nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones Recurso de protección Rol N°908-2024.

La Serena, treinta y uno de julio dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece doña Carolina Hidalgo Fiol, abogada, en favor de doña nombre reservado, venezolana, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección contra el Servicio Nacional de Migraciones, señalando como acto ilegal y arbitrario la emisión de la Resolución Exenta N°24229718, de 9 de mayo de 2024, que ordena el archivo de la solicitud de permanencia definitiva ingresada el 6 de febrero del año 2021, lo que representa una violación al derecho de igualdad ante la ley, establecido en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Sostiene que la recurrente ingresó a Chile de forma legal por paso habilitado en el año 2017 y con el propósito de realizar su vida en el país solicitó visa temporaria.

Refiere que en virtud de haber sido conferido el permiso de residencia previamente mencionado, efectuó su registro en la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Nacional de Investigaciones de Chile, para posteriormente proceder a inscribirse en el Servicio de Registro Civil e Identificación, organismo que le otorgó cédula de identidad.

Indica que luego tramitó y obtuvo por parte del actual Servicio Nacional de Migraciones una visa temporaria, otorgada a partir del proceso de regularización migratoria del año 2021, mediante Resolución Exenta N°22424537, de 28 de septiembre de 2022, la cual tuvo una vigencia desde el 4 de octubre de 2022 hasta el 4 de octubre de 2023.

Señala que antes del vencimiento de su visa temporaria, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 129 numeral 3º del derogado Reglamento de Extranjería, aplicable en la especie, solicitó el permiso de residencia definitiva el 12 de julio de 2023, asignándosele el ID 66477066.

Sostiene que casi un año de haberse iniciado la solicitud, la recurrente recibió mediante correo electrónico la Resolución Exenta N°24229718, de 9 de mayo de 2024, la cual ordena el archivo de otra solicitud de permanencia definitiva ingresada el 6 de febrero del año 2021, esto es, antes de haber iniciado su proceso extraordinario de regularización migratoria de abril de 2021.

Destaca que, en virtud de lo establecido por la misma autoridad recurrida, la actora al acogerse al proceso extraordinario de regularización migratoria, conforme a lo dispuesto en la Resolución Exenta N°1769, de 20 de abril de 2021, se había desistido de todas aquellas solicitudes que se encontraban en trámite al momento de postular al referido proceso, no siendo procedente, en consecuencia, la emisión de la resolución antes citada, la cual resulta completamente incongruente.

Agrega que el referido acto establecía en su artículo 4, la obligación por parte del extranjero/a participante del proceso de regularización, de desistirse de los procesos en trámite o pendientes ante el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y sus organismos, relacionados en materia de extranjería, lo cual fue declarado de forma expresa por la autoridad migratoria el 22 de septiembre de 2021, a través de la Resolución Exenta N°21154163, que admite a trámite la solicitud de regularización de la recurrente y le otorga autorización para desarrollar actividades lícitas remuneradas.

Afirma que resulta inexplicable que la autoridad migratoria recurrida, luego de haber establecido de forma clara, mediante acto administrativo que para la fecha en que la actora inicia su solicitud de regularización se tenía por desistido todo trámite que hubiese requerido en materia migratoria, dicte ahora un nuevo acto administrativo resolviendo una petición que se encontraba claramente desistida desde el año 2021, más aún cuando a la recurrente efectivamente se le otorgó este visado por regularización con vigencia de un año e inició antes de su vencimiento uno nuevo de solicitud de residencia definitiva como correspondía en derecho.

Señala que desde el envío de esta solicitud de residencia definitiva por parte de la recurrente, 90 días antes del vencimiento de su visa por regularización –el 12 de julio del año 2023– han transcurrido más de 10 meses y aún no recibe respuesta alguna sobre su postulación, siendo ésta la que debió en definitiva ser resuelta por el servicio recurrido y no la que por error realizó a través de la resolución contra la que por esta vía recurre.

