nombre reservado con CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

nombre reservado, nombre reservado

Contraloría General de la República Recurso de protección Rol N°90-2026 La Serena, doce de marzo de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO:

Que, el dieciséis de enero del año en curso, comparece don nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, ex Director de Salud Municipal, domiciliado en domicilio reservado, por sí, interponiendo recurso de protección en contra de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por la emisión del Oficio N°6754/2026 de 13 de enero de 2026, que rechaza recurso extraordinario de revisión en contra del oficio N°E18134, de 2025, estimando que dicho acto vulneraría sus derechos fundamentales garantizados en los numerales 1, 2, 3 inciso 6° y 14 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Alega que, el acto impugnado valida la abstención de la Contraloría de pronunciarse contenida en el Oficio E183839/2022, ratificada por el Oficio E405638/2023; además, se niega ejercer el control de la legalidad de los Decretos Exentos N°1511 y N°1834, ambos del 2021, que le aplicaron la sanción de destitución, lo anterior fundada en que los tribunales de justicia ya se pronunciaron sobre la legalidad del procedimiento administrativo citando la sentencia Rit T-1-2021, lo que señala ser falso.

Expone que, fue notificado el 1 de octubre de 2021 del Decreto Exento N°1834 de 28 de septiembre de ese mismo año, dictado por la Ilustre Municipalidad de Río Hurtado, la que rechaza su reposición y confirma la sanción de destitución aplicada por Decreto Exento N°1511 del 6 de agosto de 2021, quedando así destituido de su cargo de Director del Departamento de Salud de la Municipalidad referida. Añade que, en octubre de 2021 presentó ante la recurrida un reclamo de ilegalidad según lo dispuesto en el artículo 156 de la Ley N°18.883, en contra de los Decretos Exentos N°1511 y 1834, fundado en vicios de nulidad, como incompetencia absoluta del fiscal instructor, notificación extemporánea del inicio del sumario, conflictos de interés no resueltos, transformación arbitraria de los cargos, denegación sistemática de prueba, omisión de circunstancias atenuantes, y ruptura del secreto sumarial. Prosigue relatando, que el 11 de marzo de 2022 la Contraloría resolvió por medio del Oficio E183839/2022 abstenerse de emitir pronunciamiento sobre su reclamo, invocando el artículo 6 inciso tercero de la Ley N°10.336, señalando que existía una causa judicial pendiente ante el Juzgado de Letras de Ovalle, causa RIT T-l-2021, por tutela laboral de derechos fundamentales, y que, por tanto, el asunto tendría "carácter litigioso". Alega que lo anterior lo dejó en indefensión, pues la recurrida se negó a ejercer sus funciones alegando existencia de un proceso cuyo objeto no fue revisar la legalidad de los decretos impugnados.

Señala que, durante los años 2021 a 2025 presentó múltiples peticiones ante la Contraloría, solicitando la revisión de la legalidad de los decretos fundado en que: a) La figura del "asunto litigioso" no se configuraba en el caso concreto, por cuanto el proceso de tutela laboral no había tenido como objeto revisar la legalidad de los decretos administrativos; b) El artículo 156 de la Ley N°18.883 establece un mandato imperativo sin excepciones para la recurrida, que es resolver el reclamo de ilegalidad; c) Que el solo hecho de tratarse de aspectos susceptibles de ser debatidos en sede judicial no constituye un fundamento para atribuirle necesariamente tal carácter, en definitiva toda cuestión puede ser objeto eventualmente de discusión en el ámbito jurisdiccional; y d) Ningún tribunal ha revisado, ni se ha pronunciado sobre la legalidad de los actos administrativos impugnados. Indica que, todas las peticiones fueron desestimadas por Ente Controlador, manteniendo su postura de abstenerse, sin señalar cómo se configuraría el asunto litigioso.

Refiere que, el 7 de agosto de 2023, en respuesta a una solicitud de información realizada a la recurrida, esta emitió el Oficio E377783/2023, mediante el cual certificó que "el decreto que aplica al recurrente la sanción de destitución no fue sometido al referido trámite de toma de razón, como quiera que se trata de un acto exento, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 53 de la ley N°18.695". Arguye que, aun estando exento de toma de razón debe existir el registro electrónico en el contexto de los controles donde se remite al trámite de registro, que obliga a las municipalidades a llevar un registro de aquellos actos que no son materias de toma de razón, con el fin de estar a disposición de un control de reemplazo ulterior. Indica que, en su caso, su hoja funcionaria evidencia que la municipalidad no realizó registro, y fue el Ente Controlador que registró la destitución 4 meses después de fecha obligatoria, materia de responsabilidad de Municipalidad, de lo cual advierte una colaboración improcedente, que dista del deber fiscalizador que debió realizar con la municipalidad.

