Protección contra Ministerio del Interior

nombre reservado

Ministerio del Interior y otro Recurso de protección Rol Nº 877-2026.- La Serena, cinco de junio de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación y beneficio de nombre reservado, de nacionalidad colombiana, empleado, cédula de identidad para extranjeros N° NUM000, con domicilio en domicilio reservado, Región de Coquimbo, interponiendo recurso de protección en contra del Ministerio del Interior, representado por nombre reservado, y en contra de la Subsecretaría del Interior, representada por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana.

Funda su acción en la omisión ilegal y arbitraria en que han incurrido las autoridades recurridas al no dictar el Decreto Supremo que ponga término al procedimiento de solicitud de Carta de Nacionalización del recurrente, ingresada el 06 de noviembre de 2024.

Sostiene que dicha omisión vulnera la garantía fundamental de igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República, en concordancia con los artículos 6, 7, 8, 9, 14, 24 y 27 de la Ley N° 19.880, el artículo 84 de la Ley N° 21.325 y el artículo 2 del Decreto Supremo N° 5.142 del Ministerio del Interior.

Expone que el recurrente cuenta con permanencia definitiva vigente y que ingresó regularmente al territorio nacional.

Detalla que tras cumplir con todos los requisitos, ingresó su solicitud de carta de nacionalización el 06 de noviembre de 2024, efectuando el pago de los derechos correspondientes de manera oportuna. No obstante, a la fecha de interposición del recurso, ha transcurrido un año, seis meses y cinco días sin obtener respuesta formal ni la dictación del acto administrativo terminal correspondiente por parte del Ministerio del Interior, pese a que el Servicio Nacional de Migraciones ya remitió el proyecto de decreto respectivo.

Cita el artículo 27 de la Ley N° 19.880 para argumentar que los procedimientos administrativos no pueden exceder de seis meses salvo caso fortuito o fuerza mayor, situación que en la especie no se configura.

Solicita que se acoja el recurso, ordenando a la recurrida emitir un pronunciamiento definitivo dentro de un plazo de 30 días, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que, a folio 4, compareció el abogado Vicente Ferretti Villar, en representación del Ministerio del Interior y de la Subsecretaría del Interior, solicitando el rechazo de la acción constitucional, con costas.

Informa que, de acuerdo con los artículos 84 de la Ley N° 21.325 y el Decreto Supremo N° 5.142 de 1960, el otorgamiento de la nacionalidad chilena es una facultad soberana, discrecional y no una obligación para el Estado, manifestada mediante el uso del vocablo "podrá" en la ley. En cuanto al estado de la solicitud, señala que los antecedentes fueron recibidos por el Ministerio del Interior el 16 de abril de 2026, remitidos por el Servicio Nacional de Migraciones, encontrándose actualmente el acto administrativo terminal en etapa de tramitación interna, previo a la firma de la autoridad correspondiente.

Justifica el tiempo transcurrido señalando que las solicitudes de este tipo requieren de un análisis exhaustivo y riguroso. Agrega que existe un aumento exponencial en el ingreso de solicitudes de nacionalización en el país, detallando que entre los años 2022 y 2025 ingresaron un total de 163.629 solicitudes, lo que equivale a un incremento del 650% respecto al periodo 2018-2021, lo cual constituye una justificación razonable para la demora.

Asimismo, sostiene que, según la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, el plazo de seis meses contemplado en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 no es un término fatal, por lo que su superación no acarrea la ilegalidad de la actuación estatal.

Por último, afirma que no existe vulneración a los derechos fundamentales del recurrente, puesto que este goza de residencia regular vigente en el país, mantiene su cédula de identidad plenamente válida de acuerdo con el artículo 43 de la Ley N° 21.325, y puede entrar y salir del territorio nacional sin restricciones, concluyendo que acoger esta acción vulneraría el principio de igualdad respecto de otros interesados que tramitan sus solicitudes por la vía ordinaria.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amague dicho ejercicio.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del del Ministerio del Interior y de la Subsecretaría del Interior, por la dilación injustificada en dar respuesta a la solicitud de carta de nacionalización presentada, solicitando el recurrente se ordene a la recurrida resolver su solicitud.

Por su parte, la recurrida ha señalado que la solicitud de carta de nacionalización del recurrente se encuentra actualmente en tramitación en tramitación, previo a la firma de la autoridad superior, indicando, además que los antecedentes fueron recibidos dicho organismo recién el día 16 de abril de 2026, de parte del Servicio Nacional de Migraciones.

SÉPTIMO: Que, debe considerarse que al tratarse la carta de nacionalización de una concesión especial que produce importantes efectos al otorgar la nacionalidad chilena, el análisis de los diversos antecedentes necesarios para su pronunciamiento requiere de un tiempo que es evidentemente superior al de los demás trámites administrativos relacionados al estatus migratorio de los ciudadanos, tales como aquellas solicitudes de residencia temporal o definitiva.

OCTAVO: Que, a juicio de esta Corte el sólo retardo en la tramitación de la solicitud del recurrente no llega a constituir una vulneración a la igualdad ante la ley, considerando para sostener aquello que existe un gran número de personas cuyas solicitudes se encuentran en espera de ser resueltas, al igual que la del actor, y que, de acogerse el recurso, se otorgaría a la parte recurrente una preferencia que, paradojalmente, si atentaría contra el igual trato de la ley respecto de los demás postulantes.

Así se estima que la entidad del beneficio que se pretende requiere de la autoridad administrativa un acucioso estudio de los antecedentes, por lo que el supuesto retardo que se reclama no es otra cosa que la utilización del tiempo necesario que se requiere para resolver adecuadamente tan trascendente asunto.

A mayor abundamiento, se considera que ninguna vulneración de otras garantías se produce con la espera de la resolución de su caso, ya que contando con residencia definitiva su condición es equivalente a la de cualquier otro habitante del país, por lo que la demora denunciada no le provoca perjuicio alguno. Suma a lo anterior que el proceso se encuentra en tramitación, encontrándose únicamente pendiente la firma de la máxima autoridad del servicio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de don nombre reservado, en contra del Ministerio del Interior y de la Subsecretaría del Interior.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Nº 877-2026 (Protección).