nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACION

nombre reservado

Servicio Nacional de Migración Recurso de protección Rol n° 873-2024 La Serena, doce de junio de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que a folio 1, con fecha dieciocho de abril de 2024, comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, Abogado, en favor de don nombre reservado, empleado, de nacionalidad colombiana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, Región De Coquimbo, deduciendo recurso de protección contra el Servicio Nacional de Migraciones de Chile, representado por nombre reservado, señalando como omisión ilegal y arbitraria la falta de respuesta sobre su solicitud de residencia definitiva presentada el 22 de octubre de 2022, omisión que representa una violación al principio de igualdad ante la ley, establecido en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

El recurrente sostiene que don nombre reservado, ingresa al país en calidad de turista, estando dentro cambia su situación migratoria a residente por visa otorgada, constando en estampado de visa que se acompaña al primer otrosí de esta presentación, con el propósito de establecerse y desarrollar sus proyectos de vida en Chile.

Agrega que el recurrente con fecha 22 de julio de 2022 solicita el beneficio migratorio de residencia definitiva, según consta en comprobante de solicitud N°51603739 y que con fecha 17 de enero de 2023 se le solicita antecedentes y pago de los derechos, otorgándole un plazo para subsanar lo ordenado, remitiendo en tiempo y forma la documentación solicitada, cumpliendo con lo requerido, realizando en fecha 6 de febrero de 2023 el pago correspondiente dentro del plazo indicado en la orden de giro emitida para tales efectos.

Agrega que se encuentra privado de derechos fundamentales en virtud de la demora que ha mantenido el recurrido de forma arbitraria en dar respuesta a su solicitud, por cuanto desde la solicitud realizada con fecha 22 de julio de 2022 hasta la presente fecha ha transcurrido 1 año, 10 meses, y 8 días sin que la autoridad administrativa se haya pronunciado sobre la solicitud formulada por el recurrente, encontrándose completamente limitado en trámites esenciales de la vida cotidiana, como la apertura, solicitud o renovación de productos bancarios, actos notariales, renovación de licencias de conducir, cambio de nombre social, postulación subsidio habitacional, entre otras.

Destaca que cobra relevancia lo dispuesto en los artículos 4, 7, 9 y 27 de la Ley N°19.880, en particular los principios de celeridad y economía procedimental en virtud de los cuales la Administración debe responder a la máxima economía de medios con eficacia, evitando trámites dilatorios y conclusivo conforme al cual todo el procedimiento administrativo está destinado a que la Administración dicte un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo y en el cual exprese su voluntad.

Refiere que las garantías y derechos constitucionales que resultan afectadas lo son por la omisión arbitraria e ilegal por parte del recurrido en el excesivo tiempo de tramitación en dar respuesta de solicitud ya referida, lo que vulnera garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitud, obteniendo una respuesta formal en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

Cita jurisprudencia y solicita tener por interpuesto Recurso de Protección en contra del recurrido ya individualizado, acogerlo a tramitación, disponiendo las medidas necesarias para restablecer y salvaguardar el imperio del derecho, y en definitiva, se ordene al Servicio Nacional de Migraciones a emitir el pronunciamiento respecto de la solicitud ingresada conforme a derecho y los requisitos establecidos.

Acompaña a su presentación: 1. Comprobante de solicitud de residencia definitiva. 2. Estampado de visa. 3. Cédula de identidad para extranjeros. 4. Notificación solicita antecedentes y pago de derechos. 5. Comprobante de pago de derechos. 6. Certificado de cotizaciones AFP.

SEGUNDO: Que a folio 4, con fecha tres de junio de dos mil veinticuatro, comparece don nombre reservado, abogado del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo del recurso.

Solicita se declare la inadmisibilidad de la acción, dado que no existe alguna vulneración, ni siquiera en grado de amenaza, de las garantías fundamentales alegadas.

