nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones Recurso de Protección Rol N° 879-2023.- La Serena, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha cuatro de mayo de dos mil veintitrés comparece nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, en favor de doña nombre reservado, ciudadana colombiana, gerente general y dueña de la empresa Toco Telecomunicaciones SPA, interponiendo recurso de protección en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES.

Exponen que doña nombre reservado ingresó a Chile el año 2016. Obtuvo su primera residencia temporal, vigente por el plazo de 1 año, en el año 2017, luego postuló a la residencia definitiva, cumpliendo los requisitos correspondientes, y fue aprobada en agosto del año 2019.

Destacan que en el año 2017 la recurrente dio a luz en Chile a su primera hija, fruto de su relación con el ciudadano chileno nombre reservado, con quien celebró matrimonio ese mismo año, luego en el año 2020, dio a luz también en Chile, a su segunda hija.

Desde el año 2019 registró la compañía de su propiedad, Toco Telecomunicaciones SPA, dedicada a la venta y asistencia técnica de equipos celulares y accesorios.

Es así como por motivos profesionales y el arraigo familiar que ya se mencionó, después de 6 años como residente en Chile, doña nombre reservado ingresó solicitud de carta de nacionalización ante la autoridad migratoria respectiva, con fecha 07 de junio del año 2022, signada con el número 46157944.

Así las cosas, con fecha 07 de noviembre del año 2022 vía correo electrónico la recurrente fue notificada: la solicitud de carta de nacionalización avanzaba a estado de análisis.

Desde la fecha señalada en el párrafo anterior, doña nombre reservado no ha recibido ninguna otra notificación, y en todas las oportunidades que ingresa al portal web de la recurrida para ver el avance del trámite de su solicitud, se encuentra en la misma etapa.

Sostienen que esta situación deja una vez más de manifiesto el actuar arbitrario e ilegal del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES en el sentido que vulnera lo establecido en el artículo 19 Nº 2 y 26 de nuestra Constitución Política. A mayor abundamiento, existe una vulneración a los principios de celeridad y oportunidad que contempla la ley 19.880 sobre procedimientos administrativos, así como otros preceptos legales del mismo cuerpo legal que se señalarán más adelante.

El hecho de que la recurrente no ha podido obtener un pronunciamiento sobre su solicitud de carta de nacionalidad, considerando el lapso de seis meses para su tramitación administrativa, sin obtener una respuesta o decisión final en un plazo que ha resultado desproporcional y no razonable, es absolutamente vulneratorio y afecta la igualdad ante la ley puesto que existen personas que en la misma situación que el recurrente y han obtenido una respuesta a su nacionalidad en un plazo bastante menor respecto del cual la recurrente ya lleva esperando una resolución a su solicitud.

Las consecuencias del incumplimiento del Servicio Nacional de Migraciones en cuanto a la iniciación y prosecución del procedimiento administrativo, manifiestan una evidente falta de aplicación del principio de celeridad, al dilatar excesivamente y sin razón el pronunciamiento sobre la solicitud de nacionalización, excediendo ampliamente el plazo establecido en el artículo 27 de la Ley 19.880.

Por estas consideraciones solicita se restablezca el imperio del derecho, y se asegure la debida protección a los afectados; y en consecuencia, se instruya a la citada institución para que proceda a otorgar una respuesta final sobre la solicitud de carta de nacionalización de la recurrente, por no existir razones o impedimentos legales para evitar su pronunciamiento.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- Cédula de la recurrente; 2.- Pasaporte de la recurrente; 3.- Cédula de la recurrente; 4.- Comprobante de envío de solicitud de carta de nacionalización 07 de junio de 2022; 5.- Notificación que Informa avanza a etapa de análisis respecto de solicitud 07 noviembre de 2022; 6.- Certificado de nacimiento en Chile de ambas hijas de la recurrente: 7.- Certificado de matrimonio de la recurrente con ciudadano chileno; 8.- Certificado Estatus de empresa de la recurrente; 9.- Certificado de Vigencia de Registro de Empresa; 10.- Captura de pantalla en portal web de la recurrida sobre solicitud de la recurrente; 11.- Contrato de Trabajo de la recurrente en su empresa; 12.- Certificado de no deuda en la TGR; 13.- Declaración de Renta SEGUNDO: Que, evacuó informe Roberto Ignacio Castillo Toro, abogado de la Dirección Regional de Coquimbo del Servicio Nacional de Migraciones.

