nombre reservado con GOBERNACIÓN PROVINCIAL ELQUI

nombre reservado de los nombre reservado

Ministerio del Interior y Seguridad Pública Recurso de Protección Rol N° 909-2018.- La Serena, veintiséis de octubre de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Comparece doña Paola Alejandra Rojas Díaz, abogada, en representación de doña nombre reservado, ambas con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra del Fisco de Chile, persona jurídica de derecho público, representada por su Abogado Procurador Fiscal don Carlos Vega Araya, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, por haberse incurrido en un acto arbitrario e ilegal, específicamente con la Resolución Exenta RA N°245/479/2018, dictada por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública el día 18 de abril del 2018, notificada a su representada con fecha 20 de abril pasado, por la que se determinó poner término anticipado y sin justificación real ni argumentación en derecho a la contrata de su representada en la Gobernación Provincial del Elqui, de la región de Coquimbo, lo que estima afecta las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 número 2, 16 y 24 de la Constitución Política de la República de Chile.

Señala, en primer término, que la presente acción se encuentra dentro de plazo, ya que fue notificada de su desvinculación con fecha 20 de Abril del año en curso, pero con posterioridad ingresó una reconsideración administrativa ante la Contraloría General de la República con fecha 7 de mayo de 2018, pronunciándose ésta con fecha 23 de Julio del 2018, encontrándose por ende interrumpido el plazo desde el 7 de Mayo hasta el 23 de Julio del presente año, de modo, que, el plazo de los 30 días corridos contados desde que tomó conocimiento de la desvinculación no ha vencido, considerando el tiempo de interrupción.

Expresa que la recurrente ingresó a trabajar a la Gobernación Provincial del Elqui, con fecha 01 de junio 2017, mediante Resolución Tra N°245/906/2017 desempeñándose como Encargada de Administración, en el Departamento de Administración y Finanzas de la Gobernación Provincial del Elqui, en el Escalafón Profesional Grado 12, en calidad jurídica de contrata, cargo que mantuvo hasta el 18 de abril pasado, fecha en que la autoridad recurrida le comunica el cese de sus funciones como Encargada de la Administración, a raíz de una “supuesta” reestructuración del Departamento de Administración, que hacía necesaria la incorporación de un profesional contable, cuya calidad no tiene la recurrente. Además, se le señala que, dada las delicadas funciones del Departamento de Administración de la Gobernación Provincial del Elqui, hacen indispensable que el encargado de ellas, además de la debida calificación profesional, cuente con la confianza de la autoridad del servicio, fundamentos que estima, no gozan de la motivación suficiente, no siendo efectivos los argumentos para haber realizado la desvinculación de su representada, dado que sus labores eran la mayoría de carácter contable, teniendo además como jefe directo en sus funciones a la jefa Departamento de Administración y Finanzas (DAF), y toda vez que el nuevo perfil descrito por la Administración, está determinado en base a requisitos profesionales que la recurrente cumple a cabalidad.

Agrega que todas estas labores mencionadas, fueron realizadas por su representada y de manera eficiente, ya que dentro de la malla curricular de su carrera profesional de Ingeniería Civil en Computación e Informática, y su Licenciatura en Ciencias de la Ingeniera, carrera de 12 semestres de duración, tuvo muchas de las materias que están relacionados al área contable, como por ejemplo: matemáticas, contabilidad, finanzas, evaluación de proyectos, administración, sumado a sus competencias técnicas y profesionales que fueron demostradas en el desempeño de sus labores y con la confianza entregada de la jefatura directa, la encargada DAF. Además, en su hoja de vida funcionaria no tiene sumarios administrativos, notas de méritos, ni evaluaciones que descarten o sirvan para fundar la desvinculación en el cargo; sin embargo, expresa que su representada es simpatizante del partido político Democracia Cristiana, siendo conocidos sus vínculos políticos y familiares por la Administración del actual gobierno, ya que se encuentra separada de hecho con don nombre reservado, militante demócrata cristiano, ex Seremi de Transportes y Telecomunicaciones del Gobierno anterior y su ex- cuñado es don nombre reservado, militante demócrata cristiano, actualmente Alcalde de Coquimbo, siendo este el motivo para desvincularla de su cargo, por la actual administración.

