Protección contra Tesorería General de la República

nombre reservado

Tesorería General de la República Recurso de protección Rol N°874-2026.- La Serena, veintinueve de julio de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece José Miguel Gutiérrez Salazar, abogado, en representación de nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Tesorería General de la República, por el procedimiento de cobro iniciado respecto de una deuda derivada del Crédito con Aval del Estado (CAE), mediante la aplicación de las normas del Título V del Código Tributario y la emisión de mandamientos de ejecución y embargo, por estimar vulneradas las garantías constitucionales consagradas en los numerales 2, 3 inciso quinto, 24 y 26 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Sostiene que la deuda derivada del C.A.E. tiene naturaleza civil y se encuentra regulada por la Ley 20.027, la cual contempla mecanismos especiales de cobranza, sin autorizar expresamente la utilización del procedimiento ejecutivo tributario, por lo que la Tesorería habría excedido sus facultades al aplicar un mecanismo reservado para el cobro de obligaciones tributarias. Agrega que fue notificado los días 07 y 20 de abril de 2026 con resoluciones que lo requieren de pago bajo apercibimiento de embargo, y que incluso intentó acceder a un convenio de pago el 08 de mayo de 2026, lo que no le fue permitido, alegando además que dedujo excepciones dentro del procedimiento administrativo, sin obtener respuesta satisfactoria.

Señala que las actuaciones impugnadas generan una amenaza actual sobre su patrimonio y que el expediente fue tramitado en Maipú, pese a residir en Ovalle, insistiendo en que la Ley 20.027 sólo autoriza mecanismos específicos de cobro, como la retención de devolución de impuestos o las acciones de cobranza conforme a las reglas generales del juicio ejecutivo civil, mas no el procedimiento excepcional previsto en el Código Tributario.

Finalmente, solicita que se declare ilegal y arbitrario el actuar de la recurrida, se deje sin efecto el procedimiento de ejecución y embargo iniciado en su contra y se ordene a la Tesorería abstenerse de iniciar o continuar procedimientos de cobro del C.A.E. que no estén expresamente autorizados por la Ley 20.027.

Acompaña a su recurso los siguientes antecedentes: 1)

Copia de la notificación remitida mediante correo electrónico por la Tesorería General de la República; 2) Mandamiento de ejecución y embargo remitido por la Tesorería General de la República; 3) Certificado de residencia; 4) Mandato judicial notariado con F.E.A. y 5) Certificado de deuda fiscal.

SEGUNDO: Que, evacuó informe la recurrida Tesorería General de la República solicitando el rechazo del recurso.

Señala que la deuda corresponde a un crédito fiscal derivado del Crédito con Aval del Estado (CAE), registrado en la Cuenta Única Tributaria mediante Formulario N°34, folio N°NUM000, y asociado al expediente administrativo Rol N°NUM001 de la Tesorería Provincial de Maipú, en cuyo marco, el 06 de abril de 2026, se confeccionó la nómina de deudores morosos, se despachó mandamiento de ejecución y embargo y se notificó al recurrente por correo electrónico, informándole además el plazo legal para oponer excepciones.

Alega que, el recurso de protección no es la vía idónea en atención que el legislador estableció un procedimiento ejecutivo regulado en el Código Tributario para el conocimiento y juzgamiento de la materia.

Indica que, antes de llegar la deuda a Tesorería, la institución financiera debió acreditar ante la Comisión Ingresa el agotamiento de las gestiones de cobranza prejudicial y judicial y el incumplimiento del deudor, tras lo cual el Fisco hizo efectiva la garantía estatal, pasando la acreencia a tener naturaleza de crédito fiscal, cuya cobranza corresponde legalmente a la Tesorería conforme al artículo 35 del Decreto Ley 1.263 y a los artículos 168 y siguientes del Código Tributario.

Sostiene que el recurso de protección es improcedente, por existir un procedimiento especial de cobranza que contempla mecanismos de defensa, por dirigirse en realidad contra actuaciones dictadas dentro de dicho procedimiento y por no existir un derecho indubitado que justifique la tutela cautelar.

Finalmente, sostiene que no ha incurrido en actuación ilegal ni arbitraria, pues ha actuado en cumplimiento de un mandato legal destinado a la recuperación de recursos fiscales desembolsados por el Estado en virtud del sistema de financiamiento de estudios superiores con garantía estatal.

Acompaña los siguientes documentos a su presentación: 1)

Expediente administrativo Rol N° NUM001, de la comuna de Maipú; 2) Certificado de Deuda de la parte recurrente en el que consta el formulario 34; 3) Copia del Dictamen N° NUM002, de 2011, de la Contraloría General de la República; 4) Copia del Dictamen NUM003, de la Contraloría General de la República; 5) Copia de la sentencia pronunciada por la Excma.

