nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACION

nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones y otro Recurso de protección Rol Nº89-2024 La Serena, nueve de febrero de dos mil veinticuatro.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparecen nombre reservado y María Gabriela Gómez, abogadas, interponiendo acción constitucional de protección en favor de nombre reservado, Gerente, cedula de identidad para extranjero NºRUT reservado, español, todos con domicilio en domicilio reservado, dirigido en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, representado legalmente por su titular, don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, y el MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA, representado legalmente por doña nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la omisión de pronunciamiento respecto de la solicitud de carta de nacionalización del recurrente, afectándose con ello el derecho a la igualdad ante la ley del artículo 19 Nº2 y el derecho a la integridad física y psíquica del artículo 19 Nº1, ambos de la Constitución Política.

Expone que, con fecha 12 de marzo del año 2023, el recurrente solicitó Carta de Nacionalización a través de la página web de trámites migratorios del Departamento de Extranjería y Migración, adjuntando todos los documentos necesarios y vigentes para darle continuidad a este proceso.

Sin embargo, señala que han transcurrido 10 meses desde la presentación de su solicitud, sin recibir por parte de los entes recurridos ninguna resolución que diera cuenta de la existencia de algún avance, sino que por el contrario, ha existido un completo silencio y una total desidia en la tramitación de su solicitud.

Agrega, que el recurrente no tiene ninguna forma de saber el estado de avance en que se encuentra su proceso, ya que esta solicitud no es verificable en ninguna plataforma web.

En cuanto al recurrido Ministerio del Interior y Seguridad Pública, argumenta que tampoco ha cumplido con la obligación que le compete en el proceso, en cuanto a emitir y refrendar el Decreto del Presidente de la República que otorga la Carta de Nacionalización.

Luego, expone que el recurrente se encuentra residiendo en Chile hace más de 14 años, y ha formado en Chile su familia, casándose con ciudadana chilena y teniendo dos hijas, también de nacionalidad chilena. Además, expresa que el recurrente constituyó en el país una consultora, empresa mediante la cual brinda fuente de trabajo a varias personas, todas razones para que se le otorgue la carta de nacionalización.

A mayor abundamiento, señala que el recurrente cumple con todos los requisitos objetivos para acceder al beneficio solicitado a la autoridad.

Explica que, si bien, el D.S. Nº5.142 no reglamenta lo referente al plazo que tiene la autoridad administrativa para resolver estas peticiones de Carta de Nacionalización, corresponde aplicar supletoriamente lo establecido en la ley N°19.880, sin que las recurridas se hayan pronunciado en relación a la solicitud del recurrente dentro del plazo de seis meses que establece el artículo 27 de dicho cuerpo legal.

Por lo mismo, agrega que las recurridas están igualmente infringiendo los principios de promoción de derechos, de procedimiento migratorio informado, principio pro homine, contenidos en los artículos 3, 5 y 12 de la Ley N°21.325 de Migraciones.

A su vez, destaca lo dispuesto en los artículos 7, 8, 9 y 27 de la Ley Nº 19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, en particular lo concerniente al principio de celeridad, conclusivo, economía procedimental y de inexcusabilidad, los que igualmente estarían siendo infringidos por los recurridos.

En cuanto a los derechos fundamentales afectados, sostiene que las recurridas están afectando su derecho a la igualdad ante la ley, estableciendo una discriminación en relación a los demás solicitantes de carta de nacionalización que han obtenido un pronunciamiento definitivo dentro del plazo de 6 meses establecido en el artículo 31 de la Ley N°19.880.

Asimismo, señala que se afecta el derecho a la vida y la integridad física y psíquica del recurrente, por cuanto la larga espera sin obtener respuesta ni noticias del avance de su solicitud, es una situación que implica un agotamiento psicológico.

