nombre reservado con POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

nombre reservado

Policía de Investigaciones de Chile Recurso de protección Rol N°861-2025.- La Serena, veinticinco de julio de dos mil veinticinco.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, a folio 1 comparece don nombre reservado, Subprefecto de la Policía de Investigaciones de Chile, por sí y en representación de su hijo adolescente nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, representada por su Director General don Eduardo Alejandro Cerna Lozano, señalando como acto ilegal y arbitrario la Resolución Exenta RA N°380/2662/2024, de 29 de noviembre de 2024, de la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de las Personas de la PDI, que lo destinó desde la Brigada de Investigación Criminal La Serena a la Brigada de Investigación Criminal Providencia, a contar del 2 de enero de 2025, alegando que en virtud de tal acto, que califica de ilegal y arbitrario, se han vulnerado las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N°1 y 2 de la Constitución Política de la República respecto de él mismo y de su hijo adolescente.

Indica que ingresó a la PDI el 1°9 de febrero de 1997 y que actualmente ocupa el cargo de Subprefecto grado 7° de la planta de Oficiales Policiales Profesionales de Línea de dicha Institución, en la actualidad, en la Brigada de Investigación Criminal La Serena, Unidad Policial a la que fue destinado el 25 de junio de 2024, mediante Resolución Exenta RA N°380/1570/2024, de la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de las Personas de la PDI.

Agrega que se encuentra casado con doña nombre reservado con quien tiene dos hijos, de 16 y 25 años respectivamente y un nieto de 5 años, residiendo todos en esta ciudad de La Serena, donde posee una vivienda propia.

Refiere que su hijo menor, nombre reservado, de 16 años, fue diagnosticado al tener un año con Trastorno del Espectro Autista (T.E.A.), condición de neurodivergencia que genera un deterioro clínico significativo en el área social, laboral y otras importantes para el funcionamiento habitual de una persona en comparación con una persona neurotípica.

Indica que desde el diagnóstico de su hijo a la actualidad, éste requiere de un equipo multidisciplinario de terapeutas y médicos además del equipo PIE del colegio Monteverdi de La Serena, del cual es alumno regular, lo que le ha permitido avanzar tanto académicamente como en sus relaciones sociales, haciendo presente que su madre se desempeña en el mencionado colegio como asistente de la educación a fin de apoyar su adecuado desarrollo como persona neuro divergente estando con ellos coordinados a diario y directamente contactados para enfrentar las crisis y complicaciones constituyéndose en sus personas cuidadoras, de conformidad a la letra b) del artículo 2° de la ley N°21.545, que establece la promoción de la inclusión, la atención integral y la protección de los derechos de las personas con espectro autista en el ámbito social, de salud y educación.

Indica que, conforme a lo anterior, su arraigo familiar, social, laboral como también sus redes de apoyo, en especial educacional y de terapias de su hijo Aníbal, se encuentran en la ciudad de La Serena, antecedentes que se encuentran en conocimiento de la recurrida.

Agrega que, no obstante ello, mediante Resolución Exenta RA N°380/2662/2024, de fecha 29 de noviembre de 2024, de la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de las Personas de la PDI, fue destinado por razones de mejor servicio a cumplir funciones en la Brigada de Investigación Criminal de Providencia, región metropolitana, a contar del dos de enero de 2025.

Afirma que, tras ser notificado de su traslado, presentó recurso de reposición con recurso jerárquico en subsidio, siendo ambos rechazados por las Resoluciones Exentas N°265 del 20 de febrero y N°25 del 21 de abril de 2025, agotando así la vía administrativa.

Considera que dichas resoluciones vulneran el interés superior del niño, garantizado por la Constitución Política, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley N°21.545 sobre inclusión social, al no haber tenido en consideración su situación familiar especial al momento de decidir su traslado.

