nombre reservado con JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE OVALLE

nombre reservado

Juzgado de Policía Local de Ovalle Recurso de protección Rol Nº908-2025 La Serena, diecisiete de junio de dos mil veinticinco.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, a folio 1, comparece Juan Pablo Corral Gallardo, abogado, interponiendo recurso de protección en representación de nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, en contra del Juez del JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE OVALLE, don MIRKO STAMBUK MONSALVE, cédula de identidad N°RUT reservado, por la dictación de la resolución de 30 de abril de 2025, argumentando que mediante ella, se vulneran sus derechos fundamentales contemplados en el artículo 19, numerales 3°, 2°, 16 y 21 de la Constitución Política de la República.

Indica que, el recurso se dirige contra la resolución dictada en los autos rol 3880-2025 del Juzgado de Policía Local de Ovalle, el 30 de abril de 2025, por medio de la cual el Sr. Juez de Policía Local recurrido le denegó a su representado la renovación de su licencia de conducir, resolución que no es susceptible de arbitrios ordinarios, y que la única vía para impugnarla es el recurso de protección. Por medio de dicha resolución el Sr. Juez recurrido, resolvió que: “no posee la idoneidad moral para postular a ningún tipo de licencia de conducir”, lo que califica como una resolución ilegal y arbitraria.

Señala que, la denegación de una licencia de conducir, o su no renovación, por falta de idoneidad moral, solo puede basarse por las causales establecidas en el artículo 16 de la Ley N°18.290, el cual cita. Destaca que, el recurrente no cuenta en su certificado de antecedentes con ninguna condena que diga relación con algunos de los delitos que aparecen en el catálogo o enumeración de dicha norma.

Expone las cuatro anotaciones que se registran en el extracto de filiación y antecedentes del actor, observando que dos de ellas tienen más de 5 años, y son faltas penales, mientras que las otras dos no aparecen en el catálogo del artículo 16 de la Ley del Tránsito.

Desarrolla aquellas anotaciones que registra por simples delitos, indicando que, por una parte la violación de morada se ubica en el Código Penal dentro de los delitos contra la libertad y seguridad cometidos por particulares, y no por el hecho de haber sido cometido en contexto de violencia intrafamiliar puede considerarse un delito “contra el orden de las familias”, ya que dichos delitos se encuentran regulados en una ley especial, y no en el código punitivo. Por otra parte, registra condena por una falta de lesiones leves, las cuales son calificadas por ficción legal como menos graves, pero, sostiene, aquella ficción solo tiene la finalidad de imponer una sanción más agravada, y la conducta sigue siendo la de una falta penal, no correspondiendo que el Juez de Policía Local vuelva a calificar la conducta para sancionar dos veces por un mismo hecho.

Asimismo, recalca que las sentencias dictadas son por delitos de bajísima intensidad, basadas en hechos que tienen más de cinco años, cuyas penas fueron solo multas que ya están cumplidas. Por ello, concluye que el recurrente no adolece de idoneidad moral y necesariamente tuvo que otorgársele la renovación de su licencia de conducir, por el tiempo que estimara el Tribunal.

Añade que, el actor no había solicitado su renovación desde el año 2021, razón por la cual cualquier castigo, sobre reproche o doble sanción que se le quiera imponer, ya está íntegramente cumplido, dado que no contó con licencia de conducir desde dicha época, dichos abonos existentes en materia penal obviamente tienen aplicación también en materia infraccional.

Alega que el acto recurrido vulnera el derecho al debido proceso, regulado en el inciso quinto del numeral 3° del artículo 19 de la Constitución, por cuanto los jueces de policía local no tienen la facultad de denegar la renovación de una licencia de conducir en supuestos no previstos por la ley. Estima que, si un juez legalmente investido actúa fuera de la esfera de su competencia o de sus atribuciones, no lo hace como tal, sino como una comisión especial, infringiendo el debido proceso.

Aduce que, también se conculca la garantía de la igualdad ante la ley, debido a que solo en los casos indicados en el artículo 16 de la Ley N°18.290 se puede considerar que una persona no cuenta con idoneidad moral, por lo que al denegarle la licencia de conducir al actor se le está dando un trato diferenciado sin razón o justificación.

