nombre reservado con CAJA LOS ANDES.

nombre reservado

Caja de compensación Los Andes Recurso de Protección Rol N° 8726-2022.

La Serena, quince de diciembre de dos mil veintidós.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, a folio 1 y con fecha 18 de noviembre de 2022, comparece nombre reservado, funcionario público, con domicilio en domicilio reservado y deduce recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, corporación de bienestar social, representada legalmente por don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana.

En cuanto a los antecedentes de hecho relata que en el año 2009 contrajo un mutuo de dinero con la recurrida, denominado “crédito social”, por un monto de $2.500.000, el que fue pactado en 36 cuotas de $145.000.- cada una de ellas, siendo descontadas por su empleador hasta la cuota N° 12 aproximadamente, ya que se produjo la desafiliación de la caja con su empleador. Posteriormente, se vio en la imposibilidad de seguir cumpliendo con el pago de las restantes cuotas. No obstante, en diversas ocasiones se dirigió a sucursales de la recurrida a intentar regularizar la situación, sin embargo, la única opción que ofrecieron era repactar la deuda, con todo el incremento artificial de la misma que esto conlleva.

Indica que la recurrida declinó de hacer el cobro individual de cada cuota morosa, haciendo exigible la totalidad de la deuda, mediante el ejercicio de la cláusula de aceleración que conlleva la interposición de la demanda ejecutiva por el total adeudado, por un monto total de $5.988.489, más intereses y costas. En efecto, La Caja de Compensación Los Andes interpuso demanda ejecutiva en su contra, el año 2010, quedando legalmente emplazado de la misma con fecha 07 de abril de 2011, todo esto en causa rol C-1956-2010, seguida ante el 3º Juzgado Civil de Coquimbo, por el total de lo adeudado, aun cuando había venido cobrando mensualmente las cuotas mediante descuentos de remuneraciones.

Dicha causa fue abandonada completamente en el cuaderno de apremio con fecha 20 de junio de 2011, fecha en la que se verificó la última resolución recaída en alguna gestión útil destinada a dar curso progresivo a los autos, a saber el proveído de la solicitud de fuerza pública para embargo. Posterior a ello la causa se archivó, y sólo con fecha 27 de octubre de 2014 se efectuó gestión útil, esto es después de más de tres años contados desde la gestión de 20 de junio de 2011, habiendo transcurrido el plazo de abandono del procedimiento, el que fuere acogido por el tribunal, con costas, mediante sentencia dictada con fecha 11 de mayo de 2016.

Luego, con fecha 17 de mayo de 2016, la recurrida interpuso recurso de reposición con apelación en subsidio en contra de la sentencia individualizada, en lo referente a la condenación de las costas del proceso. Se rechazó la reposición por el tribunal de primer instancia, concediese la apelación para ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena, revocándose la sentencia recurrida - solo respecto de la condena de costas al actor- mediante sentencia dictada en alzada en causa ROL 876-2016, de fecha 15 de julio de 2016, certificándose la ejecutoria de las sentencia de primera instancia con fecha 15 de febrero de 2017.

Luego, el 19 de octubre de 2022, se le descontó sin previo aviso, por su empleador Gendarmería de Chile, la suma de $145.370, situación que se repite en su siguiente liquidación de fecha 18 de noviembre de 2022, por la misma suma.

Señala que el actuar arbitrario de la entidad recurrida, le ha traído consecuencias patrimoniales negativas que han provocado un problema financiero familiar del que aún se repone por completo, puesto que se han provocado en un lapso de 30 días dos descuentos sorpresivos, que suman $290.740.-, ocasionando una disminución de sus ingresos. Excediendo con creces lo señalado en el artículo 58 del Código del Trabajo, inciso 3°, que autoriza descuento directo en la remuneración de hasta un 15% del total. Lo mismo ha sido también afirmado por la Dirección del Trabajo, en Circular ORD. N°1569 del 10 de abril de 2017.

Expone que la actuación de la recurrida constituye un acto arbitrario e ilegal, que vulnera sus garantías constitucionales establecidas en los numero 2 y 24 de la Constitución, toda vez que la Caja de Compensación Los Andes, sin previo aviso, al disponer se efectúen los descuentos de mis remuneraciones en la forma descrita en el cuerpo de este escrito, revivió un beneficio que el artículo 22 de la Ley N°18.833 le concede siempre que se trate de un cobro oportuno, dentro de un plazo razonable, el que de esta manera se ha forzado unilateralmente y como medio alternativo al cobro judicial, originando una garantía de pago improcedente, no obstante existir un proceso judicial declarado abandonado por tribunal competente, considerando además que la recurrida en la actualidad carece de título ejecutivo para realizar el cobro de la deuda, por encontrase prescrita la acción, citando al efecto dos fallos de la Excma. Corte Suprema y dos de Cortes de Apelaciones donde se ha generado esta misma discusión y se han acogido por recursos de protección.

Finalmente solicita que se acoja el recurso con costas y se disponga: a. Ordenar a la Caja Compensación de Los Andes que se deje sin efecto la orden o requerimiento formulado a su empleador Gendarmería de Chile, a fin de que cesen los descuentos en su remuneración mensual, referente a cuotas de la obligación crediticia que estima le adeuda; b. Ordenar a la recurrida el reintegro del monto total de los descuentos realizados, equivalente a 2 meses de descuento, esto es la suma de $290.740., que mi empleador descontó de mi remuneración, debidamente reajustados, como asimismo de todos los dineros que pudieren descontarán a futuro, de no concederse la orden de no innovar.