Añade que, el 27 de enero de 2025, la recurrida emitió el Oficio E13758/2025, mediante el cual certificó oficialmente que "esta Sede de Control no posee los antecedentes de ese procedimiento disciplinario". Luego el 12 de febrero de 2025 la Contraloría emitió una tercera certificación, indicando que los Decretos N°1511 y 1834 de 2021 no han sido sometidos al trámite de toma de razón.

Arguye que, mediante tres certificaciones la Contraloría reconoció expresamente que los decretos que aplicaron la sanción más grave del estatuto funcionario —la destitución— nunca fueron sometidos a ningún tipo de control de legalidad, lo cual alega ser grave, por cuanto la propia Resolución N°6 de dos mil diecinueve de la Contraloría General de la República aplicable en ese entonces, en su artículo 11 N°6, establece que "están afectos al trámite de toma de razón los decretos y resoluciones que se pronuncien sobre medidas disciplinarias expulsivas del personal de las municipalidades y corporaciones municipales". Indica que, lo anterior demuestra la arbitrariedad e ilegalidad en el actuar de la Contraloría.

Indica que, el 22 de marzo de 2025, habiendo agotado todas las vías ordinarias de petición, presentó ante la Contraloría General de la República, División Jurídica, Santiago, recurso extraordinario de revisión, en virtud de lo dispuesto en los artículos 53 y 60 de la Ley N°19.880, solicitando la revisión del Oficio E405638/2023, el que había ratificado la abstención de la Contraloría Regional de Coquimbo, fundado en: a) Que la abstención se basó en la afirmación de que "el tribunal se pronunció sobre la legalidad del procedimiento disciplinario", afirmación falsa según consta en la prueba documental; b) Que la abstención prolongada sin fundamento suficiente constituye una grave irregularidad en el ejercicio de la función pública; c) Que las certificaciones oficiales de la propia Contraloría reconocen que los decretos nunca fueron controlados; d) Que los informes en que se basó la abstención contenían conclusiones erróneas sobre el alcance de la sentencia de tutela laboral; todo lo cual desarrolló en un escrito de más de cien hojas, en el cual demostró que la abstención de la Contraloría carecía de fundamento legal, por cuanto el artículo 156 de la Ley N°18.883 establece un mandato imperativo sin excepciones, y que, no se configuraba el "asunto litigioso" establecido en el artículo 6° inciso tercero de la Ley N°10.336, por cuanto ningún tribunal había revisado la legalidad de los decretos administrativos impugnados; además, que el propio Dictamen N°42.597 de 2019 de la Contraloría establece que la abstención sólo procede cuando existe identidad de objeto entre el reclamo administrativo y el proceso judicial, situación que no se daba en el caso concreto, pues la tutela laboral tuvo por objeto obtener el cese de actos de hostigamiento laboral e indemnización por daño moral, no revisar la legalidad del sumario administrativo, y en su sentencia no se invocó norma alguna de derecho administrativo, fundándose exclusivamente en el Código del Trabajo y en garantías constitucionales de índole laboral; concluyendo que, la abstención prolongada más de 4 años, vulneraba el principio de confianza legítima y generaba un vacío absoluto de control de legalidad incompatible con el Estado de Derecho.

Señala que, el 13 de enero de 2026, la contraloría emitió pronunciamiento mediante Oficio 6754/2026, rechazando el recurso extraordinario de revisión, basándose en lo medular que el tribunal laboral ya se había pronunciado sobre el procedimiento disciplinario.

Se refiere a la conculcación de la garantía consagrada en el artículo 19 N°14 de la Carta Magna, pues este derecho no sólo exige una respuesta al administrado, sino que debe ser fundada y congruente, y por el contrario la recurrida se abstiene de emitir un pronunciamiento sobre la legalidad de la sanción de expulsión, habiendo demostrado que su actuar era ilegal desde el 2021, dando por tanto una respuesta evasiva que vulnera su derecho a una tramitación imparcial, infringiendo así mismo, el principio de la imparcialidad y probidad administrativa.