En cuanto al derecho, señala que el texto legal que regula las contratas, es la ley N°18.834 o Estatuto Administrativo y tanto la doctrina como la jurisprudencia administrativa han señalado que la naturaleza jurídica de la relación entre el funcionario y la Administración del Estado, es un vínculo estatutario de derecho público en que el vínculo se encuentra establecido con anterioridad al nombramiento del funcionario, que le es obligatorio respetarlo, y por ello se inicia con un acto unilateral de la Administración, denominado nombramiento, y no con un acto bilateral como lo es en el caso del contrato, citando el artículo 89 de la Ley N°18.834, norma que contiene el principio según el cual todo funcionario tiene derecho a gozar de estabilidad en el empleo, prerrogativa de la que en parte alguna se exime a quienes detentan la condición “a contrata”, sin que pueda discriminarse entre los empleados de planta y los contratas. Agrega, que el artículo 10 del Estatuto Administrativo establece que dado su carácter transitorio, las contratas duran como máximo hasta el 31 de diciembre de cada año, porque concuerda con la disponibilidad de fondos establecida anualmente en la Ley de Presupuesto del Sector Público, expirando a esa fecha el nombramiento por el solo ministerio de la ley, según el artículo 10 inciso 1°, salvo que se hubiere dispuesto la prórroga y tal situación se haya notificado previamente por escrito al funcionario, como ocurrió en el caso sub-lite. Sin embargo, todos los funcionarios públicos (plantas y contratas) tienen derecho a no ser separados de sus empleos sino por una causa legal de expiración de funciones contempladas en el Estatuto Administrativo, lo que en el caso de marras no ha ocurrido.

Por otra parte, expresa que el Ministerio de Hacienda, a través de su oficio Circular N° 35 dictado por el Ministerio de Hacienda el 13 de noviembre de 2014, en relación al artículo 10 de la ley N°18.834, Estatuto Administrativo, dirigido a los “Señores Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, y Jefes Superiores de Servicios”, fija orientaciones generales a los Jefes Superiores de Servicios sobre procesos de renovación del personal a contrata, estableciendo una serie de orientaciones a fin de regular los procesos de renovación del personal en los Servicios Públicos, dirigidas a lograr una gestión eficiente y de calidad en la prestación de servicios para los ciudadanos, así como también promover un ambiente laboral que favorezca estos procesos; disponiendo que, las eventuales no renovaciones de las contratas deben estar limitadas sólo a casos debidamente fundados y acreditables sobre la base de que concurran criterios objetivos, que impidan discriminaciones arbitrarias en el ejercicio de las facultades correspondientes. Los criterios para la eventual no renovación del personal a contrata deben basarse en fundamentos obtenidos en el proceso de evaluación de desempeño de los funcionarios, o en su defecto, en la no continuidad de los programas o planes para los cuales prestan servicios en la respectiva Institución y, en tal caso, los Jefes Superiores de Servicios deberán expresar al funcionario o funcionaria en forma personal el motivo de su cese de funciones al menos con 30 días de anticipación.

Sostiene, que el acto recurrido resulta ilegal, porque no se procedió a desvincular a la recurrente por ninguna de las causales contempladas en el Estatuto Administrativo en sus artículos 146 y siguientes, debiendo haberse invalidado el acto, por no ajustarse a los términos que establece el artículo 11° de la ley N°19.880 ley que establece Bases de los Procedimientos Administrativos, que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, vulnerando las garantías constitucionales del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, en sus numerales 2: Igualdad ante la ley; N°16: Libertad de Trabajo y su protección, y N°24: Derecho de Propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales, derecho fundamental que resulta amenazado, ya que la recurrente ingresó voluntariamente a la administración cumpliendo con todos los requisitos de ingreso por lo que esta calidad de funcionario público a contrata ha sido incorporada a su patrimonio, al menos hasta lo que dure su situación contractual, es decir, hasta el 31 de Diciembre de 2018.