En efecto, sostiene que en el presente recurso de protección se alega la supuesta omisión arbitraria o ilegal al no dictar un acto terminal respecto a la solicitud de residencia definitiva del recurrente de autos, y que dicha omisión generaría por sí sola una supuesta vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales. En ese contexto cita la sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema, en sus causas Rol 115.064-2022 y 115.368-2022, ambas de fecha 20 de marzo del 2022.

Reitera que no existe alguna arbitrariedad ni ilegalidad, ni aún en grado de amenaza, por parte de esa autoridad que pueda ser tutelada mediante la presente acción de protección, por lo que la materia excede con creces la tutela cautelar que es propia del recurso de protección y que dada la jurisprudencia reciente debe ser declarado inadmisible.

Señala que todo extranjero que tenga una solicitud de residencia en trámite en nuestro país se puede desarrollar de forma plena, sin que esté impedido de realizar trámites esenciales con su cédula de identidad ante cualquier entidad pública o privada.

En subsidio, opone la excepción de falta de legitimación pasiva, ya que el presente recurso de protección se dirige en contra del Servicio Nacional de Migraciones, pero la supuesta acción u omisión que se considera ilegal o arbitraria emana de terceros indeterminados, haciendo hincapié en las sentencias ya individualizadas de la Excma. Corte Suprema. En dicho sentido el recurrente ha errado al intentar su recurso de protección en contra de esa autoridad en atención a que no ha vulnerado, perturbado o amenazado alguno de los derechos fundamentales incoados por la recurrente, todo esto conforme a los artículos 38, 43 y 45 de la Ley N°21.325, por lo que mal podría ser esa autoridad el legitimado pasivo de la acción que se emprende.

En cuanto al fondo del recurso señala que don nombre reservado, de nacionalidad colombiana, con fecha 18 de julio de 2018, ingresa por primera vez al país, por motivos desconocidos, por el paso fronterizo Avanzada de Colchane.

Agrega que con fecha 30 de octubre de 2018, la Gobernación de Antofagasta, otorga por primera vez visa temporaria sujeta a contrato, en calidad de titular, por el plazo de un año.

Dicho beneficio se mantuvo vigente desde el 22 de marzo de 2019 hasta el 22 de marzo de 2020, acota que con fecha 22 de julio de 2022, la recurrente solicita por primera vez ante el Servicio Nacional de Migraciones el beneficio migratorio de permanencia definitiva, bajo el ID N°51603739, petición que desde el 06 de febrero de 2023 se encuentra en etapa resolutiva.

Luego reseña antecedentes de derecho relativos al trámite de permanencia definitiva y las normas protectoras de la Ley N°21.325. la solicitud de residencia definitiva de recurrente se encuentra actualmente en trámite, pudiendo acceder el extranjero a un certificado que acredita tal situación, en los términos del artículo 1 N° 25 de la Ley N° 21.325, y del artículo 45 del Decreto N° 296 de 12 de febrero de 2022, Hace presente que el Servicio Nacional de Migraciones ha actuado con apego estricto a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, indicando que no existe acto u omisión arbitraria o ilegal que genere privación, perturbación o amenaza a los derechos consagrados en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Acompaña: 1. Oficio Ordinario N° 67130, de fecha 7 de noviembre de 2022, del Servicio Nacional de Migraciones. 2. Oficio Ordinario N° 80585, de fecha 29 de diciembre de 2022, del Servicio Nacional de Migraciones.3. Oficio Ordinario N° 80586, de fecha 29 de diciembre de 2022, del Servicio Nacional de Migraciones 4. Oficio Ordinario N° 843, de fecha 14 de junio de 2023, de la Dirección del Trabajo. 5. Oficio Ordinario N° 34.531, de fecha 27 de julio de 2023, de la Superintendencia de Salud. 6. Sentencia de la Excma. Corte Suprema, en causa ROL 115.064-2022, de fecha 20 de marzo de 2023. 7. Sentencia de la Excma. Corte Suprema, en causa ROL 115.368- 2022, de fecha 20 de marzo de 2023. 8.Copia de escritura pública de mandato judicial Repertorio N°1222/2023, otorgada ante la Notaría de Coquimbo, de don nombre reservado.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que la solicitud de declarar inadmisible el recurso que formula la recurrida en su informe será desestimada, pues el examen de admisibilidad de la presente acción constitucional fue realizado en la etapa procesal correspondiente, apreciándose por esta Corte que el recurso fue intentado oportunamente y en él se alude a hechos que -a lo menos en abstracto- son aptos para constituir infracción de garantías constitucionales.

