nombre reservado con CARABINEROS DE CHILE Y OTRO

nombre reservado, nombre reservado

Carabineros de Chile y otro Recurso de protección Rol Nº887-2026 La Serena, quince de junio de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, profesión u oficio desconocido, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana de Santiago, interponiendo recurso de protección en beneficio de don nombre reservado, comerciante, con domicilio en domicilio reservado, dirigido en contra de CARABINEROS DE LA 3° COMISARIA DE OVALLE y en contra de la FISCALÍA LOCAL DE OVALLE, por el acto que señala como ilegal y arbitrario, consistente en la incautación de 64 máquinas electrónicas y la suma de $570.000 en efectivo.

Señala que el recurrente desarrolla una actividad comercial amparada por una patente municipal vigente para la explotación de máquinas electrónicas de habilidad y destreza, las cuales —afirma— cuentan con informes periciales previos que acreditan su naturaleza no azarosa.

Relata que el 12 de mayo de 2026 funcionarios de Carabineros ingresaron a su establecimiento comercial y procedieron a incautar 64 máquinas electrónicas y la suma de $570.000 en efectivo, sin exhibir orden judicial. Agrega que durante el procedimiento los funcionarios descerrajaron las máquinas mediante herramientas de fuerza, ocasionando daños materiales a los equipos y a sus componentes electrónicos. Sostiene que el fundamento invocado para el operativo fue una supuesta situación de flagrancia, basada únicamente en la apreciación personal de los funcionarios policiales respecto de que las máquinas serían juegos de azar. No obstante, señala el actor que tal conclusión fue obtenida mediante una simple inspección visual y comparaciones informales con información obtenida en internet y en registros de la Superintendencia de Casinos de Juego, sin existir peritaje técnico alguno que respaldara tal calificación. Añade que se aludió a una autorización verbal de un fiscal de turno, cuya identidad y antecedentes no fueron informados en el lugar.

Asimismo, afirma que no se le entregó acta de incautación ni comprobante alguno respecto de las especies y dineros retirados, incumpliéndose las exigencias de los artículos 216 y 221 del Código Procesal Penal y afectándose la cadena de custodia de los bienes incautados.

Luego, explica que la naturaleza de una máquina electrónica no puede determinarse a simple vista, pues requiere necesariamente de un examen técnico especializado. En tal sentido, señala que las máquinas explotadas por el recurrente fueron previamente periciadas por el Laboratorio Licrim, dirigido por un ex funcionario especializado de la Policía de Investigaciones, concluyéndose que corresponden a juegos de habilidad y destreza. Sobre esa base, sostiene que ni Carabineros, ni funcionarios municipales, ni el Ministerio Público poseen facultades para calificar por sí solos dichos aparatos como juegos de azar.

En consecuencia, afirma que la actuación policial constituyó una intervención ilegal que afectó el derecho de propiedad y la libertad económica de los explotadores de estos establecimientos.

Añade que, incluso, si se aceptara la existencia de una hipótesis de flagrancia, el procedimiento igualmente sería ilegal por no haberse entregado constancias ni recibos de las especies incautadas, incumpliéndose formalidades esenciales destinadas a resguardar el debido proceso y la cadena de custodia.

Respecto de la Fiscalía Local de Ovalle, señala que los funcionarios policiales afirmaron haber actuado con autorización de una fiscal de turno, por lo que atribuye a dicho organismo responsabilidad en la eventual vulneración de derechos fundamentales si efectivamente autorizó la diligencia en los términos descritos.

En cuanto a los derechos fundamentales que estiman afectados, invoca el derecho a la igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, argumentando que en diversas ciudades del país existen establecimientos similares funcionando con patente comercial y sin ser objeto de procedimientos equivalentes.

Asimismo, afirma que se vulnera su derecho al debido proceso y a no ser juzgado por comisiones especiales, consagrado en el artículo 19 N° 3 del mismo texto, sosteniendo que Carabineros asumió funciones que corresponderían exclusivamente a un Juez de Garantía al determinar por sí mismo la supuesta ilicitud de las máquinas e incautarlas sin orden judicial.

Por otra parte, señala que también se afecta su libertad para desarrollar actividades económicas lícitas, del artículo 19 N° 21 de la Constitución, afirmando que la incautación paralizó una actividad comercial autorizada y le impidió continuar desarrollando su giro; como también, la garantía de no discriminación arbitraria en materia económica del artículo 19 N° 22 del texto ya mencionado, por el trato diferenciado respecto de otros comerciantes del mismo rubro.

Finalmente, sostiene que se ha vulnerado su derecho de propiedad garantizado en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, por la privación de las máquinas y del dinero incautado, así como por la afectación de los atributos inherentes a su dominio.

Culmina solicitando que se acoja el recurso de protección, declarando como ilegal y arbitraria la actuación de los recurridos; se les ordene abstenerse de seguir entorpeciendo el derecho al libre desarrollo de toda actividad económica lícita y autorizada; que Carabineros se abstenga de seguir procediendo en diligencias de incautación sin dar estricto cumplimiento a las atribuciones y facultades de que dispone; además de ordenar la devolución inmediata de las 64 máquinas electrónicas y de los $570.000 incautados; además de las otras medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, con costas.

