Protección contra Sociedad Educacional nombre reservado

nombre reservado

Sociedad Educacional nombre reservado

Recurso de protección Rol N°897-2026.- La Serena, treinta de junio de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado, en favor de su hija nombre reservado deduciendo recurso de protección en contra de la Sociedad Educacional nombre reservado, sostenedora del Colegio nombre reservado, reprochando la resolución de expulsión de 15 de abril pasado y la resolución final de 29 de abril del presente año que confirmó la medida, lo que conculca los derechos consagrados en el artículo 19 N°2, N°3, N°4 y N°10 de la Constitución Política de la República.

Expone que su hija fue objeto de hostigamiento sostenido, sistemático y progresivo por parte de una compañera, circunstancia que se extendió por aproximadamente nueve meses y que fue debidamente comunicada al establecimiento educacional sin que se hayan adoptado medidas preventivas eficaces.

Refiere que el 30 de marzo del presente año, oportunidad en que ocurrió el incidente que motivó la expulsión, la hija de la actora nuevamente sufrió provocaciones por parte de su compañera, por lo que sufrió un colapso emocional severo que derivó en una agresión física hacia ella.

Menciona que se inició un procedimiento sancionatorio en el que se aplicó la medida cautelar de suspensión y, finalmente, la expulsión, decisión que fue confirmada al conocer la recurrida respecto de la reconsideración peticionada.

Reprocha que la Directora de la recurrida sea pariente de la otra alumna, lo que no observa el principio de imparcialidad, a pesar de que el procedimiento fue sustanciado por otro funcionario.

Afirma que la recurrida no sólo falló en su deber de protección respecto de su hija como víctima de acoso, sino que se aprovecha de las consecuencias de su propia negligencia para fundar la sanción más grave contemplada en el reglamento, tornándose desproporcionada la sanción aplicada y carente de gradualidad.

Indica que, si bien actualmente se encuentra matriculada en otro establecimiento, el registro oficial de la expulsión persiste, lo que pudiere afectar su honra frente a futuros establecimientos educacionales, entidades de admisión universitaria o cualquier institución que requiera sus antecedentes académicos.

Por tales motivos, solicita se ordene a la recurrida dejar sin efecto la resolución de expulsión de 15 de abril de 2026 y la resolución final de 29 de abril del mismo año que la confirmó; que modifique los registros académicos de nombre reservado, eliminando la expulsión como causal de egreso del establecimiento, reemplazándola por retiro voluntario o término del contrato educacional, sin mención a procedimiento disciplinario alguno; que emita la totalidad de la documentación académica, esto es, certificados de notas, certificado de matrícula, informe de personalidad y cualquier otro documento sin mención alguna a la expulsión ni al procedimiento disciplinario; que oficie a la Superintendencia de Educación para que proceda a eliminar o rectificar el expediente de expulsión de la alumna de sus registros, de conformidad con lo que se resuelva; que se remitan los antecedentes a la Superintendencia de Educación para que fiscalice el procedimiento seguido por el establecimiento y adopte las medidas que en derecho correspondan; que se ordene al Colegio nombre reservado iniciar o continuar el procedimiento sancionatorio seguido contra nombre reservado por las conductas de hostigamiento persistentes efectuadas en contra de la hija de la actora y se impongan las sanciones correspondientes contra todos quienes resulten responsables, así como cualquier otra medida que se estime pertinente para el restablecimiento del imperio del derecho.

Acompaña a su recurso antecedentes para acreditar sus asertos.

SEGUNDO: Que emite informe la recurrida, requiriendo el rechazo de la acción incoada, con costas.

Detalla el historial de la alumna, señalando que, frente a cada dificultad, la respuesta institucional fue formativa, flexible y coordinada con la red de salud de la estudiante.

Menciona el proceso llevado a cabo a propósito de la denuncia de maltrato escolar que efectuó la actora, haciendo presente que el mismo día en que dicho proceso debía culminar, durante el último bloque de clases, la hija de la recurrente abordó por la espalda a nombre reservado, la tomó del cabello, la hizo caer de su silla y, mientras estaba en el suelo, la golpeó con patadas y combos, lesiones que fueron constatadas en el servicio de salud respectivo y que se extendieron a una docente que tuvo que intervenir.

Argumenta que la apoderada participó en todas las etapas, asistida por sus abogadas –entrevista telemática, descargos, solicitud de entrega de los documentos del procedimiento y recurso de reconsideración– consultándose al Consejo de Profesores sobre la medida, instancia en que la totalidad de los docentes se pronunció por mantenerla.

Añade que la resolución final de 29 de abril de 2026 se hizo cargo de todas las alegaciones de la reconsideración, mantuvo la expulsión y dispuso la remisión de los antecedentes a la Superintendencia de Educación conforme lo ordena la ley.

Alega la improcedencia de la acción de protección, lo que queda en evidencia en las peticiones del libelo, las que exceden manifiestamente la naturaleza cautelar del recurso.

Asimismo, indica que no existe agravio actual que cautelar, por cuanto la estudiante está escolarizada y cursando normalmente su año académico en otro establecimiento.

Refiere que la recurrente carece de un derecho indubitado, dado que la calificación de la falta, suficiencia de la prueba, ponderación del contexto, proporcionalidad de la sanción y la imparcialidad del instructor suponen un debate probatorio y técnico incompatible con esta sede.

Finalmente, enfatiza que no cometió ningún acto ilegal ni arbitrario, ajustándose la medida al reglamento interno y a la gravedad de los hechos acaecidos.

Acompaña documentos para acreditar sus aseveraciones.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1 del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, para la resolución del asunto en examen, es oportuno destacar que en la especie no se avizora ningún acto ilegal, por cuanto la medida fue adoptada luego de sustanciarse un procedimiento sancionatorio a propósito de la agresión física realizada por la adolescente en cuyo favor se recurre, hecho que se encuentra expresamente contemplado en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar. A su turno, tampoco se trata de un acto arbitrario o antojadizo, desde que aparece dotado de suficientes fundamentos, sin que la alegación de desproporcionalidad de la medida modifique dicha conclusión, dado que tal tópico constituye una cuestión de mérito que excede el ámbito de aplicación de esta acción constitucional, sobre todo en el entendido que de los antecedentes no es dable vislumbrar alguna actuación que implique inmiscuirse en el ámbito de decisión de la autoridad recurrida.

SEXTO: Que, a su turno, en relación con las alegaciones planteadas en audiencia respecto a la falta de relevancia de las conductas previas de hostigamiento que efectuó el apoderado de la recurrida, debe señalarse que si bien no se comparte dicho planteamiento, pues las conductas de acoso u hostigamiento escolar son del todo reprochables y requieren la adopción de medidas oportunas por parte del establecimiento, las alegaciones en torno a la inacción inicial del establecimiento deben ser planteadas en la instancia jurisdiccional respectiva, excediendo lo propio de esta acción cautelar que corresponde a un procedimiento de cautela y de emergencia, debiendo indicarse que la estudiante se encuentra actualmente escolarizada y no se ha señalado que se pretenda su retorno al establecimiento recurrido.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección incoado por nombre reservado, en favor de su hija nombre reservado, en contra de la Sociedad Educacional nombre reservado, sostenedora del Colegio nombre reservado.

Se previene que el abogado integrante señor Gallardo sólo comparte la fundamentación expuesta en el basamento quinto precedente.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°897-2026 Protección.