Explica el marco normativo que regula las destinaciones del personal de la PDI, y solicita tener presente que de conformidad al artículo 10° N°2 del Decreto Ley N°2.460, Ley Orgánica de la PDI, corresponde al Director General de dicho Servicio la destinación y traslado del personal Institucional, facultad que puede ser delegada en atención a lo prescrito en el artículo 11° del cuerpo normativo antes señalado; por otra parte, la materia de traslados del personal, por mandato del artículo 150 del Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 1980 del Ministerio de Defensa Nacional, Estatuto del Personal de la PDI, se rige por el reglamento respectivo, el cual está contenido en la Orden General Nro. 2.675, de fecha 26 de febrero de 2021, de la Dirección General de la PDI (en adelante e indistintamente Reglamento de destinaciones PDI).

Destaca lo dispuesto en el artículo 11 del referido reglamento de destinaciones, en cuanto a los principios orientadores de las mismas, señala que al efecto dispone el “Artículo 11.- Antecedentes personales de los funcionarios. Los antecedentes personales corresponden a circunstancias que pueden influir en el desempeño de una persona, que no forman parte directamente de sus funciones específicas. Se sitúan en este ámbito, el trabajo del cónyuge o del conviviente civil, edad o estudios de los hijos, estado de salud, condición de discapacidad de los integrantes de su grupo familiar.

No se podrán considerar dentro de estos antecedentes, situaciones que no consten fehacientemente o no se encuentren debidamente acreditadas.”

Explica que el acto recurrido deviene en ilegal y arbitrario, pues la recurrida al efectuar el ejercicio de sus potestades de destinación no tuvo en especial consideración el interés superior del niño, niña o adolescente, consagrado en diferentes normas legales y tratados internacionales, y como así también lo ordena el artículo 11° de su Reglamento de Destinaciones.

Señala que el tener que trasladarse a la región metropolitana implicará que deberá dejar a su cónyuge y a sus hijos en la ciudad de La Serena, lo que afectaría gravemente la economía familiar por cuanto ella debería renunciar a su trabajo, y en caso de tener que trasladarse con su cónyuge y a lo menos con su hijo Aníbal, aquello implicaría privarlo de su red de apoyo educacional y de prestaciones de salud dando cuenta además de la dificultad de ingresarlo a un establecimiento educacional que cuente con el programa PIE.

Explica que el acto recurrido es arbitrario, por cuanto fue dictado dentro de un proceso general de destinaciones, considerando sólo el dato objetivo de la cantidad de años que lleva desempeñándose en la Región de Coquimbo conforme lo dispone el artículo 21 del Reglamento de Destinaciones de la PDI, no distinguiendo sus antecedentes personales, especialmente respecto de aquellos que pueden afectar la situación de salud de su hijo menor de edad adolescente nombre reservado, por lo que no cumple con el estándar de fundamentación que debió ser especialmente intenso cuando se refiere a actos que afectan el interés superior del niño, de conformidad a lo exigido por los artículos 11°, inciso segundo, y 41°, inciso cuarto, ambos de la Ley N°19.880.

Asimismo, señala que en la especie resulta aplicable la Ley N°21.545, agregando que conforme a lo expuesto, la destinación objeto de este recurso de protección vulnera sus derechos constitucionales a la integridad física y psíquica de él y de su hijo, y a la igualdad ante la ley, al no considerar adecuadamente su situación particular y personal, la que exige no sólo otorgar un trato similar a quienes se encuentren en semejante situación, sino que también otorgar un trato diferenciado a quien se encuentra en una situación objetivamente diversa como en este caso en particular, incurriéndose en arbitrariedad e ilegalidad cuando no se adoptan las medidas apropiadas al caso particular que se analiza.

Por todo lo expuesto, solicita dejar sin efecto las resoluciones que disponen su traslado y que se condene en costas a la institución recurrida.

Acompaña los siguientes documentos, que pormenorizadamente se indican en el recurso. Y que se tienen a la vista:

1.- Resolución Exenta RA N°380/2662/2024, de fecha 29 de noviembre de 2024, de la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de las Personas de la PDI.

2.- Resolución Exenta N°265, de fecha 20 de febrero de 2025, de la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de las Personas de la PDI.

