nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES ONES

nombre reservado, nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones Recurso de Protección Rol N°866-2025 La Serena, doce de junio de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, a folio 1, comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, interponiendo recurso de protección en beneficio de nombre reservado, empleado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, dirigido en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, representado por don nombre reservado, sociólogo, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana de Santiago, por la omisión ilegal y arbitraria en cuanto a emitir orden de giro y pronunciamiento sobre la solicitud de carta de nacionalización presentada por la recurrente el 19 de octubre de 2022, afectándose con ello el derecho a la igualdad ante la ley del artículo 19 Nº2 de la Constitución Política.

Expone que el 19 de octubre de 2022, el recurrente efectuó la solicitud de carta de nacionalización, adjuntando todos los documentos necesarios para darle continuidad al proceso, siendo posteriormente citado a entrevista en la Policía de Investigaciones de Chile, con la finalidad de validar la información respecto de su solicitud, para luego realizar el pago de derechos en tiempo y forma según fue requerido.

Sin embargo, refiere que a la fecha no ha recibido ninguna respuesta por parte del servicio recurrido, lo que la mantiene en una situación de preocupación e incertidumbre ante un trámite por demás demorado.

Indica, que la falta de respuesta lo mantiene en una situación de preocupación e incertidumbre, situación que vulnera su derecho a la igualdad ante la ley del artículo 19 Nº2 de la Constitución Política, con relación a otros interesados que han obtenido una respuesta en un plazo menor.

A su vez, destaca lo dispuesto en los artículos 7, 8, 9 y 27 de la Ley Nº19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, en particular lo concerniente al principio de celeridad, conclusivo, economía procedimental y de inexcusabilidad, los que igualmente estarían siendo infringidos por la recurrida.

En cuanto a la procedencia de la institución del silencio administrativo, afirma que ni el constituyente ni el legislador señalan que sea necesario agotar la vía administrativa o que se deba recurrir por otra vía administrativa para restablecer el imperio de un derecho mediante el ejercicio de la acción de protección.

Finalmente, señala que en la especie debe darse aplicación al plazo establecido en el artículo 27 de la Ley N°19.880, pues si bien la Ley de Migraciones no establece un plazo para la sustanciación del procedimiento, el artículo 1 inciso 3° de la Ley N°19.880 señala que, en caso que la ley establezca procedimientos administrativos especiales, dicha ley se aplicará con carácter supletorio. Asimismo, sostiene que dicho plazo es compatible con los principios de celeridad y conclusión que establece la ley, todas normas indispensables para garantizar un proceso migratorio racional y justo.

Por lo anterior, solicita acoger la acción interpuesta y ordenar a la recurrida que se pronuncie sobre la solicitud de carta de nacionalización dentro de un plazo razonable, o se adopten las medidas que el tribunal estime pertinentes para restablecer el imperio del derecho, con costas.

Acompañó a su presentación: 1. Foto captura historial de tramite extranjería. 2. Cedula de identidad para extranjeros. 3. Comprobante pago de derechos. 4. Acreditación de domicilio certificado AFP.

SEGUNDO: Que, a folio 4, compareció la recurrida Servicio Nacional de Migraciones, informando al tenor del recurso, y solicitando el rechazo de la acción por improcedente, al no existir acción u omisión ilegal o arbitraria, que pueda atentar contra alguno de los derechos constitucionales garantizados en el artículo 20 de la Carta Política.

Señaló que el 09 de octubre de 2022, el recurrente solicitó carta de nacionalización ante el Servicio Nacional de Migraciones, pasando a etapa de primer análisis. Luego, el 02 de junio de 2023 le fueron solicitados documentos adicionales, específicamente el que acredite la actividad que desarrolla en Chile, puesto que el incorporado se encontraba vencido. El 12 de marzo de 2024, requirieron instrumentos adicionales, esta vez, los certificados de Servicios de Impuestos Internos y de deuda del solicitante.

Agrega que, el 25 de abril de 2024 la solicitud ingresa a la etapa de PDI Asignación, y con posterioridad a la de Policía de Investigaciones. El 10 de enero de 2025 ingresa a la etapa de Pago de Derechos, para luego, el mismo día, ingresar a la etapa resolutiva.

Indica que, atendida la naturaleza de la solicitud del recurrente, en especial consideración a que nuestra carta fundamental la señala como una especial gracia, desde el 10 de enero de 2025 la solicitud se encuentra actualmente en etapa de Análisis.

Destaca que el recurrente actualmente mantiene una situación migratoria regular en Chile, en atención a que es titular del beneficio de residencia definitiva, por lo que puede hacer ingreso y egreso del país sin limitaciones y transitar libremente por éste, por lo que no existe actualmente una conducta que genere vulneración, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos protegidos por la acción de protección.

Puntualiza que, la presente acción de protección se funda en una supuesta vulneración del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, el recurrente alega el hecho de que, las solicitudes de terceros han sido contestadas en tiempo y forma cuando su solicitud no ha sido tomada en cuenta por este Servicio, sin embargo, esta Corte podrá razonar que -en virtud de las acciones de protección conocidas por esta sede en materia migratoria- en general la gran mayoría de recurrentes alegan la falta de pronunciamiento por este Servicio respecto de solicitudes iniciadas entre el año 2021 hasta el 2023 (solicitudes atrasadas en virtud de los fundamentos que este Servicio siempre ha alegado), sin embargo es excepcional aquellas acciones de protección -como la presente- la cual la solicitud hecha por el recurrente supera apenas el año.