Se explaya en cuanto al objeto de la acción de tutela laboral interpuesta en el 2021, Rit T-1-2021, afirmando que en ninguna parte se solicitó la nulidad de los Decretos Alcaldicios N°1511 y N°1834, ambos del 2021 o la revisión de las ilegalidades del sumario administrativo en su contra, añade que, en la demanda de tutela se informó que el sumario administrativo se encontraba paralizado por orden de la Contraloría. Agrega que, a la fecha de interposición de la acción de tutela los Decretos N°1511 y N°1834 aun no eran dictados, y que en definitiva lo denunciado en sede judicial era la instrumentalización del sumario como forma de hostigamiento, pero no se solicitaba la revisión de su legalidad.

Sintetiza la sentencia dictada en sede laboral, concluyendo que fue rechazada su pretensión pues la jueza declaró que no existió una vulneración de derechos fundamentales, pues las acciones municipales se ampararon en una facultad legal del Alcalde, y que, el actor tuvo acceso a vías procesales, administrativas y judiciales, por lo que no se configuraba la indefensión alegada. Indica que, la jueza no realizó un control de legalidad material sobre los actos sancionatorios en sede administrativa, y que ordenó la revisión de vicios de legalidad del sumario y los decretos a las instancias correspondientes. Señala que, lo anterior demuestra que la sentencia de tutela no obstaculiza el deber de la recurrida, sino que refuerza la necesidad de que ejerza el control de juridicidad administrativa que el tribunal laboral omitió. Agrega que, la sentencia que rechaza su tutela laboral no invoca ninguna de norma del derecho administrativo, por tanto, la Contraloría no puede afirmar que el tribunal efectuó un análisis del procedimiento disciplinario.

Señala que la recurrida confunde dos funciones jurisdiccionales distintas, por una parte, las conductas de relaciones laborales, en la cual es competente para conocer el juzgado laboral respectivo, y por otra, el control de legalidad de los actos administrativos, lo cual es competencia de la Contraloría, competencia que no ha sido ejercida ni agotada judicialmente, no existiendo un asunto litigioso que impida a la Contraloría ejercer su función constitucional.

Expone múltiples contradicciones del oficio impugnado, primero que, ha certificado tres veces la recurrida que los Decretos N°1511 y N°1834 ambos del 2021, no han sido sometidos al trámite de toma de razón ni al examen de legalidad, existiendo la Resolución N°6 de 2019 de la Contraloría General de la República, artículo 11 N°6 aplicable en ese entonces, que establece expresamente que "están afectos al trámite de toma de razón los decretos y resoluciones que se pronuncien sobre medidas disciplinarias expulsivas del personal de las municipalidades y corporaciones municipales". Y segundo, ha incurrido en ilegalidad en abstenerse de pronunciamiento conforme el artículo 6, inciso tercero, de la Ley N°10.336, pues vulneró el principio de identidad de objeto, la cual no existía entre la acción de tutela y su reclamo de ilegalidad, atendido el Dictamen N°42.597 de 2019 de la propia recurrida. Agrega el Dictamen N°94.187 de 2014 y el artículo 156 de la Ley N°18.883, e invoca fallos de la Excma. Corte Suprema que acreditan su tesis, Rol 9.748-2025 y 8.887-2022. Concluye que el deber de abstención de la recurrida cesó al finalizar el juicio sin pronunciamiento de fondo sobre la legalidad del sumario.

Arguye que, la recurrida no puede excusarse en el transcurso del tiempo para no revisar la legalidad de los actos de destitución, ya que su rol es de control de juridicidad, el cual prevalece sobre las limitaciones temporales de la potestad invalidatoria de la autoridad que dictó el acto, por lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley N°19.880, confirmado por la Excma. Corte Suprema en fallo Rol 8.887-2022.

Indica vulnerada la garantía de igualdad ante la ley, pues la Excma. Corte Suprema concluyó que la privación del derecho a obtener una respuesta oportuna y de fondo por parte de la Contraloría constituye un acto ilegal y arbitrario que vulnera la referida garantía, pues dispensa en su contra un trato discriminatorio, en relación con otros casos en que sí controla la legalidad de los actos.

Comenta que, al abstenerse la Controlaría de emitir un pronunciamiento sobre la legalidad de los decretos impugnados, y los tribunales de justicia no controlan aquello por no ser de su competencia, el sistema constitucional de control queda vacío, lo que es contrario a un estado de derecho y lo dispuesto por los artículos 98 y 99 de la Constitución.

Arguye la conculcación de la garantía del artículo 19 N°3 inciso sexto de la Constitución, derecho al debido proceso, indicando que el sumario en su contra presenta vicios graves, que nunca han sido controlados y ha sido usado como prueba en procesos judiciales, como el Rol C-11-2022, en el cual fue condenado al pago de una suma de dinero. Indica que los decretos que no han sido controlados producen efectos negativos en su contra, y aunque ha interpuesto todos los recursos pertinentes para su debido control, no ha obtenido una respuesta de la recurrida.