SEXTO: Que, asimismo, se rechazará la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el Servicio Nacional de Migraciones, pues con prescindencia de lo que se pudiera decidir en cuanto al fondo del asunto planteado, lo cierto es que la conducta calificada de ilegal o arbitraria por la recurrente -consistente, como se ha dicho, en la falta de pronunciamiento respecto a su solicitud de permanencia- corresponde precisamente a esa repartición pública.

SÉPTIMO: Que, respecto del fondo de lo debatido, aun en el evento que se estimase que la tardanza en resolver la solicitud de la recurrente es una omisión que puede ser considerada, “prima facie” infundada o arbitraria, fácticamente no lo es, por lo que no se configuran todos los requisitos para conceder la protección requerida, desde que es un hecho establecido en esta causa que mientras dure la tramitación de la solicitud de permanencia definitiva, la parte recurrente se encuentra en situación migratoria regular, con cédula de identidad vigente y permiso para realizar actividades remuneradas y sin prohibición de desplazamiento en Chile o para entrar o salir del país, por lo que no se constata una eventual privación, perturbación o amenaza a alguno de los derechos constitucionales que ampara la acción constitucional del artículo 20 de la Carta Magna, recurrible por esta vía.

OCTAVO: Que, a mayor abundamiento, tampoco cabe calificar dicha tardanza de arbitraria, pues el mismo texto legal en que se funda la solicitud señala que es posible ampliar el plazo por razones de fuerza mayor o caso fortuito, como pueden ser los hechos públicos y notorios que constituyen la pandemia del COVID 19 y la masificación de la migración regular e irregular en los últimos años, fundamentos de hecho invocados por la recurrida al informar.

Por otra parte, no existe indicio alguno de que el recurrente haya sido discriminado o su petición haya dejado de resolverse por el mero capricho, abuso o desviación de poder de la recurrida.

Atendido lo anterior, y considerando que la tramitación de la solicitud del recurrente ha demorado menos de dos años, por lo que no parece que el tiempo de tramitación de la solicitud del recurrente pueda considerarse una infracción a la garantía del plazo razonable del artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de don nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Acordada la decisión con el voto en contra del Ministro Sr. Espinosa, quien fue del parecer de acoger el recurso en estudio y ordenar que la recurrida se pronuncie sobre la petición migratoria en estudio dentro de un plazo de treinta días corridos, por las siguientes consideraciones:

1°.- Que, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N° 19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior, resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

2°.- Que, de acuerdo a los antecedentes que constan en la tramitación de la presente causa, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de regularización migratoria, excediendo el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley 19.880 (SCS Rol N° 24.827-2020).

3°.- Que, por tanto, la dilación de la recurrida en el pronunciamiento sobre la mentada solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la parte recurrente, en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

A mayor abundamiento, la duración del procedimiento, que se generó a propósito de la solicitud de los recurrentes, ha superado un año de tramitación, tiempo que a juicio de este sentenciador es evidentemente excesivo, toda vez que si bien es de público conocimiento que muchos trámites administrativos se han visto dilatados por la emergencia sanitaria que atravesamos como humanidad, por lo menos durante los años 2021 y 2022 la situación sanitaria se ha ido normalizando y los servicios estatales han desarrollado sus funciones cada vez con menos restricciones, de forma tal que no aparece justificado la extensión que ha tenido la tramitación de la solicitud del actor, todo lo que transforma en arbitrario el proceder de la recurrida.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N°873-2024 Protección.-