Arguye que la omisión a decidir tan prolongada en el tiempo por parte del Servicio Nacional de Migraciones, lo que claramente se deriva del evidente error en el que incurrió al darle tramitación a un trámite que había quedado legalmente desistido, en la práctica deja sin ninguna aplicabilidad el contenido del último inciso del artículo 43 del Ley N°21.325, toda vez que en la realidad subsiste para la recurrente la imposibilidad de acreditar su residencia legal en nuestro país, al no contar a estas alturas con ningún documento que acredite que se encuentra en trámite, a pesar de haber iniciado su solicitud de residencia definitiva conforme a derecho, dentro de los plazos legalmente establecidos y cumpliendo con toda la documentación requerida.

Destaca que en el presente caso se materializa una actuación no sólo ilegal y arbitraria, sino que queda en evidencia un trato desigual por parte de la autoridad recurrida al dictar la resolución impugnada, dado que la hija de la actora, doña nombre reservado, postuló de igual forma al permiso de residencia impetrado en calidad de dependiente de su madre y ya fue resuelta su solicitud otorgándosele aquella.

Esgrime que lo que corresponde en derecho es que la recurrida corrija su error y dé continuidad y resolución a la solicitud de residencia definitiva incoada el 12 de julio de 2023, toda vez que la actora no ha podido completar su trámite a pesar del trascurso de casi un año desde el envío de aquella, por lo que la recurrida ha dilatado los plazos de manera desproporcionada, infringiendo las normas invocadas y menoscabando los principios que rigen la Administración Pública, especialmente el de celeridad, en el sentido que no ha cumplido con el deber de no exceder en más de 6 meses el procedimiento administrativo desde su iniciación hasta la fecha en la que se emita la decisión final.

Culmina solicitando tener por interpuesto recurso de protección y ordenarle al recurrido que deje sin efecto la Resolución Exenta N°24229718, de 9 de mayo de 2024, del Servicio Nacional de Migraciones, a través de la cual se ordena el archivo de la solicitud de permanencia definitiva de la recurrente, estimándose que la misma no corresponde en derecho, por haberse entendido desistida por la actora al momento de iniciar su proceso de regularización, habiéndosele otorgado la correspondiente visa temporaria, debiendo dar continuidad a la solicitud de residencia definitiva presentada el 12 de julio de 2023, acogerla a trámite y sustanciarla conforme a derecho en el plazo más breve, con costas.

Acompaña a su presentación: 1. Pasaporte; 2. Visa temporaria estampada en pasaporte; 3. Cédula de identidad; 4. Resolución Exenta N°1769, de 20 de abril de 2021; 5. Resolución Exenta N°21154163, de 22 de septiembre de 2021; 6. Resolución Exenta N°24229718, de 9 de mayo de 2024; 7. Resolución Exenta N°22463101, de 28 de octubre de 2022.

SEGUNDO: Que a folio 8, comparece don nombre reservado, abogado del Servicio Nacional de Migraciones, evacuando el informe requerido.

En primer lugar, solicita se declare la inadmisibilidad de la acción, dado que no existe alguna vulneración, ni siquiera en grado de amenaza, de las garantías fundamentales alegadas.

En efecto, sostiene que en el presente recurso de protección se alega la supuesta omisión arbitraria o ilegal al no dictar un acto terminal respecto a la solicitud de residencia definitiva de la recurrente y que dicha omisión generaría por sí sola una supuesta vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales. En ese contexto cita la sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema, en sus causas Rol 115.064-2022 y 115.368-2022, ambas de 20 de marzo del 2022.

Reitera que no existe alguna arbitrariedad ni ilegalidad, ni aún en grado de amenaza, por parte de esa autoridad que pueda ser tutelada mediante la presente acción de protección, por lo que la materia excede con creces la tutela cautelar que es propia del recurso de protección y que dada la jurisprudencia reciente debe ser declarado inadmisible.

Señala que todo extranjero que tenga una solicitud de residencia en trámite en nuestro país se puede desarrollar de forma plena, sin que esté impedido de realizar trámites esenciales con su cédula de identidad ante cualquier entidad pública o privada.