Agrega como vulnerado su derecho a la vida y a la integridad psíquica, pues la abstención prolongada e injustificada de la Contraloría, más de 4 años, validada por el Oficio OF6754/2026, ha generado daño grave y documentado, siendo diagnosticado con trastorno adaptativo con síntomas mixtos de ansiedad y depresión, lo cual es consecuencia de la ausencia de su empleo.

Concluye solicitando: “1. Dejar sin efecto el Oficio OF6754/2026 de fecha 13 de enero de 2026, por validar una abstención contraria al deber constitucional y legal de control de legalidad; 2. Ordenar a la Contraloría General de la República ejercer inmediatamente el control de legalidad sobre los Decretos Exentos N°1511 y N°1834 de 2021, conforme al mandato imperativo del artículo 156 de la Ley N°18.883, los artículos 98 y 99 de la Constitución Política, y la doctrina de los Dictámenes N°42.597/2019 y N°94.187/2014 (que excluyen el concepto de asunto litigioso en este contexto); 3 Declarar que los Decretos Exentos N°1511 (06/08/2021) y N°1834 (28/09/2021) carecen de eficacia jurídica por no haber sido sometidos al control de legalidad obligatorio (toma de razón o registro) establecido en la Resolución N°6/2019, artículo 11 N°6 de la Contraloría, y suspender todos sus efectos hasta que la Contraloría General de la República ejerza el control omitido; y 4.- Ordenar a la Contraloría General de la República pronunciarse fundadamente en un plazo máximo de quince (15) días hábiles sobre la legalidad de los decretos impugnados.” (sic)

SEGUNDO: Que, a folio 19, el 13 de febrero de la presente anualidad, evacua informe la Contraloría General de la República, pidiendo que el recurso sea desestimado.

Precisa que, el oficio N°E18134, de 2025, de la Contraloría General, desestimó el requerimiento de efectuar una investigación en la Contraloría Regional de Coquimbo y de revisar el proceso sumarial que se instruyó en contra del recurrente por la Municipalidad de Río Hurtado, por el cual fue destituido mediante decreto alcaldicio N°1.834, de 2021, por encontrarse el asunto sometido al conocimiento de Tribunales de Justicia, específicamente ante el 1° Juzgado de Letras de Ovalle, causa RIT T-1-2021, ello en virtud de la prohibición establecida en el inciso tercero del artículo 6° de la Ley N°10.336; además, señala que se hizo presente al reclamante que, conforme a lo dispuesto en el artículo 53 de la ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, los actos administrativos municipales se encuentran exentos del trámite de toma de razón por parte de su Entidad de Control.

Se refiere a las presentaciones realizadas por el recurrente ante su Servicio, anteriores a los oficios E18134, de 2025 y OF6754, de 2026, indicando que a través del oficio N°E183839, de 2022, se abstuvo de emitir un pronunciamiento respecto del reclamo de ilegalidad formulado por el recurrente, en contra de la medida de destitución dispuesta por la Municipalidad de Río Hurtado a través del decreto alcaldicio N°1.834, de 2021, por cuanto la materia había sido sometida al conocimiento de los Tribunales de Justicia, en el marco de la mencionada causa RIT T-1-2021, del Primer Juzgado de Letras de Ovalle, en la cual se dictó sentencia el 21 de enero de 2022, y atendido que se encontraba en tramitación, a su respecto, un recurso de nulidad ante esta Corte. Frente a lo cual, señala que el recurrente presentó una reconsideración del oficio, pues a su juicio no procedía la abstención, lo cual fue rechazado mediante oficio N°E204881, de 2022, por cuanto la abstención cuya reconsideración requería, se efectuó en cumplimiento del artículo 6°, inciso tercero, de la Ley N°10.336, que previene que el Ente de Control no intervendrá ni informará asuntos que por su naturaleza sean propiamente de carácter litigioso, o que estén sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia.

