Protección contra SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL
- Fecha
- 6 de enero de 2023
- Sala
- Primera Sala
- Resultado
- Acogida
- Cita
- Corte de Apelaciones de La Serena, Rol N° 9025-2022, sentencia de 6 de enero de 2023
Resumen
Se acoge el recurso y se ordena a la Superintendencia de Seguridad Social autorizar el pago de seis licencias médicas por 180 días, al ser arbitrario rechazarlas por reposo no justificado sin antecedentes adicionales a los ya ponderados.
Texto íntegro
nombre reservado
Superintendencia de Seguridad Social Recurso de Protección Rol Nº 9025-2022 La Serena, seis de enero de dos mil veintitrés.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, con fecha veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, comparece don Claudio Fernández Ramírez, abogado de la Corporación de Asistencia Judicial, en favor de nombre reservado, y deduce recurso de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO).
Expone que con fecha 24 de octubre del año en curso, el actor tomó conocimiento de la Resolución Exenta NUM000, de esa misma fecha, por la cual la Superintendencia de Seguridad Social, rechazó su reclamo respecto del Dictamen de la COMPIN Región de Antofagasta, confirmando el rechazo de las Licencias Médicas N°s NUM001, NUM002, NUM003, NUM004, NUM005 y NUM006, extendidas por un total de 180 días a contar del 03 de marzo de 2022, por reposo no justificado.
Indica que el Sr. nombre reservado se encuentra afectado de una discopatía que afecta su columna (lumbago), desde hace más de 5 años a la fecha, lo cual ha causado el otorgamiento de diversas licencias médicas, los que suman un total de 990 días, sin que hubiere podido recuperarse de dicha patología.
Expone que la resolución que motiva el presente recurso señala como fundamento para el rechazo de las licencias indicadas, reposo no justificado, indicando que: “Esta conclusión se basa en que los estudios clínicos adjuntos, evidencian lesiones de carácter crónico e irreversible, por lo tanto, no se justifica la prolongación del reposo más allá del período previamente autorizado, que alcanza a más de 990 días para el cuadro diagnosticado, sin lograr su recuperación”.
Hace presente que el actor ha presentado desde el año 2017 a la fecha, 4 solicitudes de declaración de invalidez por los dolores de espalda que padece (que por cierto no es una patología operable). Hasta la fecha, todas sus solicitudes para acogerse a pensión por invalidez han sido rechazadas por la Comisión Médica de la Superintendencia de Pensiones, en principio por no presentar porcentaje alguno de pérdida de su capacidad de trabajo, y en los últimos dictámenes del año 2022, se rechaza la solicitud por cuanto el menoscabo de la capacidad de trabajo de don nombre reservado es sólo del 34%.
Sostiene que el rechazo de las licencias reclamadas resulta arbitrario e ilegal, en primer término, por cuanto, en primer término, no analiza y ni siquiera menciona los antecedentes, certificados e informes médicos presentados en sede administrativa por el Sr. nombre reservado y, en segundo término, deja sin protección, de manera absolutamente injustificada, a todas aquellas personas que, teniendo una patología crónica pero no invalidante, no pueden acceder al beneficio de la licencia médica cuando su enfermedad le genere algún episodio que merme temporalmente su capacidad de trabajo, negándole así el derecho al reposo y a sus fuerzas de trabajo, que es precisamente el fin perseguido por la licencia médica Afirma que la resolución señalada es arbitraria, pues mantiene el rechazo de las licencias médicas sin que dicha decisión aparezca dotada de suficientes motivos médicos, sin otorgar una explicación racional del por qué una patología de lumbago crónico, al no ser invalidante pero sí crónica, queda fuera de la cobertura de las licencias médicas.
Hace presente lo dispuesto en el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, artículos 16, 21 y 22.
Reseña que el acto rebatido constituye un acto administrativo, debe cumplir con los requisitos de un acto administrativo, entre ellos, el principio de imparcialidad contenido en el artículo 11 de la Ley 19.880, y la necesaria fundamentación consagrada en el artículo 41 de la misma Ley.
