nombre reservado con SHALOM SPA

nombre reservado y otros Sociedad Educacional Shalom SpA Recurso de Protección Rol N° 874-2020.- La Serena, veintitrés de julio de dos mil veinte.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha veinticuatro de mayo de dos mil veinte comparece MARILYN ELVIRA BUSTAMANTE GUAJARDO, abogada, por si, y CRISTIAN ZUÑIGA ARMIJO, abogado, por sí, actuando en favor de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la SOCIEDAD EDUCACIONAL SHALOM SPA, sociedad sostenedora del establecimiento educacional “AMAZING nombre reservado – PEÑUELAS”, en virtud de los siguientes antecedentes.

En cuanto a los hechos, refieren que a partir del lunes 16 de Marzo de 2020, se suspenden las clases presenciales en el país y a partir del día 26 de Marzo reciben como apoderados un comunicado invitando a contar con el apoyo de los padres con la iniciativa del colegio de comenzar a impartir clases vía on line, a través de la plataforma zoom, plataforma que por ser gratuita tiene una duración de 40 minutos. Sostiene que nunca se consultó a las familias sobre la disponibilidad de contar con estos recursos materiales extras, que jamás ha sido parte de las obligaciones de los apoderados en los respectivos contratos de prestaciones educacionales.

Agregan que con fecha 03 de Abril de 2020, una gran mayoría de apoderados redacta una carta explicativa de los efectos prácticos de la suspensión de clases presenciales de los alumnos, razón por la cual se solicita al colegio una rebaja en la mensualidad, desde aquí nace la negociación.

Mencionan que con fecha 07 de Abril de 2020, el colegio accede a tener una reunión en presencia del sostenedor, oportunidad en que se le entregó la carta redactada con fecha 03 de Abril de 2020; en dicha reunión el sostenedor solamente se limitó a escuchar y cito a una próxima reunión para el día 28 de Abril de 2020, con el fin de entregar una respuesta formal y por escrito a los apoderados, luego de estudiar financieramente las alternativas en cuanto al descuento que el colegio pudiese realizar.

Añade que con fecha 21 y 28 de Abril de 2020, tuvo lugar reuniones en el colegio, en las cuales el sostenedor se negó a acceder al descuento solicitado por los apoderados, comunicando a todos y cada uno de los apoderados vía correo electrónico dicha decisión Señala que el acto “Resolución sobre Pago de Aranceles 2020”, de fecha 28 de Abril de 2020, es el resultado de un proceso de negociación con el colegio, una serie de solicitudes y requerimientos que nacen de los apoderados a partir de la suspensión de las clases presenciales. Agregan que a la fecha, a pesar de señalar que se entregarían en el presente mes las bases de acuerdos, aun no hay comunicado alguno, en particular, con el fondo solidario que el colegio unilateralmente ofreció crear en dicha resolución con el fin de que todos los apoderados que no pudiesen seguir pagando las mensualidades pudiesen postular a dicho fondo.

Aducen que la solución dada por la recurrida omite arbitraria, ilegal e inmotivadamente la solicitud efectuada por la mayoría de los apoderados del colegio, la cual consistía en una acotada rebaja del 30% al 35% del arancel o mensualidad por alumno y no la resolución que el colegio tomó; una rebaja por el mes de abril y el mes de mayo de una suma única y total de $36.760, (treinta y seis mil pesos), por alumno, se informa por la misma que se generará un Fondo Solidario al cual se podrá postular, sin establecer el procedimiento ni las fechas, algunos apoderados enviaron email al colegio solicitando ayuda, exponiendo su intimidad como familia, solicitando el retiro de sus hijos del colegio para así solicitar la devolución de los cheques dejados al momento de firmar el contrato de prestación de servicios educacionales, y la respuesta del colegio ha sido solo una postergación en el cobro del documento “Las bases para postular serán publicadas a través del centro general de padres durante el mes de mayo”. Destaca que estamos casi a 30 días del comunicado, y no existen las bases para postular, no se han publicado, generando incertidumbre jurídica a todos los apoderados. En los hechos la Sociedad Educacional incurre en una omisión arbitraria al no cumplir cabalmente con el servicio educacional contratado, al cobrar el arancel total, mes a mes.

Asimismo, incurre en una omisión al no acceder a un descuento proporcional entre la disminución de sus gastos como establecimiento educacional, solo menciona un ejemplo que es a ahorro en gastos variables y postergación de inversiones que no se realizarán en este periodo. Dichos enunciados no son suficientes para modificar la relación entre servicio otorgado, en este caso el más importante de todos, la educación de sus hijos.

Destaca que lo que se busca no es la ejecución forzosa de clases presenciales, lo que no es factible por órdenes de la autoridad, sino que un nuevo acuerdo, pues las circunstancias que rodean el contrato cambiaron y para eso el pago debiese ser proporcional al servicio educacional otorgado.