Expone que, con fecha 03 de julio de 2016, la recurrente nombre reservado ingresa al país, en calidad de turista, por el plazo fronterizo Carretera de Chacalluta.

Añade que, con fecha 16 de noviembre de 2016, la Gobernación Provincial de El Loa, otorga por primera vez visa temporaria, por el plazo de 1 año, la cual mantuvo su vigencia hasta el 07 de diciembre de 2017.

Luego, por Resolución Exenta N° 43663 de fecha 28 de junio de 2018, se otorgó el beneficio migratorio de Permanencia Definitiva a doña nombre reservado.

Destaca que, con fecha 07 de junio de 2022, la actora solicita al Servicio Nacional de Migraciones Carta de NACIONALIZACIÓN, bajo el ID N°46157944. Su solicitud se encuentra en etapa de ASIGNACIÓN A PDI, con fecha 07 de noviembre de 2022.

Aduce que esa autoridad migratoria ha notificado de todos sus avances al recurrente. Además que en la misma página del Servicio Nacional de Migraciones, en lo referido al tema en cuestión, es decir Nacionalización, en preguntas frecuentes se menciona expresamente que: “La nacionalización demora en promedio 3 años en su tramitación. Sin embargo, es una especial gracia que otorga el Estado, cuyo procedimiento de análisis debe realizarse de manera exhaustiva, siendo necesario proceder a la revisión de los antecedentes presentados en detalle y en diferentes instancias, lo que significa en ocasiones, una tramitación más extensa de la esperada por Hace presente también que debe considerarse que al tratarse de una especial concesión por gracia, el análisis de los diversos antecedentes necesarios para su pronunciamiento, requiere de un tiempo que es evidentemente superior al de los demás trámites administrativos de solicitud ordinaria. Además que, resulta oportuno tener presente que el requerimiento tendiente a la obtención de la nacionalización de la actora debe culminar mediante la decisión discrecional del Presidente de la República, de conformidad al Decreto N°5142 de 1960 del Ministerio del Interior, que fija el Texto Refundido de las Disposiciones sobre Nacionalización de Extranjeros, la cual no puede ser resuelta por la recurrida, pues corresponde a un beneficio otorgado exclusivamente por dicha autoridad.

De esta manera, en razón de lo señalado, no se vislumbra en la tramitación del procedimiento alguna ilegalidad o arbitrariedad que conculque alguna a las garantías constitucionales denunciadas que requieran de la adopción de una medida cautelar de urgencia como la que se pretende con la acción constitucional interpuesta.

Adiciona que la recurrente cuenta con un permiso de permanencia definitiva actualmente vigente, por lo que mantiene situación migratoria regular en el país. Así, la situación de pendencia de su solicitud de carta de nacionalización no conlleva perjuicio alguno a su estatus migratorio, como tampoco al ejercicio de alguna de sus garantías fundamentales.

Destaca asimismo que uno de los trámites esenciales del procedimiento asociado a la concesión de la carta de nacionalización es la elaboración de un informe por parte de la Policía de Investigaciones, el cual debe contener la información indicada en el artículo 5 del Decreto 5142. Para elaborar su informe la Policía de Investigaciones debe citar al solicitante de carta de nacionalización a una entrevista presencial en sus dependencias y, recabada la información el organismo policial deberá remitir el informe a esa autoridad en un plazo de 15 días, en virtud del artículo 6 de dicho Decreto.