Luego el actor solicitó a la Contraloría Regional la invalidación de los oficios E183839 y E204881, ambos del 2022, lo cual fue desestimado a través del oficio N°E405638, de 2023, por no invocarse vicios de ilegalidad que les afecten, además de rechazar su solicitud de tomar razón del decreto alcaldicio N°1.834, de 2021, de la Municipalidad de Río Hurtado, por encontrarse exento de dicho trámite, haciendo presente que de conformidad con los antecedentes que obran en el Sistema de información y Control del Personal de la Administración del Estado -SIAPER- el citado decreto N°1.834, de 2021, se encuentra registrado. Además, se precisó por la Contraloría Regional que, siendo los sumarios administrativos procedimientos reglados en los cuales no caben otros trámites o instancias que los previstos en la Ley N°18.883, y habiéndose pronunciado el 1° Juzgado de Letras de Ovalle sobre el sumario en cuestión, procedía abstenerse de informar sobre dicho procedimiento disciplinario que se encuentra afinado, por las razones expuestas en los cuestionados oficios E183839, y E204881, ambos del 2022.

En tal contexto referido, señala que, el recurrente presentó un recurso extraordinario de revisión, en virtud de lo dispuesto en los artículos 53 y 60 de la Ley N°19.880, solicitando la revisión del oficio E405.638, de 2023, que ratificó la abstención de la Contraloría Regional de Coquimbo, siendo rechazado a través del oficio N°OF6754, de 2026, por no configurarse las causales que establece el artículo 60 de la ley N°19.880, para la procedencia del recurso extraordinario de revisión.

Alega que, lo solicitado en el presente recurso excede la naturaleza cautelar de la acción de protección, pues se advierte que el actor, más que procurar la pronta cautela de un derecho constitucional, lo que busca, es que esta Corte se pronuncie sobre el alcance del citado artículo 6, inciso tercero, de la Ley N°10.336, esto es, si un asunto por su naturaleza tiene o no el carácter de litigioso y, luego, se deje sin efecto el oficio N°OF6754, de 13 de enero de 2026, y se le ordene ejercer el control de legalidad de los decretos exentos números 1.511 y 1.834, de 2021, de la Municipalidad de Río Hurtado, lo que, atendida la naturaleza de la acción cautelar de autos, excede su marco propio, distorsionando en definitiva el recurso de protección, por lo que debe desestimarse la acción.

Afirma que, el recurso de autos resulta improcedente si por su intermedio se pretende que la Contraloría General examine la legalidad del sumario administrativo que le aplicó la medida de destitución al actor, y que ejerza su potestad dictaminante respecto del sumario en cuestión, por cuanto importaría la revisión de un procedimiento disciplinario que ya fue conocido, revisado y analizado por los Tribunales de Justicia, pues los hechos esgrimidos en las diversas presentaciones que efectuó el señor nombre reservado guardaban relación directa con la causa judicial seguida ante el Primer Juzgado de Letras de Ovalle, en el marco de la causa RIT T-1-2021, entre otras, por lo que dio estricto cumplimiento al artículo 6° inciso tercero, de la ley N°10.336.

Añade que, sin perjuicio de su potestad controladora otorgada por ley, hay ciertos límites a esta, como la prohibición de dictaminar establecida por el artículo 6 inciso tercero de la Ley N°10.336, cuando señala que “La Contraloría no intervendrá ni informará los asuntos que por su naturaleza sean propiamente de carácter litigioso, o que estén sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia (...)”; indica que, en la especie concurren los supuestos de la norma referida atendido que el señor nombre reservado sometió en reiteradas oportunidades al conocimiento judicial, tanto los hechos investigados, como el procedimiento disciplinario que le afectaba, en primer término, ante el Primer Juzgado de Letras de Ovalle, en la causa RIT T-1-2021, caratulada “nombre reservado con Ilustre Municipalidad de Río Hurtado”, en la sentencia dictada el 21 de enero de 2022, habiendo tenido a la vista el proceso disciplinario que se impugna. Señala que, dicho fallo, en su considerando décimo, efectúa un análisis de los indicios presentados en la pretensión judicial, bajo la rúbrica “Sumario administrativo iniciado infundadamente por acoso sentimental”, en el cual se pronuncia sobre el sumario, indicando: “Que en relación a la instrucción del sumario ordenado por el Alcalde, sólo fue en cumplimiento del deber legal establecido en la ley N°18.883 (...). En este sumario, incluido en los antecedentes incorporados al juicio, el denunciante pudo plantear todas sus alegaciones, descargos, antecedentes, y paralelamente recurrir de todo lo que se resolvía, ante la Municipalidad, Contraloría y hacer presentaciones ante el Concejo Municipal.” Luego, en el considerando duodécimo, la referida sentencia señala “Que en los procesos e investigaciones de que ha sido parte el actor, es posible evidenciar que la prueba, especialmente de la documental acompañada por ambas partes, que el denunciante ha podido ejercer todos sus derechos, se ha defendido, y no existen ilegalidades que puedan imputarse a la denuncia que hayan carecido de justificación y fundamentación, y que puedan ser constitutivas de las vulneraciones que se denuncian”. Finalmente, en el señalado considerando, la sentencia agrega: “Que las determinaciones que se tomaron por parte especialmente del Alcalde (...), no pueden ser catalogadas como discriminatorias ni constituyen hostigamiento o represalia, encontrándose dentro de las facultades que la ley entrega a quienes las ejecutaron, llevándose en procedimientos transparentes y reglados”.

