Protección contra Servicio de Salud Coquimbo

nombre reservado

Servicio de Salud Coquimbo Recurso de protección Rol N°867-2026.- La Serena, quince de junio de dos mil veintiséis.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece Matías Ignacio Rodríguez Moraga, abogado, interponiendo acción constitucional de protección en favor de nombre reservado, técnico en enfermería nivel superior, de dotación a contrata, grado 22° E.U.S. del Hospital Dr. Humberto Elorza Cortés de Illapel, y en contra del Servicio de Salud Coquimbo, representado legalmente por su Director, por haber dictado la Resolución Exenta N°NUM000 de fecha 30 de marzo de 2026, notificada con fecha 15 de abril de 2026, por medio de la cual se le aplicó la medida disciplinaria de destitución de su cargo por una supuesta infracción grave al principio de probidad administrativa. Como garantías constitucionales vulneradas invoca aquellas contenidas en los numerales 1, 2, 4 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, la integridad psíquica, la igualdad ante la ley, el respeto y protección de la honra, y el derecho de propiedad.

Expone que el recurrente se desempeña como Técnico en Enfermería de nivel superior en el Hospital de Illapel, registrando una carrera funcionaria con calificaciones sobresalientes (Lista de Distinción) y diversas anotaciones de mérito por su desempeño clínico y colaboración en periodos complejos. Señala que el origen de la sanción radica en un sumario administrativo ordenado instruir mediante Resolución Exenta N°NUM001 de 15 de octubre de 2025, a raíz de una fiscalización de la Contraloría General de la República (Oficio N°NUM002 de 12 de septiembre de 2025) relativa a salidas del país durante periodos de licencia médica en los años 2023 y 2024.

Añade que con fecha 10 de diciembre de 2025 se le formularon cargos por haber salido del país con destino a Brasil el día 26 de agosto de 2024, encontrándose con licencia médica vigente (Folio 3 NUM003) que prescribía reposo laboral total a cumplir en su domicilio en la comuna de DIRECCION000.

Sostiene que el acto recurrido adolece de una flagrante ilegalidad y arbitrariedad. En primer término, denuncia un vicio de motivación esencial e incongruencia con el expediente, toda vez que el considerando N°11 de la resolución sancionatoria sostiene que el certificado médico acompañado por el funcionario no era atendible pues fue emitido "para validar la condición de salud del funcionario, en cuanto podía abordar un avión atendido su estado de embarazo", circunstancia que califica de materialmente imposible e improcedente dado que el recurrente es de sexo masculino, lo que a su juicio demuestra la total falta de un análisis pormenorizado del caso por parte de la autoridad.

En segundo lugar, argumenta que no se acreditó fraude, simulación de enfermedad ni falsedad en la obtención de la licencia, la cual fue válidamente emitida y nunca cuestionada o invalidada por la COMPIN o la SUSESO. Asimismo, alega la inexistencia de perjuicio al servicio, puesto que el viaje fue planificado con meses de anterioridad, el reposo fue cumplido parcialmente y los días restantes del viaje fueron cubiertos con feriado legal o días libres.

Finalmente, acusa que la sanción de destitución es desproporcionada y no ponderó su intachable conducta anterior ni sus antecedentes de mérito, solicitando acoger el recurso, dejar sin efecto la destitución, ordenar su inmediata reincorporación con el pago de remuneraciones devengadas y costas.

SEGUNDO: Que evacuó informe Cristian Rodrigo Moncada Valenzuela, abogado, en representación del Servicio de Salud Coquimbo, solicitando el rechazo íntegro de la acción de protección por ser improcedente e infundada.

Como alegación previa de improcedencia, expone que a la fecha de interposición de la presente acción constitucional (11 de mayo de 2026), el recurrente mantenía pendiente de resolución un recurso administrativo de reposición deducido el 20 de abril de 2026 en contra de la Resolución Exenta N°NUM000. Por consiguiente, afirma que el acto impugnado no tiene el carácter de acto terminal, sino que constituye un acto de trámite o intermedio dentro de un procedimiento disciplinario complejo aún en curso, lo que obsta a la procedencia de la acción de protección por no existir un derecho indubitado y por contravenir la prohibición de duplicidad de vías del artículo 54 de la Ley N°19.880.

Añade que con fecha 1 de junio de 2026 se dictó la Resolución Afecta N°NUM004 que resolvió y rechazó dicho recurso de reposición, confirmando la destitución. Sin embargo, hace presente que dicho acto de término se encuentra actualmente en trámite obligatorio de toma de razón ante la Contraloría General de la República, de conformidad con la Resolución N°36 de 2024 del órgano contralor, por tratarse de un sumario instruido por orden de este. En tal escenario, enfatiza que la sanción no produce efectos jurídicos actuales ni ha sido notificada formalmente como acto definitivo, manteniendo el recurrente su calidad de funcionario activo, desempeñando normalmente sus funciones y percibiendo la totalidad de sus remuneraciones, lo que descarta toda privación, perturbación o amenaza actual a sus derechos fundamentales.