3.- Resolución Exenta (R) N°25, de fecha 21 de abril de 2025 de la Subdirección de Personas de la PDI y su acta de notificación.

4.- Certificado de nacimiento de nombre reservado.

5.- Certificado de matrimonio del recurrente.

6.- Certificados de neurólogo/a e informes médicos de nombre reservado.

7.- Informes fonoaudiológicos de nombre reservado.

8.- Certificado de terapia ocupacional de nombre reservado.

9.- Contrato de trabajo y anexo de contrato de trabajo de la cónyuge del recurrente.

10.- Certificado de atención psicológica de nombre reservado.

11.- Informes docentes de nombre reservado.

12.- Informe conductual de nombre reservado.

13.- Informe de la profesora jefe de nombre reservado.

14.- Informes PIE de nombre reservado.

15.- Informes para la familia de nombre reservado.

16.- Formulario único de valoración de salud de nombre reservado.

17.- Formulario único de reevaluación – Trastorno del Espectro Autista de nombre reservado.

18.- Certificado de alumno regular de nombre reservado.

19.- Copia constancia en mi Hoja de Vida Anual en la cual se informa Trastorno del Espectro Autista de nombre reservado.

20.- Reglamento de destinaciones de la PDI.

21.- Orden General N°2.817, de la PDI.

SEGUNDO: Que a folio 15, se prescindió del informe de la recurrida, por no haber sido evacuado dentro del plazo concedido para tal efecto.

TERCERO: Que, el recurso de protección constituye una acción de naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales y derechos señalados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que vulneren el ejercicio de estos, mediante la adopción de medidas cautelares urgentes e inmediatas, destinadas a restablecer el imperio del derecho.

Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, carente de razonabilidad o producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas.

Sobre el punto, la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir; falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a obtener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

CUARTO: Que, para discernir la procedencia o improcedencia de la acción constitucional en estudio, corresponde analizar la legalidad y razonabilidad de los actos administrativos cuestionados por el recurrente.

Que, de los antecedentes contenidos en el recurso consta que recurre don nombre reservado, Subprefecto de la Policía de Investigaciones de Chile, por sí y en representación de su hijo de 16 años nombre reservado y que dirigió su acción en contra de la Resolución Exenta RA N°380/2662/2024 dictada por la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de las Personas de la Policía de Investigaciones de Chile, de 29 de noviembre de 2024 y resoluciones posteriores N°265 del 20 de febrero y N°25 del 21 de abril de 2025, que rechazaron los respectivos recursos de reposición y jerárquico interpuestos para revertir lo dispuesto en la primera actuación mencionada y en virtud de las cuales quedó firme su destinación desde la Brigada de Investigación Criminal de La Serena a la Brigada de Investigación Criminal de Providencia, a partir del dos de enero de 2025, invocando vulneración a las garantías constitucionales del artículo 19 números 1 y 2 de la Constitución Política de la República, fundándose en que a pesar de haber informado y acreditado, como lo hace en esta sede con los documentos acompañados, oportunamente la situación especial de su hijo nombre reservado quien padece de una condición de Trastorno del Espectro Autista (T.E.A.) y haber hecho presente a sus superiores las perniciosas consecuencias de los actos recurridos para él y su grupo familiar, las resoluciones impugnadas no consideraron adecuadamente tales antecedentes personales y especiales acreditados que configuran una situación diversa que justificaba un trato diferenciado, vulnerando, de ese modo, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley N°21.545 sobre inclusión de personas con espectro autista, además de incumplir la exigencia reglamentaria establecida en el artículo 11 del Reglamento de Destinaciones de la PDI y los requisitos de fundamentación del acto administrativo contemplados en la Ley N°19.880, solicitando se deje sin efecto el acto impugnado y, en definitiva, la destinación misma.