Pide, con las normas legales invocadas, se tenga interpuesto el presente recurso, se declare admisible y en definitiva se adopten las medidas para reestablecer el imperio del Derecho, lo que se traduce en el reintegro inmediato de la recurrente a su respectivo puesto de trabajo en su Servicio, ordenando al Jefe Superior del Servicio dictar de inmediato el acto administrativo que renueve su contrata hasta el 31 de diciembre del 2018, disponiendo además el pago de todas las remuneraciones que le correspondan, incluidos los bonos PMG, por el tiempo que ha estado desvinculada del servicio público, con expresa condenación en costas.

Adjunta al recurso: 1.- copia simple Resolución Exenta RA N° 245/479/2018, que pone término anticipado a la designación a contrata de doña nombre reservado, por no ser necesarios sus servicios; 2.- copia simple de Resolución TRA N°245/906/2017, sobre nombramiento en calidad de contrata de doña nombre reservado, como Encargada de Administración, grado 12° de la Gobernación Provincial del Elqui; 3.- copia simple de carta del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que da cuenta de la prórroga de su contrata desde 01 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre del 2018; 4.- copia simple de carta enviada por la recurrente a la Contraloría General de la República, de fecha 07 de mayo del 2018, solicitando el pronunciamiento por la desvinculación de su contrata Folio N°041701; 5.- copia simple del documento sobre pronunciamiento de la Contraloría General de la Republica con fecha 23 de Julio del 2018; 6.- copia simple del documento Diagrama Jerárquico de Funciones de la Gobernación Provincial del Elqui, aprobado según Resolución Exenta N°1161 del 29 de diciembre del 2017. 7.- copia simple de Título Profesional de doña nombre reservado; 8.- copia simple de documento Concentración de Notas; 9.- copia simple de Oficio Circular N°35 del Ministerio de Hacienda del 13 de noviembre del 2014, en relación al artículo 10 de la ley N°18.834, Estatuto Administrativo, con vinculación a todos los servicios públicos del Estado, que señala el procedimiento y requisito para desvincular a funcionarios a contratas de la Administración Pública; 10.- copia simple de Oficio Circular N°31 del Ministerio de Hacienda del 14 de diciembre del 2015, sobre seguimiento de implementación de las orientaciones generales a los jefes superiores de servicio, sobre proceso de renovación del personal a contrata; 11.- copia simple de Dictamen N°22.766 de la Contraloría General de la República de 24 de marzo del 2016; 12.- copia simple en título Diplomado en Gestión de Procesos, y 13.- copia simple de carta enviada por Jardín Infantil Mi Granja a la Gobernación Provincial del Elqui.

Comparece don nombre reservado A., Abogado Procurador Fiscal del Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile, ambos domiciliados en domicilio reservado, de La Serena, quien evacuando el informe de rigor, señala que la actuación impugnada por esta acción cautelar se interpone en contra de la Resolución Exenta RA N° 245/479/2018, dictada por el Servicio de Gobierno Interior el 18 de abril de 2918, mediante la cual se pone término a la designación a contrata de la recurrente; sin perjuicio alega, en primer término, la falta de legitimación pasiva, por cuanto el Abogado Procurador Fiscal, en su calidad de representante judicial del Fisco de Chile, no se encuentra legitimado pasivamente corno recurrido, dado que lo que se impugna a través del recurso incoado es la aludida Resolución Exenta RA N2 245/479/2018, de 18 de abril de 2018, de la Subsecretaría del interior, del Servicio de Gobierno Interior, Ministerio- del Interior y Seguridad Pública, dictada conforme a las atribuciones previstas en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 7.912, de 1927, del Ministerio del interior, que organiza las Secretarías del Estado, el Decreto con Fuerza de Ley N2 22 de 1959, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto de la Ley Orgánica del Servicio de Gobierno Interior de la República, la Ley N2 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y la Ley N2 18.834 sobre Estatuto Administrativo de los Funcionarios Públicos.