En cuanto al fondo, defiende la legalidad y razonabilidad del sumario y de la sanción. Explica que la salida al extranjero de un funcionario público durante el goce de una licencia médica con reposo total constituye una infracción gravísima al principio de probidad administrativa consagrado en los artículos 8° de la Carta Fundamental y 61 letra g) del Estatuto Administrativo, al desvirtuar la finalidad terapéutica de la licencia establecida en el artículo 111 de dicho cuerpo estatutario, utilizando recursos públicos para fines puramente recreacionales. Al respecto, precisa que el sumario acreditó que el funcionario incluso anuló la solicitud previa de feriado legal para el viaje una vez obtenida la licencia médica, logrando con ello conservar íntegros sus días de descanso anual para utilizarlos con posterioridad, obteniendo un beneficio indebido en desmedro del servicio. Respecto al error formal sobre el "estado de embarazo", aclara que se trata de un simple error material de redacción contenido en un razonamiento accesorio del acto administrativo, el cual en caso alguno afecta la validez ni la motivación del núcleo esencial de la decisión. Invoca sobre el punto el principio de conservación del acto administrativo consagrado en el artículo 13 de la Ley N°19.880, insistiendo en que el hecho infraccional principal (el viaje a Brasil con reposo total prescrito) se encuentra plenamente confeso y acreditado.

Niega, en consecuencia, la concurrencia de arbitrariedad o ilegalidad, solicitando el rechazo de la acción con costas.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, de conformidad con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción constitucional de naturaleza cautelar, de tramitación rápida y sumaria, cuyo objeto es restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado cuando por causas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias de una autoridad o de un particular, este sufra una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías preexistentes y de carácter indubitado que la misma Carta Fundamental detalla.

CUARTO: Que para la procedencia de la presente acción cautelar de urgencia se requiere, como presupuesto indispensable, la concurrencia de un acto u omisión ilegal — esto es, contrario al ordenamiento jurídico positivo— o arbitrario —vale decir, carente de razón, proporcionalidad o sustentado en el mero capricho de su autor—, que de manera directa y actual afecte un derecho constitucional indiscutido y consolidado del recurrente.

QUINTO: Que el examen de la controversia exige determinar, de manera previa, la naturaleza del acto impugnado y la idoneidad de la vía intentada. El recurrente dirige su impugnación en contra de la Resolución Exenta N° NUM000 de 30 de marzo de 2026, mediante la cual se dispuso la medida disciplinaria de destitución en el marco de un sumario administrativo. Sin embargo, consta en el proceso y ha sido reconocido por las partes que, con anterioridad a la interposición de este arbitrio constitucional, el propio afectado ejerció el derecho que le confiere el ordenamiento deduciendo recurso de reposición administrativa el 20 de abril de 2026.

Al respecto, la interposición de recursos en la sede administrativa suspende los efectos de firmeza del acto impugnado de conformidad con las reglas de la Ley N°19.880, circunstancia que sitúa a la Resolución Exenta N°NUM000 en la categoría de un acto administrativo intermedio o de trámite y no de un acto terminal o definitivo. La jurisprudencia de nuestros Tribunales Superiores de Justicia ha establecido de manera uniforme que los actos de trámite o intermedios, por no contener la decisión final del órgano público, no son susceptibles de ser impugnados mediante el recurso de protección, puesto que la Administración aún no ha agotado su potestad revisora ni ha fijado su posición definitiva en la materia, encontrándose el asunto sometido a una sede de discusión técnica y reglada que no cabe interferir por la vía cautelar.

Asimismo, la deducción simultánea de un recurso de protección ante la magistratura judicial y de un recurso de reposición en la sede administrativa con una idéntica pretensión de fondo —la invalidación de la destitución— conculca la prohibición establecida en el artículo 54 de la Ley N°19.880, el cual prescribe que, interpuesta una reclamación ante la Administración, no podrá el mismo reclamante deducir igual pretensión ante los tribunales de justicia mientras aquella no haya sido resuelta.

SEXTO: Que a mayor abundamiento y robusteciendo la falta de idoneidad y oportunidad del recurso intentado, se constata que la sanción expulsiva que se impone al funcionario no se encuentra afinada ni produce efectos jurídicos en la actualidad. Tratándose de un sumario administrativo instruido por instrucción formal de la Contraloría General de la República, la decisión final adoptada por el Servicio de Salud Coquimbo —materializada con posterioridad en la Resolución Afecta N°NUM004 de 1 de junio de 2026, que rechazó la reposición— se encuentra imperativamente afecta al trámite preventivo de legalidad de toma de razón ante el órgano contralor autónomo, de conformidad con la Resolución N°36 de 2024 de dicha entidad.

En este orden de ideas, mientras no se verifique la toma de razón de la resolución de término y se proceda a su posterior notificación formal, el acto sancionatorio carece de la ejecutoriedad necesaria para extinguir la relación estatutaria del recurrente. Tanto es así que, según informan los antecedentes allegados al proceso, el señor nombre reservado continúa desempeñando normalmente sus funciones como Técnico en Enfermería en el Hospital de Illapel y percibiendo regularmente la totalidad de sus remuneraciones. De lo expuesto fluye inequívocamente que a la fecha no existe una privación, perturbación o amenaza concreta, real y actual que afecte las garantías constitucionales del recurrente, careciendo esta Corte de una medida cautelar urgente que adoptar para restablecer un imperio del derecho que no ha sido quebrado.

SÉPTIMO: Que por las consideraciones expuestas, al no configurarse a la fecha un acto de carácter terminal con efectos jurídicos consumados, la presente acción constitucional no puede prosperar y debe ser rechazada.

Por estas consideraciones, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo de Recursos de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en representación de nombre reservado en contra del Servicio de Salud Coquimbo.

Se previene que el Ministro (S) señor Díaz concurre al rechazo del recurso, sin compartir los fundamentos expuestos en el motivo sexto precedente.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol N°867-2026 (Protección).-