Protección contra Ilustre Municipalidad de Illapel

nombre reservado, nombre reservado

Ilustre Municipalidad de Illapel Recurso de Protección Rol N° 862-2019.- La Serena, quince de julio de dos mil diecinueve.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha veintiuno de junio de dos mil diecinueve comparece Elizabeth Carolina Olguín Ríos, abogada, en representación de nombre reservado, profesora, ambas domiciliadas para estos efectos en domicilio reservado, El balcón, Illapel, interponiendo nombre reservado en contra de Ilustre Municipalidad de Illapel, en base a los siguientes antecedentes.

Expone que su representada es profesora General Básica, se desempeñó como profesora jefe, profesora de lenguaje y comunicación en el Establecimiento Educacional Escuela Valle del Choapa, bajo la modalidad a contrata desde el año 2012.

Con fecha 19 de febrero de 2019 y por rumores de disminución de horas en la escuela, doña nombre reservado se acercó al DAEM de Illapel en donde la abogada le informó que está desvinculada del establecimiento y que supuestamente la carta de despido había sido enviada con fecha 23 de enero del mismo año.

Señala que el decreto alcaldicio N° 290, el cual pone término al nombramiento del cargo de su representada, establece en sus considerandos los fundamentos de su decisión, entre los cuales destaca el artículo 72 letra d) del Estatuto docente, por “término del período por el cual se efectuó el contrato”, Art 63 letra c) de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, el informe enviado por el Director de la Escuela Valle del Choapa de fecha 31 de octubre de 2018, el cual señalaba que doña nombre reservado estaría contraviniendo las normas sobre convivencia escolar generando un clima de división desacatando las instrucciones del director, al generar situaciones de conflicto en distintas oportunidades durante el año como la oposición injustificada a realizar la entrega de maletines escolares a los estudiantes, alterando el orden de la actividad; por incitar a los docentes del establecimiento a realizar actividades en contra de la Municipalidad y el no tener vínculo con comunidad educativa traduciéndose en el no respeto a los principios y valores del establecimiento. Por último, agrega que la desvinculación obedece a adecuación del PADEM 2019.

Destaca que el año 2017 y 2018 su representada fue elegida en forma democrática por los docentes como vocera, toda vez que la Escuela se encontraba en un proceso de mejoras de infraestructura y condiciones laborales para los miembros de la comunidad, cuestión que ha desencadenado su desvinculación y la no consideración en la dotación docente.

Los motivos señalados carecen de argumentación legal, pues si bien es cierto el contrato era a plazo fijo, los argumentos esgrimidos en el punto 5 son falsos, no existe prueba alguna, ni menos una investigación o sumario administrativo que dé cuenta del anterior.

El decreto omite pronunciar los criterios establecidos para determinar el no respeto a la comunidad. No existe un mayor número de docentes que haga necesaria su desvinculación, todo lo anterior es para ocultar la verdadera razón que es la vocería realizada. Es curioso, toda vez que las docentes encargadas de vocería y/o transmitir las inquietudes de los docentes al DAEM, hayan sido destinadas a otros establecimiento y en el caso de doña nombre reservado, desvinculada.

Por otro lado, el acto administrativo impugnado no fue notificado dentro de plazo y sólo porque doña nombre reservado se dirige al DAEM y la abogada de la institución le entrega es que se entera del mismo antes del inicio del año escolar.

Esta situación, que le significa el cese de las funciones que ha servido durante más de dos años es también un trato distinto ante la Ley, ya que establece diferencias arbitrarias en su contra. Desconoce los dictámenes de Contraloría General de La República N°085700N17 y N°006400N18 sobre confianza legítima, así como la jurisprudencia.

Asimismo se tiene que mencionar, que el decreto alcaldicio debe dictarse y notificarse con treinta días de anticipación al inicio del año escolar que se trata, lo cual no ocurre en el caso de mi representada.

