nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES DE CHILE

nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones Recurso de protección Rol N°898-2026 La Serena, dos de junio de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, a folio 1, don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de doña nombre reservado, empleada, peruana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, deduce recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado por don nombre reservado, ingeniero, con domicilio en domicilio reservado, por la omisión ilegal y arbitraria en la emisión de la resolución exenta que pone fin al procedimiento administrativo aprobando o rechazando la solicitud de residencia definitiva, efectuada el 15 de mayo de 2025, vulnerando el principio de igualdad ante la ley preceptuado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Indica que la recurrente ingresa al país en calidad de turista, cambiando su condición migratoria a residente por visa temporaria otorgada, solicitando el 15 de mayo de 2025 el beneficio de residencia definitiva, realizando el pago de los derechos en tiempo y forma, habiendo transcurrido, a la fecha de interposición del recurso, 1 año sin que la autoridad administrativa se haya pronunciado al respecto.

Añade que al no contar con cédula de identidad vigente se ha visto privada de realizar diversos trámites.

Continúa citando fundamentos de derecho y jurisprudencia relativa a los plazos y a la dilación indebida en la tramitación de los actos administrativos.

Concluye solicitando se acoja el recurso de protección y se ordene al recurrido que se pronuncie sobre la solicitud de residencia definitiva dentro de un plazo de 60 días, o el plazo que se estime pertinente conforme al mérito de autos, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que, a folio a folio 4, don Roberto Ignacio Castillo Toro, abogado, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, evacúa el informe, solicitando el rechazo de la acción de protección, indicando que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, debiendo ser considerada como improcedente, al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal, que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

En cuanto a los antecedentes de hecho, señala que la recurrente solicitó el 14 de mayo de 2025 el beneficio de permanencia definitiva, mediante solicitud ID N° 73260324, al respecto, el 11 de junio de 2025, se le notificó la solicitud de pago de derechos y documentos adicionales – acreditar sustento económico a través de contrato de trabajo y anexos, legalizado y autorizado por notario – encontrándose actualmente en etapa de solicitud de documentos adicionales, desde el 16 de abril de 2026, fecha en la cual se le solicitó adjuntar certificado de viajes emitido por Policía Internacional que acredite las entradas y salidas entre el 26 de julio de 2023 y el 26 de julio de 2025.

Prosigue señalando antecedentes de derecho relativos al beneficio de permanencia definitiva y a la extensión del procedimiento administrativo, aludiendo al alto número de solicitudes que han sido recepcionadas por el Servicio e indicando que el plazo de 6 meses no corresponde a un plazo fatal, citando jurisprudencia al respecto.

Añade que actualmente la solicitud de la recurrente se encuentra en trámite, lo que le permite acceder a un certificado que acredita tal situación, manteniendo una regular situación migratoria, pudiendo entrar y salir del país sin limitaciones, por lo que se descarta cualquier vulneración de sus garantías fundamentales por el mero hecho de que su solicitud no se encuentra resuelta.

Concluye solicitando el rechazo del recurso de protección, así como la condena en costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, la presente acción constitucional se dirige en contra del Servicio Nacional de Migraciones por la omisión en la dictación del acto terminal que se pronuncie respecto de la solicitud de residencia definitiva formulada por la recurrente el 15 de mayo de 2025. Al respecto, el recurrido señaló que la solicitud de la recurrente se encuentra en tramitación, actualmente en etapa de solicitud de documentos adicionales, desde el 16 de abril de 2026.

SEXTO: Que, a juicio de esta Corte el sólo retardo en la tramitación de la solicitud del recurrente no llega a constituir una vulneración a la igualdad ante la ley, considerando para sostener aquello que existe un gran número de personas cuyas solicitudes se encuentran en espera de ser resueltas, al igual que la de la recurrente, y que, de acogerse el recurso, se otorgaría a la parte recurrente una preferencia que, paradojalmente, si atentaría contra el igual trato de la ley respecto de los demás postulantes. Así se estima que la entidad del beneficio que se pretende requiere de la autoridad administrativa un acucioso estudio de los antecedentes, por lo que el supuesto retardo que se reclama no es otra cosa que la utilización del tiempo necesario que se requiere para resolver adecuadamente tan trascendente asunto.

SÉPTIMO: Que, de esta manera, atendido el mérito de los antecedentes, no se vislumbra en la tramitación del procedimiento algún acto u omisión que pueda calificarse como ilegal o arbitrario y que conculque la garantía constitucional de la igualdad ante la ley invocada, que requiera de la adopción de una medida cautelar de urgencia como la que se pretende, sobre todo, considerando que la solicitud fue presentada en mayo de 2025, encontrándose actualmente en tramitación, en etapa de solicitud de documentos adicionales desde el 16 de abril del año en curso, los cuales, a la fecha de evacuar el informe por el recurrido, no habían sido acompañados, no resultando procedente considerar los documentos que en esta sede acompaña el recurrente en orden a dar cumplimiento a lo solicitado por el Servicio, por lo que la acción intentada se rechazará conforme se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Comuníquese, regístrese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°898-2026 Protección.