Hace presente que el Servicio de Gobierno Interior del Estado depende del Ministerio del Interior y Seguridad Social, y es el organismo mediante el cual el Presidente de la República ejerce el Gobierno Interior del Estado, siendo su jefe superior el Subsecretario del Interior, de acuerdo al artículo 24 de la Ley N° 18.575; que por tal motivo, de acuerdo al artículo 24 de la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado (DFL N° 1, de 1993-, de Hacienda), al Abogado Procurador Fiscal no le corresponde dentro de su competencia la contratación y/o renovación de la contratación de personal, por lo que atribuirle dicha facultad o atribución, implica vulnerar el principio de juridicidad administrativa. Cita en apoyo de esta argumentación, lo resuelto por la Excma. Corte Suprema, en causa rol N° 5291-2018, de 18 de abril pasado, que confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago en el Rol N 84.763-2017.

Sin perjuicio de la excepción anterior, en cuanto al fondo, señala que igualmente debe rechazarse el presente recurso, por cuanto mediante Resolución Exenta TRA Nº 24/06/2017, de 14 de junio de 2017; del Servicio de Gobierno Interior, se contrató a doña nombre reservado a contar del 1 de junio de 2017 y mientras sean necesarios sus servicios, como profesional asimilada a grado 12° de la Escala Única de Sueldos, con una jornada de 44 horas semanales, siendo su lugar de trabajo la Gobernación Provincial de Elqui; que posteriormente, a través de la Resolución Exenta RA N° 245/92/2018, de 17 de enero de 2018, el Servicio de Gobierno Interior procedió a prorrogar la referida contrata, en las mismas condiciones hasta el 31 de diciembre de 2018; finalmente, por Resolución Exenta TRA N° 254/479/2018, de 18 de abril de este año, se puso término anticipado a la designación a contrata de la señora nombre reservado, a contar de la total tramitación del acto administrativo, por no ser necesarios sus servicios. Dentro de las consideraciones que tuvo la Administración para poner término a la contrata, se indicó que la funcionaria se desempeñaba como encargada de Administración y que se había dispuesto la reestructuración del Departamento de Administración que hacía necesaria la incorporación de un profesional contable, especialidad que no tenía la recurrente. Dicha reestructuración se materializó mediante Resolución (E) N°538 de 5 de julio de 2018, emanada de la Gobernación Provincial de Elqui, y en la que se aprobó una nueva descripción de funciones para la Unidad de Administración, específicamente para el encargado de Administración, que señala: "esta Autoridad hará uso de sus potestades, en orden a dictar un nuevo acto administrativo que se adecue a la necesaria reestructuración del órgano, específicamente del perfil de Encargado (a) de Administración, dependiente del Departamento de Administración y Finanzas de esta Gobernación, asignándolas a personal idóneo, específicamente del área contable, en pos de la eficiencia y eficacia del servicio y como una forma de reorganizar las funciones que actualmente posee la persona encargada del Departamento de Administración y Finanzas”, incorporando corno función del cargo "Ser un ente cooperador en las funciones que realiza la Encargada de Administración y Finanzas, en materias presupuestarias, control interno, contable y financiero, Gestión Financiera del Estado (SIGFE), balances y presupuestos".