Prosigue relatando, que posteriormente, el reclamante interpuso un recurso de nulidad en contra de la referida sentencia, el cual fue rechazado por la Corte mediante sentencia del 17 de mayo de 2022, en la causa Rol N°32-2022. En particular, en su considerando séptimo se señala que, en el marco del sumario, “ha podido ejercer todos sus derechos, se ha defendido y no existen ilegalidades que puedan imputarse a la denunciada que carezcan de justificación y fundamentación, ni que resulten constitutivas de las vulneraciones denunciadas. Y que, si existió algún vicio, este fue oportunamente planteado por el afectado ante las instancias correspondientes mediante los recursos pertinentes”.

Continúa refiriéndose a las judicializaciones del caso del recurrente, indicando la causa Rol C-571-2022, tramitada ante el Tercer Juzgado de Letras de Ovalle, en la cual el reclamante solicitó como medida precautoria innominada la suspensión de los efectos del decreto alcaldicio que dispuso su destitución. Sin embargo, dicha solicitud fue rechazada, y confirmada por la Corte en sentencia de 6 de enero de 2023 bajo Rol N°1.395-2022. Luego, el recurso de casación presentado en contra de la misma fue declarado inadmisible el 3 de febrero de 2023, por la Excma. Corte Suprema. Y finalmente, en la causa RIT N°1.624-2021, seguida ante el Juzgado de Garantía de Ovalle y caratulada “nombre reservado con nombre reservado”, el interesado volvió a someter a conocimiento judicial los hechos investigados en el sumario antes referido, mediante la interposición de una querella por injurias. En la sentencia dictada el 17 de noviembre de 2021, en su considerando décimo, da cuenta del proceso disciplinario sometido a su conocimiento y concluye, en su considerando décimo quinto, que la publicación de dicho procedimiento en el Portal de Transparencia del municipio no constituye la comisión de un delito, sino el cumplimiento de la normativa por parte de la entidad edilicia.

Indica que falta el emplazamiento de la Municipalidad de Río Hurtado, pues fue aquella la que dictó los decretos números 1511 y 1834, aplicando medida disciplinaria de destitución, por corresponderle el ejercicio de la potestad disciplinaria sobre el actor, y en el presente recurso solo se recurrió en contra del Ente Controlador, por lo que, cualquier determinación que incida en el sumario que afectó al actor, sin el previo emplazamiento de la Municipalidad Río Hurtado, vulnera el derecho a defensa de dicha entidad, puesto que se refiere a actuaciones que le son propias, como quiera que lo pretendido por el actor es obtener el pronunciamiento de legalidad de la Entidad de Control respecto de los decretos dictados en dicha entidad edilicia que podría en definitiva, dejar sin efecto el proceso disciplinario, lo que también podría acarrear consecuencias pecuniarias para esa entidad.

Afirma que, no existe ilegalidad en su actuar, en la dictación del oficio N°OF6754, de 13 de enero de 2026, que rechazó el recurso extraordinario de revisión que interpuso en contra del oficio N°E18134, de 2025, de igual origen, pues se limitó a ejercer las competencias que le han sido asignadas en virtud de los artículos 6°, 7° y 98 de la Constitución Política de la República, y 1°, 5°, 6° y 9° de la Ley N°10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, por lo que la actuación recurrida se ha emitido con estricto apego y respeto al ordenamiento jurídico sustantivo que regula la materia. Añade que, tampoco resulta arbitraria su actuar, ya que el oficio N°OF6754, de 2026, no obedeció a una conducta antojadiza o contraria a la razón, sino que fue expedido precisamente en cumplimiento del mandato constitucional y legal puntualizado, en base al estudio de los antecedentes, de la interpretación de la normativa vigente sobre la materia y en el ejercicio de una actuación legítima del Organismo Contralor llevada a cabo en uso de sus facultades y dentro del marco jurídico que reglamenta sus atribuciones.

Finaliza solicitando el rechazo del recurso.

