nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.
- Fecha
- 6 de febrero de 2026
- Sala
- Segunda Sala
- Resultado
- Rechazada
- Cita
- Corte de Apelaciones de La Serena, Rol N° 88-2026, sentencia de 6 de febrero de 2026
Resumen
Se rechaza la protección contra AFP Modelo: la aseguradora solo exigió el certificado de afiliación con cobertura "a todo evento" que exige la Ley N°18.156, requisito que el recurrente no acreditó, sin ilegalidad ni arbitrariedad.
Texto íntegro
nombre reservado, nombre reservado
AFP Modelo S.A.
Recurso de protección Rol Nº88-2026 La Serena, seis de febrero de dos mil veintiséis.
VISTO Y TENIENDO PRESENTE:
PRIMERO: Que, comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, interponiendo recurso de protección en beneficio de nombre reservado, empleado, de nacionalidad colombiana, cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, dirigido en contra de ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A., representado por don nombre reservado, con domicilio domicilio reservado, Región Metropolitana, por el acto que señala como ilegal y arbitrario, consistente en rechazar su solicitud de retiro de fondos de conformidad a lo establecido en la Ley N°18.156, lo que vulnera su derecho a la igualdad ante la ley del artículo 19 N°2 de la Constitución Política.
Señala que la recurrente solicitó la devolución de fondos previsionales, de acuerdo con la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican.
Sin embargo, indica que el 18 de diciembre de 2025 el actor fue notificado por correo electrónico que su solicitud no sería aprobada.
Expone, que los argumentos esgrimidos por la recurrida para el rechazo, fueron que, si bien, acreditó que se encuentra cubierto ante las contingencias de enfermedad, vejez, invalidez y muerte; no obstante, se le exige que el certificado de afiliación del país de origen contenga expresamente la expresión “a todo evento”, requisito que —a juicio del recurrente— no se encuentra contemplado en la normativa aplicable y constituye una exigencia meramente formal y arbitraria, destinada a obstaculizar el ejercicio de su derecho a la devolución de fondos.
Sostiene que el certificado acompañado acredita cobertura previsional ante contingencias de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, cumpliendo íntegramente con los presupuestos exigidos por la ley y la Circular N°553, por lo que la negativa de la AFP carece de fundamento legal y razonable. Añade que otros trabajadores extranjeros, en idéntica situación fáctica y documental, habrían obtenido una respuesta favorable, configurándose un trato desigual.
En consecuencia, indica que este proceder de la recurrida infringe su derecho a la igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, dándole al recurrente un trato desigual con respecto a otros solicitantes, que encontrándose en iguales circunstancias, la recurrida ha otorgado respuesta favorable.
Culmina solicitando que se acoja el recurso de protección, ordenando a la recurrida que reconozca como válido el certificado de afiliación del país de origen suministrado, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho, dentro de un plazo razonable, o se adopten las medidas que se estimen necesarias para restablecer el imperio del derecho.
SEGUNDO: Que, a folio 4 del expediente, se evacuó informe por AFP MODELO S.A., solicitando el rechazo del recurso.
Señala que una revisados los antecedentes acompañados por el recurrente a su solicitud de retiro, en particular, del certificado de afiliación acompañado, se concluyó que las coberturas previsionales del sistema extranjero no eran “a todo evento”, por cuanto las prestaciones por enfermedad, invalidez, vejez y muerte se encontraban sujetas a condiciones, limitaciones temporales o requisitos específicos, lo que impide tener por cumplido el requisito copulativo establecido en el artículo 1° letra a) de la Ley N°18.156. En particular, se destaca que la cobertura de salud no acredita prestaciones médicas y pecuniarias integrales; que la invalidez solo se cubre desde cierto período de incapacidad; que la vejez depende de edad o capital acumulado; y que la muerte se condiciona a causas de origen común.
