Protección contra SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

nombre reservado

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género Recurso de protección Rol Nº902-2026.- La Serena, dos de julio de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece el abogado Mario Figueroa Barraza, en representación convencional de doña nombre reservado, cédula de identidad NUM000, domiciliada en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra del SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO, persona jurídica de derecho público, representada por su directora nacional doña Priscilla Carrasco Pizarro, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana, por el acto ilegal y arbitrario de destituirla de su cargo en calidad de funcionaria pública de planta, mediante Resolución Exenta NUM001, lo cual señala vulnerar sus garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°2, N°3 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Expone que la recurrente es ex funcionaria de planta, grado 11, con más de 18 años de carrera en la Dirección Regional-IV Región de Coquimbo, del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, y que ha mantenido una conducta intachable, sin registrar anotaciones de demérito. Hace presente que por Resolución Exenta NUM002 de 23 de mayo de 2025 de la Dirección Nacional de la recurrida (SERNAMEG), se dispuso instruir sumario administrativo con la finalidad de investigar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran derivarse de los hechos de que dio cuenta el oficio NUM003 de la Contraloría General de la República, en que adjunta nómina de personas con salidas o permanencia en el extranjero mientras hacían uso de licencia médica, de acuerdo con lo advertido por dicho ente contralor en el Consolidado de Información Circularizada, en adelante, "CIC", N°9 de 2025. Dado lo anterior se inició un sumario en contra de la recurrente, entre otros funcionarios, en el cual se formularon dos cargos, el primero por su salida del país el 30 de junio de 2024 encontrándose con licencia médica desde el 25 de junio por 5 días, y el segundo, por encontrarse fuera del país desde el 1 al 4 de julio, encontrándose con licencia médica desde el 1 de julio por 30 días. Lo que a juicio del Fiscal implicaron una infracción al inciso primero del artículo 8° de la Constitución Política de la República, al artículo 13 y al inciso segundo del artículo 52 de la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, a la letra g) del artículo 61 de la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, en cuanto constituirían faltas administrativas graves y se subsumirían en el reproche constitutivo de infracción grave al principio de probidad administrativa.

Señala que formuló descargos, y el 26 de febrero de 2026, se dicta la Resolución Exenta NUM001 de la recurrida, que aprueba la vista fiscal, resuelve el sumario administrativo y le aplica la sanción disciplinaria de destitución. Por lo cual interpuso reposición en sede administrativa la que fue resuelta mediante resolución afecta NUM004 de 15 de abril de 2026, complementada con resolución afecta NUM005 de 17 de abril de 2026, dictadas por la recurrida, que rechazó su recurso de reposición administrativo, ratificándose así dicha sanción.

Alega que las resoluciones de la recurrida, en cuanto la destituye de su cargo y rechaza su recurso de reposición, son ilegales y arbitrarias, así en primer término refiere que son ilegales pues se sustentan en una atribución que la parte recurrida no detenta legalmente, pues el acto de fiscalizar el uso de una licencia médica, determinar su validez o sancionar por su supuesto mal uso, es una facultad privativa y exclusiva de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), o de las ISAPRES, de acuerdo con el D.S N°3 de 1984 del Ministerio de Salud, por lo que se vulnera el principio de legalidad consagrado en los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental.

Añade que la recurrente recibió un trato desigual y arbitrario en comparación con otras funcionarias sumariadas, a las que también se les investigó su conducta funcionaria por el mismo motivo, en el mismo proceso sustanciado en contra de la recurrente, pues respecto de las otras cinco funcionarias hubo un tratamiento sancionador más atenuado que respeto de la actora, infringiéndose el principio de igualdad y no discriminación, pues se les acogieron sus reposiciones, dejando sin efecto sus destituciones, imponiéndoles suspensión o sanción de multa, y una fue absuelta de los cargos, siendo que todas incurrieron en el mismo presupuesto que dio origen al sumario administrativo.

Indica que, en el caso de la actora de autos, hubo infracción al principio de “non bis in idem”, pues la recurrida ponderó 2 veces un mismo hecho, al imputar el hecho de “salir del país el día 30 de junio de 2024" (Cargo 1), y por otro lado le imputa el hecho de "encontrarse fuera del país en los días posteriores a dicha salida, 1 al 4 de julio de 2024" (Cargo 2). Alega que se advierte que el cargo 1 subsume al cargo 2, pues evidentemente el hecho imputado de "salir del país" estando cumpliendo reposo con licencia médica, implica de manera lógica encontrarse geográficamente en otro estado, producto de esa salida al exterior, por tanto, hay un doble reproche por un mismo hecho, lo que no solamente transgrede el principio en comento, sino también el principio de tipicidad, lo que en definitiva origina un doble juzgamiento a un mismo hecho, incrementando ilegalmente el reproche y la sanción administrativa aplicada a la actora.

