nombre reservado con nombre reservado

nombre reservado, nombre reservado

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Recurso de protección Rol N° 8821-2022.

La Serena, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha veinte de noviembre de dos mil veintidós comparece don nombre reservado, deduciendo acción constitucional de protección en contra de don nombre reservado exponiendo que es propietario del inmueble denominado parcela N° 77, del sector El Panul, rol 877-77, inmueble que singulariza según sus deslindes y que figuraría inscrito a su nombre a fojas 5.527, número 3.527 del año 2003, agrega que los deslindes especiales de la propiedad corresponden: AL NORTE: con parcela noventa y siete, AL NORORIENTE: con parcela setenta y seis, AL SURORIENTE: con parte de las parcelas setenta y cuatro, y setenta y cinco, camino interior de por medio, AL SURPONIENTE: con parcela setenta y ocho. El inmueble fue adquirido por tradición que le hizo doña nombre reservado, de fecha 22 de noviembre de 2003, suscrito ante el Notario Público de Coquimbo Mariano Torrealba.

Expone que el día 22 de septiembre del año 2003 adquirió la parcela N° 77 del Panul, rol N° 877-77, de 51.000 metros cuadrados, la que limita al este con la parcela 76, al oeste con la parcela 78, al norte con la parcela 96, al sur con la parcela 74 y 75, anotada en el Repertorio bajo el N° 9.993 e inscrito a fojas 5.527, N° 3.752 del año 2003.

Agrega que realizada la compra, el mismo año 2003 la parcela fue cercada con rollizos de madera y alambre de púas, que concurría frecuentemente cada año a terreno para revisar los cercos, cambiarlos debido a la humedad del lugar y hacer diversas reparaciones y reemplazos a los alambres de púas. Junto con ello, se identificó en diversos sectores y rocas de la parcela identificando el número 77, también y se colocaron letreros con el número de teléfono del propietario. Se conversó con diferentes vecinos del sector que limitan la parcela 77 y por muchos años no hubo inconveniente alguno.

Destaca que en el año 2019 a su petición como dueño se realizó un levantamiento topográfico planimétrico pericial de la parcela 77 realizado por la Perito judicial y Perito Mensurador, señora nombre reservado quién a su vez es Ingeniero en Geomensura e Ingeniero Civil en Minas, el levantamiento consideró alta tecnología, metodologías y procedimientos técnicos de acuerdo a los estándares de la especialidad, todo ello para verificar las coordenadas y emplazamiento de las parcelas, se realizó un trabajo de investigación registral junto con planos oficiales del Panul y puntos oficiales en terreno junto al levantamiento de borde costero autorizado por el SHOA, caminos, ruta 5, cerros, parcelas vecinas, panderetas, cercos, entre otros. Dentro de los hallazgos de dicho levantamiento, es que varios de los caminos interiores construidos que deberían limitar las parcelas según plano oficial Panul (plano número 224 de 1985) se encuentran mal replanteados en terreno, no se respetó los trazados de caminos proyectados en el proyecto de parcelación de La Herradura que origina el loteo, provocando una irregularidad en el emplazamiento de los caminos, quedando estos insertos en las parcelas.

Añade que el año 2019, solicitó que colocaran letreros en el perímetro de la parcela 77 informando en varios carteles en el perímetro que se realizó un levantamiento topográfico pericial e indicando su número de teléfono por si algún vecino quisiera contactarse con él.

Manifiesta que el 08 de noviembre del 2022, tomó conocimiento que el vecino de la parcela 78 cercó un lote de esta parcela (correspondiente al lote 6 de la parcela 78), pero traspasándose o invadiendo la propiedad de la parcela 77. Con esta información, se revisa en terreno la situación y efectivamente hay un notorio traspaso a la propiedad de la parcela 77 por aproximadamente 4.694,28 m2. Adicionalmente, se destruyó casi todo el cerco -instalado el 2003- que se había colocado para limitar la parcela 77 de la 78 y, además, la persona que realizó tal acción colocó en una roca grande el número 78 y debajo un número 6 del número de lote.

