nombre reservado con nombre reservado
- Fecha
- 15 de julio de 2026
- Resultado
- Rechazada
- Cita
- Corte de Apelaciones de La Serena, Rol N° 879-2026, sentencia de 15 de julio de 2026
Resumen
Se rechaza el recurso de protección: la retención del vehículo y el cobro discutido son una controversia contractual entre particulares, sin derecho indubitado ni acto arbitrario, ajena a la vía cautelar.
Texto íntegro
nombre reservado
nombre reservado
Recurso de Protección Rol N°879-2026.- La Serena, quince de julio de dos mil veintiséis.
VISTOS:
Comparece don nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien, actuando en su propia representación, deduce recurso de protección en contra de don nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, por los actos que califica de ilegales y arbitrarios y que estima vulneratorios de las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República.
Funda su acción en que, con fecha 2 de marzo del año en curso, hizo entrega de su vehículo (una camioneta marca SsangYong, patente KW-97-67, de su propiedad) al taller mecánico del recurrido, con el objeto de que se ejecutaran diversas reparaciones previamente acordadas. Expresa que, conforme a lo requerido por aquél, pagó íntegramente la suma de $975.000, transferida a la cuenta vista Mercado Pago N° [cuenta reservada] perteneciente al recurrido, monto que correspondería al valor total de las reparaciones comprometidas.
Agrega que, pese a haber solucionado la totalidad del precio, el recurrido ha incurrido en reiterados incumplimientos respecto de las fechas de entrega ofrecidas (la última de ellas fijada para el 12 de mayo del presente año), manteniendo el vehículo retenido en su taller sin avances sustanciales en su reparación; que, adicionalmente, le exigiría nuevas sumas de dinero para continuar con los trabajos; que no emitió boleta, factura ni documento tributario alguno; y que otros vehículos ingresados con posterioridad al suyo habrían sido reparados y entregados oportunamente, lo que estima constitutivo de un trato desigual y arbitrario.
Sobre esa base, solicita que se declare que las actuaciones del recurrido constituyen actos ilegales y arbitrarios que vulneran las garantías de los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental; que, como medida de restablecimiento del imperio del derecho, se fije una fecha cierta y definitiva para la entrega del vehículo; y que se oficie al Servicio de Impuestos Internos y a la Ilustre Municipalidad de Coquimbo, a fin de que informen si el recurrido cuenta con inicio de actividades vigente, patente comercial y autorización de funcionamiento para el desarrollo de la actividad de reparación automotriz en el inmueble ya individualizado.
Por resolución de catorce de mayo de dos mil veintiséis se acogió a tramitación el recurso y se dispuso que la recurrida informara. Atendido el tiempo transcurrido sin que ésta diera cumplimiento a lo ordenado, por resolución de diez de julio de dos mil veintiséis se prescindió del informe, se ordenó traer los autos en relación y se dispuso el pase de los antecedentes a la señora Presidenta para los fines pertinentes.
Se trajeron los autos en relación.
Y TENIENDO PRESENTE:
PRIMERO: Que la acción de protección consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye un mecanismo de tutela de urgencia y de naturaleza cautelar, cuyo objeto es restablecer el imperio del derecho y otorgar amparo al afectado frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que priven, perturben o amenacen el legítimo ejercicio de las garantías que la propia norma enumera. Su procedencia supone, como presupuesto ineludible, que el derecho invocado sea indubitado, esto es, que su existencia y titularidad no aparezcan discutidas, pues esta vía no ha sido concebida para declarar o constituir derechos controvertidos, ni para dirimir conflictos que, por su complejidad fáctica o jurídica, requieran de un procedimiento de lato conocimiento dotado de una etapa de discusión y prueba de la que el recurso de protección carece.
SEGUNDO: Que, examinado el arbitrio a la luz de lo señalado, aparece que el conflicto que le sirve de sustento es de naturaleza esencialmente contractual, en cuanto tendría su origen, según se indica en el recurso, en un contrato de prestación de servicios de reparación mecánica que se habría celebrado entre las partes, respecto del cual el recurrente reprocha al recurrido el incumplimiento de las fechas de entrega comprometidas, la retención material del vehículo, la exigencia de sumas adicionales a las inicialmente pactadas y la falta de emisión de documentación tributaria. Se trata, en definitiva, de una controversia sobre la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones emanadas de dicho contrato, propia del ámbito del derecho común y de la competencia de los tribunales ordinarios.
TERCERO: Que la resolución del conflicto así planteado exige dilucidar cuestiones que suponen el establecimiento de hechos mediante rendición de prueba, tales como la existencia de una obligación, y en ese evento, el alcance y contenido de lo efectivamente convenido entre las partes, si la suma pagada comprendía la totalidad de las reparaciones o sólo una parte de ellas, la existencia y eventual culpabilidad de la mora atribuida al recurrido, la legitimidad o ilegitimidad de la retención del vehículo, y la procedencia de los cobros adicionales que se denuncian. La determinación de tales extremos escapa por completo del estrecho y sumarísimo marco del arbitrio cautelar, y corresponde a un procedimiento declarativo de lato conocimiento, con debate y prueba plenos, único idóneo para su esclarecimiento.
CUARTO: Que, en consecuencia, el derecho de propiedad que el recurrente invoca al amparo del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República no reviste, en la especie, el carácter de indubitado que la acción de protección exige, desde que el ejercicio de las facultades que aquél reclama sobre su vehículo aparece subordinado a la suerte de la relación contractual cuya ejecución precisamente reclama. Lo denunciado no configura una privación del dominio impuesta por un acto de autoridad ni una vía de hecho manifiesta, sino la controversia acerca del cumplimiento de un contrato entre particulares, cuya dilucidación no puede obtenerse por esta vía sin desnaturalizar el objeto cautelar del recurso.
QUINTO: Que igual conclusión cabe respecto de la infracción a la igualdad ante la ley que se reclama al amparo del artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, fundada en que otros vehículos ingresados con posterioridad al del recurrente habrían sido reparados y entregados de manera oportuna. Tal alegación constituye una mera aseveración fáctica que, además de no encontrarse acreditada, requeriría igualmente de un contradictorio con amplitud probatoria para su verificación, de modo que tampoco por este capítulo se satisface la exigencia de un derecho indubitado ni la de un acto arbitrario fehacientemente demostrado que habilite la intervención cautelar de esta Corte.
SEXTO: Que abona lo razonado la naturaleza de las diligencias que el propio recurrente solicita -oficiar al Servicio de Impuestos Internos y a la Ilustre Municipalidad de Coquimbo para determinar si el recurrido mantiene inicio de actividades, patente y autorizaciones vigentes-, pues ellas revelan que lo pretendido excede el ámbito propio del arbitrio de protección y persigue una indagación acerca de la regularidad tributaria y administrativa de la actividad del recurrido que resulta ajena a la finalidad cautelar de esta acción y propia, en su caso, de los órganos fiscalizadores competentes o de un juicio de lato conocimiento.
SÉPTIMO: Que, en mérito de lo expuesto, no concurriendo en la especie un derecho indubitado ni tratándose de una materia cuya resolución competa a esta vía extraordinaria, sino de una controversia contractual que debe ventilarse en el procedimiento de lato conocimiento correspondiente, sin perjuicio de las acciones que el ordenamiento franquea al recurrente, incluidas las propias de la legislación de protección al consumidor, la acción de protección deducida no puede prosperar y será desestimada.
Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra de don nombre reservado.
Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.
Rol N°879-2026 (Protección).