nombre reservado con COLEGIO CRISTIANO LA SERENA

nombre reservado y otro Colegio Cristiano La Serena Recurso de Protección Rol N°862-2024.- La Serena, veinticinco de julio de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el veintinueve de mayo de dos mil veinticuatro comparece Gabriel Elías González Pérez, abogado, en representación de nombre reservado, quien comparece en favor de su hijo menor de edad nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra del Colegio Cristiano de La Serena, institución educacional dependiente de Misión Mundial Cristiana.

Expone que el 24 de abril del presente año, en el marco del aniversario del colegio, al interior de éste, su representada se encontraba con su cónyuge presenciando las actividades, cuando ve a su hijo Leandro de ocho años que cursa tercer año básico, ofrecerse para concursar en una prueba, esa vez no fue elegido y ve que le afecta un poco, por lo que le indica que espere la próxima oportunidad. Posteriormente, Leandro se vuelve a ofrecer, ubicándose en una hilera de compañeros tomados de la mano, quedando en quinto puesto, en ese momento la docente nombre reservado comienza a contar a los niños, cuando llega al puesto de Leandro, lo empuja hacia atrás tocando su hombro diciéndole “tu no”, haciendo un gesto para que se retire del lugar. Una vez terminado el juego y al ver el trato que recibió su hijo, la Sra. nombre reservado se acercó a la profesora a preguntar porque sacó de esa forma a su hijo, dándose media vuelta y retirándose del lugar.

Añade que ese mismo día en horas de la tarde, su representada recibió por la app Lirmi de apoderados un comunicado (el cual acompaña), denominado “Activación Protocolo de maltrato”, en el que se señala: “Hoy en medio de las competencias de las alianzas una de nuestras docentes fue increpada por una apoderada violentamente frente a alumnos, apoderados y otros miembros del personal del establecimiento…”, “nos duele profundamente que algunos apoderados no sean capaces de resolver su descontento o conflictos de buena forma, de manera privada y objetivamente, nadie merece ser expuesto de tal manera..”. Dicho comunicado, solo evidenció que el juicio de valor de parte del colegio ya había ocurrido antes de iniciada la investigación, sin escuchar la versión de su representada, ni la de sus testigos. Por su parte, este comunicado no solo fue enviado por la plataforma Lirmi, sino que se dio la instrucción de que fuese enviado a todos los WhatsApp de cada curso del colegio y por correo a cada apoderado del colegio.

Por su parte, a pesar de que en el documento no se señala directamente su nombre, todos sabían que se trataba de la Sra. nombre reservado, ya que es apoderada de hace años y tiene a sus dos hijos en el colegio, y ese día muchas personas comentaron lo que había pasado.

No bastando lo anterior, al día siguiente la Sra. nombre reservado, solicitó hablar con la Directora del colegio, doña nombre reservado, con la finalidad de solicitar, que así como se abrió un protocolo de maltrato respecto de la docente, así también se abriera uno a favor de su hijo, el cual se encontraba afectado por lo ocurrido, ya que él le señaló a su madre que desde hace tiempo la profesora nombre reservado lo trataba mal. Asimismo, solicita que pudieran escuchar su versión y que le indicaran cuando debían comparecer sus testigos, ya que muchos apoderados presenciaron lo ocurrido y se acercaron a su representada para ofrecer asistir como testigos de su parte. Lamentablemente, pasaron los días y jamás se abrió un protocolo de maltrato a favor de su hijo Leandro, ni menos citaron a los testigos de doña nombre reservado, culminando dicha “investigación” habiendo entrevistado solo a personal docente del colegio, restados de cualquier imparcialidad, con la resolución arbitraria de 30 de abril del año 2024, la cual resuelve destituir de la calidad de apoderado a la Sra. nombre reservado, y por tanto, de sus funciones de presidenta de curso de tercer año básico. Destaca que se le comunicó esta resolución solo verbalmente el 02 de mayo del presente año y se le negó la entrega del documento escrito; solo debido a la insistencia de su representada, es que consiguió que fuese notificada formalmente con entrega del documento, recién el 08 de mayo del presente año.