Por lo anterior, solicitan acoger la acción interpuesta, y ordenar a los recurridos: 1) Que emitan un acto administrativo terminal sobre la solicitud de Carta de Nacionalización del actor, dentro del plazo de 10 días corridos o dentro del plazo que el tribunal fije al efecto a partir de la ejecutoriedad de la sentencia; 2) Que el ente recurrido realice todas las gestiones necesarias y pendientes para concluir el procedimiento del recurrente, conforme a derecho corresponde, entre ellas realizar la entrevista ante Policía de Investigaciones y generar la correspondiente orden de pago; 3)Que, en el evento de ser otorgada dicha Carta de Nacionalización, emita la correspondiente resolución y notifique la misma como en derecho corresponde al recurrente, como también, poner en conocimiento del Servicio de Registro Civil y de la Policía de Investigaciones (PDI), dicha Carta de Nacionalización; o bien las medidas que el tribunal estime apropiadas para restablecer el imperio del derecho, con costas.

Acompañó a su presentación: 1. Cedula de Identidad para extranjero de don nombre reservado°RUT reservado. 2. Pasaporte de don nombre reservado°PAE678406. 3. Comprobante de envío de Solicitud de Carta de Nacionalización de don nombre reservado. 4. Certificado de Permanencia Definitiva de nombre reservado. 5. Certificado de Antecedentes penales chilenos de don nombre reservado. 6. Certificado de Antecedentes penales españoles apostillados, de don nombre reservado. 7. Cédula Nacional de Identidad de doña nombre reservado°RUT reservado. 8. Cedula Nacional de Identidad de la menor Laia nombre reservado°RUT reservado. 9. Cedula Nacional de Identidad de la menor Amaia nombre reservado°RUT reservado. 10. Certificado de Matrimonio de don nombre reservado y doña nombre reservado. 11. Certificado de Nacimiento de la menor Laia nombre reservado. 12. Certificado de Nacimiento de la menor Amaia nombre reservado 13. Escritura Pública de Constitución de la empresa CONSTRUSOFT CHILE SPA. 14. Certificado de no deuda de la Tesorería General de la República.

SEGUNDO: Que, a folio 6 compareció la recurrida SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES (ex Departamento de Extranjería y Migración), informando al tenor del recurso, y solicitando el rechazo de la acción por improcedente, al no existir acción u omisión ilegal o arbitraria, que pueda atentar contra alguno de los derechos constitucionales garantizados en el artículo 20 de la Carta Política.

Señaló que con fecha 12 de marzo de 2023, el recurrente solicitó mediante la plataforma web del Servicio de Migraciones, la carta de nacionalización.

Luego, informa que el 30 de enero de 2023, se le envió al recurrente Comunicación Electrónica Folio N°52955759, informando que su solicitud avanza a la etapa de ANÁLISIS, es decir, avanzó a Policía de Investigaciones de Chile, para la correspondiente entrevista e informe policial.

Hace presente que el recurrente cuenta con un permiso de permanencia definitiva actualmente vigente, por lo que mantiene situación migratoria regular en el país. Así, la situación de pendencia de su solicitud de carta de nacionalización no conlleva perjuicio alguno a su estatus migratorio, como tampoco al ejercicio de alguna de sus garantías fundamentales.

Luego, señala que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 1° del D.S. N°5.142 de 1960, del Ministerio del Interior, la carta de nacionalización se otorga por el Presidente de la República, en decreto refrendado por el Ministerio del Interior, y que el Servicio Nacional de Migraciones no es la autoridad competente para pronunciarse sobre el fondo de la solicitud, terminando la labor del Servicio con la remisión, mediante oficio, de la calificación favorable o desfavorable de la solicitud de carta de nacionalización analizada, junto con todos los demás antecedentes aportados, al Gabinete de la Subsecretaría del Interior.

Asimismo, enfatiza que consiste en una concesión constitucional que otorga el Estado de Chile por una gracia, en razón del mérito de quien la solicita, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente.