SEGUNDO: Que, a folio 6 se evacuó informe por la Fiscalía Local de Ovalle, solicitando el rechazo de la acción.

Expone que los hechos se originaron a raíz de un procedimiento policial consignado en el Parte N° 2518 de 12 de mayo de 2026, en el cual personal de Carabineros detectó en el local comercial “Entretenimiento Oasis”, ubicado en domicilio reservado de Ovalle, circunstancias que configuraban, a su juicio, infracciones al artículo 275 del Código Penal y a la Ordenanza de Aduanas. Señala que tales hechos fueron advertidos en situación de flagrancia, pues el establecimiento exhibía publicidad visible al público mediante pendones que invitaban a “jugar y ganar”, anunciaban sorteos y mostraban imágenes de ruletas, antecedentes que permitían presumir la explotación de juegos de azar.

Agrega que, una vez ingresado al local, Carabineros constató la existencia tanto de máquinas de habilidad y destreza como de 64 máquinas de azar, las que identifica como del tipo “video slots” o “video rodillo”, descritas en el Catálogo de Juegos que podrán desarrollarse en los casinos de juego. Sostiene que dichas máquinas permiten recibir apuestas en dinero y, mediante mecanismos aleatorios, otorgar eventualmente premios en dinero o avaluables en dinero.

Indica que, informado el procedimiento, el fiscal de turno don Luis Ignacio Zepeda Rodríguez impartió instrucciones consistentes en poner las especies incautadas a disposición de Aduanas, remitir el dinero a la Fiscalía Local de Ovalle, trasladar las máquinas a bodegas municipales y dejar en libertad a los detenidos bajo apercibimiento del artículo 26 del Código Procesal Penal.

Respecto de las irregularidades denunciadas, en primer lugar, afirma que no es efectivo que las actuaciones carezcan de registro, puesto que tanto el procedimiento policial como las instrucciones impartidas por el fiscal quedaron consignados en la documentación incorporada al parte policial. En segundo término, sostiene que tampoco es efectivo que la incautación haya carecido de respaldo legal, ya que ésta se efectuó mediante acta formal y con autorización del propio propietario, don nombre reservado, por lo que no era necesaria una autorización judicial previa para practicar la diligencia.

Finalmente, concluye que las actuaciones del Ministerio Público se ajustaron a la legalidad vigente, que las medidas adoptadas se fundaron en antecedentes objetivos obtenidos durante el procedimiento y que no existe vulneración alguna de las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, razón por la cual solicita el rechazo del recurso.

TERCERO: Que, a folio 15 se evacuó informe por Carabineros de Chile, solicitando el rechazo de la acción.

Señala que el 12 de mayo de 2026, personal de la 3ª Comisaría de Ovalle realizaba patrullajes preventivos cuando fiscalizó el local denominado “Oasis Entretenimientos”, ubicado en domicilio reservado. Señala que el encargado del establecimiento, nombre reservado, exhibió una patente comercial correspondiente a juegos electromecánicos de habilidad y destreza, constatándose efectivamente la existencia de máquinas de esa naturaleza. Sin embargo, agrega que también se verificó la presencia de 64 máquinas de azar, basadas en resultados aleatorios y cuya explotación estaría reservada a casinos autorizados y sometidos a la fiscalización de la Superintendencia de Casinos de Juego. Añade que una clienta se encontraba utilizando dichas máquinas al momento de la fiscalización, motivo por el cual se procedió a la detención del recurrente y de dicha persona por infracción al artículo 275 del Código Penal.

Indica que, al requerirse la entrega del dinero existente en los depósitos de las máquinas, el recurrente se negó reiteradamente a proporcionar las llaves necesarias para abrirlos. Frente a ello, se informó la situación al Ministerio Público mediante la plataforma Bitácora Web, oportunidad en que el fiscal de turno, Luis Ignacio Zepeda Rodríguez, instruyó la incautación de las 64 máquinas, su traslado a dependencias municipales y la incautación del dinero contenido en ellas, ordenando además agotar previamente la búsqueda de las llaves y, en caso de no obtenerlas, proceder al forzamiento de los depósitos. Conforme a dichas instrucciones, las máquinas fueron abiertas y se recuperó el dinero existente en su interior. Posteriormente, ambos detenidos fueron puestos en libertad bajo apercibimiento del artículo 26 del Código Procesal Penal.

Luego, hace presente que todas las actuaciones fueron debidamente documentadas. Señala que se levantaron las respectivas actas de derechos de los detenidos, las notificaciones previstas en los artículos 93, 94 y 135 del Código Procesal Penal y las comunicaciones exigidas por la Convención de Viena respecto del ciudadano extranjero. Asimismo, sostiene que se confeccionó un acta de incautación, en la que consta el decomiso de las 64 máquinas y de la suma de $579.730 hallada en su interior, diligencia que fue notificada personalmente al recurrente y suscrita por éste. Del mismo modo, afirma que se levantaron las correspondientes cadenas de custodia. Agrega que también se confeccionó un acta de entrada y registro de lugar cerrado e incautación, en la cual se dejó constancia de que el recurrente autorizó el ingreso y registro del establecimiento, así como de la incautación de las máquinas y del dinero encontrado. En la misma acta se registraron los daños ocasionados a los depósitos de dinero de las máquinas como consecuencia de su apertura forzada, documento que igualmente habría sido firmado por el recurrente.