Añade que existe una ausencia de cuestionamiento en el sumario respecto de la validez de las licencias emitidas, por tanto, no procede aplicar sanción al respecto. Indica que a la fecha de los hechos imputados no existía claridad respecto de si el reposo ambulatorio otorgado por una licencia psiquiátrica permitía o no salir al extranjero, lo que posteriormente fue precisado mediante Resolución Exenta NUM006, de 14 de septiembre de 2025, emitida por la Unidad Jurídica de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), la cual aclaró, entre otras cosas, que dichas licencias no permitían salir del territorio nacional. De lo anterior asevera que se concluye que, si a la época de los hechos imputados, la autoridad administrativa competente no tenía una claridad sobre las salidas al extranjero respecto de usuarios con licencias médicas vigentes, menos puede haber un reproche subjetivo, ya sea a tono de dolo o negligencia grave, sobre hechos de la misma naturaleza, o sobre sus consecuencias legales, respecto de una simple funcionaria pública.

Señala que la forma como el trabajador hace uso de ese reposo o descanso es privativo suyo en cuanto se genera en el ámbito de su vida privada, fuera de su jornada de trabajo, y por tanto, para el empleador no puede tener ninguna significación, ni directa ni indirecta, el uso de la licencia médica. Igualmente, la infracciones a ese descanso, no pueden tener ninguna incidencia o conexión con su relación laboral, por cuanto se encuentran suspendidos sus efectos.

Afirma que existen antecedentes inexactos o falsos en la resolución de destitución, en el numeral catorce letra g) de los antecedentes fundantes de la misma, que señala: “…g. Que, la Fiscal investigadora ha alcanzado la convicción de que la inculpada incumplió gravemente al principio de probidad administrativa, al haber salido del país en una oportunidad, estando estipulado la licencia el reposo total en su domicilio, fundando su decisión en los antecedentes de la licencia médica otorgada, la declaración de la sumariada y el Certificado de Viajes NUM007 de fecha 10 de junio de 2025, emitido por el Departamento de Migraciones de la Policía de Investigaciones de Chile, que señala la salida y entrada del país por el paso fronterizo Chacalluta.", y afirma que la actora nunca ha salido ni entrado por el paso fronterizo Chacalluta, lo que consta en el expediente.

Solicita considerar, en el caso que se mantenga la responsabilidad administrativa de la recurrente, la aplicación de una atenuante teniendo en cuenta su hoja de vida intachable, de 18 años de carrera, calificada con distinción; sus antecedentes laborales que refiere ser de excelencia; su situación familiar, por ser mujer divorciada con una hija, cuidadora de su madre hasta el 7 de julio de 2025, y que perdió a su padre en el 2022; su situación de salud, tratada desde el año 2016 por Trastorno mixto de ansiedad y depresión, por la médico-psiquiatra nombre reservado, manteniendo medicación permanente a la fecha, y que, a la fecha de los hechos imputados en el sumario desconocía que haciendo uso de una licencia psiquiátrica no podía salir del país; y el respeto del principio de proporcionalidad de la recurrida; todo lo que señala consta en el expediente.

Se refiere a los derechos conculcados con el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, indicando, en primer término, la igualdad ante la ley, pues la recurrida con el actuar descrito en su recurso, ha vulnerado está dándole un trato diferenciado en relación a los otros funcionarios públicos del mismo servicio recurrido, que en una situación similar o incluso de más gravedad, fueron sancionados con medidas de menor entidad o incluso fueron absueltos. Luego se refiere a la igualdad ante la ley en la aplicación del derecho al debido proceso, pues en el presente caso, los fundamentos de la resolución que dispone la destitución, como del mismo modo la resolución que rechaza la reposición, se basan en interpretaciones extensivas y atípica sobre las conductas imputadas, o sobre las licencias médicas o permisos extendidos, o sobre los deberes funcionarios, lo que en definitiva constituye una vulneración al debido proceso, pues en el sumario administrativo no hay evidencias de licencias médicas fraudulentas, o sin un respaldo clínico, o que se haya ocasionado perjuicio funcional a la parte recurrida. De hecho, los reposos prescritos a su representada fueron indicados por un profesional habilitado en una consulta real, no existiendo acto administrativo de nulidad o rechazo sobre dichos instrumentos, lo que les confiere presunción de legalidad.