Corte Suprema en causa Rol N° 19.139-2019; 6) Copia de la sentencia pronunciada por la Excma. Corte Suprema en causa Rol N° 247.876-2023; 7) Copia de la sentencia pronunciada por la Excma. Corte Suprema en la causa Rol N° 54.802-2024; 8)

Informe en derecho “Legalidad y procedencia del uso de los procedimientos de cobro coactivo de la Tesorería General de la República para la recuperación del Sistema de Crédito con Aval del Estado”, de 06 de mayo de 2026.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1 del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, la acción que se reprocha de la recurrida, como ilegal y arbitraria, consiste en haber iniciado en contra de la actora el procedimiento de cobro del Crédito con Garantía Estatal utilizando las potestades y mecanismos del Título V del Libro III del Código Tributario, facultad que no contempla la Ley 20.027, pues tales potestades fueron reservadas por el legislador exclusivamente para la cobranza de obligaciones tributarias, naturaleza de la que el Crédito de Aval del Estado carece.

Así, las partes se refieren, a fin de sostener sus pretensiones, a la correcta interpretación que debe efectuarse de ciertos artículos de la Ley 20.027, aquellos que dicen relación con el cobro de las deudas por C.A.E. y las facultades que la misma entrega a la Tesorería, en los cuales, ambas partes destacan lo dispuesto en el artículo 18 bis de la señalada ley, interpretando la norma para favorecer sus respectivas defensas o alegaciones.

SEXTO: Que, para resolver la problemática plateada, debe tenerse presente lo dispuesto por el artículo 18 bis de la Ley 20.027, norma incorporada por la Ley 20.634, publicada el 4 de octubre de 2012: “La Tesorería General de la República, en representación del Fisco, estará facultada para realizar las acciones de cobranza judicial y extrajudicial que sean procedentes respecto de los créditos de los que es titular el Fisco y aquellos en que se hubiera hecho efectiva la garantía, sea total o parcialmente, y que hayan sido otorgados de acuerdo a la presente ley.

Las acciones de cobranza que ejerza la Tesorería General de la República, por sí o a través de terceros, se someterán a las reglas generales de procedimiento aplicables al cobro coactivo, ordinario o ejecutivo, de los títulos en que constan las obligaciones y créditos otorgados al amparo de esta ley.

Para efectos de lo establecido en el inciso anterior, la Tesorería General de la República podrá delegar en terceros las acciones de cobro. Lo anterior es sin perjuicio de lo establecido en el número 10 del artículo 22.

Asimismo, para efectos de la cobranza de los créditos de los que es titular el Fisco, sea total o parcialmente, la Tesorería General de la República estará facultada para otorgar facilidades y suscribir convenios de pago con deudores morosos, por sí o a través de terceros. También podrá condonar total o parcialmente los intereses y sanciones por la mora en el pago de estos créditos, mediante normas o criterios de general aplicación, que sean determinados por la Comisión.

Adicionalmente, la Tesorería General de la República, previo visto bueno de la Dirección de Presupuestos, podrá vender o ceder los créditos de los que sea titular el Fisco, sea total o parcialmente, y que se encuentren en condición de morosidad”.

Por su parte, el artículo 35 del Decreto Ley 1.263 del Ministerio de Hacienda, señala que: “El Servicio de Tesorerías tendrá a su cargo la cobranza judicial o administrativa con sus respectivos reajustes, intereses y sanciones de los impuestos, patentes, multas y créditos del Sector Público, salvo aquellos que constituyan ingresos propios de los respectivos Servicios.

Para tal efecto, aplicará, cualquiera que sea la naturaleza del crédito, los procedimientos administrativos y judiciales establecidos por el Código Tributario para el cobro de los impuestos morosos”.

SÉPTIMO: Que, de las normas transcritas, se deduce que efectivamente el Estado es acreedor del crédito antes descrito, pero este no es idéntico a otros que lo benefician los que pueden ser efectivamente ejecutados por la normativa tributaria aludida, como los que responden a impuestos, pues las deudas provenientes de los créditos obtenidos para cursar estudios universitarios, son específicas al ser contempladas en una regulación que por su especialidad prima sobre la normativa contenida en el Código Tributario. A ello se suma que la misma fue dictada con posterioridad a la norma tributaria, y con el objeto de dar facilidades para cursar estudios superiores a aquellas personas que no tenían la posibilidad de optar a préstamos del sistema financiero en atención a su situación económica, por no cumplir ciertos requisitos.

OCTAVO: Que, asentado lo anterior, el que la recurrida aplique el procedimiento de cobro establecido en el Título V del Libro III el Código Tributario, titulado “De la competencia para conocer de los asuntos contenciosos tributarios, de los procedimientos y de la prescripción”, y aquél, “Del cobro ejecutivo de las obligaciones tributarias de dinero”, por lo que, la recurrida adscribe a los deudores del CAE a la aplicación de un procedimiento establecido claramente para obligaciones de naturaleza tributaria.

Así, a partir del artículo 168 del Código Tributario, cada una de sus referencias lo es, precisamente, a aquellas obligaciones tributarias, cuyo título ejecutivo se forma de la manera establecida en el artículo 169, cuyo inciso primero señala “...Y la cantidad adeudada por concepto de impuestos o de sanciones en su caso y del tipo de tributo...”, primera aproximación que excluye su aplicación en este caso y que, igualmente, admite únicamente tres excepciones a la ejecución, estas son: las de pago de la deuda; la prescripción de la acción; y, no empecer el título al ejecutado, según lo establece el artículo 177 del mismo código.