Es por lo anteriormente señalado que actualmente el encargado del área de Administración es don nombre reservado, Profesional, Contador Público Auditor de la Universidad de La Serena, quien, además, cuenta con experiencia en el sector público y ha aprobado diversos cursos, como, por ejemplo, el curso SIGFE 2,0, sobre presupuesto y compromiso, Curso de devengo y contabilidad y curso de Tesorería, todos aprobados con un cien por ciento del puntaje, y dado que, las funciones que desarrollaba la recurrente en esa Gobernación eran de naturaleza administrativa, tales como infraestructura, dependencias, bienes y logística, y no eran, como lo establece en su recurso, de naturaleza contable, de manera que la actuación del servicio del Gobierno del Interior es legal y se ha ajustado al marco normativo vigente, ya que la relación que une al funcionario con el Estado es un vínculo estatutario de derecho público fijado soberana y unilateralmente por el legislador, que constituye un marco jurídico preestablecido e impersonal. En consecuencia, quien ingresa a un cargo público se incorpora voluntariamente a un sistema que regula de manera integral, entre otros aspectos, sus derechos, obligaciones, modalidades de desempeño y cese de funciones. Los empleos a contrata configuran una modalidad de empleo público expresamente reconocida y regulada en la Ley N2 18.834 sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, fue fijado por el D.F.L. N' 29 de 2004, de Ministerio de Hacienda, que en su artículo 3* letra c) los define como 'Aquél de carácter transitorio que consulta la dotación de una institución". Enseguida el artículo 10' de la citada. Ley, prescribe que: "Los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año, y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el sólo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos".

Finalmente, señala que existe jurisprudencia judicial y administrativa al respecto, por lo cual debe rechazarse el recurso, con costas, en un primer aspecto, por falta de legitimación pasiva, o en subsidio, por no resultar arbitraria ni ilegal, la resolución que puso término anticipado a la contrata de la recurrente.

Con fecha 30 de agosto pasado, se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el ejercicio de los derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción, por parte de la magistratura, de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEGUNDO: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio en los términos del artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

TERCERO: Que, sin embargo, para entrar al conocimiento de los hechos relatados y verificar que sean constitutivos de un acto ilegal y arbitrario, violatorio de las garantías protegidas que se indican por la recurrente, accionando de protección en contra del Fisco de Chile, representado por su abogado procurador fiscal don Carlos Vega Araya, y sin emitir pronunciamiento aún sobre dichos presupuestos de esta acción constitucional de urgencia, es menester dilucidar la alegación de este último, que ataca la forma en que ha sido enderezada dicha acción, en cuanto afirma carecer de legitimidad pasiva para responder del acto ilegal y arbitrario materia del arbitrio, al no ser de su competencia la contratación y/o renovación de la contratación de personal, por lo que, atribuirle aquella facultad o atribución, implicaría vulnerar el principio de juridicidad administrativa.

CUARTO: Que ha de tenerse presente para ello, primeramente, que lo impugnado por el arbitrio de urgencia es la Resolución Exenta RA N°245/479/2018, emanada de la Subsecretaría del Interior, del Servicio de Gobierno Interior, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de fecha 18 de abril del 2018, notificada a la recurrente con fecha 20 de abril pasado, autoridad ésta que además gozaba de la facultad para librar el aludido acto, conforme a los estatutos que se contienen en el DFL N° 22 de 1959 (Ley Orgánica del Servicio de Gobierno Interior), Ley 20.502 de 2011 (Crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y otro), DFL 7.912 de 1927 (Organización de Secretarías de Estado), y Ley 18.834 (Estatuto Administrativo).

Por su parte, la Ley 18.575, Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado, en su artículo 10 dispone que “los actos administrativos serán impugnables mediante los recursos que establezca la ley. Se podrá siempre interponer el de reposición ante el mismo órgano del que hubiere emanado el acto respectivo y, cuando proceda, el recurso jerárquico ante el superior correspondiente, sin perjuicio de las acciones jurisdiccionales a que haya lugar”. Y antes, en su artículo 2°, consigna que “los órganos de la Administración del Estado someterán su acción a la Constitución y a las leyes. Deberán actuar dentro de su competencia y no tendrán más atribuciones que las que expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico.”