Añade que, bajo esta lógica, no se puede concebir estos hechos, es decir, este Servicio cuenta con atrasos de solicitudes iniciadas hace 2 a 3 años, solicitudes que no han culminado, por lo tanto no se pueden fundar los dichos del recurrente, por cuanto el mismo trato que le estamos dando a él, se lo hemos dado a los demás usuarios quienes tienen solicitudes mucho más antiguas, es más, si por la presente acción de protección se logrará darle prioridad a la solicitud del recurrente respecto de los demás usuarios, si estaríamos frente a una vulneración del artículo 19 N°2 de nuestra Carta Fundamental.

Precisa que, la carta de nacionalidad en virtud de su característica como lo es una gracia concedida por el Estado requiere de un amplio estudio, por cuanto, un plazo no fatal de 6 meses no es suficiente para su otorgamiento y, en este caso, como ya se indicó en su momento, la solicitud de la recurrente apenas supera un año desde su comienzo, plazo que tampoco es suficiente para poder estudiar con la debida manera su solicitud.

Hace presente que en la tramitación de una solicitud de Carta de Nacionalización y su otorgamiento, requiere un amplio estudio, e intervienen distintos Organismos Públicos, a saber: el Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones de Chile y el Ministerio del Interior, por lo que su otorgamiento escapa a las facultades del Servicio de Migraciones, cumpliendo cada uno de los Organismos señalados, una determinada función, siendo finalmente el presidente de la República quien otorga o no la nacionalidad chilena.

Asimismo, enfatiza que la carta de nacionalización consiste en una concesión constitucional que otorga el Estado de Chile por una gracia, en razón del mérito de quien la solicita, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente.

En cuanto al tiempo de tramitación, indica que no es efectivo que se esté dando un trato desigual a la persona recurrente, ya que su solicitud de carta de nacionalización ha seguido la misma tramitación para cualquier extranjero. Agrega, además, que el plazo previsto en el artículo 27 de la Ley 19.880, no es de carácter fatal, y que el solicitante cuenta con el documento que acredita su residencia legal.

Por lo anterior, solicitó el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de dicha autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la dilación injustificada en dar respuesta a la solicitud de carta de nacionalización presentada, lo cual califica la parte recurrente de ilegal y arbitrario, señalando que vulnera su garantía fundamental contemplada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Solicita que se ordene a la recurrida resolver sin más demora su solicitud o bien adoptar las medidas que se estimen apropiadas para resguardar y restablecer el imperio del derecho.

Por su parte, la recurrida ha señalado que la solicitud de carta de nacionalización de la persona recurrente se encuentra en trámite, haciendo además presente que se trata de una especial gracia que se otorga por el Presidente de la República, en decreto refrendado por el Ministerio del Interior. Asimismo, indica que la recurrente tiene su residencia regular en el país y que no ha existido discriminación ni trato desigual en la tramitación de su solicitud, actuando el Servicios con apego a la normativa vigente.

SEXTO: Que, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N°19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior, resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 del mismo cuerpo legal, define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

SÉPTIMO: Que, de los antecedentes expuestos, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de carta de nacionalización, cuya presentación fue realizada el 09 de octubre de 2022, habiendo transcurrido 8 meses para la primera solicitud de antecedentes, luego 11 meses para el segundo requerimiento de documentación, y finalmente otros 10 meses para llegar a la etapa en la que se encuentra actualmente.

OCTAVO: Que, por tanto, la dilación del recurrido Servicio Nacional de Migraciones en el pronunciamiento sobre la mentada solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra del recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente su solicitud de carta de nacionalización, obteniendo una respuesta formal y oportuna, en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

A mayor abundamiento, la duración del procedimiento es evidentemente excesiva, toda vez que si bien es de público conocimiento que numerosos trámites administrativos se vieron dilatados por la emergencia sanitaria que afectó a la sociedad, es preciso constatar que durante los años 2022 y 2023 la situación sanitaria se normalizó y los servicios estatales han desarrollado sus funciones cada vez con menores restricciones, de forma tal que no aparece justificada la extensión que ha tenido la tramitación de la solicitud del actor, todo lo que transforma en arbitrario el proceder de la recurrida.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve, que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, sólo en cuanto se dispone que la autoridad deberá emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda, conforme su competencia, respecto a la solicitud de carta de nacionalización presentada por el recurrente, dentro del plazo de 30 días corridos, desde ejecutoria del fallo.

Decisión acordada con el voto en contra del ministro Sr. Corona, quien fue del parecer de rechazar el arbitrio intentado, teniendo en consideración para ello que al tratarse la carta de nacionalización de una concesión especial que produce importantes efectos al otorgar la nacionalidad chilena, el análisis de los diversos antecedentes necesarios para su pronunciamiento requiere de un tiempo que es evidentemente superior al de los demás trámites administrativos relacionados al estatus migratorio de los ciudadanos, tales como aquellas solicitudes de residencia temporal o definitiva, de manera tal que no se vislumbra en la tramitación del procedimiento algún acto u omisión que pueda calificarse como ilegal o arbitrario, considerando la naturaleza de gracia del trámite solicitado o que conculque la garantía constitucional de la igualdad ante la ley invocada, que requieran de la adopción de una medida cautelar de urgencia como la que se pretende.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°866-2025 (Protección).