Finalmente, suma a lo antes mencionado, que en la semana del 6 al 10 de mayo, desconoce la fecha exacta, se citó al menor de edad nombre reservado a hablar con la psicóloga del colegio en horario de clases, con la finalidad de preguntarle sobre lo ocurrido en el aniversario, y señala el menor que luego de ser interrogado se le solicitó firmar un documento. Sobre el señalado interrogatorio, al menor nunca se le informó por qué o bajo qué proceso o protocolo se le pedía esta declaración, tampoco se le informo qué estaba firmando, ni tampoco se le comunico a sus padres de esta toma de declaración, negándose con esto el derecho a mantenerse informados de todo de lo que ocurre con su hijo dentro del establecimiento; y no se informó qué proceso interno o protocolo autorizaba a tomar declaraciones y solicitar firmas de un menos de edad sin conocimiento de sus padres. Al respecto, el menor mencionó que se solicitó a varios compañeros firmar el mismo documento.

Aduce omisión arbitraria en la aplicación de lo dispuesto en el reglamento interno de convivencia del colegio cristiano La serena, en cuanto a tres disposiciones:

a. El Capítulo sobre “Principios resguardados por los reglamentos internos”, principio del “Justo y Racional Procedimiento”, el cual indica que; “Se entenderá por procedimiento justo y racional, … el que garantice el derecho a ser escuchado (descargos) y de entregar los antecedentes para su defensa”.

b. Artículo 37, numeral 3, sobre “Protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato, acoso o violencia entre miembros de la comunidad educativa”, inciso cuarto, que señala: “En el proceso se garantizará... el derecho de todas las partes a ser oídas”.

Todo en atención a que se privó a la Sra. nombre reservado de su derecho a ser escuchada y se despojó de su derecho a presentar a sus testigos; y c. Artículo 37, numeral 3, letra A, en el acápite “Acciones para llevar a cabo el procedimiento de denuncia” numeral 5, que indica: “Al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante, se deberá notificar a sus padres o apoderados. Dicha notificación podrá efectuarse por cualquier medio idóneo…”, en atención a que se citó al menor de edad nombre reservado a hablar con la psicóloga del colegio en horario de clases y se le solicitó firmar un documento, todo sin informar a sus padres, negándose con esto el derecho a mantenerse informados de todo de lo que ocurre con su hijo dentro del establecimiento.

Asimismo, alega como acto arbitrario el emitir una resolución sancionatoria destituyendo del rol de apoderado a doña nombre reservado arbitrariamente, no tomando en cuenta todos los antecedentes del caso que exige el reglamento interno del establecimiento educacional, que fundamenten la sanción impuesta, en especial la toma de declaración de su representada y de sus testigos.

Indica que existe arbitrariedad, en cuanto el proceder del colegio ha sido producto del mero capricho, ignorando infundadamente, sin justificación alguna, lo preceptuado en su propio reglamento interno y emitiendo una resolución antojadiza basada en información recabada a su antojo y conveniencia a beneficio de una docente.

Además, el enterarse de la boca de su hijo menor de edad, de conductas que lo involucran, llevadas a cabo por el colegio sin conocimiento ni autorización alguna de sus padres, la han llevado a temer de la institución que debió cobijarlos y ampararlos, y se encuentran en la fundada desconfianza continua de preguntarse “¿qué otra cosa podrán hacer en contra de nosotros ahora?”, situación que conlleva un sufrimiento interno, estrés, ansiedad y preocupación diaria, tanto para nombre reservado, como para nombre reservado, en especial tomando en consideración que ambos concurren y pasan gran cantidad de horas en el Establecimiento Educacional.

Por estas consideraciones solicita se deje sin efecto el acto arbitrario mediante el cual se despojó de la calidad de apoderada a doña nombre reservado respecto de su hijo nombre reservado y se restablezcan todas sus atribuciones y cargos que ostentaba en el colegio antes de la resolución sancionatoria; que se ordene al recurrido que inicie una nueva investigación de lo ocurrido el 24 de mayo del presente año y se ordene el cumplimiento del reglamento interno del Establecimiento Educacional, en orden a tomar declaración a doña nombre reservado y se tome declaración a los testigos aportados por ésta; que se informe y exhiba a los apoderados la toma declaración y firma del menor de edad nombre reservado y se informe bajo qué proceso o protocolo se efectuó en el Establecimiento Educacional sin el consentimiento de sus padres y asimismo deje sin efecto ni valor dicho acto; que se ordene al Colegio Cristiano La Serena, se publicite de la misma manera que fue difundida la apertura del protocolo de maltrato en su contra, la resolución que deja sin efecto la sanción de despojo de calidad de apoderado de su representada.