Además, se vulneraría el derecho a la libre elección de un trabajo, ya que la licencia que se pretende renovar corresponde a una profesional, siendo la intención del actor ejercer una actividad laboral como chofer, lo que se ve impedido con la negativa del recurrido. En el mismo sentido, se le estaría impidiendo ejercer una serie de actividades lícitas, vulnerándose con ello el artículo 19 N°21 de la Constitución.

Solicita, por tanto, se acoja el recurso, declarando que el recurrido ha incurrido en una acción ilegal y arbitraria consistente en denegar la renovación de la licencia de conducir de su representado, dejando sin efecto la resolución de 30 de abril de 2025, y se le ordene al recurrido resolver nuevamente la reclamación del recurrente en el sentido de autorizar la renovación de la licencia de conducir por 5 años, o bien por el tiempo que se resuelva, conforme a su criterio.

Acompañó a su presentación: 1.- Copia del expediente Rol 3880-2025 del Juzgado de Policía Local de Ovalle. 2.- Mandato judicial.

SEGUNDO: Que a folio 4 de autos, compareció don nombre reservado, Juez del Juzgado de Policía Local de Ovalle, informando al tenor del recurso.

Expone que, el 25 de abril de 2025, el Director de Tránsito y Transporte Público de Ovalle, determinó rechazar la solicitud de licencia de conducir al recurrente, por considerar que no reúne los requisitos establecidos en el artículo 13 N°1 de la Ley de Tránsito y artículo2 del Decreto Supremo N°170, conclusión arribada al analizar las anotaciones que constan en su certificado de antecedentes.

Indica que, los antecedentes ingresaron al tribunal el 28 de abril de 2025, junto a la copia en original del certificado de antecedentes en que consta que el actor fue condenado como autor de un delito de violación de morada, en contexto de violencia intrafamiliar, en grado consumado, el 12 de julio de 2021, y como autor de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, en grado consumado, el 30 de diciembre de 2021, condenas que se produjeron durante los últimos 5 años.

Añade que, ante la solicitud del recurrente, interpuesta el mismo día, se citó a una audiencia para el 30 de abril del mismo año, instancia en la que, habiéndose revisado los antecedentes, se resolvió rechazarla, debido a que el postulante no posee idoneidad moral para postular a ningún tipo de licencia de conducir.

Manifiesta que, pese a que la normativa es clara en cuanto no procede recurso alguno ante la resolución judicial por denegación de licencia, el abogado del recurrente dedujo reposición el 07 de mayo de 2025, el cual, atendida la prioridad al respeto por el derecho al recurso, se tuvo por interpuesto.

Refiere que los argumentos esgrimidos resultan similares a los expuestos en el presente recurso, y que, al analizarlos, se estimó que, efectivamente, debía aplicarse en el caso en comento la normativa legal vigente, esto es, el Decreto Supremo N°170 de 1985 y la Ley de Tránsito, las cuales exigen que los solicitantes de licencias de conducir cumplan con criterios de idoneidad moral. Además, se tuvo a la vista jurisprudencia emanada de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt -Causa Rol N°375-2024 de 11 de julio de 2024-, confirmada por la Excelentísima Corte Suprema en causa Rol N°30.175-2024, caso de idénticas características.

Por ello, se estimó que las condenas -comprendidas dentro de los últimos cinco años-por violencia intrafamiliar justifican plenamente la negativa de renovación de licencia de conducir, tomando en cuenta su entidad y gravedad, ya que reflejan una conducta contraria a los estándares éticos y de seguridad requerida para la conducción de vehículos motorizados, conclusión que resulta de toda lógica al tener presente que uno de los bienes jurídicos protegidos al tipificar un ilícito de violencia intrafamiliar, es, precisamente, la familia, por lo que difícilmente se puede sostener que el numeral 3° del artículo 16 de la Ley N°18.290 se refiere en forma taxativa al título séptimo del libro segundo del Código Penal, cuestión que, si hubiera sido la intención del legislador, se habría tipificado de esa manera. Además, calificarlos de delitos de “baja entidad”, no es posible según los lineamientos jurídicos de nuestra legislación actual, sobre todo teniendo presente lo dispuesto en la Ley N°21.675.