Por último, refiere encontrarse vulnerado el derecho de propiedad, lo que se aplica a la carrera funcionaria, vulnerando el actuar de la recurrida lo dispuesto por el artículo 83 inciso primero de la Ley N°18.834, coligiéndose un derecho de propiedad del funcionario público sobre su cargo, el que en el presente caso ha sido vulnerado por la recurrida al no respetar el principio de legalidad, tipicidad y proporcionalidad, en la imposición de la medida de destitución que se aplicó a la actora.

Concluye solicitando que, se acoja el recurso, y se deje sin efecto la sanción de destitución aplicada mediante Resolución exenta NUM001 de 26 de febrero de 2026 y Resolución Afecta NUM004 de 15 de abril de 2026, complementada por medio de Resolución Afecta NUM005 de 17 de abril de 2026, todas dictadas por la recurrida, disponiendo su absolución o una sanción administrativa proporcional. En conjunto con lo anterior, se ordene la reincorporación de la recurrente a sus funciones y el pago de sus remuneraciones no percibidas entre la fecha de su destitución y su efectiva reincorporación, con costas; o se ordenen las medidas que esta Corte estime necesarias para reestablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que, a folio 8, comparece el abogado Mario Reyes Márquez, en representación del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, acompañando el informe evacuado por el Director Nacional (s) de la recurrida, a folio 7 del presente expediente digital.

Alega la improcedencia del recurso de protección, pues por su naturaleza cautelar no puede constituir una instancia de revisión del mérito de los procedimientos administrativos disciplinarios, pues el ordenamiento jurídico a dispuesto otras vías legales para impugnar lo resuelto en sede administrativa, no siendo esta la vía idónea, y que, en el proceso sustanciado en contra de la recurrente, se respetó el debido proceso, con la participación de la funcionaria, lo que se extiende a su posterior reposición.

Descarta la vulneración a la igualdad ante la ley, pues indica que, la diferenciación de sanciones entre las funcionarias está plenamente justificada cuando las circunstancias fácticas de cada caso difieren en aspectos relevantes, como la gravedad de la conducta, su reiteración y la motivación que la explica, realizándose un análisis pormenorizado de cada una de las conductas de cada funcionaria, y en el caso dela Sra. nombre reservado no aportó justificación suficiente, configurándose un uso del beneficio estatutario ajeno por completo a cualquier consideración de salud.

En cuanto a la supuesta infracción del debido proceso, sobre el cual subyacen todas las otras supuestas vulneraciones a las garantías de igualdad ante la ley, señala que, los procesos disciplinarios en materia administrativa son plenamente legales y válidos, encontrándose regulados en el Estatuto Administrativo, en la especie, DFL 29 de 2025, que contiene el texto refundido de la Ley N°18.834, por lo que en ningún caso la designación de fiscal y la consecuente constitución de Fiscalía Administrativa, podría llegar a configurar siquiera la hipótesis del artículo N°19, N°3 inciso 5, por tanto, son competentes para la resolución de los hechos imputados, no constituyéndose en una comisión especial proscrita por ley, muy por el contrario, el proceso administrativo al que se vio enfrentada la recurrente, es un procedimiento reglado donde además se respetaron todas y cada una de las etapas de un Sumario Administrativo, por lo que el recurso no puede prosperar.

Pormenoriza cada una de las etapas del proceso disciplinario en contra de la recurrente, concluyendo que la actora tuvo conocimiento oportuno y completo de los cargos, pudo contradecirlos y aportar prueba, y ejerció todos los recursos que el ordenamiento le franquea, no existiendo indefensión ni vicio de procedimiento que afecte la validez de los actos impugnados.

Afirma que no ha sido vulnerado el principio de non bis in idem, pues la recurrente sostiene que se le formularon dos cargos por un mismo hecho, y aquella alegación fue debidamente resuelta en el considerando 5.9 de la Resolución Afecta NUM004, que no fue rebatida con nuevos argumentos en el libelo, y que, en síntesis señala que, los cargos 1 y 2 corresponden a dos conductas autónomas, temporalmente diferenciadas y ejecutadas al amparo de licencias médicas distintas e independientes, cada una de las cuales vulnera el principio de la probidad.

