nombre reservado CONTRA DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

nombre reservado, nombre reservado

Fisco de Chile Recurso de Protección Rol N° 877-2018.- La Serena, veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Comparece don nombre reservado, comerciante, Rut Nro. RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, e interpone nombre reservado en contra del señor Jefe de la Oficina de Procedimientos Administrativos y nombre reservado (OPAT) del Servicio de Impuestos Internos Región de Coquimbo, don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien con fecha 26 de Junio de 2018, procedió́ mediante Resolución Ex. Número 93.895, a rechazar administrativamente (“No ha lugar”) una solicitud de revisión de la actuación fiscalizadora (RAF) de liquidación de impuesto por la suma de $31.748.484, que se desglosa en $16.263.230 (impuesto por pagar); $2.358.168 (reajustes); $13.128.086 (intereses y multas), y que según se indica, provienen de una inversión en fondos mutuos cuyo disponibilidad no se acreditó de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 70 y 71 de la Ley de la Renta.

Señala que tal resolución le fue notificada por cédula, con fecha 27 de Junio 2018, mediante Notificación Número 81860.

Señala que tal actuación es ilegal y arbitraria, ya que amenaza y perturba su derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 Número 24 y el derecho a desarrollar una actividad económica licita, consagrado en el artículo 19 Número 21 de la Carta Fundamental.

Funda su recurso en diversas razones:

1.- ERRONEA CALIFICACION JURIDICA DEL SUJETO PASIVO DIRECTO DE LA RELACION JURIDICO-TRIBUTARIA.- Indica que se le ha calificado como contribuyente o sujeto pasivo directo de una obligación tributaria que es inexistente a su respecto, dado que señala que no ha generado hecho gravado alguno del que emane o pueda emanar la cuestionada relación jurídica-tributaria.

Agrega que durante el segundo semestre de 2009, su hermana, doña nombre reservado, de 61 años, procedió́ a vender un inmueble propio en la misma ciudad, consistente en la Parcela Número 54 de la etapa D del Proyecto de Parcelación de la Comunidad de La Herradura, Coquimbo.

Que las extremas circunstancias familiares que relata, y en su calidad de hermano, manifiesta que ha administrado desinteresadamente por largos años su patrimonio, de un modo gratuito.

Señala que su hermana en el año 2009, le extendió diversos mandatos de representación, en virtud de los cuales procedió a vender, ceder y transferir a don nombre reservado, la Parcela Número 54 de la Etapa D del Proyecto de Parcelación de la Comunidad de la Herradura. El precio acordado fue la suma de $99.999.998, que se pagó mediante dos (2) vales vista del Banco de Crédito e Inversiones Números 05719419 y 05719420, cada uno por la suma de $49.999.999.

Agrega que tales sumas de dinero, las retiró e ingresó en su cuenta corriente bancaria, que entonces tenía en el Banco BCI Coquimbo y luego, a otra cuenta del Banco Santander, para finalmente, invertirlos en fondos mutuos, por la suma total de $74.324.286. Los impuestos derivados de los intereses de esta inversión fueron pagados por el tiempo que ha estado en su cuenta corriente, sin reproche de ninguna especie por parte del Servicio.

Estima, en consecuencia, que tales inversiones corresponden a su hermana, no obstante el año siguiente al de la inversión en fondos mutuos, esto es, el año 2014, el Servicio de Impuestos Internos, le envió citación número 240203108, a fin de que aclarara una inconsistencia en su Declaración de Renta del año 2014; luego, con fecha 08 de Noviembre de 2016, se le notificó citación Número 144502000, a fin de que aclarara la observación G47: “El origen de los fondos con que efectuó las siguientes inversiones, desembolsos y/o gastos, no guardan relación con las rentas declaradas”. Lo anterior conforme a los artículo 70 y 71 de la Ley de la Renta.

