Protección contra Hospital San Juan de Dios de La Serena

nombre reservado, nombre reservado

Servicio Salud Coquimbo Recurso de Protección Rol N° 902-2019.- La Serena, veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que ha comparecido don nombre reservado, cédula de identidad RUT reservado, Fonoaudiólogo, domiciliado en domicilio reservado, quien ha nombre reservado en contra del Hospital San Juan de Dios de La Serena.

Fundando el recurso sostiene que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 20 de la Constitución Política de la República y del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, deduce acción de protección en contra del Servicio Salud Coquimbo, representado legalmente por don nombre reservado, cédula de identidad RUT reservado; Dr. nombre reservado, Director de servicio, cédula de identidad RUT reservado; Dra. nombre reservado, Directora de Policlínico, cédula de identidad RUT reservado; Sra. nombre reservado, Coordinadora de Relación Asistencial Docente) ;y doña nombre reservado, Fonoaudióloga del Servicio de Medicina, cédula de identidad RUT reservado, todos con domicilio en domicilio reservado.

El recurrente en su presentación indica haberse desempeñado en funciones de Tutor de Campo Clínico del área de Salud del Instituto Profesional de Chile, la que debió cumplir en el Hospital San Juan de Dios de La Serena, esto como parte de un Convenio Asistencial Docente entre ambas instituciones, por lo que éste fue contratado por el centro educacional para realizar las funciones señaladas , especialmente, en labores de supervisión y evaluación de actividades de los alumnos durante su pre-clínica e internado entre otras funciones y que se indicaban en el mencionado contrato. En atención con esto el recurrente pasó a prestar servicios para el Instituto Profesional de Chile en el Policlínico de Neurología del Hospital de La Serena de manera ininterrumpida desde el mes de mayo del año 2018. Al respecto, indica en su nombre reservado que transcurrido un año de haber comenzado a prestar servicios éste empezó a tener una tensa relación laboral con una de las funcionarias del Hospital, doña nombre reservado, Fonoaudióloga del Servicio de Medicina, situación que se habría iniciado a contar del 10 de mayo del año en curso, luego de que ésta dispusiera un cambio en sus funciones, trasladándolo de un área a otra en razón a dificultades técnicas con otra funcionaria, indicando el actor que “durante el tiempo que estuvo en dicha área del Hospital, recibió malos tratos por parte de doña nombre reservado” (nombre reservado), lo que se materializó, a decir de éste, en modificaciones de horarios, esquema de trabajo así como la reducción en cuanto a la duración de la atención en el Policlínico por paciente (de 45 a 30 minutos), eso sí, todas medidas dispuestas por indicación de la autoridad hospitalaria.

Tales decisiones fueron a juicio de don nombre reservado las que desencadenaron conflictos con los funcionarios mencionados, ya que expresa que tales medidas se hicieron sin ningún tipo de consulta previa a las autoridades del Instituto Profesional de Chile, transgrediendo, a decir del actor, gravemente el conducto regular y la orgánica funcional prevista para estos casos; por ello es que éste hizo presente y por escrito las situaciones mencionadas ante las autoridades del hospital, así como del Instituto Profesional. En razón de lo anterior, su empleador citó a una reunión con la directiva del hospital a fin de tratar lo indicado por el recurrente, cuestión que se verificó el miércoles 19 del mes de junio de 2019 de la que fueron parte doña nombre reservado, Coordinadora de Relación Asistencial Docente (RAD) y los directores de las carreras de Terapia Ocupacional, Fonoaudiología, Nutrición, entre otros, resolviéndose que se enmendaría la situación denunciada, sin embargo en la misma instancia, se plantearon acusaciones en contra suya, por lo que en virtud de ello, el nosocomio decidió suspenderlo de sus funciones. Acusaciones que califica como falsas debido a que éstas se sostenían en “ningún tipo de prueba, además, de haberse acogido sin haber conversado con él, negándole –según sus dichos- el derecho a defenderse. Agrega que recién el día viernes 21 de junio tomó conocimiento de la decisión del hospital, siendo informado de ello por sus empleadores, y que según expresa fue hecho sin ningún tipo de carta ni documento formal que diera cuenta de la situación y pruebas en su contra, agregando que la decisión él hospital de suspenderlo implicó, además, que él no podía acercarse al hospital.

Expresa que a consecuencia de los hechos descritos sufrió un deterioro en su salud mental y física, siéndole prescrito medicamentos para ello, debido a que el médico tratante constató que éste presentaba un cuadro de “Estrés grave adaptativo de origen laboral, y Neurosis laboral", con indicativo de farmacoterapia y derivación a psicólogo.

Finalmente, expresa que fue citado con fecha 28 de junio, a las 12.00 horas, siendo informado que el hospital había emitido un informe en el que se daba a conocer las razones que determinaron suspenderlo de sus funciones, las que básicamente versaban, en la "actitud que había tenido ante las personas mencionadas generando un mal clima de trabajo en equipo". Constituyendo ésta la razón del porqué de las medidas y resoluciones dispuestas para el efecto.

Como consecuencia de lo expuesto y en base a los hechos descritos se dispuso por parte del Instituto Profesional de Chile su desvinculación de esta institución dando término anticipado a su contrato.

Acompaña los documentos fundantes de sus prestaciones.

SEGUNDO: Que el recurrente funda el Recurso de Protección conforme a lo dispuesto en el Art. 19, números 1, 2, 3 e inciso segundo e inciso quinto; además del Articulo 19 números 14 y 16, ya que se le ha privado del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, de la igualdad ante la ley, del derecho al debido proceso, a ser informado de la acusación en su contra, a no ser juzgado por comisiones especiales, al derecho de petición y a la libertad de trabajo. Solicita se deje sin efectos las medidas vulneratorias ya indicadas y la consiguiente desvinculación en su contra permitiéndole volver a sus funciones y la recurrida le envíe una carta de disculpas.

