Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones Recurso de Protección Rol N°89-2026.- La Serena, a veintisiete de febrero de dos mil veintiséis.

VISTO:

PRIMERO: Del recurso. Que Luisa Rodríguez Santos, abogada, recurre de protección en favor de nombre reservado, venezolana, manicurista, domiciliada en domicilio reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por haber dictado la Resolución Exenta NUM000, de 23 de octubre de 2025, que ordena el archivo de las solicitudes de refugio, alegando vulneración de su derecho de igualdad ante la ley.

Expone que su representada ingresó al país en 2021, junto a sus dos hijas, por paso no habilitado, por amenazas en su país de origen, reencontrándose con su cónyuge, quien tiene la calidad de refugiado, presentando solicitud de refugio junto a sus hijas, a quienes se les concedió la residencia temporal durante su tramitación.

Hace presente que, con ocasión de un cambio de domicilio, el 4 de noviembre se le entregan dos sobres, entre los cuales se le notifica de la Resolución NUM000 de 2025, que ordena el archivo de las solicitudes de refugio, destacando no haber recibido ningún tipo de correspondencia con anterioridad.

Indica que presentó una carta el 5 de noviembre del año 2025, que no es un recurso, alegando que no había recibido ningún tipo de correspondencia ni citación alguna por parte del Servicio Nacional de Migraciones, notificándosele, el 7 de enero de 2026, en dependencias del servicio recurrido, de la respuesta a su carta, mediante Oficio Ordinario NUM001, de 12 de diciembre de 2025, el que da cuenta de habérsela citado a entrevista de elegibilidad para el 1 de abril de 2025, lo que fue remitido a su anterior domicilio en Coquimbo y a su correo electrónico.

Transcribe parte del oficio, en cuanto indica que consta en información de Correos de Chile que la carta certificada fue recibida en la sucursal de Valparaíso el 24 de febrero del 2025 y que, tras intentos fallidos de entrega, la carta fue devuelta a la autoridad el 25 de agosto de 2025.

Así, continúa la transcripción, refiere que, no habiendo concurrido a su entrevista, se procedió al archivo de la solicitud.

Arguye que la decisión es incongruente, puesto que da cuenta de haberse remitido a Valparaíso y que, sin perjuicio de ello, el seguimiento indica que fue recibida la carta en Coquimbo el 18 de febrero de 2025, sin que se materializara notificación de la citación a entrevista.

Por otro lado, respecto de sus hijas, explica que la cédula de una de ellas se encuentra vigente, por cuanto a ella no hace referencia la resolución de archivo, lo que es incongruente por parte de la autoridad, habiéndose ingresado una solicitud por ambas.

Manifiesta que no posee antecedentes penales en su país ni en éste, donde lleva residiendo de forma permanente por más de cuatro años, generando vínculos afectivos, sociales y económicos, ejerciendo su actividad económica dentro de su emprendimiento de centro de belleza y estética, constituido legalmente desde el 6 de diciembre de 2024.

Argumenta que el archivo de su solicitud de refugio afecta todo su entorno, su vida actual y laboral, al encontrarse ante una situación de incertidumbre e inseguridad jurídica.

Conforme lo expuesto, previas citas legales, pide se restablezca el imperio del derecho, ordenando al Servicio Nacional de Migraciones continuar con el procedimiento de solicitud de refugio de la recurrente a fin de aprobar su visado.

SEGUNDO: Del informe. Que informa nombre reservado

Castillo Toro, abogado de la Dirección Regional de Coquimbo del Servicio Nacional de Migraciones, quien pide el rechazo de la acción.

Sostiene ser efectivos los antecedentes expuestos por la recurrente respecto del inicio de procedimiento de reconocimiento de su condición de refugiada, iniciado el 15 de junio de 2023, destacando que, mediante Resolución Exenta NUM002, de 20 de octubre de 2023, se le otorgó visa de residencia temporaria, prorrogada hasta el 2 de marzo de 2025.

Indica que el 5 de febrero de 2025, mediante Oficio Ordinario NUM003, fue notificada en su domicilio y a su correo electrónico de su citación a entrevista de elegibilidad para el 1 de abril de 2025, apercibiéndola de que, transcurrido el plazo otorgado sin efectuar diligencia de reactivar la solicitud de refugio, se tendrá por abandonado el procedimiento y se procederá al archivo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 19.880 y 33 de la Ley 20.430.

Explica que fueron dos las formas de notificación, domicilio y correo electrónico, registrando la recurrente un cambio de residencia con posterioridad a la fecha en que fue notificada por carta certificada, siendo su obligación el fijar domicilio y correo electrónico u otro medio de contacto remoto, e informar oportunamente a la autoridad competente cualquier cambio que éste sufra, en el plazo de quince días.