Indican como garantías constitucionales vulneradas las establecidas en el artículo 19 n° 1, 2, 4, y 24 de nuestra Carta Fundamental.

Así las cosas, profieren que nos encontramos frente a vulneración a las condiciones en el contrato pactado, el cual se encuentra suspendido, afectando directamente a las obligaciones reciprocas, debido a que la proporcionalidad derivada de la contraprestación recíproca y equivalente del contrato suscrito no se verifica en la práctica, toda vez que la recurrida no está cumpliendo en la forma pactada, y por otro parte su incumplimiento a lo pactado afecta directamente el derecho radicado en el patrimonio de los recurrente al no ver satisfecho la obligación recaída sobra la recurrida, causando un desmedro económico que impacta a cada apoderado.

Por estas consideraciones solicita acoger el presente recurso y ordenar a la recurrida a suspender los cobros del arancel pactado en mensualidades en el contrato pactado, o en su defecto se estipule un nuevo cobro en proporción a los servicios actualmente entregados mientras persiste la contingencia de excepción. Todo con expresa condenación en costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- Resolución emitida por Colegio AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOL – PEÑUELAS, de fecha 28 de Abril de 2020; 2.- Iniciativa legislativa que busca un descuento o pago proporcional en Universidades, Colegios Particulares Pagados y Subvencionados, aprobado por unanimidad por la Cámara de Diputados.

SEGUNDO: Que, con fecha dieciocho de junio de dos mil veinte evacuó informe Fernando Arturo Virot Zúñiga, en representación de Sociedad Educacional Shalom SpA, en los siguientes términos.

En primer lugar, aduce que el recurso de protección presentado es extemporáneo, por cuanto la suspensión de clases presenciales -principal fundamento del recurso de autos- no es el resultado de una decisión unilateral de su representada sino consecuencia de una serie de actos de la autoridad, decretada en el contexto de la crisis sanitaria y que encuentra el primer antecedente normativo en la Resolución Exenta Nº 180, del Ministerio de Salud, decretado el 17 de marzo. Desde entonces, ha transcurrido de sobra el plazo previsto para la interposición de la acción de autos. Incluso, si se estima que el plazo debiese computarse no solo desde la suspensión de clases, sino que a partir de la autorización gubernamental que habilita a los establecimientos a impartir educación mediante sistemas de enseñanza remotos, contenida en la Resolución Exenta Nº 210, de 30 de marzo, del Ministerio de marras, se alcanzaría la misma conclusión pues el plazo para interponer la acción constitucional habría vencido el 30 de abril.

Añade que también podría pensarse que el plazo para la acción constitucional se inicia no con la emisión de los actos administrativos anteriores, sino desde el día en que el establecimiento de su representada inició el plan de educación remota; su establecimiento envió una circular a todos padres y apoderados presentando el Plan de Aprendizaje Remoto y las directrices de trabajo el día 16 de marzo, iniciando educación remota el día siguiente. En este escenario, qué duda cabe, el plazo igualmente habría expirado con creces el 17 de abril.

Luego, aduce que no existe un derecho preexistente e indubitado. En efecto, el recurrente no ha hecho valer un derecho preexistente e indubitado sino una mera expectativa, sin contornos definidos, no exigible ni cierta. En definitiva, la acción de protección interpuesta por la contraria no es procedente pues no estamos en presencia de un derecho preexistente e indubitado sino ante una eventual diferencia de índole estrictamente contractual basada en expectativas de los recurrentes, que -por supuesto- no constituyen derecho subjetivo.

A continuación, señala que la materia escapa al conocimiento del recurso de protección, corresponde a un juicio declarativo de lato conocimiento, por cuanto los supuestos de hecho en que se apoya el recurrente, dan cuenta de una eventual diferencia contractual que, conforme nuestro ordenamiento jurídico, solo puede ser resuelto en el marco de un juicio declarativo de lata cognición, mas no mediante una acción cautelar de rango constitucional.

Sin perjuicio de lo señalado, aduce que su representada ha cumplido a cabalidad con lo ordenado en el Ord. 0621, de 25 de marzo de 2020, de la Superintendencia de Educación Escolar: ejecución de plan de aprendizaje remoto.

En el mismo sentido, señala que no existe ningún acto arbitrario por parte de su representada en el exigir el cumplimiento de los pagos de los servicios contratados, pues estos se han prestado y cumplen lo ordenado por la autoridad sectorial. Del mismo modo, manifiesta que no existe acto ilegal alguno por parte de su representada.

Consecuencialmente, concluye que no ha existido vulneración de derechos fundamentales en contra de los recurrentes.