Finalmente, hace presente que los antecedentes presentados en casos de postulaciones denegadas por el Director de Tránsito deben ser analizados por el Juez a conciencia, cuestión concordante con el estándar probatorio establecido en el artículo 14 de la Ley N°18.287, el cual mandata que se deberá conocer la prueba presentada ante Juzgados de Policía Local, conforme a la sana crítica.

Acompañó a su informe: compulsas de todo lo obrado en causa N°3880-2025 del Juzgado de Policía Local de Ovalle.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra de la resolución de 30 de abril de 2025, dictada por el Juez del Juzgado de Policía Local de Ovalle en autos Rol N°3880-2025, que no dio lugar a la reclamación conforme al artículo 15 de la Ley de Tránsito, deducida en contra de la resolución pronunciada por Director de la Dirección de Tránsito y Trasporte Público de la Ilustre Municipalidad de Ovalle, el 25 de abril de 2025, que rechazó renovar la licencia de conducir clase D/A3/A5 del recurrente, por haber esta sido dictada sin respetar lo preceptuado por el artículo 16 de la Ley 18290.

SEXTO: Que del mérito de los antecedentes, en particular de los documentos anexados, consta que efectivamente el tribunal recurrido dictó la resolución con fecha 30 de abril en curso y, al desechar la reclamación, así como la reposición deducida en su contra, sostuvo que el actor presenta condenas como autor de delitos en contexto de violencia intrafamiliar, los que reflejan una conducta contraria a los estándares éticos y de seguridad requeridos para la conducción de vehículos motorizados, citando asimismo, jurisprudencia que ha resuelto en tal sentido.

SÉPTIMO: Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley N°18.290, numeral 1, los postulantes deberán acreditar idoneidad moral, física y psíquica, siendo esta la causal que el recurrido entiende como no concurrente.

Luego, el artículo 16 del mismo texto legal, sostiene que, para calificar la idoneidad moral de los interesados, deben considerarse las condenas que, por una parte, hayan sufrido dentro de los cinco años anteriores y, por otro, referida a los delitos, cuya naturaleza se describe en los numerales 1, 2, 3 y 4 de dicho artículo.

Ahora bien, en relación con la primera exigencia, de acuerdo con el certificado de antecedentes prontuariales del recurrente, y considerando únicamente aquellas sentencias cuya data es de cinco años o menos, figuran condenas de 12 de julio de 2021, como autor de un delito consumado de violación de morada, en contexto de violencia intrafamiliar, y de 30 de diciembre de 2021, como autor un delito consumado de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar.

Sin embargo, dichos delitos no se enmarcan dentro de aquellos que corresponde sean considerados para la acreditación de la exigencia de idoneidad moral, realizando el juez recurrido una interpretación extensiva de la norma contenida en el numeral 3° del artículo 16 antes referido, al calificar las conductas cometidas en contexto de violencia intrafamiliar como delitos “contra el orden de las familias o la moralidad pública”, en circunstancias que dicha categorización necesariamente implica una remisión al párrafo III, título VII del Libro Segundo del Código Penal.

En ese orden de ideas, el obrar de la forma que lo ha hecho el Tribunal, ha afectado la garantía de la igualdad ante la ley del recurrente, desde que, cumpliendo con los requisitos legales para obtener la renovación de su licencia, se le niega por exigencias no contempladas en el ordenamiento.

OCTAVO: Que, sin perjuicio del tenor del petitorio del recurso, y teniendo presente lo expresado por el recurrente en estrado, estimando estos sentenciadores que tampoco le corresponde a esta Corte emitir un pronunciamiento en cuanto al fondo de la solicitud, es que, sin perjuicio de ser acogido el recurso, se remitirán los antecedentes a un Juez de Policía Local no inhabilitado para resolver lo que corresponda.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE, el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado, en contra del Juzgado de Policía Local de Ovalle, sólo en cuanto se deja sin efecto la resolución dictada el 30 de abril del año en curso, por el Sr. Juez recurrido, en autos Rol N°3880-2025, debiendo remitirse a Juez no inhabilitado, a fin de resolver como en derecho corresponda.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°908-2025 Protección.