Destaca que lo anterior es corroborado en cuanto la carta fue recibida el 30 de octubre del 2025, retirando la actora en persona el 4 de noviembre del 2025, actualizando posteriormente su domicilio, manteniendo el mismo número de teléfono y correo electrónico, donde se han realizado por lo demás todas las notificaciones.

Precisa que el 4 de noviembre de 2025 deja constancia de entrega de copia de expediente de refugio y el 5 de noviembre solicita el desarchivo de su solicitud, el que fue rechazado, por cuanto se cursó una nueva citación, como consta mediante la notificación del oficio ordinario NUM004 de 9 de junio de 2025, era para entrevista el 27 de agosto de 2025, no para noviembre.

Sostiene que el Oficio NUM001 contiene un error de transcripción de datos, el cual fue enviado para su corrección al Área de Refugio y que, sin perjuicio de ello, todas las notificaciones fueron realizadas al domicilio y además a su correo electrónico, del cual no hace mención durante su presentación.

Conforme lo expuesto, descarta un actuar ilegal o arbitrario por parte de su representado, argumentando que el artículo 52 de la Ley 20.430 dispone que el Servicio Nacional de Migraciones podrá ordenar el archivo de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado en los casos de abandono del procedimiento o de desistimiento de la solicitud.

Precisa que la solicitante no realizó ninguna gestión dentro de los plazos para reagendar cita, justificar inasistencia y menos presentar recurso administrativo frente a la resolución exenta que declaró el abandono del procedimiento y a su vez el archivo de dicha solicitud.

Que, respecto de las hijas de la recurrente, da cuenta de que, si bien consta un archivo de la solicitud, el 26 de noviembre de 2025 solicitó residencia temporal, la cual fue otorgada, contando el documento con validez hasta el 9 de enero de 2028, mientras que su otra hija, encontrándose vigente su petición de reconocimiento de condición de refugiada, mantiene prórroga de residencia temporal hasta el 3 de julio de 2026.

TERCERO: Del contexto normativo. Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición quienes, por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

Así, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, que afecte una o más de las garantías protegidas.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

CUARTO: Del quid del asunto. Que la actora recurre en contra del acto emanando de la entidad recurrida que definió el archivo de su solicitud de reconocimiento de condición de refugio, sin desconocerse que aquello se debió a su inasistencia a las entrevistas a las que fue convocada. Sin embargo, alude a la falta de notificación de dichas citaciones, los que justificaría tal ausencia.

Por su parte el servicio afirma que las comunicaciones fueron enviadas al domicilio y casilla electrónica otorgados por la recurrente al momento de interponer su requerimiento, siendo su responsabilidad el anunciar con la antelación necesaria todo cambio de éstos.

QUINTO: De las razones para el rechazo. Que, analizados los antecedentes, es posible concluir que el libelo no podrá prosperar y aquello por las siguientes razones: 1.- El acto recurrido no se constituye en uno de naturaleza “terminal”, único susceptible de provocar la privación, perturbación o amenaza de garantías. En efecto, el archivo de los antecedentes no implica un rechazo de su solicitud, sino una paralización de la tramitación que puede reactivase cuando se estime pertinente.

De esta forma, el acto no detenta la fuerza suficiente para conculcar derechos de la actora, argumento que justifica el rechazo del libelo. 2.- Que, sin perjuicio de lo anterior, la presunta falta de notificación de las citaciones a entrevista no es tal, toda vez que no ha sido debatido por la actora el envío de éstas a su casilla electrónica, lo que constituye un medio suficiente de comunicación y que, por tanto, tiene la capacidad de provocar los efectos de informar la diligencia y la orden de concurrir a ella. Por lo demás, las cartas fueron remitidas al domicilio registrado por la actora ante la autoridad migratoria que, luego, fue mutado, hecho posterior a lo antes señalado.

Por ello, se descarta la ocurrencia de defectos procesales que hagan del acto uno ilegal. 3.- Finalmente, considerando todo lo anterior, el acto emana de la autoridad competente y en el marco de sus facultades, sin que el requerimiento de refugio haya podido verificarse, al no haber concurrido, injustificadamente, a las convocatorias cursadas, siendo aquel trámite uno esencial para alcanzar el objetivo pretendido, como se desprende de lo dispuesto en los artículos 28 bis y 30, ambos de la Ley N°20.430.

SEXTO: Conclusiones. Así, descartada la ilegalidad y arbitrariedad de un acto que, por lo demás, carece de la fuerza suficiente de amagar las prerrogativas que se enuncian, el libelo constitucional será desechado. Y visto, además, lo dispuesto por en los artículos 19 Nº1 y 3 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado y en contra del Servicio de Migraciones, sede regional.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redactó el ministro señor Felipe Pulgar Bravo.

Rol N°89-2026 Protección.-