QUINTO: Que, en el caso de marras, debe tenerse presente que la norma que regula las destinaciones en la institución recurrida es la Orden General N°2675 de la Policía de Investigaciones de Chile que aprueba el Reglamento de Destinaciones de la Policía de Investigaciones de Chile. Dicha norma establece, entre otros principios, que ese reglamento forma parte de la política de desarrollo de personas de la institución (Artículo 1°), y que tiene como objetivo lograr una adecuada composición jerárquica de las unidades y reparticiones, así como dotarlas de la cantidad óptima de funcionarios que posean la formación, capacitación, experiencia y competencias idóneas que favorezcan el cumplimiento de las labores establecidas legal y reglamentariamente (Artículo 2°).

En el mismo sentido, la referida Orden General establece que son principios orientadores de las destinaciones institucionales, entre otros, los de igualdad de oportunidades, imparcialidad, favorecimiento del desarrollo de carrera, y transparencia, que no hacen otra cosa sino que concretar, para el procedimiento específico de la destinación funcionaria, los principios constitucionales de la igualdad ante la ley y de no discriminación, consagrados en la Constitución Política de la República como garantías fundamentales.

Que, el señalado cuerpo normativo en su artículo 11°, se refiere, con relación a los procesos de destinación, a los “Antecedentes personales de los funcionarios”, indicando que estos corresponden a circunstancias que pueden influir en el desempeño de una persona, y que no forman parte directamente de sus funciones específicas. Se sitúan en este ámbito, el trabajo del cónyuge o del conviviente civil, edad o estudios de los hijos, estado de salud o condición de discapacidad de los integrantes de su grupo familiar. Añade que no se podrán considerar dentro de estos antecedentes, situaciones que no consten fehacientemente o no se encuentren debidamente acreditadas.

SEXTO: Que, de los antecedentes arribados al recurso, se constata que, al pronunciarse respecto del recurso de reposición, con recurso jerárquico en subsidio, ambos rechazados por las Resoluciones Exentas N°265 del 20 de febrero y N°25 del 21 de abril de 2025, al abordar la situación particular del hijo nombre reservado del recurrente, presentados por este al momento de oponerse a la destinación policial y solicitar su reconsideración, no fundamentan de manera suficiente el rechazo de tales consideraciones, limitándose a desecharlas utilizando argumentos genéricos fundados en las necesidades del servicio y en las facultades exclusivas del Director de la Policía de Investigaciones, sin que de modo alguno se considere de manera detallada y específica las particularidades del caso que se somete a su resolución.

Que, en efecto, en dichas resoluciones solo se invocan fundamentaciones con relación a las necesidades de la institución y el ejercicio de las facultades que la Orden General N°2675 le confiere al director general de la Institución a través de la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de las personas, sin consignar argumento alguno del por qué no se toman en consideración la situación que afecta al grupo familiar del funcionario, y en especial el interés superior de su hijo adolescente. En relación con este tópico, la resolución exenta N° 25 de 21 de abril de 2025, reproduciendo íntegramente lo ya razonado en la resolución N°265 de febrero de 2025, al resolver el recurso jerárquico deducido en subsidio de la reposición por el funcionario afectado, señala:

“10.- Que, respecto a los antecedentes médicos del hijo, es preciso tener presente que la jurisprudencia contenida, entre otros, en los dictámenes Nos. 83.423, de 2013; 21.688, de 2015 y 79.421, de 2016, han señalado, en relación con la presentación de certificados médicos a fin de justificar la solicitud de cambio de labores o de lugar de desempeño, que tales indicaciones no son obligatorias para la autoridad, sino que constituyen una mera recomendación para el organismo en cuestión, debiendo entenderse que este cumple con aquellas al hacer la diligencia o esfuerzos para conseguir el cambio requerido.

En este sentido, el Reglamento de Destinaciones de la Policía de Investigaciones de Chile, en su Título III "Principios Orientadores de las Destinaciones", en su artículo 11 considera que "Los antecedentes personales corresponden a circunstancias que pueden influir en el desempeño de una persona, que no forman parte directamente de sus funciones específicas. Se sitúan en este ámbito, el trabajo del cónyuge o del conviviente civil, edad o estudios de los hijos, estado de salud, condición de discapacidad de los integrantes de su grupo familiar. No se podrán considerar dentro de estos antecedentes, situaciones que no consten fehacientemente o no se encuentren debidamente acreditadas".