TERCERO: Que a folio 26 el 24 de febrero pasado, agregado el recurso para su vista y fallo, se ordena trámite previo a su vista, solicitando informe a la Ilustre Municipalidad de Río Hurtado, el cual es evacuado a folio 30, y expone, que los decretos alcaldicios N°1511 de 6 de agosto de 2021 y 1834 de 28 de septiembre de 2021, pertenecen al sumario administrativo ordenado por Decreto Alcaldicio N°3.974 de 24 de diciembre de 2019, donde se aplica la sanción de destitución al Sr. nombre reservado, y en el segundo decreto ratifica la sanción, donde se le sancionó por infracciones graves al principio de probidad administrativa, como lo indica el Decreto N°1834/2021.

Pide considerar que el recurrente ha tratado de forma desmedida cambiar la decisión de destitución, por medio de diversas acciones judiciales en las que ha reclamado y cuyas peticiones han sido rechazadas, donde incluso hasta la Excma. Corte Suprema se ha pronunciado; agrega a su informe una tabla donde individualiza rol, tribunal, partes y resultado del procedimiento, concluyendo que las respuestas remitidas por la Contraloría General de la República y la Contraloría Regional de Coquimbo se hacen con base en lo establecido en la legislación vigente, y a los principios que rigen la administración pública, además de los diversos fallos de los Tribunales.

Afirma que, a la presente data, el proceso disciplinario se encuentra firme y ejecutoriado, respecto de lo cual se ha referido la Contraloría en múltiples dictámenes, que han sido respondidos directamente al Sr. nombre reservado, y él no estando conforme ha presentado recursos de protección, los que han sido rechazados por esta Corte.

Refiere que, concuerda plenamente con el informe que ha remitido la Contraloría General de La República, en cuanto: a) El sumario administrativo fue dictado por el Alcalde luego de una denuncia por amenazas y acosado sexual laboral, por lo que, al no ser instruido por la Contraloría General, este proceso queda exento de toma de razón; b) Que, el sumario administrativo fue acompañado, no solo en una causa judicial (T-1-2021 del Primer Juzgado de Letras de Ovalle), sino que incluso fue exhibido en una causa penal debido a una querella presentada por el Sr. nombre reservado; c) Que, el Sr. nombre reservado ha realizado innumerablemente presentaciones al Municipio, Contraloría General de la República y Contraloría Regional de Coquimbo, además de los diversos tribunales, donde siempre se le ha dado respuesta, pero que no son de su agrado, porque estas han sido rechazadas, pues no existen hechos que cambien los presupuestos que fueron comprobados en el expediente sumarial; d) Que, el recurso presentado versa sobre los mismos hechos que ya fueron resueltos en los años 2022, 2023, 2025 e incluso 2026, por lo que, usando su derecho a reclamar administrativamente ante la Contraloría General, abre una instancia para presentar un nuevo recurso de protección sobre los mismos hechos; y e) Lo anterior, igualmente ocurre ante el Municipio, donde el Sr. nombre reservado cada cierto tiempo realiza una presentación solicitando al Concejo Municipal que oficie a la Contraloría Regional para que revise estos decretos (1.511 y 1.834, ambos de 2021).

Alega que, por lo expuesto el recurso es improcedente, pues la acción de protección es un mecanismo de emergencia, rápido y eficaz frente a violaciones o atropellos flagrantes de determinados derechos fundamentales, sin embargo, reitera que los hechos que le dan origen a la presentación del Sr. nombre reservado, ya fueron resueltos en las causas de Protección Roles: 2298-2023, 118-2025, 278-2025 y 474-2025, además en la causa Civil Rol N°1395-2025, todas de esta Corte, y las causas Roles: 13.220-2023, 793-2024 y 6529-2025, todas de la Excma. Corte Suprema. Pide en definitiva el rechazo del recurso.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo primero del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que, lo alegado por presente arbitrio es lo resuelto por el Ente Controlador mediante Oficio N°6754/2026 de 13 de enero pasado, la que declara improcedente su recurso extraordinario de revisión del Oficio N°E18134 de 2025, rechaza denuncia contra la Contraloría Regional por resolución contenida en Oficio E405638/2023. Indica que la Contraloría por medio del acto impugnado valida la abstención de pronunciarse contenida en el Oficio E183839/2022, ratificada por el Oficio E405638/2023; además, se niega ejercer el control de la legalidad de los Decretos Exentos N°1511 y N°1834, ambos del 2021, que le aplicaron la sanción de destitución, lo anterior fundada en que los tribunales de justicia ya se pronunciaron sobre la legalidad del procedimiento administrativo citando la sentencia Rit T-1-2021, lo que señala ser falso, y vulneratorio de sus garantías constitucionales.