Indica que, en la especie, tal estándar normativo no se cumple, pues no se entiende el motivo de rechazo de las licencias, cuando en la especie se acredita que don nombre reservado presenta la dolencia que motiva las licencias, pero que no tiene el carácter de invalidante, ni tampoco se entiende que, de manera arbitraria, ser rechacen las licencias médicas sin haber requerido a la Superintendencia de Pensiones los antecedentes referidos a la situación de salud de don nombre reservado, a fin de agotar las vías para despejar las dudas acerca de la necesidad del reposo prescrito en las licencias médicas que se cuestionan por el ente administrativo.
En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas a través del presente arbitrio, aduce que se afecta el derecho a la vida e integridad física y psíquica y la garantía constitucional contenida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, toda vez que representa una discriminación respecto del resto de la población que en iguales condiciones de salud puede acceder al subsidio por reposo laboral y finalmente, la conducta que se denuncia vulnera asimismo, el derecho de propiedad ya que el rechazo indebido de las licencias médicas legalmente emitidas, privan del derecho a la retribución monetaria contemplada en la ley, en caso que el trabajador se imposibilite de trabajar por motivo de enfermedad, como en este caso.
Por lo expuesto pide que se ordene a la recurrida dejar sin efecto la resolución que motiva el presente recurso, y en su lugar dictar una nueva resolución, acogiendo la reclamación deducida, y dictaminando que se autorizan las licencias médicas N°s NUM001, NUM002, NUM003, NUM004, NUM005 y NUM006, extendidas por un total de 180 días a contar del 03 de marzo de 2022, adoptando asimismo cualquier otra medida que este Ilustrísimo Tribunal considere necesario para restablecer el imperio del derecho y asegurar el debido resguardo y respeto a las garantías fundamentales, con costas.
Acompaña los documentos que pormenorizadamente indica en el primer otrosí del recurso.
SEGUNDO: Que, evacuó informe ROBERTO BARRAZA SAAVEDRA, Abogado, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.
Solicita, en primer lugar, se declare la improcedencia de la presente Acción de Protección por haber sido ésta interpuesta en forma extemporánea.
Expone que, consta que mediante la presente acción se pretende modificar lo resuelto por la COMPIN DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA, respecto de las licencias médicas, las que fueron reclamadas ante la Superintendencia de Seguridad Social con fecha 24 de mayo de 2022. Que, además consta que el actor recurre previamente ante la COMPIN REGIÓN DE ANTOFAGASTA, reclamando por el rechazo de la licencia médica N° NUM001, presentación que fue desestimada, mediante Resolución Licencia Médica, ya con fecha 10 de mayo de 2022 y que por ello, la recurrente, a más tardar, el 10 de mayo febrero de 2022, tenía conocimiento cierto de la confirmación del rechazo de las licencias médicas reclamadas dispuesto por la COMPIN de la Región de Antofagasta, por lo que dedujo el presente recurso pasado el plazo fatal de 30 días corridos que establece el Auto Acordado de la EXCMA Corte Suprema, que regula la tramitación y fallo del recurso de protección, al haber interpuesto el recurso con fecha 23 de noviembre de 2022.
En subsidio, solicita se declare improcedente la acción por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.
En subsidio, informa en cuanto al fondo del asunto.
Sostiene que la recurrente con fecha 24 de mayo de 2022, recurrió ante la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL reclamando en contra de la COMPIN REGIÓN DE ANTOFAGASTA, la que confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s NUM001, NUM002, NUM003, NUM004, NUM005, NUM006, extendidas por un total de 180 días a contar del 03 de marzo de 2022, por reposo no justificado.
Sostiene que, requeridos los antecedentes del caso, y con su estudio en su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas no se encuentra justificado. Que dicha conclusión se basó en que los estudios clínicos adjuntos, evidencian lesiones de carácter crónico e irreversible, por lo tanto, no se justifica la prolongación del reposo más allá del período previamente autorizado, que alcanza a más de 990 días para el cuadro diagnosticado, sin lograr su recuperación, dictamen y contenidos en Resolución Exenta NUM000, de fecha 24 de octubre de 2022.