En razón a lo precedentemente expuesto, la facultad para disponer de la destinación del personal de esta Institución Policial acoge el referido principio del resguardo del interés superior del niño como un elemento a considerar para el cumplimiento del interés público asociado a la misión institucional de esta Policía de Investigaciones de Chile, de dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior.

En base a lo anteriormente señalado, la decisión de esta Subdirección de Desarrollo de Personas no atenta contra el interés superior del niño, más aún cuando la destinación implica el traslado a una locación que cuenta con los servicios públicos y privados que le permitirían desarrollar al máximo su bienestar y el pleno y efectivo ejercicio de sus derechos, constituyendo la adaptación emocional al nuevo entorno un proceso de desarrollo personal asociado a las circunstancias familiares, en razón del interés público subyacente, de acuerdo al estatuto al que voluntariamente se adscribió el Subprefecto nombre reservado.

11.- Que, sobre tal punto, y conforme a lo razonado previamente, se estima que el movimiento decretado respecto del recurrente se ha enmarcado en el ejercicio de una atribución legal y reglamentariamente encomendada, que dice relación con una necesidad existente en la unidad al que fue destinado, debidamente fundada y aplicada con la debida razonabilidad y proporcionalidad; en consideración a objetivas causales y a las necesidades institucionales”.

De lo anterior se puede colegir que la recurrida no efectuó pronunciamiento alguno ni consideró en forma particular y detallada lo alegado en torno al interés superior del niño y protección familiar, habida consideración de los antecedentes aportados por el recurrente, subordinando dicho principio fundamental a las necesidades del servicio y a las facultades de la autoridad superior.

SÉPTIMO: Que, previo a la resolución del presente recurso, además resulta de utilidad hacer referencia al contenido del principio denominado “interés superior del niño” en cuanto al modo en que se plasma su regulación constitucional y legislativa en nuestro ordenamiento jurídico. En primer lugar se ha de indicar que, en la normativa internacional de derechos humanos, es desarrollado por el artículo 3° de la Convención de los Derechos del Niño, aplicable en Chile en virtud de lo dispuesto en el artículo 5° inciso 2° de la Carta Fundamental vigente y, en el orden doméstico, destacan los artículos 222 inciso 2°, 225, 225-2, 226, 229, 242 inciso 2 del Código Civil; 7 y 12 de la Ley N 14.908; 3, 27, 55 y 85 de la Ley N 19.947 sobre Matrimonio Civil; 1, 3, 22, 24 y 30 de la Ley N 19.620 sobre Adopción; 16,63 y 105 literal e) de la Ley n 19.968; 6 y 17 de la Ley N 20.584; 3 letra a) de la Ley N 21.057; 5 literal e) de la Ley N 21.120; 4 ,18 bis, 24 y 41 de la Ley N 21.302.

Que, resulta igualmente relevante y, a mayor abundamiento, que la Ley N°21.430, vigente en Chile desde marzo de 2022, define el interés superior del niño en el artículo 7° inciso segundo como “…la máxima satisfacción posible de los principios, derechos y garantías reconocidos en virtud del artículo 1, cuando se evalúen y sopesen los distintos intereses involucrados en el asunto, sea que la decisión deban tomarla autoridades legislativas, judiciales o administrativas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones privadas, padres y/o madres, representantes legales o personas que los tengan legalmente a su cuidado.”

En tal sentido el inciso 4° de la referida norma prescribe que “Los procedimientos se guiarán por garantías procesales para asegurar la correcta aplicación del interés superior del niño, niña o adolescente, que exige procedimientos transparentes y objetivos que concluyan en decisiones fundamentadas con los elementos considerados para efectivizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes involucrado”, tendiendo en consideración, entre otros, los elementos de las letras g) y h), esto es, “Cualquier situación de especial desventaja en la que se encuentre el niño, niña o adolescente que haga necesaria una protección reforzada para el goce y ejercicio efectivos de sus derechos” y “La necesidad de estabilidad de las soluciones que se adopten para promover la efectiva integración y desarrollo del niño, niña o adolescente considerando su entorno de vida.”