Agrega, que a pesar de lo expuesto, la autoridad soslayó la falta de legitimación pasiva del recurrente, expresando que la actuación impugnada no había sido desvirtuada, manteniendo la liquidación y giro por una diferencia de impuestos, que a la fecha de la Resolución, ascendía a $31.748.484, monto que se desglosa en $16.263.230 (impuesto por pagar); $2.358.168 (reajustes); y $ 13.128.086 (intereses y multas).

Estima el recurrente que la Resolución recurrida, vulnera el claro tenor del artículo 8° del Código Tributario que define al sujeto pasivo de la obligación tributaria, al señalar que “Es contribuyente, la persona natural, jurídica, comunidad o sociedad de hecho afectada por el impuesto”. Asimismo, considera que se ha vulnerado el principio de imparcialidad, contenido en el artículo 11 de la Ley 19.880, que establece las Bases del Procedimiento Administrativo, y que ordena que “la administración debe actuar con objetividad y respeto al principio de la probidad consagrado en la legislación, tanto en la sustanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”.

Desde el punto de vista procedimental, la Resolución atacada vulnera lo dispuesto en el artículo 41 de la misma Ley, que señala que el contenido de la resolución final, “decidirá́ las cuestiones planteadas por la interesada”, y que “las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada”, o sea, que deberá ser motivada.

Agrega que de una simple lectura de la Resolución permite advertir que el señor Jefe de la Oficina de Procedimientos Administrativos y nombre reservado (OPAT), no se hizo cargo en ninguna consideración previa a su decisión, del argumento central y de fondo de la defensa, en cuanto a que el compareciente no estaba legitimado pasivamente, y que no debía dirigirse la acción en su contra.

En cuanto a la arbitrariedad del acto, el recurrente estima que la mencionada Resolución es también arbitraria, porque no contiene ningún elemento razonado y objetivo, para dirigir la acción fiscal en su contra, al extremo de comprometer su patrimonio en cumplimiento de una deuda que no existe y que no le corresponde asumir legalmente.

2.- IMPROCEDENCIA DE EXIGENCIA DE UN REQUISITO (DISPONIBILIDAD) NO ESTABLECIDO EN LA LEY. INFRACCION ARTICULO 70 DE LA LEY DE RENTA.

Señala el recurso, que el artículo 70 de la Ley sobre Impuesto a la Renta establece: “Se presume que toda persona disfruta de una renta a lo menos equivalente a sus gastos de vida y de las personas que viven a sus expensas. Si el interesado no probare el origen de los fondos con que ha efectuado sus gastos, desembolsos o inversiones, se presumirá́ que corresponden a utilidades afectas al impuesto de Primera categoría según el N° 3 del artículo 20 o clasificadas en la Segunda Categoría conforme al N° 2 del artículo 42, atendiendo a la actividad principal del contribuyente.

Los contribuyentes que no estén obligados a llevar contabilidad completa, pondrán acreditar el origen de dichos fondos por todos los medios de prueba que establece la ley.”

El recurrente señala que el Servicio tiene demostrado de donde salieron los fondos –la venta de un bien raíz de su hermana– pero cuestiona que hayan sido esos fondos los destinados a la inversión en fondos mutuos, ya que, atendido el tiempo transcurrido, entre la venta del inmueble y la inversión en fondos mutuos, no le favorecería como contribuyente, la presunción de disponibilidad de un año de que da cuenta la Circular Número 8-2000.

Claramente queda establecido por la misma norma, que la obligación del contribuyente es acreditar el origen de los fondos con que se realizó la inversión. Sin embargo el Servicio al rechazar su solicitud de revisión de la actuación fiscalizadora (RAF), estimó que no estaba acreditada la disponibilidad de los fondos con que ésta se realizó.

En la especie, estima el recurrente que este pronunciamiento es ilegal, pues trasgrede el claro tenor de la norma antes citada, ya que la disponibilidad de fondos no constituye una exigencia que esté en la Ley.