Agrega que los facultativos de dicho organismo informaron: Dr. nombre reservado. Ficha Médica (…)
Fundamentos de la resolución: NO ACOGE: REPOSO POR VARIOS AÑOS MISMO CUADRO. 5° TRAMITE DE PENSIÓN DE IINVALIDEZ EN CURSO. RECHAZADOS PREVIOS POR BAJO PORCENTAJE. SON 999 DIAS AUTORIZADOS MISMA PATOLOGIA, SIN RECUPERACION”.
Reseña el marco normativo de las licencias médicas, el procedimiento al cual se encuentran sujetas, las facultades que posee.
Finalmente sostiene que la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes ya que, por el contrario, tras las sucesivas revisiones de la COMPIN y de esa Superintendencia, se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas.
Sostiene que no existe un acto ilegal o arbitrario ejecutado por la Superintendencia de Seguridad Social ya que dicho organismo resolvió dentro del ámbito de su competencia y que tampoco existe una vulneración de los derechos fundamentales reseñados por la recurrente.
Por estas consideraciones solicita rechazar en todas sus partes el recurso, con costas.
Acompaña copias del respectivo expediente administrativo.
TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.
CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.
QUINTO: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad, es dable reconocer que el recurso se dirige en contra de la decisión de la recurrida SUSESO, la cual rechazó el recurso de reconsideración deducido ante ese mismo organismo, determinación que se adoptó mediante Resolución Exenta NUM000, de fecha 24 de otubre de 2022, con la que se puso término al procedimiento en sede administrativa, siendo éste el acto administrativo terminal.
Luego, considerando que el recurso se interpuso el 23 de noviembre de 2022, éste aparece evidentemente deducido dentro del término que prevé el N° 1 del Auto Acordado de la Exma.
Corte Suprema que regula la materia y, por consiguiente, la pretendida extemporaneidad debe ser desestimada.
SEXTO: Que, en un segundo término, la Superintendencia recurrida alegó la improcedencia de la acción recurrida por tratarse de materias de seguridad social, garantizadas en el N° 18 del artículo 19 de nuestra Constitución Política de la República, que no se encuentran amparadas por la acción cautelar que se ejerce, argumentación que tampoco puede prosperar, debido a que de los fundamentos fácticos del recurso, aparece meridianamente claro que con, el rechazo del pago de la licencias médica, se ha visto vulnerado el patrimonio y la integridad psíquica de la recurrente, derechos que sí se encuentran tutelados por el recurso que se ejerce.
SÉPTIMO: Que, la recurrente impugna la Resolución Exenta NUM000, de fecha 24 de octubre de 2022, la cual rechazó su reclamo respecto del Dictamen de la COMPIN Región de Región de Antofagasta, confirmando el rechazo de las Licencias Médicas N°s NUM001, NUM002, NUM003, NUM004, NUM005 y NUM006, extendidas por un total de 180 días a contar del 03 de marzo de 2022, por reposo no justificado Que la resolución impugnada señala al respecto que: “Esta conclusión se basa en que los estudios clínicos adjuntos, evidencian lesiones de carácter crónico e irreversible, por lo tanto, no se justifica la prolongación del reposo más allá del período previamente autorizado, que alcanza a más de 990 días para el cuadro diagnosticado, sin lograr su recuperación”.
OCTAVO: Que, por su parte, la recurrida ha referido la normativa y procedimientos aplicables a las licencias médicas, habiendo la recurrente aprovechado las instancias administrativas existentes para la revisión de su situación.
NOVENO: Que, en cuanto al marco normativo para resolver el asunto sometido a conocimiento de esta Corte, cabe señalar que el artículo 16 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por COMPIN y por las Instituciones de Salud Previsional, contenido en el Decreto Supremo Nº 3, del Ministerio de Salud, de 1984, señala que “…en caso de rechazo de una licencia (…) la resolución o pronunciamiento respectivo se estampará en el mismo formulario de licencia y se dejará constancia de los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida”.
Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.
Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez de este. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.
DÉCIMO: Que, del propio tenor de la resolución impugnada en esta sede, se advierte que se ha omitido la valoración de aquellos antecedentes que demuestran el claro rol terapéutico y que justifican la emisión de las licencias médicas materia del recurso.
En efecto, la resolución cuestionada no contiene referencia alguna a los informes evacuados por el Sr. nombre reservado
nombre reservado, médico cirujano, anestesiólogo, emisor de las licencias rechazadas, los cuales dan cuenta del diagnóstico que padece el actor consistente es una Estenorraquia severa más dolor neuropático crónico, con cambios degenerativos en la columna, con mal pronóstico, no quirúrgico, no recuperable, se indica que debe acogerse a retiro por incapacidad para trabajar.
Que lo expuesto es ratificado en el informe médico de cinco de julio de dos mil veintidós, extendido por el mismo profesional, en el que se indica que la enfermedad tiene un mal pronóstico y que debe continuar en tratamiento permanente sin trabajo pesado. Por lo demás, los antecedentes que constan en la carpeta administrativa resultan concordantes con los antecedentes médicos incorporados por el actor en esa sede, particularmente el informe de febrero de del año dos mil veintiuno en el que ya, en esa época, el especialista tratante sostenía que el diagnóstico médico que enuncia es de difícil control y mantiene invalidado al recurrente.
A tales antecedentes se suman las resoluciones emitidas por la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones, las cuales en cinco oportunidades han rechazado otorgar declaración de invalidez al actor, por cuento no tiene una pérdida de capacidad de trabajo menor al cincuenta por ciento, sin perjuicio de que reconoce en el dictamen de veintiuno de marzo de dos mil veintiuno, que a esa fecha la incapacidad global alcanza a un treinta y cuatro por ciento por diagnóstico de lumbago, el cual es concordante con los certificados médicos reseñados precedentemente.
UNDÉCIMO: Que, expuesto lo anterior, no cabe duda de que, la decisión que mantuvo el rechazo de las licencias médicas tantas veces mencionadas, y que constituye el acto repudiado por el recurso, radica en un re-estudio de los antecedentes, limitándose a señalar que el reposo propuesto en ella no se encuentra justificado. Sin embargo, dicha conclusión es arribada solo con un estudio documental de los antecedentes que la recurrente acompañó en el proceso, refiriéndose a él de forma descriptiva y escueta.
Además, en el informe evacuado por el médico de la Superintendencia de Seguridad Social, teniendo presente los antecedentes médicos del actor en los siguientes términos: “detalle: de anestesiología de 05/07/22, que indica radiculopatía lumbar múltiple en manejo conservador y de mal pronóstico. múltiples exámenes imagenológicos de columna con cambios degenerativos. tpi iniciado en agosto de 2022, sería el 5°”; resuelve no acoger la reclamación fundado únicamente en que el actor mantiene reposo por varios años por el mismo cuadro, “son 999 días autorizados misma patología sin recuperación”.
De esta forma, esta Corte advierte que la decisión adoptada por la Superintendencia recurrida no se apoya en algún informe médico emitido luego de realizar un análisis clínico del recurrente, por lo que sus conclusiones responden únicamente a la nueva revisión de los mismos antecedentes, de manera que esta carencia la priva de contenido, conforme lo exige el artículo 11 de la Ley 19.880 y la restante normativa referida en los motivos precedentes, sin que sea posible concluir que efectivamente la sugerencia de reposo del profesional de cabecera de la actora sea “injustificada”, motivo por el que dicho dictamen no se basta a sí mismo, ni incluye los elementos de juicio necesarios que permitan comprenderlo y entender cuál es efectivamente la razón por la cual la recurrente no necesitaba más días de recuperación que los recomendados.