Acompaña: a. Liquidación de remuneraciones, emitida por mi empleador Gendarmería de Chile, correspondiente a los meses de octubre y noviembre de 2022; b. Copia de sentencia dictada en causa ROL C-1956-2010, por el 3° Juzgado de Letras de Coquimbo, que declara el abandono del procedimiento; c. Copia de sentencia de segunda instancia dictada en causa Rol 876-2016, de la Iltma. Corte de Apelaciones de La Serena y d. Copia de certificado de ejecutoria efectuado por la Sra. Secretaria del 3° Juzgado Civil de Coquimbo, de fecha 15 de febrero de 2017.

SEGUNDO: Que, a folio 10 y con fecha 05 de diciembre pasado, informando la recurrida CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES, a través de su abogado SERGIO ABARCA VARGAS, solicita el rechazo de la acción en estudio.

Asegura que su representada con fecha 27 de octubre de 2009, otorgó a don nombre reservado la operación de crédito código RUT reservado, por un capital de $3.009.707.- a una tasa de 2.4%, pagadero en un plazo de 72 meses, con una cuota de $90.095.- cuyo primer vencimiento correspondió el 30 de noviembre de 2009.

Las cuotas del mes de noviembre 2009 a marzo de 2010 (1 a 5), se pagaron durante el periodo 27 de noviembre de 2009 al 29 de marzo de 2010, y con fecha 29 de diciembre de 2014, el Sr. nombre reservado reprogramó las cuotas del mes de abril de 2010 a diciembre de 2014 (6 a 62), por el monto de $2.594.138.-, a una tasa de 2.37%, en un plazo de 60 meses, con una cuota de $83.069.-, cuyo primer vencimiento fue el 31 de enero de 2015.

Luego, la cuota del mes de enero de 2015, más un interés penal de $62.301.- se pagó con fecha 10 de noviembre de 2022.

A la presente fecha, el recurrente mantiene en morosidad las cuotas de febrero de 2015 a diciembre de 2019.

Alega que no existe actuación ilegal o arbitraria señalando que los descuentos para el pago de cuotas de crédito social son informados al empleador del deudor de acuerdo al mecanismo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833 que establece que “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

Por otro lado, su representada se encuentra efectuado el cobro de una deuda cuya acción de cobro no ha sido declarada prescrita, indicando que mal puede la recurrente pretender evadir el pago las obligaciones que mantiene para con su representada a través del ejercicio de una acción constitucional en circunstancias de que ni siquiera posee un derecho indubitado que obste su exigibilidad, el cual, en todo caso, debe ser discutido y declarado en la sede jurisdiccional correspondiente, en un juicio de lato conocimiento.

No obstante lo informado precedentemente, y sin reconocer extinción de la deuda ni los hechos ni fundamentos de derecho que esgrime el recurrente en el presente recurso de protección, Caja Los Andes ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado a la recurrente, conforme a la ONI decretada en autos. Asimismo, dispondrá la restitución de aquellas sumas que hayan sido recibidas a partir de la reanudación de los cobros, esto es, desde octubre de 2022.

Señala que las planillas de descuentos son generadas los días 25 del mes anterior a aquel en que se hacen efectivos los descuentos. No obstante, su representada dispondrá la devolución de toda suma que sea recibida en el intertanto.

Finalmente solicita el rechazo de la acción de protección incoada por cuanto ha perdido oportunidad toda vez que la recurrida ha accedido voluntariamente al cese de los descuentos y restitución solicitados.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, sin perjuicio de lo informado por la recurrida en cuanto a haber dispuesto el cese definitivo de los descuentos, así como la devolución de los montos descontados, a la fecha no consta que se haya materializado lo que lleva al rechazo de la alegación de pérdida de oportunidad planteada por la recurrida.

SEXTO: Que, en la especie, se verifica una vulneración y amenaza del derecho de propiedad del recurrente, por cuanto el actor ha visto disminuido sus remuneraciones, derivado de un acto arbitrario de la recurrida, en atención a que si bien ambas partes no discuten la existencia de las deudas que dan origen al descuento por planillas, si puede discutirse la vigencia de las mismas, en tanto se trata de obligaciones que se hicieron exigibles en el año 2011, al incurrir en mora el deudor, sin embargo, la recurrida no puede ampararse en la facultad legal contenida en el artículo 22 de la Ley N°18.833, máxime si se da cuenta que la causa se encuentra en cobranza judicial, sin que la recurrida refiera antecedentes que abonen por la oportunidad y exigibilidad de los descuentos efectuados.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, debiendo la recurrida cesar de inmediato con los descuentos por planilla efectuados sobre las remuneraciones del recurrente y proceder a la devolución de todos los dineros descontados por dicho concepto, sin perjuicio de otros derechos.

Se previene que el Ministro señor Corona estuvo por no emitir pronunciamiento, debido a que el recurso ha perdido oportunidad, pues la recurrida, según consta de su informe, ha dispuesto el cese del cobro por planillas y la devolución de los dineros descontados en los meses de octubre y noviembre de los corrientes, por lo que ya no existen medidas que esta Corte pueda adoptar para restablecer el imperio del derecho, por cuanto el acto ilegal y arbitrario constatado ha dejado de producir sus efectos.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°8726-2022.-Protección.-