En cuanto al tiempo de tramitación, indica que no es efectivo que se esté dando un trato desigual al recurrente, ya que su solicitud de carta de nacionalización ha seguido la misma tramitación para cualquier extranjero. Agrega, además, que el plazo previsto en el artículo 27 de la Ley 19.880, no es de carácter fatal, y que el solicitante cuenta con el documento que acredita su residencia legal.

Por lo anterior, solicitó el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de dicha autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20.

TERCERO: Que a folio 6 se evacuó informe por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, informando que el Servicio de Migraciones es el órgano competente para tramitar las solicitudes de carta de nacionalización, de conformidad al artículo 157 N°8 de la Ley N°21.325, para su posterior resolución por parte del Ministerio del Interior.

Que, tal como se informó por el Servicio de Migraciones, la solicitud del actor avanzó a la etapa de ANÁLISIS, es decir, avanzó a Policía de Investigaciones de Chile, para la correspondiente entrevista e informe policial.

Asimismo, enfatiza que las solicitudes de nacionalización son sometidas a un exhaustivo análisis, tomando especialmente en consideración la importancia y relevancia que tiene en todo orden la concesión de la nacionalidad chilena.

En consecuencia, señala que teniendo en cuenta la complejidad del proceso de otorgamiento de la carta de nacionalización, sumado al impacto que tuvo la pandemia en la tramitación general de actos administrativos, no existe un acto u omisión arbitrario o ilegal que haya importado una afectación a los derechos del solicitante en los términos planteados en el recurso.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Servicio Nacional de Migraciones y contra el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por la dilación injustificada en dar respuesta a la solicitud de carta de nacionalización presentada, lo cual califica el actor de ilegal y arbitrario, señalando que vulnera sus garantías fundamentales contempladas en los numerales 1 y 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la Republica. Solicita que se ordene a los recurridos acoger a trámite sin más demora su solicitud o bien adoptar las medidas que se estimen apropiadas para resguardar y restablecer el imperio del derecho.

Por su parte, las recurridas han señalado que la solicitud de carta de nacionalización del actor se encuentra en trámite, en etapa de análisis, haciendo además presente que se trata de una especial gracia que se otorga por el Presidente de la República, en decreto refrendado por el Ministerio del Interior. Asimismo, indicó que la recurrente tiene su residencia regular en el país y que no ha existido discriminación ni trato desigual en la tramitación de su solicitud, actuando al Servicio con apego a la normativa vigente.

SÉPTIMO: Que, para la resolución del asunto, resulta oportuno tener presente que el requerimiento tendiente a la obtención de la nacionalización del actor debe culminar mediante la decisión discrecional del Presidente de la República, de conformidad al 1° del Decreto N°5142 de 1960 del Ministerio del Interior, que fija el Texto Refundido de las Disposiciones sobre Nacionalización de Extranjeros, la cual no puede ser resuelta por la recurrida, pues corresponde a un beneficio otorgado exclusivamente por dicha autoridad.

OCTAVO: Que, por otra parte, debe considerarse que al tratarse la carta de nacionalización de una concesión especial que produce importantes efectos al otorgar la nacionalidad chilena, el análisis de los diversos antecedentes necesarios para su pronunciamiento, requiere de un tiempo que es evidentemente superior al de los demás trámites administrativos relacionados al estatus migratorio de los ciudadanos, tales como aquellas solicitudes de residencia temporal o definitiva.

NOVENO: Que, debe también considerarse, según dio cuenta el Servicio de Migraciones, que el 30 de enero de 2023 se le comunicó al recurrente que su solicitud avanzó a la etapa de ANÁLISIS, para la correspondiente entrevista e informe policial por parte de Policía de Investigaciones.

DÉCIMO: Que, de esta manera, en razón de lo señalado, no se vislumbra en la tramitación del procedimiento algún acto u omisión de las recurridas que pueda calificarse como ilegal o arbitrario, y que conculque alguna de las garantías constitucionales denunciadas, que requieran de la adopción de una medida cautelar de urgencia como la que se pretende.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°89-2024 (Protección).