Indica que para verificar la situación y reforzar el levantamiento pericial realizado anteriormente, se realizó un nuevo levantamiento topográfico pericial con la misma Perito Judicial, Mensurador e Ingeniero Sra nombre reservado, confirmando la invasión a la parcela 77 por el lote 6 de la parcela 78 en aproximadamente 4.694,28 metros cuadrados. Adicionalmente a esta confirmación de invasión de propiedad, colocó en varios rollizos del cerco que invade, un aviso que la parcela 78 lote 6 está invadiendo la propiedad de la parcela 77 sin su autorización.

Señala que se adjunta al presente fotos del sector antes y ahora e informe topográfico pericial firmado por perito judicial, mensurador e ingeniero ya mencionada.

Afirma que el recurrido en fecha ya señalada, sin exhibir título alguno ni dándole aviso, pudiendo hacerlo, destruyó el cerco y levantó dentro del límite de la parcela 77, un cierre perimetral, colocando rollizos de madera y alambres, siendo este un acto ilegal pues no tenían el derecho real de dominio sobre el terreno además que dichos actos eran arbitrarios, antojadizos, voluntariosos, al no tener autorización del recurrente. En suma, el recurrido se tomó de facto la propiedad según eran sus intereses y construyeron un cerco; así las cosas, con su actuar violento, arbitrario e ilegal vulneran el derecho de propiedad del recurrente.

En consecuencia, amparado en el Artículo 19 N° 24 y 20 de la Constitución Política de Chile, señala que se hace imperioso el restablecimiento de la situación de hecho que existía el día de hoy.

Solicita que se tenga por interpuesto el recurso de protección y que, previo actos de tramitación de rigor, se acoja y se ordene al recurrido: 1. Que se abstenga de continuar ocupando ilegítimamente la porción de terreno que se encuentra dentro de su propiedad antes singularizada como parcela 77; 2. Que se le ordene destruir a su costa el cerco que construyó dentro de su propiedad y restituya su cerco original; o en su defecto, se dicten las medidas que se estime necesarias para restablecer el imperio del derecho, con costas, y 3. Que se abstenga de vender el lote 6 de la parcela 78 previamente individualizado.

SEGUNDO: Que, la recurrente, sustentando su acción, acompañó los siguientes documentos: 1.- Informe con fotos de la parcela 77 explicando un antes y ahora; 2.- Certificado de dominio de la propiedad a nombre del recurrente nombre reservado; 3.- Certificado de hipotecas y gravámenes a nombre del recurrente; 4.- Certificado de litigios de la propiedad a nombre del recurrente, y 5.- Informe pericial de perito judicial, mensurador e ingeniero geomensor y minas: nombre reservado. Asimismo, solicitó que se oficiara al Conservador de Bienes Raíces de Coquimbo a fin de que informara sobre los deslindes de la propiedad actuación que fue rechazada.

TERCERO: Que, con fecha diecinueve de enero de dos mil veintitrés, comparece el abogado don Pablo Ignacio Cortez Villegas, en representación convencional del recurrido, quien procede a evacuar el informe de rigor solicitando que se rechace la acción de protección en todas sus partes, con costas.

Reconoce que su representado, el recurrido, es propietario del inmueble consistente en Lote dos y seis PC 78, parcela 78 etapa C, La Herradura Lt. 2 y 6, Coquimbo, inscrito a fojas 1065, número 693, año 1999, plano N° 527, año agregado al final del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Coquimbo.

Expone que no se advierte en el escrito del recurso que se indique concretamente de qué forma la supuesta acción ilegal o arbitraria ha provocado una privación perturbación o amenaza del ejercicio del derecho a la propiedad, sino que solo se describe una supuesta situación de deslines, sin mayores antecedentes de contexto sobre este presupuesto.