Destaca que el Dictamen NUM006 de la SUSESO, de 14 de septiembre de 2025, invocado por la recurrente como norma posterior, no introdujo restricción nueva alguna respecto de los viajes al extranjero, sino que, dicho pronunciamiento se limitó exclusivamente a precisar los alcances de los desplazamientos dentro del territorio nacional durante el período de reposo, en respuesta a una consulta específica sobre ese punto. El criterio respecto de los viajes internacionales era, en consecuencia, anterior, claro y consolidado al momento de producirse los hechos. No existe, pues, aplicación retroactiva de norma desfavorable alguna.

Sobre el derecho de propiedad alegado como vulnerado, señala que no existe, privación arbitraria o ilegal del ejercicio de la carrera funcionaria, sino aplicación de la consecuencia jurídica legalmente establecida para la conducta acreditada en un proceso legalmente tramitado.

Señala respecto a la calificación y entidad de la infracción impuesta a la recurrente, que la Excma. Corte Suprema en causa N°52.153-2025, ha resuelto que el uso indebido de una licencia médica para fines particulares, como un viaje fuera del territorio nacional ajeno a la finalidad del reposo, puede ser comprendido por la autoridad administrativa como una afectación grave a la probidad, legitimando el ejercicio de la potestad disciplinaria dentro de su esfera de atribuciones, desde luego, sin que ello habilite a esta Corte, por la vía cautelar, a reemplazar el juicio disciplinario de gravedad y sus fundamentos, si no se evidencia ilegalidad o arbitrariedad manifiesta.

Indica que la alegación de la actora en cuanto considerar atenuantes a su caso en la aplicación de la sanción administrativa, que si bien estas circunstancias son dignas de consideración en el ámbito personal, la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República es uniforme en señalar que, tratándose de infracciones graves a la probidad administrativa, la potestad disciplinaria no se traduce en una facultad discrecional para rebajar la sanción, sino en el deber de aplicar la medida expulsiva establecida por el legislador. Estas circunstancias no modifican el hecho de que la recurrente utilizó un beneficio estatutario de manera incompatible con los deberes de lealtad y probidad que impone el Estatuto Administrativo.

Solicita el rechazo del recurso, con costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: La recurrente denuncia como actos ilegales y arbitrarios, la Resolución Exenta NUM001 de 26 de febrero de 2026 y Resolución Afecta NUM004 de 15 de abril de 2026, complementada por medio de Resolución Afecta NUM005 de 17 de abril de 2026, a través de las cuales, se le aplicó la sanción de destitución, y se rechazó su recurso de reposición en contra de aquella medida disciplinaria, estimando que se vulneró la igualdad ante la ley, el debido proceso administrativo y su derecho de propiedad sobre el cargo que detentaba como funcionaria pública, con una medida que estima desproporcionada.

SEXTO: Que, para resolver adecuadamente el presente recurso se debe hacer presente que la Ley 19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos, indica en su artículo 4 que uno de los principios que debe informar la actuación de la Administración es el de imparcialidad, el cual se desarrolla en el artículo 11 estableciendo el deber de actuar con objetividad, estableciendo los fundamentos de las decisiones que se adopten, lo que es una manifestación de la garantía de igualdad en cuanto el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental establece que ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias.

SÉPTIMO: Que en el presente caso se ha alegado que los actos emitidos por la autoridad no dieron un tratamiento equivalente a personas que se encontraban en situación semejante en tanto se ha decidido la destitución de la recurrente, mientras que se determinaron medidas distintas respecto de otras funcionarias sumariadas por hechos de similar naturaleza.

OCTAVO: Que de la lectura de la Resolución Exenta Nº: 00134/2026 de 26 de Febrero de 2026, se advierte que en términos generales se aplicó la medida de destitución respecto de aquellas funcionarias a quienes se formularon cargos por salidas o permanencias fuera del país en períodos en que tenían otorgadas licencias médicas, con la excepción de un caso en que se determinó absolver al establecer que la salida del país se produjo fuera del horario laboral y a poco tiempo de concluir la licencia médica, ello no obstante haberse producido en un día hábil, esto en circunstancias que respecto de la recurrente se determina estimar la existencia de dos cargos el primero de los cuales se refiere a la salida del país registrada un día domingo, último día de la licencia médica, caso en que la circunstancia de encontrarse fuera del horario laboral, que respecto de una funcionaria fue tan determinante como para decidir su absolución no fue ni siquiera considerada, no existiendo explicación alguna en torno a la discrepancia que se observa a la hora de ponderar infracciones semejantes.