NOVENO: Que, por otro lado, de la lectura del inciso segundo del artículo 18 bis ya citado, se desprende la existencia de una remisión expresa para efecto de las acciones de cobranza que ejerza la Tesorería General de la República a las reglas de procedimiento generales, dentro de las cuales no es posible comprender las potestades y mecanismos del Título V del Libro III del Código Tributario, los cuales, como ya se señaló, se refieren al cobro ejecutivo de las obligaciones tributarias de dinero, cuyo no es el caso.

Así, de lo anterior es posible colegir que la amplitud en la redacción de este artículo obliga necesariamente a remitirnos a las reglas de interpretación que, en el caso de los organismos públicos, como sucede en la especie, requiere necesariamente de la consideración al de juridicidad en sentido estricto, consagrado en el inciso primero del artículo 7 de la Carta Fundamental: “Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley” (el destacado es nuestro), el cual exige que toda actuación de los órganos del Estado se someta íntegramente a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella. En estricto rigor, implica una vinculación positiva, esto es, el Estado solo puede hacer lo que la ley expresamente le faculta y se relaciona directamente con la seguridad jurídica reconocida también en el artículo 19 N°26 de la Constitución Política de la República.

De lo anterior se desprende que se requiere de una habilitación expresa que efectúe el reenvío hacia las normas que está aplicando la recurrida en este procedimiento de cobro, pero que -a diferencia de lo que esta estima- el referido artículo 18 bis no contiene.

Es más, al revisar otros preceptos de la misma ley, esta sí establece expresamente el reenvío a otras regulaciones específicas para efectos de ponderación del riesgo, sanción o cobro, tal es el caso del artículo 6 bis, que hace un reenvío al Decreto Ley N°3 de 1997 del Ministerio de Hacienda; el artículo 32, que reenvía a la Ley 18.010; el inciso final del artículo 32, que reenvía a la Ley 17.322; los artículos 34 y 39, que reenvían a la Ley 18.962.

En consecuencia, a diferencia de lo que sostiene la recurrida, no es posible realizar una interpretación sistemática de varios artículos para poder entender que existe una habilitación legal que permite a Tesorería General de la República efectuar estos cobros utilizando el procedimiento contemplado en el Código Tributario. La misma no se encuentra expresamente considerada por el legislador en la normativa especial que regula los créditos C.A.E.. Además, dicha interpretación permitiría acceder a un procedimiento con precarias garantías procesales, lo cual también es reñido con los principios constitucionales que regulan el Estado de Derecho - artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República- y el debido proceso, pues tal como señala el artículo 19 N°3 inciso sexto “Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos”. Todo lo cual avala la necesidad de la ya mencionada habilitación legal.

A ello se suma la circunstancia que la Ley 20.027 entrega una multiplicidad de facultades de cobro y disposición de estos créditos, incluso venderlos a terceros, tal como lo señala el inciso final del artículo 18 bis, lo que resulta completamente incompatible con la postura que en estos autos ha mantenido el recurrido, ya que si se alude a que la naturaleza jurídica del crédito con garantía estatal es la que define que su cobro únicamente debe hacerse a través del procedimiento establecido en el Código Tributario, tal acto de disposición, como la venta, sería imposible, pues de aceptarse importaría una interpretación que se aparta de la regla contenida en el artículo 22 del Código Civil.

Por otro lado, no obsta a lo que se ha venido razonando, el artículo 35 del Decreto Ley 1.263, por cuanto de su tenor literal se desprende que la alusión a “cualquiera que sea la naturaleza del crédito” contenida en su inciso segundo, sólo puede referirse a aquellos créditos descritos en su inciso primero, dentro de los cuales no se encuentra el de autos.

Finalmente, la naturaleza jurídica del crédito de autos no puede mutar por el solo hecho de ser incluido en un formulario, como se pretende, por no existir la facultad legal que así lo permita, como es el caso del impuesto territorial.

DÉCIMO: Que, de lo expuesto, y teniendo como referencia el estándar de legalidad deseado en las actuaciones y decisiones del Estado, se desprende que el accionar de la recurrida deviene en ilegal y en consecuencia lesiona la garantía consagrada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues obliga al recurrente a someterse a un procedimiento que resulta altamente restrictivo en el ejercicio de sus derechos procesales, a diferencia de lo que ocurre en el cobro ejecutivo establecido en las reglas generales y al cual debe someterse el cobro de los créditos ordinarios.

Y, la actuación sin habilitación legal, convierte en este caso a Tesorería General de la República en una comisión especial, afectando con ello el derecho fundamental consagrado en el artículo 19 N°3 inciso 5°.

Por las anteriores consideraciones y teniendo además presente lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, y, en consecuencia, se deja sin efecto el procedimiento de cobro incoado por la recurrida en contra de la recurrente, Rol N°NUM001 de la Tesorería Provincial de Maipú.

Redacción a cargo de la Abogada Integrante Sra. Carolina Salas Salazar.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°874-2026 Protección.