SÉPTIMO: Que, en cuanto al actuar del órgano contralor, cabe tener presente que, el Dictamen N°6754/2026 de 13 de enero pasado, de la Contraloría General de la República, concluye en lo medular, luego de una extensa ponderación que: “..atendido que el oficio E18134, de 2025, de la Contraloría General, se ajustó a derecho y que no concurren los requisitos establecidos por alguno de los literales del artículo 60 de la citada ley N°19.880 para la procedencia del recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor nombre reservado, se rechaza su pretensión.”.

OCTAVO: Que, debe tenerse presente que el recurso interpuesto ante la recurrida se encuentra regulado por el artículo 60 de la Ley N°19.880, el cual señala en su inciso 1° y final lo siguiente: “En contra de los actos administrativos firmes podrá interponerse el recurso de revisión ante el superior jerárquico, si lo hubiere o, en su defecto, ante la autoridad que lo hubiere dictado, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que la resolución se hubiere dictado sin el debido emplazamiento;

b) Que, al dictarlo, se hubiere incurrido en manifiesto error de hecho y que éste haya sido determinante para la decisión adoptada, o que aparecieren documentos de valor esencial para la resolución del asunto, ignorados al dictarse el acto o que no haya sido posible acompañarlos al expediente administrativo en aquel momento;

c) Que por sentencia ejecutoriada se haya declarado que el acto se dictó como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta, y d) Que en la resolución hayan influido de modo esencial documentos o testimonios declarados falsos por sentencia ejecutoriada posterior a aquella resolución, o que siendo anterior, no hubiese sido conocida oportunamente por el interesado.”.

Que, frente al escenario anterior, y de la simple lectura de lo alegado por el recurrente, se desprende que lo pretendido no se enmarca en ninguna de las causales recién referidas, por lo que no se advierte arbitrariedad, ni menos ilegalidad, pues fue dictada por autoridad competente dentro de la esfera de sus facultades legales.

NOVENO: Que, de la simple lectura del petitorio del recurso en lo relativo al actuar de la Contraloría, aparece que lo pretendido también excede la naturaleza cautelar de la acción de protección, cual es, proteger un derecho indubitado, garantizado constitucionalmente, que se encuentre en peligro o lesionado, y que no existan cuestionamientos sobre puntos de interpretación jurídica, ya que ello implica reconocerlo como instancia de declaración de derechos, o en que es posible discutir acerca del correcto sentido y alcance que debe darse a ciertos preceptos legales.

DÉCIMO: Que, además de lo ya razonado, considerando que el recurso en análisis se dirige en contra del Oficio N°6754/2026 de trece de enero en curso, mediante el cual se rechazó el recurso extraordinario intentado en contra del Oficio N°E18134, basta dar lectura a los Decretos Alcaldicios N°1511 y 1834 ambos del 2021, mediante los cuales se impuso la destitución del actor, para advertir que el acto recurrido simplemente dio respuesta a un nuevo intento del actor para revertir la decisión, ejecutoriada hace tiempo atrás.

Aquella decisión -el acto recurrido- emana de autoridad competente y lo hace en el marco de sus funciones, como ya se señaló, por lo que no se comparte la tesis del recurrente en orden a desprender de ellos la ilegalidad o arbitrariedad, requisitos esenciales en este tipo de acciones constitucionales. En efecto, mediante esta vía no es posible conocer el mérito de lo resuelto por el órgano competente, sino su apego a la ley y entregando fundamentos suficientes. Al respecto, el mismo recurrente reconoce la competencia del órgano, desde que es a él ante quien recurre iniciando la vía extraordinaria y, de la lectura de la decisión, en ella se contienen los argumentos que la hacen comprensible, completa y clara.

En otro argumento, las garantías vulneradas no son tales, desde que el trato prodigado al actor ha sido el genérico que se otorga a cualquier persona que requiera el pronunciamiento sobre un asunto que lo aqueja, sin que las decisiones impugnadas se transformen en ilegales solo porque no responden a los intereses de quien las formula.

Por ello, no queda más que rechazar esta acción no sin antes condenar en costas al actor, desde que ese recurso se erige como una nueva vía para revertir la decisión de destitución, lo que no sólo resulta improcedente, sino que aquella ha pasado por la revisión de múltiples organismos, cada uno de los cuales intervino en el marco de sus competencias haciéndose cargo de las acciones intentadas por el sujeto.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, con costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Contraloría General de la República.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°90-2026 Protección