TERCERO: Que informando los recurridos nombre reservado y nombre reservado, señalan en primer término que el presente recurso no es la vía idónea para resolver la controversia, ya que las situaciones expuestas por el recurrente deben ser discutidas en un juicio de lato conocimiento puesto que éstas fueron controvertidas por el hospital, lo cual implica determinar si ocurrieron efectivamente como se relatan, por lo anterior, tampoco se puede afirmar que los derechos invocados tengan un carácter indubitado. Señalan que tampoco el recurrente interpuso la acción en contra de su empleador (IP Chile), no existiendo vínculo alguno con el académico, conforme lo estipulan las clausulas décimo segunda y décimo cuarta del convenio respectivo.

En todo caso, expresan que ellos actuaron dentro de sus facultades de acuerdo al referido convenio con IP Chile puesto que el señor nombre reservado estuvo de acuerdo, en principio, que modificaran su agenda de apoyo a los pacientes hospitalizados y que luego abandonó sus labores y se llevó documentos clínicos de pacientes.

Por todo lo cual estiman que nunca se le ha agredido ni física ni psíquicamente, se respetaron las normas establecidas en el convenio, no se le ha privado de su derecho a ejercer libremente un trabajo ni tampoco ha sido juzgado por comisiones especiales. Respecto de los otros derechos invocados por el recurrente, señalan que no están tutelados por la acción de protección de garantías constitucionales.

CUARTO: Que informado el Hospital de La Serena, doña nombre reservado y doña nombre reservado expresan que solicitan el rechazo del recurso en todas sus partes por cuanto el recurrente debió accionar en contra de sus empleadores, el IP Chile, ya que lo que pretende es que se declare injustificado su despido, lo cual es materia de índole laboral; que la relación entre dicho instituto profesional y el hospital es un proceso de interacción entre docentes, estudiantes y el establecimiento asistencial recurrido; que todo el problema se suscitó por cuanto el recurrente fue trasladado desde la unidad de neurología a la unidad de medicina, ante lo cual no puso ningún inconveniente, al principio; que en su desempeño ha tenido diversas falencias tales como dificultad para desarrollar funciones, escasa vinculación comunicacional, retrasos en la asistencia, discrepancia en los horarios de atención y abandono de deberes; por lo que no puede estimarse que estuviese cumpliendo adecuadamente sus funciones.

Así las cosas, señalan que el día 18 de junio de 2019 se realizó una reunión con ambos representantes del IP Chile, en la cual se decidió suspenderlo de sus funciones, a solicitud de doña nombre reservado, que fue su única participación en los hechos investigados.

Agrega que no es posible efectuarle un proceso sumarial, por cuanto no tiene la calidad de empleado público y por lo tanto carece de responsabilidad administrativa. Que no se le ha prohibido el ingreso al hospital, ya que la decisión adoptada de separación de funciones obedece exclusivamente a una facultad, otorgada por convenio a ambas instituciones, en el sentido de restringir el acceso al campo clínico.

Por todo lo cual, estiman no se ha producido un acto ilegal o arbitrario, no ha existido hostigamiento ni se le han realizado acusaciones falsas por medio de una “comisión incriminatoria” recalcando que las dificultades o problemas que se generen en el presente convenio, de conformidad con lo estipulado en su cláusula vigésimo tercera, serán discutidas en comisión mixta, que fue quien en definitiva suspendió de funciones al recurrente.

En consecuencia, estiman no se ha vulnerado ninguna de las garantías constitucionales invocadas.

Acompañan documentos que avalan sus descargos.

QUINTO: Que el nombre reservado de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEXTO: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SÉPTIMO: Que del tenor del escrito del recurso presentado se desprende inequívocamente que las materias debatidas no se corresponden con la existencia de derechos indubitados del recurrente, promovidas por éste a través de la acción de protección de ellas, ya que el objeto en donde descansan los hechos descritos están más bien sujetos a estatutos jurídicos de índole civil o laboral que constituye la sede donde deben ser deducidas.

Lo anterior, se concluye porque la acción de protección no es la vía idónea para resolver la naturaleza de esta controversia, cuestión que se recoge de la lectura del petitorio del escrito del recurso, el que no se condice con lo que dispone el Artículo 20 de la Constitución Política, debido a que su naturaleza es asegurar el respeto y restablecimiento de los derechos fundamentales que hayan sido conculcados y de esta manera reponer el imperio del derecho que garanticen y aseguren el pleno ejercicio de los mismos, cuando una persona sea víctima de una privación, perturbación o amenaza en el ejercicio de sus derechos individuales causadas por una acción u omisión arbitraria o ilegal y en este sentido la acción tutelar deducida en autos es más bien asimilable a la sede civil o laboral y no constitucional.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que SE RECHAZA el nombre reservado interpuesto en lo principal de fojas 1, por don nombre reservado en contra del Hospital San Juan de Dios de La Serena, representado por nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado y doña nombre reservado, sin costas.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante, Daniel Alvarez Soza.

Rol N° 902-2019 Protección.- Pronunciado por la Sala Extraordinaria de la Ilma. Corte de Apelaciones de La Serena, integrada por el Ministro suplente señor Juan Carlos Espinosa Rojas, el Fiscal Judicial señor nombre reservado, Abogado Integrante señor Daniel Alvarez Soza. (No firma el ministro señor Espinosa por encontrarse con feriado legal, sin perjuicio de haber asistido a la vista y acuerdo de la causa).- En La Serena, a veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.