Luego, hace presente que según lo señalado por el artículo 27 de la Ley 19.880, el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, una pandemia de carácter mundial que afectó y afecta nuestro país, lo que distorsionó los tiempos normales de tramitación de los procedimientos administrativos durante los años 2020 y 2021, atendidos los aislamientos, cuarentenas y restricciones de movilidad decretados por la autoridad sanitaria. Lo anterior significó un retraso considerable e irresistible para la autoridad migratoria que ha sido reconocido por sentencias ejecutoriadas como un caso fortuito que excusa la dilación de las solicitudes de permisos de residencia, como también toda otra solicitud de trámites de naturaleza migratoria, sin que ello por sí solo implique vulneración de derechos fundamentales de los extranjeros, al mantener residencia regular en el país y contar con documentación a su disposición para acreditar dicha condición en el país.

Añade que la tramitación de la solicitud carta de nacionalización de la extranjera recurrente sigue la misma tramitación legal y reglamentaria que cualquier otro extranjero, no existiendo ninguna diferencia arbitraria ni ilegal, y por lo demás, mientras se mantenga en tramitación la solicitud, las personas no tienen limitaciones para salir e ingresar al país sin más limitaciones que las que establece la ley, así como plena libertad de desarrollar actividades remuneradas lícitas, y en general, adquirir todo derecho u obligación civil conforme lo establecido en el artículo 57 del Código Civil.

El hecho de que el plazo del artículo 27 de la Ley N° 19.880 no sea fatal para dar término a los procedimientos administrativos, refuerza el hecho de encontrarse ajustado a derecho el actuar de la autoridad administrativa. Máxime cuando es pacífico que se le ha dado tramitación legal a la solicitud de carta de nacionalización, sustanciando la tramitación y dándole curso progresivo.

En virtud de las consideraciones anteriormente indicadas, teniendo presente que esa parte ha actuado con estricto apego a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, es que entiende esa autoridad que no existe acto u omisión arbitraria o ilegal que genere privación, perturbación o amenaza a los derechos consagrados en el Artículo 19 de la Constitución Política de la República, y no existe por tanto perturbación alguna derechos del extranjero, toda vez que la solicitud del recurrente se encuentra actualmente en tramitación y su situación migratoria es regular.

Por estas consideraciones solicita el rechazo de la presente acción constitucional de protección en todas sus partes respecto de la extranjera recurrente por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de esa autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, así como el rechazo a la condena en costas a ese Servicio.

Acompaña los siguientes documentos; 1. Copia de escritura pública de mandato judicial Repertorio N°1361/2022, otorgada ante la Notaría de Coquimbo, de don nombre reservado; 2. Publicación de Resolución Exenta N°50.422, de fecha 9 de junio de 2022, del Director Nacional del Servicio Nacional de Migraciones en el Diario Oficial del día 22 de junio de 2022.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Servicio Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por la dilación injustificada en dar respuesta a la solicitud presentada, lo cual califica el actor de ilegal y arbitrario, señalando que vulnera, entre otras, su garantía fundamental contemplada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la Republica.

SEXTO: Que, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N° 19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior, resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

SEPTIMO: Que, de acuerdo a los antecedentes que constan en la tramitación de la presente causa, consta que el recurrente presentó carta de nacionalización con fecha 07 de junio de 2022, encontrándose desde el 07 de noviembre de 2022 en etapa de asignación a P.D.I.

Así las cosas, atendido la fecha de la solicitud, las dificultades producidas por la pandemia que alteraron el normal funcionamiento de organismos públicos y privados, y considerando a mayor abundamiento la naturaleza y características particulares del procedimiento al cual está sujeta la solicitud de la actora, no se advierte en la tramitación una dilación de la entidad suficiente que haga concluir la existencia de una omisión arbitraria o ilegal por parte de la recurrida, por lo que la presente acción deberá ser desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 879-2023 (Protección).-