Además, en el inciso cuarto del artículo segundo de la mencionada ley se establece un mandato expreso con relación al respeto de los derechos y garantías de los niños y adolescentes, disponiendo que “Toda persona, institución o grupo debe respetar y facilitar el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Especialmente, las organizaciones de la sociedad civil que lleven a cabo funciones relacionadas con el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes deben respetar, promover y velar activamente por sus derechos, reciban o no financiamiento del Estado, debiendo respetar siempre el interés superior del niño, niña o adolescente”

Finalmente, el artículo 27 de la citada Ley N 21.430, enseña que “Todo niño, niña o adolescente tiene derecho a vivir en familia, preferentemente en la de origen, y completar así su adecuado desarrollo. El estado tiene el deber de velar por la protección y consideración de la familia del niño, niña o adolescente, cualquiera que sea su composición.”

Que, tales normas reflejan, de manera indudable, la preeminencia que otorga el ordenamiento jurídico al interés superior del niño en situaciones de conflicto o colisión de intereses, obligando a la autoridad administrativa, legislativa y judicial a optar en favor de dicho principio al resolver dichos conflictos de interés, lo que claramente no ha ocurrido en este caso.

OCTAVO: Que, además, la decisión de traslado que afecta al recurrente se encuentra sometida al principio de legalidad, de tal suerte que la motivación del acto se aleja de ser una mera formalidad, sino que, por el contrario, se erige como elemento fundamental de la estructura de este, puesto que tan solo de ese modo se puede evidenciar la diferencia entre la arbitrariedad y el ejercicio de la discrecionalidad de la que goza la recurrida.

En este sentido el ejercicio de la potestad que se le otorga al Director General de la Institución recurrida, a través de la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de las personas, para incluir al Subprefecto nombre reservado en el plan anual de destinaciones por necesidad institucional, es discrecional mas no absoluta, debiendo, en consecuencia, en el caso sub-iudice, ponderar y considerar todos los antecedentes que hizo valer el recurrente al impugnar dicha destinación, de manera que al no hacerlo el ejercicio de dicha facultad deviene en arbitrario y carente de fundamento.

Que, en este contexto, debe dejarse en claro que si bien los miembros de la Policía de Investigaciones, por su solo ingreso, se han comprometido a acatar las destinaciones y desempeñar las tareas y funciones que se les encomienden según las necesidades del servicio, lo cual no es sino el reflejo de la estructura jerárquica y el sistema disciplinado de la institución, ello no implica que tal obediencia deba tener el carácter de absoluta y no admita situaciones de excepción, muy por el contario el sistema de destinaciones, ya sea voluntario u obligatorio, debe siempre privilegiar las especiales situaciones personales y familiares del posible destinado, por así ordenarlo normas de rango tanto legal como constitucional lo que se manifiesta de manera ostensible a propósito del interés superior del niño.

Que, siguiendo este razonamiento, resulta indispensable que la decisión contenga y se haga cargo de las razones expuestas por el recurrente en su reposición y recurso jerárquico, así como de los antecedentes en los que las sustenta, relacionadas con la particular situación de su hijo adolescente y como a ella le afecta, así como a la de su grupo familiar, la destinación ordenada respecto del funcionario.

Que, del contendido de las resoluciones exentas que recaen en los recursos de reposición y jerárquico, se aprecia que ambas no han velado por proteger el interés superior del adolescente, estando la autoridad obligada a ello, conforme a la normativa citada en la motivación séptima del presente fallo, así como también la protección familiar teniendo presente el artículo 27 de la Ley N°21.240, desde que dichas resoluciones sólo justifican su decisión atendiendo a cuestiones vinculadas a necesidades objetivas de la institución, privilegiando estas por sobre la especial situación del hijo adolescente del funcionario, así como de la protección familiar, debiendo haber tenido en cuenta, para este efecto, la especial condición del hijo adolescente del recurrente, omitiendo todo análisis y ponderación de los antecedentes aportados por éste referidos a esa materia.