Acompaña los siguientes documentos: 1. Reglamento interno de convivencia escolar del Colegio Cristiano de La Serena del año 2024; 2. Comunicado de activación de protocolo de maltrato, emitido por el Colegio Cristiano de La Serena, de 24 de abril del año 2024; 3. Resolución sancionatoria denominada “Informe Protocolo de actuación ante casos de agresión de padres y/o a trabajadores del establecimiento”; 4. Correo electrónico de 07 de mayo del año 2024, enviado por doña nombre reservado al Colegio Cristiano solicitando la entrega de la Resolución sancionatoria; 5. Correo electrónico de 24 de abril del año 2024, recibido por una apoderada del Colegio Cristiano.

SEGUNDO: Que, evacuó informe nombre reservado, representante legal de la Corporación Misión Mundial Cristiana, entidad sostenedora del Colegio Cristiano de La Serena.

Expone que el 24 de abril de 2024, durante la realización de actividades recreativas en el contexto del aniversario del colegio, se produjo un incidente en el cual la profesora nombre reservado fue increpada de manera agresiva por la señora nombre reservado. Este suceso ocurrió en la cancha del establecimiento frente a alumnos, apoderados, docentes y asistentes de la educación. La profesora nombre reservado, visiblemente afectada, se dirigió a la secretaría del establecimiento en estado de shock y llorando, relatando el episodio. Por supuesto, allí fue contenida por sus compañeros y atendida por la psicóloga del colegio, doña nombre reservado1. Varios de los funcionarios del colegio atendieron a la apoderada para calmarla. Particularmente, la directora nombre reservado conversó con ella del incidente y de su origen. Además, en dicha instancia acordaron que el colegio apoyaría psicológicamente a su pupilo en cuanto a mejorar su tolerancia a la frustración.

El mismo día, cerca de las 18:00 horas, se activó el Protocolo de Maltrato por parte de apoderado a funcionario, conforme a lo establecido en su Reglamento Interno de Convivencia Escolar. Se envió un comunicado oficial a través de los medios del colegio, lamentando los hechos ocurridos e informando sobre la activación del protocolo. Obviamente, se resguardó en todo momento la identidad del apoderado involucrado, cuestión refrendada no solo por la literalidad del propio comunicado, sino que por la presentación de la recurrente, la que reconoce que en la antedicha comunicación no se individualizó al apoderado agresor. Señala que el motivo de este mensaje a la comunidad fue desincentivar la ocurrencia de situaciones de este talante, haciendo hincapié en el respeto que todos los miembros de la comunidad escolar merecen y promoviendo la resolución pacífica de los conflictos en medio del que hacer del colegio.

Agrega que el 25 de abril, la señora nombre reservado acudió al establecimiento para exponer su versión de los hechos y manifestó su molestia por el comunicado enviado por el colegio. Su argumento principal fue que la agresión hacia la profesora fue en respuesta a un supuesto empujón que doña nombre reservado habría dado a su hijo Leandro y una supuesta animadversión de la docente para con su pupilo. Destaca que no ofreció más prueba que su propia declaración. Añade que en dicha instancia se conversó de manera conciliadora con la apoderada y se le propuso que su hijo Leandro fuese atendido por la psicóloga del establecimiento, Sra. nombre reservado, con el fin de mitigar cualquier tipo de perjuicio que se pudiese seguir del incidente que involucró a su madre y a su profesora. Por su parte, la profesora nombre reservado, en la entrevista correspondiente y luego en su declaración escrita, negó haber proferido comentarios negativos hacia Leandro, ni menos haberlo agredido. Se propuso una reunión entre ambas partes para aclarar los conflictos, pero la señora nombre reservado se cerró a esta posibilidad tras una conversación telefónica con el encargado de Convivencia Escolar, don nombre reservado.

Refiere que el 29 de abril, el equipo de convivencia escolar, habiendo sustanciado la investigación correspondiente, analizó todos los antecedentes que se recabaron del caso y determinó que, ante la gravedad de los hechos; la contundencia de los relatos de los testigos, la declaración de la profesora involucrada, y los propios dichos de la señora nombre reservado, se hacía necesario aplicar la medida del cambio de apoderado. Además, de las declaraciones de los testigos presentes en el acto, no se pudo evidenciar ningún indicio de la supuesta agresión que la profesora nombre reservado habría propinado al alumno nombre reservado. Se levantó un informe de cierre detallado del protocolo de actuación ante casos de agresión de padres a trabajadores del establecimiento.

Luego, el 30 de abril, producto de todo este conflicto, la profesora nombre reservado se retiró durante su jornada de trabajo y se dirigió a la ACHS debido a su mal estado anímico, resultando en una licencia médica de 11 días. Como medida de resguardo, se decidió que la profesora nombre reservado no realizaría más la clase de Artes a tercero básico, asignatura que fue asumida por la profesora nombre reservado. Esta medida buscó, primeramente, resguardar el interés superior de Leandro, y al mismo tiempo, proteger la integridad psíquica de la docente.