Informa que las 64 máquinas fueron entregadas a las bodegas municipales de la Municipalidad de Ovalle en cumplimiento de las instrucciones del fiscal de turno; que el dinero incautado fue depositado en la cuenta de la Fiscalía Local de Ovalle destinada para tales efectos; y que, adicionalmente, se incautaron cinco cajetillas de cigarrillos de una marca no autorizada en Chile, las cuales fueron remitidas al Servicio de Salud de Coquimbo.

Por lo anterior, concluye que no existe acto ilegal ni arbitrario susceptible de ser corregido mediante la acción cautelar de protección. Afirma que el procedimiento se desarrolló dentro del marco de las atribuciones legales de la policía, con comunicación inmediata al Ministerio Público, bajo instrucciones expresas del fiscal de turno y con respaldo documental de todas las diligencias practicadas. Agrega que las controversias relativas a la naturaleza de las máquinas o a la valoración de la prueba corresponden a materias propias de la investigación penal y de la jurisdicción competente, y no a la sede cautelar del recurso de protección. Por ello, solicita el rechazo de la acción, con costas.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

Así, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas en el catálogo de derechos fundamentales contenidos en el artículo 20 de la Carta Fundamental, a saber: los derechos fundamentales establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º.

QUINTO: Que, el acto que se estima ilegal y arbitrario por la parte recurrente, consiste en la incautación de 64 máquinas electrónicas y la suma de $570.000 en efectivo, efectuada por los recurridos, por considerar el actor que dichos artefactos no serían susceptibles de ser calificados como de juegos de azar, al no existir un peritaje que así lo establezca. Por lo anterior, solicita -en lo medular- que se declare como ilegal y arbitraria la actuación de los recurridos y se ordene la devolución inmediata de las 64 máquinas electrónicas y del dinero incautado.

SEXTO: Que, de los antecedentes allegados por el Ministerio Público y Carabineros de Chile, se da cuenta que los actos desarrollados por los funcionarios respectivos, se enmarcaron en un procedimiento de investigación, iniciado en virtud de una aparente situación de flagrancia detectada por los funcionarios policiales durante un patrullaje, dándose cuenta al Fiscal a cargo y cumpliendo las formalidades respectivas, lo que descarta alguna infracción en los términos establecidos en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, pues, los funcionarios actuantes procedieron conforme a las normas que el Código Procesal Penal establece en sus artículo 187 y siguientes.

Con todo, se debe precisar que, si la parte recurrente pretendía impugnar la legalidad de tales actuaciones, debe acudir a las vías ordinarias establecidas para dicho efecto en el cuerpo legal ya citado, donde se franquean las acciones y procedimientos para la discusión de tales asuntos, así como la posibilidad de recuperar las especies incautadas, no siendo este recurso la vía idónea para ello.

SÉPTIMO: Que, en efecto, de las alegaciones del recurrente se advierte que, en definitiva, el sustento de los cuestionamientos que formula, dice relación con la calificación que la autoridad atribuyó a las máquinas en cuestión, como juegos de azar, lo que el actor controvierte.

Así, constatado lo anterior, permite situar esta discusión en un ámbito que escapa de la acción constitucional ejercida, toda vez que esta última supone hechos ciertos y derechos indubitados en juego, nada de lo cual ocurre en la especie, pues como se desprende del propio libelo intentado, es dable entender que las situaciones fácticas que afectarían los derechos invocados por el actor, en que sostiene su recurso son, básicamente hechos controvertidos.

OCTAVO: Que, además, cabe recordar que el recurso de protección es un procedimiento excepcional que “Se aplica sólo cuando existe una amenaza, perturbación o privación del legítimo ejercicio de un derecho esencial producida por una acción u omisión arbitraria o ilegal de un tercero, sea este público o privado, existiendo una manifestación de dicha actuación que no requiere de un proceso de prueba complejo, la afectación del derecho debe ser relativamente clara o evidente. En caso contrario, debe utilizarse el procedimiento ordinario o sumario correspondiente.” (Nogueira Alcalá, Humberto; El Recurso de Protección en el Contexto del Amparo de los Derechos Fundamentales Latinoamericano e Interamericano, en Revista Ius et Praxis, 13 (1): 75 - 134, 2007), por lo que abona el rechazo de este recurso el hecho que nos encontramos en sede cautelar de urgencia en la cual no es dable una discusión para la declaración de derechos dubitados, lo que requiere de un proceso de lato conocimiento, circunstancia esta última presente en la especie, lo que no puede llevar sino al rechazo de la presente acción.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado en contra de Carabineros de Chile y de la Fiscalía Local de Ovalle.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°887-2026 (Protección).