Que, así las cosas, puede concluirse que el ejercicio de la potestad que se le otorgó al Director General de la Institución recurrida dejo de ser discrecional, y por tanto devino en arbitraria, al no considerar los factores alegados por el actor, en especial el interés superior de su hijo adolescente y la protección familiar.

NOVENO: Que, atento a lo que se ha venido razonando, la autoridad recurrida, al decidir en los términos que lo ha hecho y, consecuencialmente, disponer el traslado del recurrente a la comuna de Providencia en la ciudad de Santiago, no observó, debiendo hacerlo, la normativa internacional y local que disciplina que el principio del interés superior del niño debe ser considerado en la toma de decisiones por parte de los órganos de la Administración del Estado al prescindir, preterir o pasar en silencio, sin explicación alguna, los aspectos personales del recurrente al disponer su traslado el que se impugna por esta vía, tornando así su decisión en carente de razonabilidad y, por ende, en arbitraria, todo lo cual conlleva al éxito de la presente acción de emergencia, dado que con su decisión la recurrida ha afectado también los derechos constitucionales establecidos en el artículo 19 N°1 y 2 de la Constitución Política de la República, desde que con su actuación, conociendo de los antecedentes del hijo adolescente y grupo familiar del actor, afectó su integridad psíquica y la de su entorno, más aún cuando en el acto administrativo primigenio, como en las resoluciones exentas posteriores que rechazaron el recurso de reposición y jerárquico, dejando a firme el traslado del recurrente, no expresaron de modo suficiente las razones sobre las cuales se edificó tal determinación descartando las razones del actor, tornándose, además de ilegal en arbitraria por no darse cumplimiento en ella a lo prevenido en los artículos 11 inciso 2° y 41 inciso 4° de la Ley 19.880, más aún si se considera que el constituyente de 1980, dentro de las bases de la institucionalidad, previno que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad.

Que, de otro lado, al preterir la recurrida las condiciones particularidades familiares del actor, infringió la garantía constitucional de igualdad ante ley, desde que trató la situación familiar del recurrente como una normal, subordinando el interés superior del adolescente a las necesidades del servicio, sin aquilatar las especiales condiciones de su salud y del modo en que aquello incidiría en la familia de concretarse la destinación ordenada, lo que ameritaba una diferencia en el trato que debió ser considerada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, por sí y en representación de su hijo nombre reservado, en contra de Policía de Investigaciones de Chile y, en consecuencia, se dejan sin efecto la Resolución Exenta RA N°380/2662/2024, de 29 de noviembre de 2024 y resoluciones posteriores N°265 del 20 de febrero y N°25 del 21 de abril de 2025, de la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de las Personas de la PDI, que ordenaron una nueva destinación del recurrente, disponiendo en su lugar que se mantiene su destinación en el lugar de origen, esto es, en la Brigada de Investigación Criminal de La Serena.

Se previene que el ministro Señor Le-Cerf concurre a la decisión de acoger la acción de protección, únicamente con la finalidad de devolver a la autoridad de la Policía de Investigaciones los antecedentes, para que se emita un nuevo pronunciamiento respecto de la reposición intentada por el recurrente, debiendo tener en consideración, esta vez de manera detallada y específica, todos los antecedentes hechos valer respecto de la salud de su hijo adolescente y de su situación familiar, atendido a que en las resoluciones que han sido objeto de impugnación se ha efectuado sólo una referencia general y superficial de aquellos privilegiando las necesidades del servicio, incurriendo de ese modo la autoridad en una carencia de fundamentación, lo que deviene en la ilegalidad y arbitrariedad del acto.

Regístrese, comuníquese, y archívese en su oportunidad.

Redactada por el Ministro señor Iván Corona Albornoz y la prevención por su autor.

Rol N°861-2025 Protección.-