Señala que desde el mes de mayo, Leandro ha sido atendido por la psicóloga del establecimiento. La señora nombre reservado ha asistido en una oportunidad a una citación con la profesional de la salud mental.

Finalmente, el 08 de mayo de 2024 la apoderada tomo conocimiento del informe resolutivo, negándose a firmar. Señala que esta demora en la comunicación de lo resuelto se debió a que la Sra. Directora estuvo con licencia médica no pudiendo resolver y firmar el informe respectivo.

Sostiene que como se podrá observar en las pruebas que adjunta a su presentación, todas las actuaciones de los funcionarios del colegio se realizaron conforme a los estándares del debido proceso y con la protección del interés superior del niño como prioridad. El protocolo y las medidas tomadas aseguraron una respuesta adecuada y proporcional a los hechos ocurridos, garantizando la integridad emocional de la profesora afectada y la atención psicológica del estudiante involucrado. Así, queda demostrado que el colegio ha seguido rigurosamente los procedimientos establecidos en su Reglamento Interno de Convivencia Escolar, asegurando un manejo adecuado y equitativo de la situación, así como la promoción de un ambiente escolar seguro y libre de violencia.

Ante este escenario, no es posible concluir que a la fecha se aprecie una necesidad de cautela urgente debido a haberse materializado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales que menciona la recurrente.

A continuación, hace presente que el recurso presentado ha perdido su oportunidad, dado que los alumnos nombre reservado y su hermana nombre reservado, ambos pupilos de la Sra. nombre reservado, han sido cambiados de colegio. Esta situación se encuentra debidamente registrada en la plataforma SIGE, la cual indica que ambos estudiantes están actualmente matriculados en el Colegio José Miguel Carrera de La Serena.

En conclusión, queda en evidencia que no concurren en la especie los presupuestos básicos de una acción de protección, situación que ruega sea considerada a bien por esta Corte, procediendo al rechazo de esta acción constitucional.

Acompaña los siguientes documentos: 1. Certificado de atención psicológica a la funcionaria nombre reservado, emitido por la psicóloga nombre reservado, de 25 de abril de 2024; 2. Acta de derivación psicológica suscrita por la Directora y la apoderada del alumno nombre reservado, de 24 de abril de 2024; 3. Comunicado oficial sobre los hechos acontecidos el 24 de abril de 2024; 4. Acta entrevista con la apoderada nombre reservado, de 25 de abril de 2024; 5. Acta entrevista con profesora nombre reservado, de 25 de abril de 2024; 6. Declaración profesora nombre reservado, de 29 de abril de 2024; 7. Declaraciones de testigos: nombre reservado de 26 de abril, nombre reservado de 29 de abril y nombre reservado de 29 de abril; 8. Informe de cierre del protocolo de actuación ante la agresión verbal de la apoderada nombre reservado, de 30 de abril de 2024; 9. Informe al equipo directivo y docente el colegio sobre el cambio de docente de arte en tercero básico, de 13 de mayo de 2024; 10. Actas de atención psicológica del estudiante nombre reservado de 07 de mayo de 2024 y 11 de junio de 2024; 11. Acta de toma de conocimiento informe de cierre de 08 de mayo 2024; 12. Reglamento Interno de Convivencia Escolar versión 2024 (págs. 91 en adelante); 13. Constancia de retiro del registro de matrículas del colegio de los alumnos nombre reservado de 17 de julio de 2024; 14. Copia simple de capturas de pantalla de la plataforma web del Sistema Información General de Estudiantes (SIGE) que da cuenta del cambio de establecimiento educacional.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, atendido el mérito de los antecedentes, en particular, del informe evacuado por la recurrida y de los documentos acompañados al mismo, se advierte que el niño en favor de quien se recurre actualmente se encuentra matriculado en un establecimiento educacional diverso al recurrido, circunstancia que, en atención al petitorio del recurso y el tenor de los hechos denunciados, inhibe a esta Corte de adoptar medida de resguardo alguna, habiendo en definitiva la acción perdido oportunidad, al haber desaparecido su presupuesto fáctico, lo cual conduce indefectiblemente al rechazo de la misma.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Gabriel Elías González Pérez, en representación de nombre reservado, quien comparece en favor de su hijo menor de edad nombre reservado, en contra del Colegio Cristiano de La Serena, institución educacional dependiente de Misión Mundial Cristiana.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°862-2024 (Protección). -