En definitiva, solicita acogerlo y decretar las siguientes medidas: 1o.- Que se deje sin efecto la liquidación centralizada Número 404103000074 de fecha 16 de Mayo de 2017, por cobro del impuesto de primera categoría, año tributario 2014, por $ 16.263.230 y giro Folio Número 229748614 del 01 de Marzo de 2018, por igual monto y concepto; 2o.- Que en consecuencia, se deja sin efecto el procedimiento de cobranza judicial seguido ante el mismo Servicio de Tesorerías-IV Región, Rol Número 10.709-2018, caratulado “Fisco con nombre reservado”, oficiándose al efecto al señalado Servicio, en su domicilio de domicilio reservado; 3o.- En defecto de lo anterior, que se retrotraiga la tramitación de la causa administrativa al estado de citar ante el Servicio, a doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, para que declare acerca de los hechos materia de la liquidación y giro mencionado en el Número 1o.- a fin de evaluar a su respecto, la eventual concurrencia de los requisitos legales de los artículos 70 y 71 de la Ley de la Renta, paralizando entretanto el procedimiento ejecutivo antes indicado; y 4o.- Lo anterior, sin perjuicio de todas las demás medidas, que juzgue urgentes y necesarias el Tribunal de SSI., para restablecer el imperio del Derecho. Todo lo anterior más costas.

El recurrente acompañó los siguientes documentos: 1.- Escritura de compraventa, de fecha 02 de Noviembre, año 2009, extendida ante el Notario Público de La Serena, don nombre reservado; 2.- Mandato especial para venta de la Parcela, de fecha 31 de Agosto de 2009, ante el Notario Público de Coquimbo, don nombre reservado; 3.- Mandato especial de fecha 26 de Octubre de 2009, extendido ante don nombre reservado; 4.- Carta poder para cobrar y percibir vales vista bancarios, otorgados a nombre de la vendedora, de fecha 03 de Noviembre de 2009, extendida en la Primera Notaría de Viña del Mar, de don nombre reservado; 5.- Seis (6) declaraciones personales de impuesto a la Renta, de los años 2009 al 2014; 6.- Declaración jurada por escritura pública, extendida por doña nombre reservado, en la Notaría Pública de don nombre reservado, de fecha 26 de Julio del presente año; 7.- Copia jurisprudencia judicial Excma. Corte Suprema de Justicia, autos Rol Número 139-2010.

Evacuando el informe solicitado, comparece nombre reservado, Director Regional(s) de la IV Dirección Regional de La Serena, del Servicio de Impuestos Internos, quien hace referencia a los elementos fácticos del recurso y expone, que tal acción debe ser desestimada, toda vez que de su petitorio se desprende que se solicita a esta Corte deje sin efecto el procedimiento de cobranza judicial, lo cual es del todo improcedente, ya que tal procedimiento no es de competencia del Servicio de Impuestos Internos. Asimismo, se indica en el informe, que el nombre reservado en análisis ha sido interpuesto fuera de plazo, ya que no obstante recurrir contra la Resolución Nro. 93.895 de fecha 26 junio de 2018, que rechazo la revisión de la actuación fiscalizadora, la cual pretendía dejar sin efecto la liquidación número 404103000074 de fecha 16 de mayo de 2017 y el giro de impuesto consecuente, de fecha 2 de marzo 2018. En consecuencia, estima que la extemporaneidad es del todo evidente y debe ser rechazado el recurso.

Agrega el informe, que además el recurso en cuestión debe ser desestimado, por no se la vía idónea al efecto, ya que en la especie la legislación contempla el Procedimiento General de Reclamaciones regulado en los artículos 123 y siguientes del Código Tributario.

La parte recurrida cita diversa jurisprudencia en apoyo a sus argumentaciones y en definitiva, solicita el rechazo de la acción constitucional, por no verificar las ilegalidades y arbitrariedades denunciadas.