QUINTO: Que, a su turno, el artículo 1° del DFL N° 1 de 1993 o Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado, dispone, a la letra, que dicha repartición es un servicio público descentralizado, dotado de personalidad jurídica, bajo supervigilancia directa del Presidente de la República e independiente de los diversos Ministerios, cuyo objeto, principalmente, es la defensa judicial de los intereses del Estado (Arts. 1 y 2); continuando con la descripción de tales funciones en artículo 3, para, finalmente, consignarse en el artículo 24 como facultades del Abogado Procurador Fiscal: “1.- Representar judicialmente al Fisco con las mismas atribuciones del Presidente, con excepción de la señalada en la parte final del Nº1 del artículo 18. 2.- Representar judicialmente al Estado, a las municipalidades, a los servicios de la administración descentralizada del Estado y a las entidades privadas en que el Estado tenga aporte o participación mayoritarios, en los casos a que se refieren los números 2 inciso 1º, 3, 4 y 5 del artículo 3º. 3.- Asumir la representación judicial en los casos a que se refiere el Nº 7 del artículo 3º. 4.- Absolver las consultas legales que les formulen los Intendentes, Gobernadores y Jefes Regionales de Servicio, de su territorio… 5.- Controlar en sus respectivos territorios el cumplimiento de las obligaciones que el Estatuto Administrativo impone al personal, dando cuenta al Presidente de cualquier infracción que notaren”.

SEXTO: Que resulta evidente, entonces, que el acto recurrido, que se pretende ilegal y arbitrario, no ha emanado del Fisco de Chile, actuando a través de su Abogado Procurador Fiscal, como parece pretenderse en el libelo de protección, correspondiéndole a este último solo asumir la representación judicial de cualquiera de las ya citadas agencias estatales, pero a condición de haber sido debidamente emplazada las mismas como sujeto pasivo de una relación jurídica procesal ante el respectivo órgano jurisdiccional, esto es, como parte de la misma.

Tal condición de justificación de la representación del Abogado Procurador Fiscal actuando por el Fisco de Chile, no ha podido darse, entonces, en la especie, desde que la acción constitucional no se ha dirigido en contra de la respectiva agencia que dictó la Resolución Exenta RA N° 245/479/2018, sino que ha sido directamente dirigida en contra del Fisco de Chile a través de su Abogado Procurador Fiscal, quien, como se ha visto, carece de toda responsabilidad por dicha actuación de la Administración y Gobierno Estatal, encontrándose, además, por mandato de su propio estatuto (DFL N° 1, de 1993), como en virtud del citado artículo 2° de la Ley 18.575, de asumir atribuciones distintas a las que por ley se le han entregado. En otras palabras, si bien se encuentra autorizado para actuar como mandatario judicial en representación del Estado y sus agencias y servicios, centralizados y descentralizados, cuando tales sujetos han sido emplazados en juicio, no lo está, sin embargo, para sustituirlos a éstos, directamente como parte.

SÉPTIMO: Que así, no habiéndose emplazado en el libelo constitucional a la Autoridad respectiva que libró el acto atacado de arbitrario e ilegal, cuya representación judicial pudiera haber asumido el Consejo de Defensa del Estado a través de su procurador fiscal como mandatario judicial llamado por ley para ello, dicho procurador, empero, no se encuentra legitimado pasivamente para actuar como recurrido, por lo que el yerro que afecta al arbitrio incoado resulta insalvable y obliga a esta Corte, sin más, a desestimarlo, absteniéndose de entrar al conocimiento del fondo de lo debatido.

Así ya lo ha resuelto, por lo demás, en lo pertinente y respecto de otra agencia estatal emplazada indebidamente, la Excma. Corte Suprema en causa rol N° 5291-2018, que confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 84.763-2017.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por la abogada Paola Alejandra Rojas Díaz en representación de doña nombre reservado, sin costas.

Notifíquese, regístrese y archívese, en su oportunidad.

Rol Nº 909-2018 Civil.

Pronunciado por la Primera Sala de la Ilma. Corte de Apelaciones de La Serena, integrada por la Ministro titular señora Marta Maldonado Navarro, el Ministro suplente señor Juan Carlos Espinosa Rojas y el abogado integrante señor Claudio Fernández Ramirez.

En La Serena, veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.