En subsidio, opone la excepción de falta de legitimación pasiva, ya que el presente recurso de protección se dirige en contra del Servicio Nacional de Migraciones, pero la supuesta acción u omisión que se considera ilegal o arbitraria emana de terceros indeterminados, haciendo hincapié en las sentencias ya individualizadas de la Excma. Corte Suprema. En dicho sentido la recurrente ha errado al intentar su recurso de protección en contra de esa autoridad en atención a que no ha vulnerado, perturbado o amenazado alguno de los derechos fundamentales incoados por la recurrente, todo esto conforme a los artículos 38, 43 y 45 de la Ley N°21.325, por lo que mal podría ser esa autoridad el legitimado pasivo de la acción que se emprende.

En cuanto al fondo del recurso señala que doña nombre reservado ingresó el 22 de agosto de 2017 por primera vez al país por motivos de turismo por el paso fronterizo Carretera de Chacalluta.

Añade que el 7 de noviembre de 2017 se le otorgó visa temporaria en calidad de titular por el plazo de un año, beneficio que se mantuvo vigente desde el 27 de febrero de 2018 hasta el 27 de febrero de 2019. Luego, manifiesta que el 12 de julio de 2023, solicitó el permiso de permanencia definitiva, bajo el número de solicitud N°66477066. Petición que desde el 8 de junio de 2024 se encuentra en etapa de pago de derechos, estando pendiente de pago, por lo que una vez efectuado seguirá su tramitación.

Luego reseña antecedentes de derecho relativos al trámite de permanencia definitiva y las normas protectoras de la Ley N°21.325.

Hace presente que el Servicio Nacional de Migraciones ha actuado con apego estricto a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, indicando que no existe acto u omisión arbitraria o ilegal que genere privación, perturbación o amenaza a los derechos consagrados en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita el rechazo de la acción intentada.

Acompaña a su informe: 1. Oficio Ordinario N 67130, de 7 de noviembre de 2022, del Servicio Nacional de Migraciones; 2. Oficio Ordinario N°80585, de 29 de diciembre de 2022, del Servicio Nacional de Migraciones; 3. Oficio Ordinario N°80586, de 29 de diciembre de 2022, del Servicio Nacional de Migraciones; 4. Oficio Ordinario N°843, de 14 de junio de 2023, de la Dirección del Trabajo; 5. Oficio Ordinario N°34.531, de 27 de julio de 2023, de la Superintendencia de Salud; 6. Sentencia de la Excma. Corte Suprema, en causa Rol 115.064-2022, de 20 de marzo de 2023; 7. Sentencia de la Excma. Corte Suprema, en causa Rol 115.368-2022, de 20 de marzo de 2023; y 8. Notificación de 8 de julio de 2024, pago de derechos del Servicio Nacional de Migraciones.

TERCERO: Que a folio 16, para un mejor acierto del fallo y de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 5° del Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se resolvió requerir a la recurrida Servicio Nacional de Migraciones que complemente su informe, debiendo referirse a todos los antecedentes que guarden relación con el pronunciamiento de la Resolución Exenta N°24229718, de 9 de mayo de 2024.

CUARTO: Que a folio 21, el recurrido solicitó se complemente informe en relación al estado actual de la solicitud de la recurrente, la que se encuentra en etapa resolutiva desde el 12 de julio de 2024. Luego, a folio 22, cumpliendo lo ordenado por esta Corte, informó que, en cuanto a la Resolución Exenta N°24229718, de 9 de mayo de 2024, aquella fue dejada sin efecto, reiterando que la otra solicitud se encuentra en etapa resolutiva la fecha antes indicada.

QUINTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEXTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SÉPTIMO: Que la solicitud de declarar inadmisible el recurso que formula la recurrida en su informe será desestimada, pues el examen de admisibilidad de la presente acción constitucional fue realizado en la etapa procesal correspondiente, apreciándose por esta Corte que el recurso fue intentado oportunamente y en él se alude a hechos que –a lo menos en abstracto– son aptos para constituir infracción de garantías constitucionales.

OCTAVO: Que, asimismo, se rechazará la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el Servicio Nacional de Migraciones, pues con prescindencia de lo que se pudiera decidir en cuanto al fondo del asunto planteado, lo cierto es que la conducta calificada de ilegal o arbitraria por el recurrente –consistente, como se ha dicho, en la falta de pronunciamiento respecto a su solicitud de permanencia– corresponde precisamente a esa repartición pública.