La parte recurrida acompañó los siguientes documentos: carta aviso de fecha 19 agosto 2014; carta respuesta del recurrente de fecha 15 octubre 2014; citación de fecha 8 de noviembre 2016; certificado de envió de carta certificada en que se notificó citación Nro. 144502000 de fecha 8 de noviembre 2016; liquidación de impuestos nro. 4041030000074 de fecha 16 de mayo 2017; certificado de envió de carta certificada mediante la cual se notificó liquidación de impuestos 404103000074 de fecha 16 de mayo 2017; giro de diferencia de impuestos por liquidación previa formulario 21 de fecha 1 de marzo 2018; captura de pantalla página Correos de Chile relativa a notificación giro, formulario 21 folio 229748614 de fecha 1 de marzo 2018; copia resolución ex. Nº93.895 de fecha 26 de junio 2018; acta de notificación Nº81860 de fecha 27 de junio 2018.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el nombre reservado de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEGUNDO: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

TERCERO: Que en la especie no se visualiza la acción u omisión, ilegal o arbitraria de la recurrida, toda vez que en la especie el contribuyente se le comunicó citación para que procediera a dar explicación de la inversión de alrededor de setenta y cuatro millones de pesos, en fondos mutuos. No obstante, el recurrente sólo se limitó a indicar que se trataba de dineros de su hermana, pero no acompañó ningún antecedente que corroborara tal situación. En el año 2016 se le envió una nueva citación, a la cual el contribuyente no concurre, por lo que se procede por parte del Servicio ha practicar la correspondiente liquidación, la cual le fue notificada con fecha 30 de mayo 2017. Posteriormente, en el mes de marzo de 2018, se realizó el Giro como consecuencia de la referida liquidación.

CUARTO: Que el contribuyente presentó revisión de la actuación fiscalizadora (RAF) con los antecedentes, que refiere en el presente recurso, la cual fue rechazada por la Resolución impugnada. No obstante, es necesario establecer que el título que da origen al cobro de impuesto, no es la RAF, sino que la Liquidación de Impuestos, la cual fue emitida en el año 2017. En consecuencia, es necesario, verificar la extemporaneidad de la acción constitucional en análisis.

QUINTO: Que es evidente que desde la fecha de la liquidación, han transcurrido de sobra más de los treinta días, que establece el Auto Acordado que establece la tramitación del Recurso de Protección, por lo que debe necesariamente declarar que el recurso fue presentado fuera del plazo indicado, no obstante se haya interpuesto, en contra de la resolución de rechazó la revisión de la actuación fiscalizadora (RAF), única forma de pretender soslayar tal situación de extemporaniedad.

SEXTO: Que a mayor abundamiento, es necesario indicar que el presente recurso no puede prosperar, toda vez que no es vía idónea para pretender impugnar un cobro de impuestos, ya que existe el procedimiento administrativo y vías judiciales fijadas al efecto, por lo que no es procedente, utilizar un remedio jurisdiccional del todo extraordinario, para intentar omitir los referidos procedimientos.

SÉPTIMO: Que además, es necesario dejar establecido, que respecto del recurrente se ha autorizado timbraje de la documentación correspondiente y cualquier situación de embargo, se encuentra dentro de las etapas del procedimiento administrativo correspondiente, por lo que no puede estimarse que se hayan conculcados los derechos fundamentales que se denuncian.

Sin perjuicio de lo anterior, esta Corte no visualiza perturbación o amenaza a las garantías esgrimidas como conculcadas, ya que la recurrida no ha realizado actuación ilegal o arbitraria susceptible de ser restaurada por esta acción constitucional.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE DECLARA IMPROCEDENTE, por NO SER LA VÍA IDONEA y además, EXTEMPORÁNEO el nombre reservado interpuesto.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante Marcos López Julio.

Rol N° 877-2018 Pronunciado por la Segunda Sala de la Ilma. Corte de Apelaciones de La Serena integrada por los Ministros titulares señor nombre reservado, señor nombre reservado y el abogado integrante señor Marcos López Julio. (No firma señor nombre reservado, por encontrarse con permiso gremial, sin perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa)

En La Serena, a veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.