Señala que tal exigencia emana de instrucciones expresas y vinculantes de la Superintendencia de Pensiones, contenidas, entre otros, en los Oficios N°21.480 de 2017 y N°31.143 de 2021, los cuales exigen que el trabajador extranjero acredite cobertura previsional integral y a todo evento, durante toda la vigencia de la relación laboral en Chile. En este contexto, sostiene que AFP Modelo carece de facultades discrecionales para apartarse de dicha interpretación administrativa obligatoria.
En el plano jurídico, enfatiza que la Ley N°18.156 constituye un régimen de excepción y que sus requisitos son copulativos, citando jurisprudencia reciente de la Corte Suprema y de diversas Cortes de Apelaciones, que han confirmado la legalidad del rechazo de solicitudes de devolución de fondos cuando las coberturas previsionales extranjeras no cumplen el estándar de “a todo evento”.
Agrega que la AFP actúa bajo la supervigilancia y fiscalización de la Superintendencia de Pensiones, organismo competente para interpretar la normativa del sistema, razón por la cual su actuar se encuentra plenamente reglado, sin margen para arbitrariedad. En consecuencia, sostiene que no se ha vulnerado garantía constitucional alguna, en particular la igualdad ante la ley, por cuanto el rechazo se funda exclusivamente en el incumplimiento de los requisitos legales.
TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.
Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.
CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.
QUINTO: Que, el artículo 1° de la Ley N°18.156 dispone: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:
a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.
La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”.
Asimismo, el artículo 7 del mismo cuerpo normativo, preceptúa: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.
SEXTO: Que, por otra parte, corresponde a la Superintendencia de Pensiones, conforme con N°7 del artículo 47 de la ley N°20.255, el N°3 del artículo 94 del D.L. N°3.500, de 1980, y el literal i) del artículo 3° del D.F.L. N°101 de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, interpretar administrativamente las normas del Sistema de Pensiones, razón por la cual y en ejercicio de dicha facultad, este organismo ha emitido una serie de disposiciones, contenidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, para la correcta aplicación de la ley N°18.156.
De esta manera, el Órgano Fiscalizador ha generado una jurisprudencia administrativa especialmente encaminada a uniformar criterios de exigencias en los casos en que la legislación concede beneficios de carácter excepcional a los trabajadores.
Conforme a lo indicado, el N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones dispuso que para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.
Asimismo, mediante el Oficio N°31.143 de la Superintendencia de Pensiones de 08 de noviembre de 2021, se ha exigido que la cobertura de las contingencias sea integral; de manera que no sirve un documento que señale de forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado.
SÉPTIMO: Que, en consecuencia, es posible concluir que la forma y oportunidad en que se debe dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la ley N°18.156, están expresamente fijadas por ésta, y han sido además precisadas por el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y su jurisprudencia administrativa, sistema normativo que efectivamente exige determinados requisitos a los documentos que se acompañen en este proceso por el solicitante, a objeto de acreditar que el solicitante cuente con una cobertura integral de contingencias.
OCTAVO: Que, a la luz de lo expuesto, la respuesta de la recurrida solicitó al actor acompañar constancia de afiliación o un certificado de afiliación emitido por la Institución de Seguridad Social que le otorgue cobertura “a todo evento” en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, lo que no fue cumplido a cabalidad por el interesado. En consecuencia, se desprende que la recurrida no ha incurrido en ilegalidad alguna y, por el contrario, se ha limitado a exigir del actor el cumplimiento de los requisitos que los artículos 1 y 7 de la Ley N°18.156 ya transcritos, requieren para el retiro solicitado, sin que el afiliado hubiere satisfecho tales presupuestos necesarios para el éxito de la devolución de fondos.
Luego, tampoco puede reprocharse arbitrariedad en la decisión, toda vez que ésta resulta debidamente fundada, precisamente en el incumplimiento de los requerimientos legales que el actor debía cumplir al efecto, según se ha reseñado, motivo por el cual el recurso será rechazado.
Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado en contra de AFP Modelo S.A.
Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.
Rol N°88-2026.- (Protección)