Por estas consideraciones solicita rechazar en todas sus partes el recurso de protección interpuesto por los recurrentes, con expresa condena en costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- Decreto Supremo Nº 104 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el cual decretó el Estado de Excepción Constitucional por Catástrofe por calamidad pública en el territorio nacional; 2.- Resolución exenta Nº 180, 203, 210, 212 y 322 del Ministerio de Salud, la cual ordena la suspensión de clases en jardines infantiles y colegios del país; 3.- Oficio Nº 0621 de la Superintendencia de Educación, de fecha 25 de marzo de 2020; 4.- Resolución exenta Nº 0520 de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Coquimbo, de fecha 30 de marzo de 2020 (adelanto vacaciones y recalendarización año lectivo); 5.- Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Chillan, de fecha 02 de junio del 2020, Rol N° 799-2020; 6.- Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Copiapó, de fecha 09 de junio 2020, Rol N° 165-2020; 7.- Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Valdivia, de fecha 02 de junio Rol Nº 1220-2020; 8.- Disco duro con archivos.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad formulada por la recurrida, cabe hacer presente que, conforme consta del claro tenor de la acción impetrada, el acto que por esta vía se cuestiona, consistente en la negativa a la solicitud de rebaja de arancel formulada por los apoderados recurrentes, se ha materializado mediante el documento denominado “Resolución sobre Pago de Aranceles 2020”, de fecha 28 de abril de los corrientes.

Así las cosas, constando en la tramitación digital de la presente causa que el presente arbitrio ha sido interpuesto con fecha 24 de mayo de los corrientes, se concluye que el mismo se ha formulado dentro del plazo previsto en el Auto Acordado que regula la materia, por lo que solo cabe desestimar dicha alegación.

SEXTO: Que, en cuanto al fondo, para una adecuada inteligencia del asunto, es preciso tener presente, en primer lugar, que en virtud de la crisis sanitaria que atraviesa el país, se dictó el 18 de marzo de 2020, por el Sr. Presidente de la República el Decreto N° 104, que declaró estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, en el territorio chileno por un plazo de 90 días, el que actualmente se encuentra prorrogado.

A su vez, con fecha 16 de marzo de 2020, el Ministerio de Educación decretó la suspensión de clases presenciales para todo el sistema escolar y parvulario, en todo el territorio nacional, medida que se mantiene hasta la fecha.

Además, se ha de considerar que es un hecho conocido que los servicios educacionales en los establecimientos públicos y privados, están siendo prestados en una modalidad diferente a la presencial, esencialmente de manera remota y a través de los recursos tecnológicos disponibles. En efecto, esa es la forma que han tenido que operar los prestadores de servicios educacionales atendidas las restricciones e imposiciones de las autoridades sanitarias y educacionales. Y es la modalidad adoptada por la institución educacional recurrida y que cuestionan esencialmente las recurrentes.

SEPTIMO: Que, ha objeto de resolver lo que corresponda, ha de hacerse notar, por una parte, que del contenido del arbitrio constitucional se advierte que en definitiva se ha calificado como un “incumplimiento contractual” la forma en la que actualmente la recurrida se encuentra desarrollando sus actividades educacionales, que no corresponderían a las pactadas, de manera que aquello ameritaría una rebaja o revisión del monto de colegiatura o aranceles que deben seguir satisfaciendo las recurrentes, no obstante todas las deficiencias acusadas.

Sin embargo, desde el otro ángulo, corresponde apreciar que de lo informado por el ente recurrido, aparece que en su concepto ha dado cumplimiento a su obligación de impartir enseñanza de acuerdo con sus planes de estudio y acorde a las normativas impuestas por la autoridad sanitaria y el Ministerio de Educación durante el estado de pandemia.

OCTAVO: Que, así las cosas, tal como se ha explicado en el motivo tercero y cuarto de este fallo a propósito de las características del recurso deducido, la presente acción de cautela de derechos constitucionales, constituye a no dudar, una vía destinada a dar protección respecto de aquellos cuya existencia aparezca indubitada y no discutidos, sin que pueda llegar a constituirse en una instancia de declaración de tales derechos.

En consecuencia, no resulta procedente que en ese ámbito, esta Corte conozca de una controversia acerca del cumplimiento o incumplimiento de la relación contractual que liga a las recurrentes con el establecimiento educacional recurrido, y que regla la prestación de los servicios educacionales en los términos que ha sido presentada. Por cierto que existe un conflicto de intereses, pero su conocimiento, su discusión, la instancia de prueba y aquella de determinación, sin duda que deben ser planteados a través del ejercicio de la acción procesal pertinente que provoque un juicio de lato conocimiento para así obtener la tutela judicial que se pretenda y que sea en justicia la que corresponda.

Entretanto, el recurso de protección deducido deberá ir a su indefectible rechazo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se RECHAZA, el recurso de protección interpuesto por Marilyn Elvira Bustamante Guajardo y Cristian Zuñiga Armijo, en contra de Sociedad Educacional Shalom SpA, sin costas.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 874-2020 (Protección).-