando sus derechos al dejarlo sin sueldo en dicho periodo.

OCTAVO: Que, en lo referido a este acápite del recurso, debe decirse ahora que la mencionada actuación de la recurrida se ha demostrado efectivamente ilegal en un doble aspecto, desde que junto con infringir normas protectoras de las remuneraciones de carácter general, según se ha estimado, tales como los artículo 54 bis y 58 del Código del Trabajo y el artículo 96 de la Ley 18.834, que incorporan en el patrimonio del trabajador las remuneraciones desde que estén devengadas y, además, impiden descontar de ellas sumas o porcentajes determinados, destinados a efectuar pagos de cualquier naturaleza, sin que medie acuerdo escrito con el trabajador o, para el caso de autorizarlo el funcionario, no superen tales descuentos en total el quince por ciento de la remuneración, ha erigido además a la requerida en una comisión especial que mediante autotutela ha procedido unilateralmente a reintegrarse de lo debido por el actor, afectando gravemente sus remuneraciones, sin que haya mediado un procedimiento para acordar con el actor la forma de llevar a cabo tal reintegro.

Tal proceder de la recurrida, ha vulnerado las garantías de los numerales 3° inciso 5° y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, lo que impondrá a esta Corte tomar las medidas correctivas que se indicarán en lo resolutivo.

Y vistos, además, lo dispuesto en el artículo el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se declara que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la Universidad de La Serena, solo en cuanto se ordena a esta última proceder a devolver los montos que descontó indebidamente de las remuneraciones del actor correspondientes a los meses de abril y mayo del actual, con cargo al bono que pagó en diciembre de 2023, sin perjuicio de otros derechos y procedimientos para el reintegro de tales valores.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Suplente, señor Espinosa.

Rol N°909-2024 (Protección). -