Indica como garantías vulneradas las establecidas en el artículo 19 N° 2, 3. 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

Por estas consideraciones y previas citas jurisprudenciales solicita se acoja el recurso y se adopten las providencias que se juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la afectada, en particular, declarar como arbitrario e ilegal el acto administrativo Resolución Exenta N° 290, de fecha 23 de enero de 2019, dictada por el Alcalde de la I. Municipalidad de Illapel, en calidad de representante legal don nombre reservado o quien lo subrogue, ordenando derechamente se reintegre a su representada, con jornada de 44 horas semanales, y que ha servido por más de dos años en su calidad a contrata, en para la I. Municipalidad de Illapel o lo que se estime que en derecho corresponda.

Acompaño los siguientes documentos: 1.- Copia de Decreto de término de contrata; 2.- Copia de respuesta de Contraloría a Reclamo; 3.- Copia de Mandato judicial por el que actúo.

SEGUNDO: Que, con fecha nueve de julio de dos mil diecinueve evacuó informe Miguel Alejandro Jopia López, abogado, en representación de Ilustre Municipalidad de Illapel, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, en los siguientes términos.

Expone que el Decreto Nº 290 de fecha 23 de enero de 2019, objeto de impugnación por la contraparte, fue notificado mediante envío de carta certificada a su domicilio con fecha 25 de enero de 2019; y de conformidad a lo dispuesto en el inciso 2º del Artículo 46 de la Ley Nº 19.880 sobre procedimiento administrativo, “las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de Correos que corresponda.”

De acuerdo con el auto acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del nombre reservado, se establece en su artículo 1º que este deberá ser interpuesto “dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”.

En virtud de lo anterior si consideramos que a contar del 30 de enero de 2019 se tuvo por notificado el acto impugnado, ha transcurrido con creces el plazo de interposición del recurso, lo cual se produjo solo el pasado 21 de junio de 2019, incluso si se considerará que el conocimiento del acto fue el 19 de febrero de 2019 como afirma la recurrente.

En subsidio, en el caso eventual de que no se considere extemporáneo el recurso, indica que los argumentos expuestos por la recurrente, carecen de veracidad y no son efectivos, toda vez que el Decreto que dispuso la no renovación de la contratación de doña nombre reservado, se encuentra ajustado a derecho y debidamente fundado.

En efecto, el PADEM 2019 aprobado por el Concejo Municipal de Illapel, determinó que debían reducirse las horas docentes desde 14.304 a 12.135, a consecuencia del ajuste a las horas efectivamente requeridas para cubrir el plan de estudio. Respecto a la Escuela Básica Valle del Choapa, la Municipalidad habría aumentado en años anteriores la dotación docente con la finalidad de incrementar los resultados objetivos en las mediciones a cargo del Ministerio de Educación, cuestión que no se logró, impactando negativamente en la matricula. En consideración de lo anterior, este servicio tuvo a la vista el informe emitido por el Director del referido establecimiento, quien señaló sobre la recurrente que estaría contraviniendo las normas sobre convivencia escolar, generando un clima de división desacatando las instrucciones del Director, al generar situaciones de conflicto en distintas oportunidades del año, como lo son la oposición injustificada a realizar la entrega de maletines escolares a estudiantes, alterando el orden del cuerpo docente en esta actividad; ha incitado a los docentes del establecimiento a realizar acciones en contra del Municipio; además de que durante el año no ha tenido ningún vínculo con la comunidad educativa, lo que además se traduce en que no ha respetado los principios y valores del establecimiento, las normas sobre convivencia escolar.

El antecedente antes señalado, se tuvo en consideración en el marco de la reducción de las horas docentes de la Escuela Valle del Choapa, lo cual fue debidamente expresado en el Decreto impugnado.