Agrega que el conflicto de este expediente no se fundamenta en la afectación de las garantías señaladas, sino que lo que se busca por la contraria es eludir la carga procesal que implica ejercer la acción que el legislador ha previsto para estos efectos (como podría ser, por ejemplo, la prevista en los artículos 842 y siguientes).

Manifiesta que estima que el recurrente debe ejercer la acción ante el Tribunal competente, en vez de utilizar una acción cautelar como la presente con un objeto muy distinto a la naturaleza de la presente.

Señala que, sin perjuicio de lo anterior, se estima que igualmente los hechos en que se basa el recurso no son efectivos. Por lo demás, los antecedentes aportados respecto de la situación de los límites de su propiedad no otorgan mayor claridad acerca de su reclamación, y destacan por su desprolijidad.

Hace presente que, en su oportunidad, en conjunto con los otros propietarios de la Parcela 78, se evacuó un informe pericial sobre la materia, que arrojó como resultado lo siguiente: “Según el análisis de las mediciones; fotografías históricas; títulos de las propiedades lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 contenidas en la parcela 78; los títulos de la parcela 79; el levantamiento de cercos existentes; estructuras; calles etc. Se concluye que no existe una superposición de títulos por parte de propietarios de las parcelas contiguas a la parcela 78. El camino interior también llamado medianero, respeta en su mayoría el emplazamiento según lo dispuesto en el plano de proyecto de parcelación de La Herradura etapa C. El problema de percepción visual que acontece, se debe a que la única estructura y cercos perimetrales que se visualizan en la parcela 78, correspondiente al lote 7 se encuentra mal emplazada quedando a 58 metros desfasada del límite oriente de la parcela 78, esto provocó que al intentar cuadrar el resto de la subdivisión (Plano N 527 año 1995 agregado al final del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Coquimbo.) se asumiera que los lotes 1 ,2 y 3 quedaban sobre el camino interior de parcela y divididos por él. Por ende, se pensaba que había una superposición de títulos con la parcela 79. Esto no es así, tal cual como se explica en el plano de evidencia de superposición 4 indica claramente la posición de los cercos y estructuras con respecto a los límites de los lotes vecinos. El desplazamiento de este lote afecta directamente la superficie útil de los lotes 1 y 2 en diferentes proporciones (detalle del área comprometida). Además estaría bloqueando la servidumbre de paso proyectada en el plano n 527, que da acceso a los lotes 6 y 5. Por otra parte, en el lote 8 o reserva del propietario, el camino interior tiende a ocupar superficie de este lote intersectando en gran parte incluida la red eléctrica. Esto ocurre debido a la geometría irregular del camino, algo habitual en el sector del Panul, ya que los caminos nacen de huellas y que con el pasar del tiempo, dependiendo de qué tan despejado este o que su relieve no requiera de intervención, van tomando forma y anchura hasta convertirse en caminos principales. También se ha encontrado una superficie afectada en el límite norte de la parcela 78 con parcela 96 que afecta el lote de reserva del propietario. (Evidencia 2.3). Por otra parte, la situación en el límite oriente de la parcela 78 que es colindante con la parcela 77 del proyecto de parcelación la herradura no se han observado linderos, puesto que, el cerco parcial observado, que se encuentra adosado al sitio 7 (Evidencia plano 2.4) no correspondería al límite entre parcelas ya que según lo expuesto hasta ahora la situación de la parcela 78 tendría límites y cabida definida como se muestra graficado en el informe del centro de recursos naturales CIREN (Lamina 2. Informe de propiedad rural SIMEF CIREN) y Mapas SII impuestos internos (lamina 4)”.

Manifiesta que su parte tiene mejores y mayores antecedentes que permiten establecer razonablemente que el inmueble de propiedad de su representado se encuentra ajustado a sus deslines.

Solicita se rechace la acción de protección con expresa condena en costas.

CUARTO: Que, la recurrida, a fin de sustentar sus argumentos, acompañó a su informe el documento denominado “Informe Pericial Parcela 78 y 79, del proyecto de parcelación La Herradura, Etapa C”, evacuado por don nombre reservado, Topógrafo Ingeniero en Geomensura, Perito topógrafo de la Corte de Apelaciones de La Serena.

QUINTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, ello mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEXTO: Que, como se desprende de lo expuesto, resulta un requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SÉPTIMO: Que, resulta necesario, para una acertada resolución del asunto que es objeto de la acción de protección, recordar que la misma tiene claramente una naturaleza cautelar y de urgencia y no declarativa, de forma que a través de este procedimiento no es posible obtener un pronunciamiento jurisdiccional en el que se dirima todo aspecto relacionado con la existencia de los derechos invocados, su validez y, en general, otras materias cuyo fallo requiera una discusión y tramitación en un juicio de lato conocimiento. Por otro, de la naturaleza cautelar, urgente y no declarativa de la acción de protección importa que el ámbito competencial para esta Corte es excepcional y debe interpretarse de manera limitada, en cuanto le corresponde intervenir frente a situaciones que ameritan imperiosamente la adopción de medidas de protección en pro del derecho cuya vulneración se invoque. De manera que respecto del derecho cuya tutela se pide, éste debe tener un carácter de indubitado, y no referirse a meras expectativas o a la sola autoatribución hipotética de prerrogativas no reconocidas por el ordenamiento jurídico. Finalmente, los actos u omisiones denunciados, que sirven de sustento a la acción de protección, deben además tener el carácter de ilegales o arbitrarios.

OCTAVO: Que, la naturaleza de un mecanismo tutelar de emergencia que reviste el recurso de protección se desprende del propio artículo 20 de la Carta Fundamental, por cuanto no limita la procedencia de la acción de protección ni la restringe por existir otras vías jurisdiccionales posibles en que pueda resolverse la cuestión planteada. Más bien, y por el contrario, la norma constitucional citada admite expresamente esta acción cautelar y de emergencia en todos los casos de vulneración de los derechos fundamentales que indica, al expresar que su ejercicio es sin perjuicio de los otros derechos que (el recurrente) pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

NOVENO: Que, como se observa de la controversia que motiva la acción de protección, el recurrente afirma y sostiene que el recurrido ha realizado diversas conductas que califica de arbitrarias e ilegales y que se vinculan a actos materiales que han implicado la afectación de una situación previa y preexistente, esos actos han importado la destrucción de parte de los deslindes existentes de un predio que el actor de protección afirma es de su propiedad y la consiguiente ocupación de una superficie de terreno que estima en 4.694,28 metros cuadrados de la parcela 77, ocupación que beneficia actualmente al lote 6 de la parcela 78 del recurrido, don nombre reservado, quien reconoce ser propietario de éste último lote y respecto de lo cual alega, conforme se despende de su informe, el ser titular de un derecho de dominio sobre la referida superficie predial y poseer mejores y más completos antecedentes que así lo justifican.

DÉCIMO: Que, como ya se ha expuesto, el debate de autos no dice relación con quien es el propietario de la referida superficie de terreno y respecto de la cual existe una evidente disputa entre las partes, por cuanto la determinación del dominio de dicha superficie desborda lo límites de la acción de protección, conforme se ha explicado. De ello resulta que lo central para resolver por vía de la presente acción cautelar de urgencia se vincula con la realización de actos materiales que se atribuyen al recurrido a consecuencia de los cual se ha generado una modificación de una situación preexistente referida a los deslindes de los predios según sus títulos y a una destrucción y/o alteración de los cercos existentes y otros elementos que permitían establecer los límites de las propiedades.

UNDÉCIMO: Que, de los antecedentes acompañados por ambas partes, que incluyen fotografías y levantamientos topográficos, incluyendo informes evacuados por peritos de confianza de las partes, es posible concluir la existencia de un conflicto entre las partes determinado por la real ubicación de los inmuebles de que sostienen son dueños, concretamente en la determinación de uno de sus deslindes. En dichos antecedentes aportados, especialmente de fotografías, efectivamente se puede observar cercos medianeros que separan las propiedades, avisos efectuados para informar de la aparente ocupación de parte de la parcela 77 del recurrente, vestigios de cercos construidos y nuevos cercos levantados en el sector.