DUODÉCIMO: Que de otro lado, el fundamento de la resolución que se impugna a través del presente arbitrio señala “esta conclusión se basó en que los estudios clínicos adjuntos, evidencian lesiones de carácter crónico e irreversible, por lo tanto, no se justifica la prolongación del reposo más allá del período previamente autorizado, que alcanza a más de 990 días para el cuadro diagnosticado, sin lograr su recuperación”.
Que el análisis efectuado por la recurrida deja al recurrente en una situación evidentemente contradictoria, pues se está en presencia de una patología de carácter irrecuperable, siendo el carácter crónico de la enfermedad un argumento ocupado por la recurrida para tener por no justificado la prolongación del reposo, y de otro lado, en el presente caso, se ha resuelto en cuatro ocasiones rechazar la solicitud de invalidez, al decidir que no se alcanza el porcentaje de incapacidad, impedimento o menoscabo de 50%- necesario al efecto. – Que en tal sentido y como se ha resuelto por la Corte de Apelaciones de Concepción en el fallo de la causa rol N° 28617-2022, se ha dejado a la parte recurrente en una situación de contradictoriedad y en una situación de indefensión.
DÉCIMO TERCERO: Que, en estas circunstancias, el actuar de la recurrida es arbitrario, pues la falta de la necesaria fundamentación de su resolución de rechazo de la licencia médica transforma su decisión en caprichosa y carente de razones, además de injustificada, vulnerando con ello la integridad psíquica y el derecho de propiedad de la recurrente, derechos consagrados en el artículo 19 N°s 1 y 24 de la Constitución Política de la República. En efecto, el no pago de la licencia médica ya indicada, sin duda que repercute en el patrimonio del actor, al impedir su acceso al subsidio por enfermedad, lo que en forma indefectible deriva en que no puede recuperar su salud, todo lo cual conduce a conceder la protección impetrada del modo que se dirá a continuación.
DÉCIMO CUARTO: Que, a mayor abundamiento, en cuanto a la arbitrariedad, entendida ésta como la falta de justificación y razonabilidad en la decisión adoptada, debe señalarse que el artículo 16 de la Ley N°16.395, contempla la necesidad de justificar la decisión que se adopte, al disponer que deberá dejarse constancia de los fundamentos que se han tenido en consideración para adoptar alguna de las medidas que la norma contempla.
Por su parte, el artículo 21 del Decreto Supremo N°3, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, en lo pertinente, regula que, “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e)
Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.”
DÉCIMO QUINTO: Que, conforme a lo que se viene razonando, la conducta del organismo recurrido se torna arbitraria, al desestimar un permiso médico concedido por un facultativo especialista -sin ningún tipo de antecedente adicional a aquellos que constan en el expediente administrativo anexado por la propia recurrida-, y sustentada simplemente en una nueva ponderación de los ya tenidos a la vista, lo que en caso alguno puede estimarse como un juicio complementario de contraste que permitiera disipar, frente al paciente, cualquier duda, en relación a la procedencia del reposo, lo que en el presente caso resulta esencial, puesto que se le pretende privar del subsidio por incapacidad laboral por una afectación en su salud física, lo que sólo podía ser esclarecido con un informe acabado sobre el estado de salud y la causa de las dolencias, lo que, como se dijo, no se cumplió en autos.
DÉCIMO SEXTO: Que, por los motivos expuestos, existiendo claridad en tono a la conducta arbitraria e ilegal en la que incurrió la recurrida, existiendo basamento jurisprudencial en casos similares (Cortes de Apelaciones de Rancagua rol 13114-20 y La Serena rol 2129-21), la presente acción constitucional será acogida en los términos que, a continuación, se exponen.
Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:
I. – Que SE RECHAZA la alegación de extemporaneidad e improcedencia de la acción opuestas por la recurrida.
II. – Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, debiendo la recurrida autorizar el pago de las licencias médicas N°s NUM001, NUM002, NUM003, NUM004, NUM005 y NUM006, extendidas por un total de 180 días a contar del 03 de marzo de 2022, lo que la entidad deberá efectuar en un plazo de cinco días, desde la ejecutoria del fallo.
Regístrese, comuníquese y archívese.
Rol N° 9025-2022 Protección.