Hace presente que los citados Dictámenes Nº 85.700 y 6.400 en ningún caso han resuelto que la figura de contratación transitoria denominada “contrata” o “contratado”, según artículo 25 de la Ley Nº 19.070, se transforma en una relación “indefinida” como pretende la recurrente. Por el contrario los referidos pronunciamientos de Contraloría han sentado bases para disponer la no renovación de una contrata en aquellos casos en que se ha renovado su contratación sucesivamente por más de 2 años, en primero lugar señalando que el acto que disponga la no renovación, debe contener el razonamiento y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta. Cuestión que se ha cumplido a cabalidad al momento de motivar el acto administrativo exponiendo el razonamiento realizado por la autoridad, además de expresar los argumentos de hecho y de derecho que sirven de base al Decreto.

A mayor abundamiento, la Contraloría Regional de Coquimbo en su oficio Nº 2.492 de fecha 22 de mayo de 2019, emitió un pronunciamiento respecto del acto administrativo que la recurrente impugna, señalando que éste se habría ajustado a derecho.

Hace presente además que el Recurso de Protección al tener un carácter de derecho estricto y que busca reestablecer el imperio del derecho cuando no existe otra acción jurisdiccional que lo permita, o como lo ha resuelto la Excma Corte Suprema: “constituye una acción cautelar de emergencia destinada a restablecer el ejercicio legítimo de derechos indubitados y no una instancia para constituir ni declarar derechos.” (Causa rol Corte Suprema: Civil - 37885 – 2017). Por lo anterior, no se podría desconocer que la recurrente pudo haber ejercido la acción contemplada en el artículo 75 de la Ley Nº 19.070, el que dispone en su inciso segundo “Si el profesional de la educación estima que la Municipalidad o Corporación, según corresponda, no observó en su caso las condiciones y requisitos que señalan las causales de término de la relación laboral establecidas en la presente ley, incurriendo por tanto en una ilegalidad, podrá reclamar por tal motivo ante el tribunal de trabajo competente, dentro de un plazo de 60 días contado desde la notificación del cese que le afecta y solicitar la reincorporación en sus funciones.” Por lo que la recurrente pretende hacer uso de la acción constitucional para subsanar su omisión en el ejercicio de la acción especial del artículo 75 de la Ley Nº 19.070.

Por estas consideraciones solicita que el recurso sea rechazado en todas sus partes.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- PADEM 2019 más certificado de aprobación del Concejo Municipal; 2.- Decreto Nº 290 de fecha 23 de enero de 2019 y comprobante envío carta certificada; 3.- Copia del Oficio Nº 2.492 de fecha 22 de mayo de 2019 de la Contraloría Regional de Coquimbo TERCERO: Que, el nombre reservado de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, por su parte, el artículo 1º del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección establece que el recurso o acción de protección se interpondrá dentro del plazo fatal de treinta días corridos, contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de estos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

SEXTO: Que, en este orden de ideas, en cuanto a la alegación de extemporaneidad del recurso planteada por la recurrida, de los antecedentes acompañados por esta última se desprende que la recurrente tuvo conocimiento cierto del acto impugnado, a lo menos, con fecha 30 de enero de los corrientes, fecha de notificación legal del decreto alcaldicio mediante carta certificada, lo que lleva a entender, necesariamente, que el recurso fue planteado con posterioridad a los 30 días que establece el auto acordado que rige la materia, misma conclusión a la cual se arriba aun en el evento que se considere la fecha indicada por la actora en su libelo, esto es, el día 19 de febrero del presente año.

SÉPTIMO: Que, así las cosas, habiéndose interpuesto la presente acción constitucional el día 21 de junio de 2018, queda de manifiesto que se ha superado largamente el plazo referido en los considerandos precedentes, circunstancia suficiente para su rechazo.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el nombre reservado interpuesto por Elizabeth Carolina Olguín Ríos, en representación de nombre reservado, en contra de Ilustre Municipalidad de Illapel, sin costas.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 862-2019 (nombre reservado).- Pronunciado por la Primera Sala de esta Corte de Apelaciones, integrada por los Ministros interinos señor nombre reservado, señor nombre reservado y el Fiscal Judicial señor nombre reservado.

En La Serena, a quince de julio de dos mil diecinueve, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.