NOVENO: Que a su vez en la Resolución Afecta NUM004 de 15 de abril de 2026, complementada por medio de Resolución Afecta NUM005 de 17 de abril de 2026, se observa que la autoridad al resolver los recursos de reconsideración planteados por las sancionadas, en casos de funcionarias respecto de quienes se acoge la solicitud sustituyendo la medida expulsiva por otras sanciones de menor entidad, se determinó expresamente considerar circunstancias de salud, familiares e incluso trayectoria profesional para los efectos de ejercer las “facultades de graduación previstas en el artículo 121 del Estatuto Administrativo, en relación con el artículo 124 del mismo cuerpo legal” y establecer sanciones que consideró más proporcionales, lo que en el caso de la recurrente aparece del todo omitido limitándose la autoridad a señalar que en su caso “existe una vulneración grave al principio de probidad administrativa, cuya sanción procedente solo puede ser la medida disciplinaria de destitución”, argumentando en el punto 5.13 que “tratándose de infracciones graves a la probidad, la potestad disciplinaria no se traduce en una facultad discrecional para rebajar la sanción, sino en el deber de aplicar la medida expulsiva establecida por el legislador. Las circunstancias de salud, familiares y laborales alegadas, aun cuando se estimen acreditadas en el expediente, no modifican el hecho de que la recurrente utilizó un beneficio estatutario de manera incompatible con los deberes de lealtad y probidad que impone el Estatuto Administrativo”.

DÉCIMO: De esta forma queda patente que, en las resoluciones emitidas a propósito de las reconsideraciones administrativas, a pesar de darse por establecidas las circunstancias de salud, familiares y laborales que se alegaron por la recurrente, la autoridad no las considera y decide mantener la medida expulsiva, sin aplicar la graduación y proporcionalidad a que se aludió en los casos de las funcionarias a las que se determinó rebajar la medida, casos en que circunstancias similares sí fueron referidas por la autoridad para acoger los recursos de reconsideración.

UNDÉCIMO: Que, en consecuencia, en el escenario que se viene describiendo aparece de manifiesto que las resoluciones han establecido un trato diferenciado respecto de situaciones similares que no ha sido debidamente justificado por la autoridad, lo que importa establecer una diferencia que al no ser explicada no puede ser sino calificada de arbitraria, resultando igualmente ilegal al desatender el mandato de imparcialidad y objetividad que, como ya se dijo, establece la Ley 19.880, atentando contra la garantía de igualdad que establece el numeral 2 del artículo 19 de la Carta Fundamental, motivo por el cual el presente recurso deberá ser acogido, estableciendo que si bien no se detecta una vulneración a la garantía del numeral 3 de la norma señalada, en tanto el sumario formalmente se ajustó a la normativa que lo rige y la decisión fue emitida por la autoridad legalmente facultada para ello, igualmente se lesiona la garantía del numeral 24 del artículo referido en tanto la recurrente se ve privada en virtud de un acto que se ha estimado ilegal y arbitrario del cargo que sirve en propiedad, conforme a la nomenclatura que utiliza el mismo Estatuto Administrativo para referirse a la calidad que detenta como funcionaria de planta.

Por estas consideraciones y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña el abogado Mario Figueroa Barraza, en representación de doña nombre reservado en contra del SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO, dejando sin efecto la Resolución exenta NUM001 de 26 de febrero de 2026 y Resolución Afecta NUM004 de 15 de abril de 2026, complementada por medio de Resolución Afecta NUM005 de 17 de abril de 2026 únicamente en lo que respecta a la recurrente, debiendo la autoridad emitir un nuevo pronunciamiento a su respecto dentro del plazo treinta días a contar del momento en que la presente sentencia quede ejecutoriada.

Acordada con el voto en contra del Ministro señor Corona quien estuvo por rechazar el recurso al estimar que no existe en la especie un acto ilegal o arbitrario, pues al haberse tramitado el sumario conforme a la normativa legal, existiendo posibilidad de defensa y de controvertir los hechos imputados, una vez establecido los cargos, como ocurrió en la especie, la determinación precisa de la medida a imponer es una decisión propia de la autoridad, no pudiendo extender la revisión que por esta vía se ha solicitado a través de esta acción a un análisis de mérito de la decisión, no siendo el recurso de protección, por su carácter cautelar y urgente, la vía idónea para resolver este tipo de controversias, especialmente cuando no se constata una actuación ilegal o arbitraria que amerite su acogimiento.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redactada por el Ministro suplente señor Rodrigo Patricio Díaz Figueroa.

Rol N°902-2026 (Protección).-