DUODÉCIMO: Que, es posible entender como autotutela “toda vía de hecho que cualquier persona ejecuta o lleva a cabo alterando un determinado statu quo, lo que, a su vez, se traduce en afectar determinadas relaciones jurídicas que sobre esas bases fácticas se estaban desarrollando antes de producirse la alteración de las condiciones de hecho” (Corte de Apelaciones de Valdivia, sentencia de 10 de enero de 2023, rol N° 2771-2022). Como es de conocimiento de toda persona, la idea de una “justicia a propia o por propia mano” se encuentra, por regla general y con contadas excepciones, proscrita del ordenamiento nacional, ello desde que la existencia de un Estado de Derecho importa que las controversias que pueden existir entre las personas deben ser sometidas a conocimiento de los tribunales de justicia quienes están llamados constitucionalmente a resolver tales conflictos de relevancia jurídica, evitando así el ejercicio de soluciones de fuerza o de autotutela. De ello deriva que el modificar el statu quo jurídico y fáctico existente, por medio de vías de hecho de carácter unilateral, importa la materialización positiva de una voluntad que irrespeta el sistema normativo que la sociedad se ha dado a objeto de resolver de forma civilizada y respetuosa de los derechos de los otros las eventuales controversias que se pueden suscitar en el núcleo social. De ello deriva que, por regla general, toda actuación de autotutela debe ser calificada de ilegal, por cuanto se aleja del cauce legítimo que como sociedad se ha establecido para resolver los referidos conflictos de interés jurídico.

DÉCIMO TERCERO: Que, de acuerdo a lo analizado, sin perjuicio de las acciones de lato conocimiento que las partes en el presente conflicto puedan ejercer ante los tribunales de justicia a fin de amparar los derechos de que señalan ser titulares y a pesar de que el dominio autoriza a excluir a otros del uso y goce de la cosa, ello no autoriza, a quien se estima o se afirma ser propietario de la misma, a ejercer tal derecho por vía de actos materiales desarrollados directamente en contra de otra persona y que afecten una situación fáctica preexistente, como es lo que ocurre en autos, debiendo estimarse la acción de la recurrida como ilegal y atentatoria de la garantía constitucional contenida en el artículo 19 N°3 inciso 5° de la Carta Fundamental, por cuanto evidencia que el recurrido, al hacer justicia por su mano propia, se ha erigido en un verdadero tribunal, sustituyendo de facto atribuciones y decisiones que únicamente incumben a una sede judicial, lo que obliga a esta Corte a adoptar las medidas de urgencia necesarias para restablecer el imperio del derecho y restablecer la situación existente en forma previa a los hechos que motivan la presente acción de protección.

DÉCIMO CUARTO: Que, atento a lo antes razonado, el recurso de protección ha de ser acogido.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido don nombre reservado en contra de don nombre reservado, disponiéndose que el recurrido deberá restablecer materialmente los deslindes de la parcela 77 en su límite colindante con el lote 6 de la parcela 78 a la situación previa que origina la presente acción de protección y abstenerse de ejecutar en el futuro cualquier acto que impida a la recurrente utilizar la referida superficie de 4.694,28 metros cuadrados de citada parcela 77, ello sin perjuicio del derecho de cualquiera de los recurrentes a iniciar las acciones legales que de acuerdo a las reglas generales pudieren corresponderle respecto del referido retazo de terreno.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante, señor Enrique Labarca Cortés.

Rol N° 8821-2022 (Protección).

En La Serena, a diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

Pronunciada por la Segunda Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de La Serena integrada por la Ministra titular señora Marcela Sandoval Durán, la fiscala Judicial señora nombre reservado y el abogado integrante señor Enrique Labarca Cortés. No firma la Ministra señora Sandoval, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por encontrarse haciendo uso de su feriado Legal.