NOVENO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Servicio Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por el pronunciamiento de la Resolución Exenta N°24229718, de 9 de mayo de 2024, a través de la cual se ordena el archivo de la primera solicitud de permanencia definitiva de la recurrente, estimándose que la misma no corresponde en derecho, por haberse entendido desistida por la actora al momento de iniciar su proceso de regularización, habiéndosele otorgado la correspondiente visa temporaria; y por la dilación injustificada en dar respuesta a la solicitud de permanencia definitiva presentada el 12 de julio de 2023, lo cual la actora califica de ilegal y arbitraria, señalando que vulnera la garantía fundamental contemplada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Solicita que se ordene al recurrido dejar sin efecto la primera decisión y pronunciarse sobre la solicitud de permanencia definitiva de 12 de julio del año pasado en el plazo más breve.

Por otra parte, cabe hacer presente, que el recurrido informó que la primera resolución fue dejada sin efecto y, en cuanto a la segunda, que se encuentra en etapa resolutiva, de lo que se desprende que es efectiva la falta de pronunciamiento acusada en el presente arbitrio.

DÉCIMO: Que en lo que respecta al recurso impetrado respecto de la emisión de la Resolución Exenta N°24229718, de 9 de mayo de 2024, considerando el mérito de los antecedentes, particularmente, el tenor de la complementación de informe evacuado a folio 22, oportunidad en que el recurrido expresó que dejó sin efecto tal pronunciamiento sin acompañar antecedente alguno escrito que lo acredite, no resulta posible entender que aquello efectivamente haya ocurrido, por lo que se acogerá la acción conforme se dirá en lo resolutivo.

UNDÉCIMO: Que, por otra parte, para resolver el asunto en examen en lo que respecta a la falta de pronunciamiento de la petición incoada el 12 de julio de 2023, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N°19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior, resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

DUODÉCIMO: Que de acuerdo a los antecedentes que constan en la tramitación de la presente causa, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de permanencia definitiva, excediendo el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley N°19.880 (SCS Rol N°24.827-2020).

DÉCIMO TERCERO: Que, por tanto, la dilación del recurrido en el pronunciamiento sobre la mentada solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la parte recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

DÉCIMO CUARTO: Que si bien es correcto afirmar que la norma del artículo 43 de la Ley N°21.325 mantiene la vigencia de la cédula de identidad otorgada provisoriamente a la persona, en tanto se encuentre en trámite su requerimiento, lo cierto es que no existe un sistema en línea o interconectado que permita a cualquier entidad –pública o privada– consultar, en el momento exacto en que un sujeto en condición de movilidad le exhiba el documento identificatorio, su validez o, en los términos del artículo citado, su prórroga, poniendo de cargo del solicitante el obtener a diario y a cada minuto un certificado digital del Servicio para demostrar esta situación.

Aquella carga resulta una consecuencia de la tardanza del servicio recurrido en resolver la petición que se le ha formulado, lo que se ha intentado corregir a partir de la contratación de más personal, como ha sido indicado en diversos alegatos, pero en lo concreto no ha provocado en el caso de marras una decisión final, cualquiera que ésta sea, que permita al sujeto ejercer sus derechos en nuestro país, ser contratado, poder acudir a recintos público o privados de educación y salud, entre otros.

De esta forma, en los hechos se termina imponiendo la carga de obtención del certificado de solicitud en trámite y, además, ello implica un detrimento en relación con los demás individuos que forman parte de esta sociedad, puesto que personas como el recurrente se ven impedidas de realizar todas las demás actividades laborales, públicas y privadas, que puede llevar a cabo cualquier individuo, lo que implica una infracción al principio de igualdad ante la ley.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve:

I.- Que, SE RECHAZA la solicitud de declarar inadmisible el recurso.

II.- Que, SE RECHAZA la excepción de falta de legitimación pasiva.

III.- Que, SE ACOGE, con costas, el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución Exenta N°24229718, de 9 de mayo de 2024 y, asimismo, se dispone que la recurrida deberá emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda respecto de la solicitud de permanencia definitiva presentada ante ella por la parte recurrente el 12 de julio de 2023, dentro de plazo de treinta días corridos contados desde que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°908-2024 Protección.-